— Mi hijo está enterrado en la colonia. Ellos mismos lo tienen enterrado. Lo único que ellos están cuidando ahí donde mi hijo está enterrado.
Hace dos meses que Elsa Rauda huyó de su casa, ubicada en Cumbres de San Bartolo, Ilopango, San Salvador. Lo hizo tres días después de que su hijo Óscar Alexis Rauda fuera desaparecido. No tuvo tiempo de hacer planes: guardó lo necesario y se largó con su compañero de vida.
Elsa asegura que dos días antes había denunciado la desaparición de su hijo en la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ilopango. Un agente le hizo las preguntas de rutina: dónde desapareció, el día y la hora. Lo extraño fue que no le entregó una copia de la denuncia.
Eso sí: en la delegación le asignaron a un investigador policial que únicamente sirvió para decirle que no había nada qué hacer, que ya no lo buscara, que su hijo estaba muerto.
— De nada sirve que pongan investigadores porque ellos mismos se venden. Al tercer día me dijo que mi hijo ya había muerto. ¿Cómo es que él sabía que mi hijo ya estaba muerto si ni siquiera hay un cadáver?
El investigador, según Elsa, también le sugirió que se fuera de la casa lo más pronto posible, pues su vida estaba en peligro.
No lo pensó mucho. Se mudó con su pareja ese mismo día.
Desde su nueva residencia comenzó a indagar. Lo primero que hizo fue llamar por teléfono a algunos amigos de Óscar Alexis. Les preguntó si lo habían visto en algún lugar. Todas las respuestas fueron negativas. Nadie sabía nada de él. Nadie lo había visto.
La desesperación y la angustia se apoderaron de ella. Días después llamó al investigador para saber si había alguna novedad. Pero ni siquiera le respondió la llamada. Marcó el número de la delegación de Ilopango, pero tampoco tuvo respuesta.
Entonces la desesperación y la angustia se convirtieron en indignación.
Douglas Córdova, su pareja, habló con una abogada y le solicitó asesoría. Ella le recomendó contactar a la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).
A partir de ahí las cosas cambiaron.
Elsa se dio cuenta que no estaba sola, que no era la única madre que buscaba a su hijo y que la indignación por el silencio de las autoridades era compartida con otras mujeres que, poco a poco, se habían organizado para denunciar la desaparición de sus familiares y evidenciar la ausencia del Estado ante un fenómeno que parecía ir en ascenso.
Uno de los resultados fue la creación de una organización independiente para buscar a sus familiares desaparecidos.
*
La desaparición de personas en El Salvador tiene patrones que se repiten incesantes como un infierno de gritos alargados. Las causas, las circunstancias y la dolorosa búsqueda, las respuestas ignominiosas de los fiscales y los policías, la angustiosa espera de cada día y cada hora.
El Bloque de Búsqueda nos dio acceso a quince casos de personas desaparecidas entre los años 2011 y 2022 y a esos sumamos varios casos más que obtuvimos con nuestras propias fuentes, los ordenamos y los analizamos con el programa de procesamiento de datos Atlas.ti. El resultado fue la obtención de patrones, los cuales los sistematizamos en las siguientes categorías:
A: Deslealtad.
B: Trampa.
C: ¿Deudas?
D: Desaparición Forzada.
La investigadora Jeannette Aguilar —al igual que otros autores— habla de un continuum de la violencia, es decir, de una repetición de patrones a lo largo del tiempo. En esta investigación coincidimos con ella: ocurre hoy como ocurrió hace diez años. Es falso que en estos azarosos días vivimos una ruptura irreversible con el pasado como si de la noche al día se hubiera extendido un abismo entre dos capas tectónicas.
La desaparición sucede hoy en el gobierno de Nayib Bukele como sucedió en las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Cambiaron los gobernantes, pero las víctimas y los victimarios continúan en su círculo fatal.
En este trabajo presentamos los hallazgos de dos momentos. El primero —impulsado por la desbocada urgencia del Gobierno por cerrar completamente el acceso a la información sobre seguridad pública— explica los porqués y las circunstancias de la desaparición entre junio de 2019 y febrero de 2022, es decir, en la administración presidencial de Nayib Bukele.
El recuente de este Gobierno termina en febrero debido a la decisión de impedirnos a todos los ciudadanos el acceso a las cifras oficiales de violencia.
La segunda parte se concentra en las desapariciones entre 2010 y mayo de 2019, es decir, en las administraciones del otrora partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Comencemos.
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Entre junio de 2019 y febrero de 2022 la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 2 mil 506 denuncias de desaparición de personas.
En esas 23 mil 360 horas en los escritorios policiales y fiscales de San Salvador se acumularon 926 denuncias. En La Libertad se registraron 398, en San Miguel 311, en Santa Ana 264, en Sonsonate 195.
Desagreguemos las cifras.
En esos 32 meses en San Salvador fue denunciada la desaparición de 266 personas. En Soyapango se registraron 132, en Mejicanos 94, en Apopa 84, en San Martín 61.
Santa Tecla, con 89, es el municipio de La Libertad en el que más denuncias recibió la PNC. En Colón hubo 51, en Ciudad Arce 42, en San Juan Opico 41, en Quezaltepeque 38.
De los 311 casos en San Miguel, 196 ocurrieron en el municipio que lleva el mismo nombre. En Ciudad Barrios hubo 27, en Moncagua 14, en Chinameca 10.
En Santa Ana se registraron 158 de las 264 de todo el departamento homónimo. En Chalchuapa hubo 35, en El Congo 16, en Coatepeque 13.
En Izalco los policías recibieron 44 denuncias de las 195 de todo el departamento. Hubo 41 en Sonsonate, 25 en Armenia, 17 en Acajutla y 17 en Nahuizalco.
San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Mejicanos, Santa Tecla, Apopa, San Martín, Colón e Izalco son los diez municipios en los que más denuncias de desaparición de personas ha recibido la PNC en la gestión de Mauricio Arriaza Chicas.
Esos municipios han acumulado 276 de las más de 2 mil denuncias de personas desaparecidas.
¿A más denuncias mayor probabilidad de encontrar cuerpos enterrados en cementerios o fosas clandestinas en ese municipio?
*
La desaparición de personas en el Gobierno de Bukele ocurre así:
A: Deslealtad.
A.1: Cerca de las nueve de la mañana, Juan Daniel Cortez, de 35 años, llegó a dejar sus cosas (un bolsón y una hielera con chocolates y dulces) a la esquina del Parque Infantil. Se las entregó a un colega identificado como Carlos. Luego se fue y no volvió.
Después Carlos llamó al papá de Juan para preguntar por qué su hijo no había llegado a trabajar ese viernes 8 de noviembre de 2019.
Unas horas más tarde, Carlos avisó a la familia que tenía las cosas de Juan.
La PNC, a través de la familia, intentó hablar con Carlos, pero este se negó por miedo a meterse en problemas.
Entonces su familia comenzó una búsqueda angustiante en todo el Centro de San Salvador, incluyendo las cantinas y los bares como Vilma, El Congreso y El Babalú.
Un día de esos se encontraron con una mujer que les aconsejó: «deje de buscar, lo entregaron a la pandilla».
Veamos números: entre 2010 y febrero de 2022 fueron presentadas 1 mil 778 denuncias de desaparición de personas en San Salvador. En 2019, el año de la desaparición de Juan, se registraron 157 denuncias.
En el municipio fueron encontrados 17 cuerpos enterrados en cementerios clandestinos en el periodo mencionado.
¿Qué ocurre con las personas desaparecidas en San Salvador?
Una respuesta inmediata apunta a los cementerios clandestinos.
El 11 de mayo de 2018, por ejemplo, la Fiscalía halló un cementerio en el barrio y calle Modelo, de San Salvador. Encontraron cuatro cuerpos incluyendo un estudiante que vivía en la zona.
Douglas Meléndez, entonces fiscal general, dijo que los cuerpos en zonas urbanas eran una nueva modalidad, no obstante, los cuerpos habían sido enterrados tres años antes de ser encontrados.
En la tesis Caracterización sociocultural entorno a los cementerios y fosas clandestinas en El Salvador, Wilfredo Alexander Berríos Aguirre escribió: los cementerios ahora son parte de los paisajes urbanos porque están cerca de centros urbanos habitacionales.
Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, la PNC encontró una fosa en un predio baldío ubicado entre el bulevar de Los Héroes y Avenida Los Andes, San Salvador. En ese radio están ubicados Metrocentro, KFC, Burger King, Banco Promerica, Ferretería Freund, Súper Selectos, Davivienda, Hotel Real Intercontinental, entre otros.
A.2: Juan Carlos Serrano, de 27 años, le aseguró a su esposa que entraba a las ocho de la mañana y que a veces el exceso de trabajo le obligaba a quedarse después de las cinco de la tarde.
Pero eso no era cierto. Nunca salió después de las cuatro.
Juan Carlos era distribuidor de bebidas carbonatadas. Solía viajar a lugares como Vista Al Lago, Sierra Morena, Valle del Sol o Las Margaritas, en la periferia capitalina.
El lunes 31 de agosto de 2020 salió a la hora acostumbrada y se acercó al cafetín de su trabajo. Le contó a la propietaria que había recibido una llamada y le pidió que le guardara su bolsón unos minutos.
Luego se fue. Pero nunca regresó.
Hasta este momento, según la familia de Juan Carlos, no ha habido diligencias policiales: ni reconocimiento de cámaras de video ni de movimiento de antenas.
*
Georgina desbloqueó su teléfono, abrió su WhatsApp y comprobó que la última conexión de su sobrino había sido a la 1 de la tarde con 24 minutos.
Ese lunes 10 de enero de 2022, Cristian Joel Mejía Quezada salió de su casa al trabajo a la hora en que solía hacerlo: entre las seis y seis y media de la mañana. Vivía en Monte San Juan, Cuscatlán. Tenía menos de un mes de haber iniciado en su nuevo empleo.
Cerca de las cinco de la tarde, Georgina recibió una llamada. Eran sus compañeros de trabajo:
— ¿Ya llegó Cristian?
— Aun no.
Media hora después volvieron a llamar.
— ¿Llegó Cristian?
— No. Aun no.
Entonces le explicaron que desde el mediodía habían perdido comunicación con él. Georgina comenzó a elucubrar para evitar pensamientos negativos: a lo mejor se le descargó el teléfono y como su cargador estaba arruinado se quedó sin conexión. Sí, debía ser eso.
Minutos después otra llamada:
— No encontramos a Cristian, no sabemos nada de él, denuncie la desaparición.
Ella salió a la calle a buscar a uno de los amigos de su sobrino. Le contó sobre las extrañas llamadas que estaba recibiendo. Juntos llamaron a otros amigos que a su vez llamaron a otros amigos.
Pronto había una reunión de emergencia y juntos buscaron por todos lados. Eran pasadas las nueve de la noche.
Alguien dijo que lo había visto por última vez en la Colonia 2 de Abril, en San Salvador. Llamaron a la PNC y unos agentes fueron a buscarlo a la zona. Pero nada, no lo hallaron. Era información falsa.
La tía llamó al día siguiente al banco para preguntar si su sobrino había llegado. Esa mañana todavía elucubraba esperanzadoramente: ¿y si se le quedó la motocicleta? ¿Y si durmió en la casa de un amigo y no pudo comunicarse? ¿Y si solo ha sido el cargador del teléfono el que se arruinó?
No. Cristian no había llegado al banco.
El día de su desaparición Cristian pasó en su motocicleta cerca de la Comunidad Génesis, en San Martín. Lo interceptaron varios pandilleros que lo obligaron a bajarse y lo asesinaron.
Su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero enterrado en una fosa cerca del cementerio de San Martín.
«Pasó en un mal momento, en un lugar equivocado, en una hora equivocada», dijo Georgina el 11 de marzo en el entierro de Cristian.
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Carlos Ernesto Santos, de 22 años, desapareció el 1 de enero del 2022. Salió a caminar en la colonia Monserrat de San Salvador y no regresó a su casa.
Desde entonces, su madre Eneyda lo ha buscado incansablemente.
En esa travesía la ha acompañado su hermana Virna, quien ha recorrido las principales calles de la capital, de un lado a otro, pegando fotografías de su sobrino.
— Como mi hermana trabaja no tiene mucho tiempo para buscar a mi sobrino. Pero yo he andado hasta en las zonas rojas de San Salvador. Comienzo desde el mediodía hasta la noche. Todos los días, sin descanso.
Virna es una mujer diminuta, delgada, un poco encorvada. Su cabello corto está repleto de canas. Pero su fuerza de voluntad es gigantesca.
— Lo único que cargo es este bolsón con fotografías de mi sobrino y cinta scotch para pegarlas en postes y paredes. Hasta la fecha únicamente he recabado algunas pistas.
Nos encontramos en un centro comercial, cerca de su casa. Es miércoles. Han transcurrido 53 días desde que su sobrino desapareció. Virna asegura que se volcó a las calles cuando se convenció que los investigadores hacían poco o nada para encontrar a Carlos Ernesto.
— Las únicas pistas que tenemos las he conseguido yo. Eso se lo digo a cualquiera. Es más: nosotros les hemos ido informando a la Policía de los hallazgos. Solo así se han enterado ellos.
Virna asegura que lo primero que le dijeron es que lo habían visto caminando por la Universidad de El Salvador. Luego le comentaron que lo habían visto caminando por el parque Cuscatlán. Después le aseguraron que lo habían visto en el Parque Libertad.
— Por eso yo insisto en el Parque Libertad. Ahí, en la noche, van a dejar comida a la gente que duerme en la calle y uno de los que reparte comida me aseguró que lo había visto.
Carlos Ernesto, según su tía Virna, se graduó como bachiller del colegio Emiliani. Luego comenzó a estudiar psicología en la Universidad Francisco Gavidia. Entre sus planes también estaba estudiar inglés.
Además, Carlos Ernesto era aficionado a los deportes. Le gustaba jugar basquetbol, con frecuencia, en una cancha ubicada cerca de su vivienda.
Pero tenía un problema: desde hace poco más de un año estaba en tratamiento por bipolaridad aguda severa.
—Yo creo que él se desorientó. No es que estuviera loco, porque él estudiaba normal, platicaba normal, hacía sus actividades deportivas normalmente. El problema es que esa enfermedad lo desorientaba.
Virna reniega de las autoridades. Está convencida que el único camino es seguir buscando a su sobrino por su propia cuenta.
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B: Trampa.
B.1: La mañana del 28 de noviembre de 2020, Yessenia llegó a la casa de Jonson Remberto Abrego, de 44 años, a dejarle comida. Después se fueron juntos al trabajo. En el transcurso del día se comunicaron.
En la noche, cerca de las ocho, Jonson avisó que ya estaba en la casa y que únicamente iba a salir a comprar cigarros a los bares donde solía ir, específicamente en alrededores del Súper Selectos de Mejicanos.
El compañero de casa confirmó que vio a Jonson salir a comprar. Pero luego no supo nada.
La propietaria de uno de esos bares aseguró que Jonson llegó y se bebió una cerveza. Luego pidió unos cigarros y abandonó el lugar. Pero no vio si lo hizo solo o con alguien más.
El domingo en la mañana Yessenia le llamó, pero el teléfono estaba apagado. Fue a la casa a buscarlo, pero solo encontró parqueados el carro y la motocicleta. Imaginó que a lo mejor había salido con su compañero de casa.
Durante todo el domingo siguió llamándolo, pero no hubo respuesta.
El lunes en la mañana volvió a llegar a la casa y solo encontró al roomate. Este le explicó que no lo veía desde el sábado. Volvió a llamarle: el teléfono dio tono, pero nadie respondió.
Hasta la fecha se desconoce su paradero.
El 4 de diciembre de 2019 fue reportada la desaparición de una persona que fue vista por última vez en el punto de la ruta 2C, en Mejicanos. Tiempo después fue encontrada en una fosa clandestina en San Salvador.
B.2: Roberto Ernesto Espinoza desapareció el 2 de marzo de 2021. Su domicilio era la colonia Quezaltepec, Santa Tecla. Era vigilante en un negocio privado.
Las últimas personas que lo vieron fueron los dependientes de Farmacias Económicas, ubicada en la Calle Real. Eran las diez de la mañana.
Aparentemente se fue con alguien porque la activación de las antenas telefónicas lo ubica entre Alpes Suizos y Casas Verdes, a la salida de Santa Tecla. A las tres de la tarde su esposa lo llamó, pero el teléfono ya estaba apagado.
Unos cuatro años antes, pandilleros de la zona privaron de libertad a Roberto para matarlo, pero a última hora lo soltaron porque no era al que buscaban.
Roberto desapareció en la Calle Real. Igual que los Hermanos Guerrero Toledo.
Veamos los números de Santa Tecla: entre 2010 y febrero de 2022 la PNC recibió 584 denuncias de las 3 mil 191 registradas en el departamento de La Libertad. Es el municipio con más desaparición de personas en ese departamento. Está arriba de otros considerados peligrosos como Apopa, Ilopango o Mejicanos.
En los años 2019 y 2021 fue el municipio de La Libertad con más denuncias de desaparición de personas.
Entre 2011 y febrero de 2022 fueron encontrados 17 cadáveres enterrados en cementerios clandestinos. Es el segundo municipio con más casos. Únicamente lo supera Colón con 51 cuerpos hallados en fosas.
Entre enero y noviembre de 2018, por ejemplo, la FGR encontró tres fosas clandestinas con cadáveres. Una de esas estaba en la comunidad La Asunción.
B.3: Víctor Omar Franco, de 22 años, salió con sus amigos al Volcán de San Salvador. Pasadas las diez de la noche hicieron una pausa en el Paseo El Carmen. Entraron a un bar. Una hora después intentaron irse, pero uno de los meseros los detuvo porque había problemas con la cuenta.
Luego pagaron. Pero los amigos de Víctor lo dejaron solo.
Según la familia, que tuvo acceso a las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de Santa Tecla, Víctor comenzó a caminar, errático, de un lado a otro.
Minutos después, en la grabación de otra cámara, se observa a una persona conducir una moto similar a la de Víctor y entrar a la comunidad El Pino de Santa Tecla.
Víctor desapareció el sábado 16 de octubre de 2021.
Extraoficialmente se supo que la Fiscalía sospecha que el cuerpo de Víctor puede estar enterrado en la Finca Suiza, Nuevo Cuscatlán, donde fueron hallados los cuerpos de los Hermanos Guerrero Toledo.
Hablemos de los números de Nuevo Cuscatlán: entre 2010 y febrero de 2022 fueron denunciadas 45 desapariciones de personas.
Entre 2011 y febrero de 2022 fueron encontrados cinco cadáveres enterrados en cementerios clandestinos.
En diciembre de 2021, la PNC y la FGR encontraron un cementerio en la Finca Suiza, en la zona en construcción urbanística denominada Torre A+2. Se supone que hay unos 26 cadáveres, pero en las estadísticas oficiales esos números han sido excluidos.
En oficios de FGR y PNC se verificó que los forenses y los investigadores están investigando las identidades de los cuerpos, incluyendo prácticas de análisis de biología forense.
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Entre junio de 2019 y febrero de 2022, la PNC y la FGR encontraron 170 cuerpos enterrados en cementerios o fosas clandestinas.
Los departamentos con más casos son San Salvador (52), San Miguel (40), La Libertad (18), Usulután (12), Santa Ana (11).
Ahora desagreguemos.
En Ilopango fueron encontrados 21 cuerpos; En Panchimalco y Soyapango cinco en cada uno; en San Martín y San Salvador también cinco en cada uno. Los restos de las víctimas fueron descubiertos en los meses de transición entre la presidencia de Salvador Sánchez Cerén y la de Nayib Bukele.
Comacarán ha acumulado 20 cadáveres; San Miguel y El Tránsito, ocho respectivamente; Chinameca, dos.
En Colón los investigadores hallaron siete; en Nuevo Cuscatlán, cuatro; en San Juan Opico, dos; en Quezaltepeque, uno.
En Usulután encontraron seis; en Santiago de María y Jiquilisco, dos en cada uno.
Y finalmente hallaron seis en Santa Ana; tres en Chalchuapa; y dos en Coatepeque.
En este periodo fueron encontrados la más de una docena de cadáveres en la casa de la colonia Las Flores, de Chalchuapa. Pero a esas víctimas la Fiscalía las borró de sus estadísticas.
Entre 2011 y febrero de 2022, la PNC registró el hallazgo de cinco cuerpos enterrados en cementerios clandestinos en Nuevo Cuscatlán.
En noviembre de 2021, sin embargo, la Fiscalía comenzó a trabajar buscando cadáveres en la Finca Suiza y, un mes después, confirmó que estaban enterradas al menos 26 víctimas de la clica Teclas Locos Salvatruchas de la MS-13.
El 4 de febrero de 2022, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, también confirmó los hallazgos después que, debido a la presión pública, la Fiscalía aceleró las investigaciones por la desaparición de la futbolista Jimena Granados y los hermanos Guerrero Toledo.
Con esos 26 cuerpos, Nuevo Cuscatlán se convierte, en el periodo de Bukele, en el mayor cementerio clandestino del país.
También estas víctimas fueron borradas de los números de la PNC.
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C: ¿Deudas?
C.1: Julio Alfredo Hernández Portillo, de 20 años, desapareció el 18 de diciembre de 2019. Ese día salió de su casa a las ocho de la mañana. Supuestamente iba hacia su trabajo, aunque normalmente su turno comenzaba entre las 10:30 y las 11 de la mañana.
Pero a nadie avisó que iba a pasar a otro lugar.
Nunca llegó a su trabajo. Ni regresó a su casa.
Unos días después, alguien identificado como Matías escribió a la cuenta de Facebook de la madre de Julio. El mensaje decía que el 18 había visto a su hijo caminando cerca de las 9:30 de la noche en los lugares conocidos como Las Cabañas y Las 30 Gradas, en el pasaje 4 de la colonia Santa Lucía, en Ilopango.
Unos seis meses más tarde volvió a recibir otros mensajes en los que le aseguraban que su hijo debía dinero a sus proveedores de sustancias prohibidas cercanos a su casa. Después comenzó a endeudarse con los proveedores ubicados cerca de su trabajo hasta no poder pagar más. Entonces comenzó a recibir amenazas.
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El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador —compuesto por familiares y amigos de las víctimas— fue lanzado el 17 de febrero del 2022.
El evento fue algo inédito. Por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz de enero de 1992, un grupo de personas con familiares desaparecidos decidieron organizarse para buscarlos por su propia cuenta.
Era eso o nada.
Las instituciones y sus funcionarios les habían dado la espalda. Así lo sentían y así lo expresaron durante la conferencia de prensa.
«Los familiares que nos encontramos en la búsqueda de personas desaparecidas nos enfrentamos a la indiferencia de las autoridades, quienes en muchas ocasiones nos discriminan y estigmatizan», aseguró Miriam Elizondo, una de las madres que participó en la organización del Bloque de Búsqueda.
El gobierno del presidente Nayib Bukele, por su parte, decidió negar el problema.
Sus funcionarios, en la misma lógica, optaron por criminalizar a las víctimas y culpar a los familiares de los desaparecidos.
«Los padres deben ver en qué actividades andan sus hijos y si estos consumen o no cualquier tipo de sustancia de droga», expresó el ministro Villatoro en una conferencia de prensa realizada el 8 de noviembre del 2021, en la que vinculó a los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, entonces desaparecidos, a estructuras de pandillas.
Dos días después, Ivette Toledo, madre de los hermanos desaparecidos, realizó una conferencia de prensa para desmentir al ministro Villatoro y limpiar el honor de sus hijos. «Mencionar eso no es solo una falta de respeto a mí como madre, a mi familia y a cualquier víctima de desaparición forzada, sino también una calumnia de las autoridades», manifestó.
Ese acto de indignación marcaría un antes y un después. Ivette se lanzó a las calles a buscar a sus hijos. Recorrió algunas zonas rurales. Escarbó en algunos terrenos. Habló con periodistas. Les narró la vida de sus hijos.
El gobierno, por su parte, intentó silenciarla. Pero no pudo. El coraje le alcanzó hasta encontrar los cadáveres de sus hijos, el 24 de diciembre, en un cementerio clandestino del municipio de Nuevo Cuscatlán.
El ejemplo y la valentía de Toledo inspiró a otras madres que buscaban a sus hijos. Y comenzaron a organizarse. Finalmente lanzaron el Bloque de Búsqueda para reclamar al gobierno acciones concretas.
«Le pido al señor presidente que se ponga en nuestros zapatos, que sea empático, ¿qué tal que fuera la hija de él la que estuviera desaparecida? Yo creo que ya hubiera hecho un despliegue total de policías», reclamó Eneyda Abarca, madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, el primer desaparecido de 2022.
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Como en muy pocos casos de desaparecidos en El Salvador, Eneyda y su hermana Virna mantenían una sólida esperanza de encontrar con vida a Carlos Ernesto.
Quizá por eso, tres meses después de su desaparición, realizaron, como ninguna otra familia del Bloque de Búsqueda, innumerables recorridos por las principales calles de San Salvador. Fueron de un lado a otro, pegando carteles y fotografías.
El pasado 9 de junio, en una conferencia de prensa del Bloque de Búsqueda, Eneyda y Virna se mostraron menos optimistas.
— Ni el investigador de la PNC ni la fiscal del caso me dan respuestas concretas —detalló Eneyda a esta revista después del evento.
— ¿Qué le dicen?
— Al investigador le paso llamando constantemente, hasta tres veces al día, pero no contesta. Y cuando se digna a contestar la respuesta es la misma: que espere, que ellos me van a llamar.
Eneyda asegura que con el Régimen de Excepción, aprobado desde finales de marzo, el trabajo de la fiscal del caso y del investigador policial se redujo a casi nada.
Pero ella, su esposo y su hermana Virna no han parado. Han seguido buscando por todos lados. La última pista se las brindó una persona que aseguró haber visto a Carlos Ernesto caminando sobre la calle Cortés Blanco, en Santa Elena, a pocos pasos de la sede fiscal que está en esa zona de Antiguo Cuscatlán.
— Nosotros hemos pedido revisión de cámaras, pero es una tramitología que no se imagina. Como no somos personas pudientes, como no somos un ministro de alto rango, no nos dan prioridad.
Hace dos meses, Eneyda recibió una llamada que le volcó el corazón: la fiscal del caso le dijo que estaban cerca de ubicar a Carlos Ernesto.
— Tenemos una prueba que su hijo está con vida, me dijo. Pero cuando le pedí detalles me contestó que no me podía decir nada, absolutamente nada, aunque fuera la madre.
— ¿Qué sucedió después?
— Me dijo que esperara una nueva llamada, que pronto iban a ubicar a mi hijo. Pero han pasado las horas, los días, los meses, y aún sigo esperando esa llamada.
*
Las denuncias de desaparición coincidieron con los hallazgos de cuerpos enterrados ilegalmente en San Salvador, San Miguel, La Libertad y Santa Ana.
Luego en el radio de búsqueda aparece o Sonsonate o Usulután, es decir, que este problema de inseguridad salta entre el Occidente y el Oriente del país, probablemente dependiendo de cada coyuntura.
Volvamos a desagregar:
Tomando como base los números podemos concluir que San Salvador, Soyapango e Ilopango es un triángulo de desaparecidos. Los tres acumulan tanto denuncias como hallazgos de cadáveres.
El segundo triángulo lo conforman Santa Tecla, Colón y San Juan Opico. Si tomamos en cuenta las 26 víctimas encontradas entre noviembre y diciembre de 2021 deberá sumarse Nuevo Cuscatlán, pero como una aparente extensión territorial. Este punto geográfico coincide con la distribución del programa Delicias Locos Salvatrucha de la MS-13.
En el tercer triángulo están San Miguel, Comacarán, Moncagua y Chinameca. En el segundo municipio fueron encontrados 20 cuerpos.
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Cuando estaban por llegar al cementerio, Óscar Alexis se lanzó de la motocicleta y empezó a correr, a toda prisa, en medio de la oscuridad, hasta llegar a la delegación policial de Tonacatepeque. Les dijo a los agentes que los pandilleros querían asesinarlo. Con eso firmó la sentencia: debía escapar o morir.
Fue así como llegó a vivir donde su madre Elsa, en Cumbres de San Bartolo, Ilopango.
Transcurrían los primeros días del 2021.
Douglas, su padrastro, le acomodó una habitación y lo recibió de la mejor manera.
— Mi hijo no hubiera querido salir de Tonacatepeque, pero quienes lo sacaron fueron los cipotes. Lo acusaron de tener deudas —detalla Elsa.
Es viernes, mediados de marzo. Elsa y Douglas están afuera de Medicina Legal, donde han llegado a solicitar información sobre su hijo Óscar Alexis.
Esta es la décima vez que visitan las morgues y las oficinas donde revisan álbumes repletos de fotografías de cadáveres putrefactos. En ninguno de ellos reconocen a su hijo.
— Nosotros hemos venido aquí más de diez veces, pero siempre nos enseñan fotos de indigentes que mueren en las calles. La otra vez nos mostraron unas imágenes de unos cadáveres que encontraron recientemente en el Paisnal. Pero en las fotos solo se ve ropa —dice Elsa.
— Pero mi hijo todavía tiene carne, debe estar hinchado, pero tiene carne. Hace apenas dos meses que lo mataron —vuelve a secundar Douglas.
Elsa y Douglas han sido de los familiares más activos del Bloque de Búsqueda. Han participado en todas las actividades.
Lo único que quieren es recuperar el cadáver de Óscar Alexis para darle, como dice Douglas, cristiana sepultura.
El pasado 12 de julio, Douglas envió unos mensajes de voz por WhatsApp —a uno de los periodistas que firman este texto— en los que aseguró que pocos días después que aprobaron el Régimen de Excepción suspendieron la búsqueda de Óscar Alexis.
En uno de los audios afirmó: «Dejamos de buscar a mi hijo porque ya habíamos tenido choques con la Policía y mejor nos guardamos para que no nos fueran a llevar presos… Pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta positiva. Yo he llamado al investigador, pero no me responde. Y la única vez que me contestó me dijo que ahorita, con el régimen de excepción, no le están dando la importancia a los casos de desaparecidos».
SEGUNDA PARTE: El Corredor de los Desaparecidos