José Alexander Martínez Saavedra y Víctor Alexander Ruiz Mejía, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de la desaparición forzada de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, denunciaron en la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los torturaron varias veces para obligarlos a autoincriminarse.
La denuncia la hicieron ejerciendo el derecho a la última palabra. Ambos imputados detallaron —frente a los fiscales, el defensor público y el defensor privado, los procuradores de derechos humanos, la jueza primera de Paz y los representantes legales de las víctimas— que desde que fueron encarcelados han sido maltratados física y psicológicamente.
Según explicaron, policías de la División Central de Investigaciones (DCI) los sacaron de sus celdas en las bartolinas del puesto policial La Naval, en los alrededores de La Tiendona, en San Salvador, los llevaron a la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, los tiraron a la fosa que excavaron en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas y dispararon al aire exigiéndoles confesar dónde están enterrados Karen y Eduardo.
Los imputados siguieron relatando que después los sacaron de la fosa, los tiraron bocabajo, les propinaron patadas en la cabeza, en el cuello, en el estómago y en la espalda. Luego les dispararon cerca de los oídos.
Ruiz Mejía, uno de los procesados, se levantó la camisa frente a todos, incluida la jueza Mirna Ávalos, y mostró los moretones provocados por las botas de los agentes.
El imputado también pidió ayuda médica porque aseguró que no soportaba el dolor de cabeza a consecuencia de los golpes propinados por una macana.
Según informaron a Revista Elementos fuentes del proceso que pidieron omitir sus nombres, el propósito de los agentes era que confesaran dónde están los cuerpos de Karen y Eduardo Guerrero Toledo.
Martínez Saavedra, quien es señalado de haber transportado en un taxi pirata a las víctimas, ha sido el único que ha firmado una declaración extrajudicial que los fiscales presentaron en la audiencia inicial.
Ruiz Mejía, según las fuentes, no ha firmado nada similar.
Pedro Cruz, abogado de Ivette Toledo, consultado sobre esto, se limitó a decir que no podía opinar porque el caso tiene reserva a pesar que ellos solicitaron modificarla. «Queremos que todo se haga apegado a derecho y se respete el debido proceso para llegar a la verdad de manera legítima», manifestó.
También se les consultó a los fiscales del caso, pero se negaron a pronunciar declaraciones alegando que el proceso tiene reserva total. «No nos vamos a pronunciar al respecto», dijo uno de los fiscales mientras salía del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla.
Revista Elementos llamó al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, para conocer la versión de la institución. Al cierre de esta nota no hubo respuestas.
Los malos procedimientos policiales no datan del presente. En gobiernos anteriores —sobre todo en el de Salvador Sánchez Cerén— la Policía Nacional Civil (PNC) fue investigada por torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El actual director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, ha sido procesado por distintos casos a lo largo de su carrera policial. El 24 de abril de 1996, por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó su captura y la de once policías más por el delito de fraude procesal. Lo acusaron de «viciar y manipular» pruebas para capturar a Nelson Martínez Comandari, a quien le implantaron un fusil.
Al final, Arriaza Chicas fue absuelto.
En 1995 fue acusado de haber manipulado las investigaciones del asesinato de la locutora de radio Lorena Saravia. En 1997 se le vinculó con la compra de un testigo que incriminó a Miguel Ángel Pozo Aparicio —narcotraficante fallecido— en el asesinato de tres mujeres y cuatro niños en el reparto Valle Nuevo, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.
En junio del año 2000 fue despedido de la PNC. En una entrevista con El Diario de Hoy, publicada el 19 de abril de 2004, relató: «Después busqué trabajo en seguridad pública y no lo encontré, porque se había creado una imagen negativa, de desprestigio, la gente tenía temor, tenía miedo, no encontré empleo».
Tres años después la Corte Suprema de Justicia invalidó los procesos internos que la PNC había seguido en su contra y que derivaron en su destitución. Se reincorporó a la institución y fue designado en la jefatura de Santa Tecla.
El 31 de enero de 2014 él y un grupo de sus familiares sufrieron un atentado afuera de una residencial en San Juan Opico, La Libertad. Los sujetos que le dispararon viajaban en un vehículo.
El 25 de junio de 2015, cuando era jefe de la Región Metropolitana, fue denunciado en el Tribunal de Ética Gubernamental por supuestos actos de nepotismo.
A finales del año pasado, la Fiscalía General lo acusó por el delito de incumplimiento de deberes, pues se negó a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el manejo de fondos utilizados por el gobierno durante la emergencia del Covid-19. Al final fue exonerado por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.