El Salvador actualmente se encuentra en un nuevo ciclo de profundización en el deterioro de las condiciones trabajo, con serias implicaciones para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Desde la llegada de la actual administración presidencial de Nayib Bukele (2019-2024) se inauguró un ciclo de despidos masivos en el sector público. La subsiguiente toma de los otros dos poderes del Estado por el movimiento político Nuevas Ideas (que respalda al actual presidente) y la crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus agravaron la situación. Desde 2022, el uso político del régimen de excepción como medida represiva contra activistas sindicales ha consolidado el giro antilaboral. Aunque poco discutida en la opinión pública, el Movimiento de Trabajadores Despedidos denunciaba que la cifra de trabajadores estatales a principios de septiembre de 2022 ascendía a 15,000 personas. Al mismo tiempo, tanto las y los trabajadores estatales que no fueron despedidos como nuevos cuadros que han sido contratados en el Estado, han ingresado en condiciones precarias, con contrataciones por tiempo limitado y amenaza permanente de despido.

Esta nueva situación para el trabajo en el sector público en El Salvador de posguerra tiene un significado más amplio para el ámbito laboral en su conjunto. Encarna el fin del último reducto de estabilidad laboral y oportunidad de organización sindical en el país desde la adopción del proyecto neoliberal a finales de la década de los ochenta ¿Cuáles son los cambios y las continuidades que en el contexto actual permiten explicar esta coyuntura? ¿Qué implicaciones tiene esta profundización de la precariedad laboral para la sociedad salvadoreña? Si bien se trata de un proceso en desarrollo, se encuentra lo suficientemente establecido para avanzar algunas hipótesis.

 Un contexto más amplio: la pugna entre trabajo y capital en El Salvador

Desde una perspectiva de mayor duración, debemos remitirnos al ajuste estructural y las reformas neoliberales implementadas en El Salvador desde 1989 (con importantes antecedentes desde finales de los setentas). En la pugna entre capital-trabajo, como señala David Harvey[1], el neoliberalismo representa una “contrarreforma” que -mediante la financialización, la movilidad territorial del capital, privatizaciones y la flexibilización de protecciones laborales- favorece, en términos de ganancias y de poder, a los grupos económicos dominantes. En consonancia con este esquema, en El Salvador de posguerra, la bonanza de acumulación económica de los grupos de poder económico transnacionalizados coincidió con un debilitamiento de las protecciones laborales, despidos de trabajadores estatales y expansión masiva de la informalidad laboral, el autoempleo y el subempleo. Si bien desde las décadas precedentes las seguridades laborales habían sido mermadas a consecuencia del clima de violencia política y la constante hostilidad de las elites económicas a la organización sindical (se vuelve imprescindible citar el documental Port Triumph de Jeffrey Gould, sobre la movilización sindical y eventual derrota de los trabajadores del camarón en Puerto El Triunfo[2]),  desde finales de la década de los ochentas asistimos a la casi eliminación absoluta del sindicalismo en el sector privado.

No obstante, a pesar de los embates de las privatizaciones de empresas públicas y las oleadas despidos que las acompañaban, el Estado persistió como reducto de protecciones laborales y estabilidad, en buena medida gracias a la acción de los movimientos sociales. En el nuevo milenio es incluso posible encontrar una reversión de la precarización laboral en el sector público a partir del ciclo de protestas de las «marchas blancas» entre 1999 y 2003[3]. Protagonizadas por los sindicatos de profesionales de la medicina y trabajadores del sector salud y de seguridad social, en compañía de otras organizaciones sociales, sindicales y político-partidarias aliadas, el éxito de estas protestas logró sedimentarse en el ámbito de la salud e incluso más allá, en las instituciones estatales en su conjunto. Las marchas blancas consiguieron, además de paralizar el avance de la privatización de los hospitales públicos y demostrar el potencial movilizador de los sindicatos, erigirse en un punto de partida para un relativo fortalecimiento de protecciones laborales en el sector público.

En la siguiente década del nuevo siglo (2009-2019), las dos administraciones gubernamentales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fueron el contexto favorable para un leve incremento del número de organizaciones sindicales en instituciones estatales. Ahora bien, algunas de las semillas del actual clima de indefensión del movimiento laboral se sembraron bajo las administraciones del FMLN. La ausencia de un coherente proyecto político antineoliberal alternativo resultó caro. Sorprendentemente, en 10 años de gobierno de una ex-guerrilla izquierdista, a pesar de las prolongadas discusiones inter-partidarias con la fuerzas políticas de derecha, no hubo capacidad para avanzar en reformas sustantivas, particularmente cuando antagonizaban con los intereses de las elites económicas y su discurso hegemónico de crecimiento, empleo y libre mercado. Los ejemplos son varios, desde la ausencia de reformas impositivas progresistas hasta la consecución de una reforma de pensiones ambiciosa (la única lograda en 2016 afectó los recursos exiguos de los sectores medios). En el ámbito laboral, las fuerzas de izquierda en el poder nunca emplearon la institucionalidad laboral estatal y la infraestructura organizacional del sindicalismo público para avanzar en la sindicalización del sector privado, un impensable ideológico (e indecible en el debate público) que hizo patente la potencia de la hegemonía neoliberal.

La llegada del gobierno de Nayib Bukele y Nuevas Ideas en 2019, con un discurso de rechazo a todos los anteriores gobiernos de la posguerra (altamente popular, dado el descontento y la decepción vigentes), ha representado un viraje negativo en estas tendencias de protección laboral y de vigencia del sindicalismo público. Para entender este giro debemos considerar el proyecto político de Nuevas Ideas desde sus dimensiones político-institucionales y también las económicas. En la primera dimensión, Nuevas Ideas se plantea como un proyecto autoritario de transformación político-social que pretende subvertir el orden de la posguerra de El Salvador. Esto implica, en el espacio político-social, el control total de todas las instituciones políticas, sin consideración por la división de poderes, y la dinámica de de pesos y contrapesos, y en el tiempo, la extensión prolongada de ese control, como ha quedado patente con la reciente reelección del Presidente Bukele (a pesar de contravenir preceptos constitucionales). Mientras que en la segunda dimensión, Nuevas Ideas ha implicado la toma del Estado por un emergente (y ambicioso) clan familiar con fines de acumulación y de eventual ingreso a los grupos de poder económico consolidados durante la posguerra.

Estas dimensiones también develan enormes continuidades en procesos centrales de la constitución del poder económico y político en El Salvador. Por un lado, la actual administración estatal plantea un regreso, bajo condiciones de capitalismo global, de desarrollismo autoritario. Es importante recordar que El Salvador vivió casi medio siglo de administraciones militares entre 1931 y 1979, convirtiéndolo en el régimen político de mayor duración en la historia contemporánea del país. No obstante, en el desarrollismo autoritario de los militares -aún en su versión más represiva, en la década de los setentas- el sentido de lo público se fortaleció, mientras en esta nueva versión del clan familiar, éste se ha desvalorizado. Y por otro lado, las estrategias de uso del Estado para objetivos de acumulación (clientelismo, cooptación, patronazgo, corrupción, etc.) de un nuevo grupo de poder económico tampoco representan nada nuevo. Como demuestra con una ingente cantidad de evidencia el historiador Antonio Acosta[4], el Estado, directa o indirectamente, ha sido uno de los factores centrales en la acumulación y mantenimiento de la riqueza de las élites económicas. La conducción de las reformas neoliberales y la corrupción del orden de la posguerra también fueron funcionales para estos propósitos. La diferencia actual es el control directo por un grupo familiar  específico y la obviedad con la que se obra para tal fin. En términos histórico-comparativos, más que al régimen militar salvadoreño de antaño, el proyecto económico-político de Nuevas Ideas se encuentra más cercano al trujillismo en República Dominicana o al somocismo en Nicaragua. 

El deterioro laboral en la revolución pasiva

Según la caracterización elaborada por Gramsci y desarrollada luego por autores contemporáneos como Massimo Modonesi[5], una revolución pasiva emerge en condiciones como las experimentadas en El Salvador de las primeras décadas del siglo XXI. Cuando los anhelos de cambio y sus potencialidades para implementar transformaciones sustanciales se ven frustrados por la incapacidad de los «intelectuales orgánicos» (aquellos actores que ejercen la conducción del proceso de cambio), se abren las puertas del acceso al poder político a grupos reaccionarios. Éstos implementan su propia (contrar)reforma moral e intelectual para resaltar los elementos más conservadores existentes en la cultura popular, y utilizarlos para aglutinar amplio apoyo para una agenda de cambios reactivos. El proceso histórico de revolución truncada en el siglo XX (Frente Farabundo Martí para la Liberacón Naciona, FMLN guerrilla) y luego de reforma antineoliberal frustrada a principios del siglo XXI (FMLN partido), en adición a una cultura popular con elementos autoritarios profundamente enraizados, se convirtieron en los contextos de oportunidad para la revolución pasiva liderada por Bukele.

La paradójica solución a la precariedad laborar con un aumento del deterioro en las condiciones de trabajo se añade a una vasta serie de ejemplos de cambios reactivos que se montan sobre tendencias presentes desde la posguerra (o más allá). En el ámbito de la seguridad pública, con la radicalización de las políticas punitivas arbitrarias (con la política de régimen de excepción) para desmontar a las estructuras criminales pandilleriles y asentar el control territorial del Estado, ahora el principal perpetrador de violencia social en El Salvador. En las políticas sociales, la reactivación de un discurso familiar, patriarcal y conservador en un país de por sí, como mostraban los resultados de sus políticas en salud sexual y reproductiva, mortalmente patriarcal. En el ámbito de acceso a la información pública, la opacidad total en el manejo de los recursos públicos en un país con preocupantes niveles de corrupción. En el ámbito de gestión de riesgos, en un país de alta vulnerabilidad, atestiguamos la explosión de megaproyectos públicos y privados permitidos por el Estado. En el ámbito burocrático, la reubicación de las fuerzas militares en el espacio público y en las oficinas estatales, bajo un contexto de cultura de lo público con una pesada herencia autoritaria. O como mostró el último ejercicio electoral para presidentes y diputados, con los abusos e irregularidades que marcaron todo el proceso, la imposición arbitraria en unas condiciones de institucionalidad democrática bastante débiles. La lista puede seguir. La clave se encuentra en la lógica reaccionaria como solución a las contradicciones del período de posguerra, experimentadas e implementadas como cambio social «revolucionario».

En el ámbito laboral, las ansias de cambio demandaban resolver la contradicción entre la protección de las garantías laborales en el sector público y la lógica de flexibilización neoliberal en el sector privado. Si en la reforma frustrada ésta se pretendía resolver mediante una extensión de la lógica de protección hacia el resto de la sociedad, en la actual revolución pasiva la misma se ha resuelto en el sentido opuesto. Es la gran transformación caracterizada por Karl Polanyi[6], pero en sentido inverso. La lógica del sector privado, flexible y arbitraria, ha invadido plenamente a las dinámicas laborales de los trabajadores públicos. Para cualquiera que actualmente labore o aspire a laborar en una institución pública resulta evidente que, independientemente de cualquier regulación laboral (gracias al control de todos los poderes del Estado por Bukele y Nuevas Ideas), los despidos, el trabajo a deshoras, las órdenes arbitrarias, la vulneración de los debidos procesos, se encuentran a la orden del día. Constituyen la nueva normalidad laboral. Los efectos de esta nueva realidad laboral alcanzan incluso a aquellos grupos de «cuello blanco» definidos (al menos en las sociedades capitalistas occidentales) por su alto sentido de autonomía, como jueces o médicos en el sistema público de salud.

Las consecuencias de este giro son preocupantes para la vida de los trabajadores estatales en específico y aquellos grupos dependientes del trabajo asalariado en general. En sus dimensiones materiales, las consecuencias de flexibilidad laboral han sido ampliamente documentadas y sentidas desde décadas atrás en el país: aumento de la explotación, reducción de ingresos, erosión de protecciones de salud, vejez, accidente, etc. Actualmente, asistimos a un proceso de flexibilización acelerada para los trabajadores del sector público salvadoreño. Los trabajadores de más de 60 años han sido particularmente afectados, dada la implementación de decretos de retiro para trabajadores en este rango de edad, precisamente en un país con pensiones privatizadas, una coyuntura de baja rentabilidad de las mismas y el uso del Estado (inaugurado en el período previo, profundizado en el actual) de las mismas como alcancía para financiar la deuda pública. Dada la enorme crisis de las finanzas públicas, los resultados, alcances y orientaciones de una eventual reforma son sombrías. Más aún, dicha crisis fiscal -en combinación con vendettas políticas y la necesidad de emplazar clientes en puestos de trabajo- se encuentra en la base de las oleadas de despidos masivos de empleados públicos.

Las dimensiones intangibles de la precaridad laboral -tanto durante la posguerra como en la actual revolución pasiva-  han sido menos exploradas pero son igual de relevantes. La precaridad laboral configura un elan para nuevas subjetivaciones de los sectores populares y medios, centradas en la sobrevivencia inmediata, y una cultura episódica, inmediatista e hiper-individualista. No obstante, dentro de esas subjetivaciones, como se hizo patente en la posguerra, también anidaba un deseo de encontrar espacios de suspensión -parafraseando a Walter Benjamin[7]- de la locomoción voraz, implacable y fría de la precaridad en la existencia cotidiana. Excluyendo sublimaciones y catarsis, la referida suspensión se buscaba mediante (tortuosos) caminos individualistas, en la emigración (temporal o total), en el emprendedurismo, el compadrazgo en el acceso a un puesto de trabajo en el Estado, en las economías informales y, para algunos, también en las economías subterráneas del crimen organizado. O también por caminos colectivos, en la acción contenciosa en el espacio público (protestas, demostraciones, paros, etc) o, particularmente durante la posguerra, en la acción política partidaria. Los caminos individualistas y los de acción colectiva no eran excluyentes, con el uso del trabajo político partidario para lograr acceder individualmente al trabajo en el Estado (como demuestra la notable etnografía de Ainoha Montoya sobre la «violencia de la democracia» en El Salvador[8]). En todo caso, el ingreso al trabajo en el sector público, aunque difícil, o la extensión de los derechos asegurados en el mismo hacia otras esferas, constituía un horizonte de esperanza para los sectores populares y medios, incluso más que la educación.

El fracaso de la reforma prometida por la izquierda  y la actual revolución pasiva representan la aniquilación de esas oportunidades tanto en su forma indvidualista de privilegios o como en la colectiva derechos. Como es muy consciente (o debería serlo) cualquier personero de Nuevas Ideas laborando actualmente en el Estado (desde los niveles inferiores hasta los de dirección), los únicos cuadros con garantías de estabilidad y seguridad laboral son los miembros del clan familiar. El resto son prescindibles. El escarmiento público al que han sido sometidos aquellos funcionarios públicos sacrificados en el altar de la opinión pública, como la ex alcaldesa de Soyapango Nercy Montano, son un notable recordatorio disciplinario. Queda esperar por los efectos subjetivos de esta generalización de la lógica de flexibilización al ámbito del sector público. Podemos atisbar un nuevo giro de tuerca del individualismo inmediatista, atómico y autodestructivo que ha caracterizado a El Salvador de posguerra. Es decir, la precariedad laboral como fuente del cambio reaccionario, gatopardista, a nivel de las subjetividades.

Coda

En los prolegómenos de los turbulentos conflictos sociales y políticos de la década de los setentas del siglo XX, David Browning[9], uno de los más agudos observadores de la realidad salvadoreña, caracterizó al país, su dramático conflicto agrario (en el fondo un conflicto por la redistribución de la riqueza) y su desarrollismo autoritario, como «un jardín de la desesperación». En un país de medio siglo de dictaduras militares, una boyante elite económica y enormes contingentes de campesinos, jornaleros y obreros en condiciones de miseria, Browning además expresaba en esta metáfora la dramática vivencia de los últimos detrás de las apariencias de un país boyante («el país de la sonrisa» era el lema de la propaganda gubernamental del aquel entonces) y su temor por las consecuencias del conflicto por acaecer. Unos años después, El Salvador sería el escenario de una de las insurgencias laborales y campesinas más grandes de América Latina. Una combinación de reformas económicas y políticas contrainsurgentes, la existencia de redes corporativas de apoyo a las fuerzas autoritarias, intervenciones imperialistas y limitaciones estratégicas volvieron imposible una victoria de las fuerzas revolucionarias, aunque tampoco lograron su derrota. La dictadura militar no sobrevivió y las ansias de cambio continuaron intactas, aunque trastocadas dentro de la posguerra en un proyecto de reforma bajo un esquema democrático.

A diferencia de algunas reformas en el ámbito político-institucional (a la luz de los hechos actuales, insuficientes), la reforma laboral y el resto de reformas en el ámbito socioeconómico, con sus promesas y esperanzas, se vieron frustradas, eternamente pospuestas. Por el contrario, el ajuste estructural, las privatización y el fortalecimiento extremo del poder del capital frente al trabajo inauguraron un período de precariedad laboral, informalidad y subempleo que borró el sentido de garantías y seguridades del trabajo en el sector privado, con la conversión del mero acceso al empleo para los grupos asalariados como un privilegio. No obstante, los vaivenes de la competencia político-partidista y la movilización social (sobre todo, de sindicatos en instituciones estatales y organizaciones aliadas) alentada por la transición democrática, con sus mayores libertades políticas y civiles, permitieron la sobrevivencia e incluso la expansión de garantías laborales en el sector público.

Como en otros ámbitos, el actual proyecto sociopolítico de Bukele y Nuevas Ideas ha eliminado la dualidad de una dominante lógica de la precarización y la subordinada de protección laboral, en favor de la primera. Como revolución pasiva, este giro reaccionario ha operado bajo un potente y atrayente discurso de transformación que en términos sustantivos es reaccionario. Estas transformaciones son vividas un cambio social y político sin precedentes para amplios grupos de la población (e incluso algunos ex-militantes de izquierda). A diferencia de los setentas o incluso durante la embestida de las contrarreformas neoliberales en los noventas, la debilidad de las organizaciones laborales y sindicales auguran un panorama desolador para cualquier intento de resistencia y movilización. La facilidad con que el nuevo gobierno alcanzó dicha desmovilización pone en entredicho el optimismo por la expansión de la sociedad civil durante la transición democrática.  La popularidad de las políticas de régimen de excepción, su éxito en el desmontaje de las pandillas y su uso efectivo contra activistas sociales, incluyendo sindicatos, augura serias dificultades para una reactivación inmediata. Demandará un esfuerzo de reconstrucción organizativa en la misma temporalidad con que el nuevo régimen se concibe, en el largo plazo.

Por el momento, como ejemplifica la expansión de la precariedad laboral, la metáfora de Browning sigue estando vigente en los sentidos profundos de las subjetividades cotidianas de El Salvador. Las mismas encuestas que han descrito los cambios en las preferencias políticas desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y que ahora confirman el apoyo popular a Bukele y Nuevas Ideas, han expuesto de forma consistente el grado de descontento de la población salvadoreña en dimensiones fundamentales del bienestar y sus condiciones de vida. La desconexión entre estas expresiones de insatisfacción cotidiana con el comportamiento político en estos sondeos de opinión pública -todavía carente de un análisis detenido por especialistas- ha sido también una constante desde el inicio de la posguerra hasta la actualidad. En el fondo, la desesperación transpira por todos los poros de la sociedad salvadoreña.

[1] Harvey, David. Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Ediciones Akal, 2015.

[2]  Cfr. Gould, Jeffrey L. Solidarity under Siege: The Salvadoran Labor Movement, 1970-1990. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2019.

[3] Sobre la significación de estas movilizaciones por el derecho a la salud cfr. Paul Almeida, Olas de Movilización (UCA Editores: San Salvador, 2011).

[4] Acosta Rodríguez, Antonio. Los Orígenes de La Burguesía de El Salvador: El Control Sobre El Café y El Estado, 1848-1890. 2nda ed. San Salvador-Sevilla: TEIAA-IEAL-UFG Editores, 2014.

[5] Modonesi, Massimo, ed. Revoluciones pasivas en América. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2017.

[6] Polanyi, Karl. La gran transformación los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

[7] Benjamin, Walter. «Sobre el concepto de historia». En Tesis sobre la historia y otros fragmentos, págs. 17-31. México: Clío, 2005.

[8] Montoya, Ainhoa. The Violence of Democracy: Political Life in Postwar El Salvador. New York: Palgrave Macmillan, 2018.

[9] Browning, David. El Salvador: La Tierra y El Hombre. 2ed ed. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 1982.