«En El Salvador no hay presidente», declaró Nayib Bukele, durante un evento con miembros de la diáspora, a mediados de 2017, en alusión a la falta de liderazgo político y al deslucido estilo de gobierno del entonces presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Aquella tajante declaración no fue exabrupto, sino una expresión intencionada que respondía a su estrategia para convertirse en candidato presidencial.

En ese momento Bukele ya no tenía esperanza de ser candidato del gobernante FMLN y -con semejante aseveración- buscaba provocar su expulsión para irse con otro partido político. No podía renunciar y debía ser expulsado, ya que sólo así podía evadir la disposición anti tránsfugas que le impedía cambiar de partido para buscar la candidatura.

Bukele sabía que la mejor manera de conseguir la expulsión era asestar al FMLN el golpe más bajo posible: denostar a su figura principal, el líder histórico que ocupaba la presidencia de la República. La estrategia funcionó: el 10 de octubre de 2017 fue expulsado por «violar los principios y estatutos internos del partido»; y así pudo candidatear con otro partido. Después de un intento fallido con Cambio Democrático y otros periplos políticos, Bukele fue candidato de GANA, el partido de derecha creado por el ex presidente arenero «Tony» Saca.

Hoy que Bukele usurpa el cargo y que legalmente no hay presidente, me acordé de aquella frase. En 2017 sí había presidente, pues -con todas sus deficiencias e insuficiencias como gobernante- Sánchez Cerén era un presidente constitucional electo democráticamente. Es ahora que no hay presidente en El Salvador, pues la persona que ejerce dicha función desde el 1o. de junio es un impostor y presidente de facto que -al reelegirse inconstitucionalmente y haber destruido la democracia- se convirtió en un dictador: un dictador que busca perpetuarse en el poder.

En todo el proceso de reelección Bukele violó sistemáticamente el Artículo 88 de la Constitución de la República, según el cual «es obligatoria la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República». Lo incumplió el 15 de septiembre de 2022, cuando anunció que se postularía; el 27 de octubre de 2023, al inscribirse como candidato; el 4 de febrero, cuando ganó las elecciones; y el pasado 1o. de junio, al asumir ilegalmente su segundo mandato.

El día que el Tribunal Supremo Electoral aprobó su candidatura, Bukele también violó el Artículo 152 de la carta magna, que no permite al presidente ser candidato presidencial; y cuando tomó posesión del segundo mandato violentó el Artículo 154, el cual establece que «el mandato presidencial dura cinco años» y que -luego de cumplido ese período- quien ocupa dicho cargo “no puede continuar ni un día más”.

Desde el 1o. de junio, también la Asamblea Legislativa está incumpliendo el Artículo 131 de la Constitución, que la obliga a destituir al presidente de la República si éste se mantiene en el cargo después de haber terminado su mandato. La mayoría de diputados, a su vez, ejercen sus funciones inconstitucionalmente debido a que -al promover la reelección de Bukele- perdieron sus derechos ciudadanos por violar el Artículo 75.

La Asamblea, el TSE y la Sala de lo Constitucional impuesta el 1o de mayo de 2021 violaron -junto a Bukele- todos estos artículos de nuestra ley fundamental, más el Artículo 235 que obliga a todos los funcionarios a «cumplir y hacer cumplir la Constitución». Quienes votaron por Bukele también son violadores de la carta magna, pues su Artículo 83 obliga a la ciudadanía a ejercer su soberanía «en la forma prescrita y dentro de los límites de la Constitución». Con su cuestionada «licencia» y con el nombramiento de su «designada presidencial», Bukele también violó los artículos 153, 156 y 168 de la normativa más importante del país.

Finalmente, Bukele y sus cómplices violaron otros artículos, como el 87 y el 248, que indirectamente también prohíben la reelección presidencial continua. En total, la reelección y el segundo mandato presidencial del autócrata salvadoreño violan -al menos- una docena de artículos de la Constitución que juró «cumplir y hacer cumplir» hace más de cinco años cuando asumió su mandato constitucional 2019-2024.

Hago este recordatorio de las disposiciones constitucionales violentadas, con el propósito de resaltar lo gravemente ilegal del nuevo período presidencial de Bukele. Porque no se trata de que el ahora dictador y todos sus secuaces (diputados, magistrados de la Sala, magistrados del TSE, Fiscal y electores) incumplieron algún artículo polémico, ambiguo o que puede ser objeto de varias interpretaciones; sino de la violación sistemática y deliberada de seis artículos que prohíben de manera expresa y reiterada la reelección continua del presidente y otros seis que se refieren indirectamente a dicha prohibición constitucional.

Hace casi 90 años, en 1935, el general Maximiliano Hernández Martínez, el último gobernante autoritario que se reeligió inconstitucionalmente en el país antes de Bukele, utilizó similares trucos antidemocráticos. Este dictador militar, incluso, solicitó una «licencia», como la de Bukele, para decir que no sería una reelección, sino un «segundo mandato». Hernández Martínez también controlaba los poderes legislativo y judicial, igual que el dictador actual.

La dictadura de Hernández Martínez duró doce años, hasta que fue derrocado por la histórica «Huelga de brazos caídos» en abril y mayo de 1944. La autocracia dictatorial de Bukele y sus hermanos no sabemos cuánto tiempo durará ni cómo terminará; pero ojalá más temprano que tarde el pueblo se levante y le ponga fin a esta regresión antidemocrática, para que El Salvador vuelva a tener presidente. Por ahora, hay que decirlo y repetirlo: no hay presidente; el que está es un gobernante fáctico y dictador. DICTADOR.