APÓYANOS

Reforma constitucional para institucionalizar la dictadura


Otra reforma podría ampliar el rol y funcionamiento de la Fuerza Armada a los ámbitos de seguridad pública y sistema penitenciario; incluso, recuperar la beligerancia política que le fue proscrita por los Acuerdos de Paz de 1992.
Publicado en marzo 4, 2024
Periodista y activista social.

A inicios del actual gobierno, el vicepresidente Félix Ulloa levantó la bandera de una reforma constitucional, realizó consultas con algunos grupos de interés y elaboró una serie de propuestas. En una ocasión dijo que, como demócrata y como constitucionalista, quería aprovechar su cargo para impulsar modificaciones a la carta magna a fin de actualizarla y «ponerla a tono con los nuevos desafíos de la democracia del país».

El debate fue bien visto hasta por algunos sectores progresistas que ilusoriamente creyeron en la posibilidad de -por ejemplo- ampliar el reconocimiento de derechos y de crear mecanismos de participación popular que condujeran a la democracia directa.

Sin embargo, dichas propuestas nunca fueron presentadas para su correspondiente discusión en la Asamblea Legislativa, ni siquiera cuando el oficialismo obtuvo la mayoría necesaria para aprobarlas; y el vicepresidente Ulloa dejó de hablar del tema. Probablemente no tuvo el apoyo del presidente Nayib Bukele porque no era útil para sus aspiraciones antidemocráticas, ya que para concretar su candidatura a la reelección utilizaría como “vía rápida” una resolución la Sala de lo Constitucional impuesta.

Ahora, reelecto inconstitucionalmente junto con el presidente Bukele y siempre funcional a los designios de su jefe, el vicepresidente volvió a referirse a su reforma constitucional. El pasado fin de semana apareció con unos pastores miembros de la «Alianza Evangélica», quienes -según dijo- respaldan su propuesta de cambios a la ley fundamental.

¿Y qué tipo de reforma constitucional de Ulloa respalda este grupito de falsos profetas que no temen irse al infierno por avalar la consolidación autoritaria y la manipulación que la autocracia bukelista hace de la cuestión religiosa? Conociendo la naturaleza del régimen de Bukele y sus malévolos intereses políticos, la respuesta no puede ser otra: se trata de una reforma que adecúe el marco constitucional a la medida de la dictadura autocrática que iniciará formalmente el 1o de junio próximo cuando el presidente reelecto inconstitucionalmente el pasado 4 de febrero asuma su segundo mandato.

Por eso, ahora sí, urge reformar la Constitución. Las reformas tendrán que ser aprobadas por la legislatura saliente y ratificarse en la nueva gestión parlamentaria, seguramente en la primera sesión plenaria el 1o de mayo para repetir la «gesta» de 2021 cuando cambiaron en forma arbitraria e ilegal al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

¿Y cuáles serían las reformas? En anteriores columnas de opinión advertí que una de las modificaciones más importantes podría ser eliminar la prohibición de la reelección presidencial continua y despejar el camino a la reelección indefinida de Bukele. También podría ampliar el período presidencial y dar al presidente facultades habilitantes para gobernar por decreto, adquirir préstamos y nombrar directamente al fiscal general, magistrados y otros funcionarios. Esta sería la reforma más adecuada para los delirios autoritarios de Bukele y su intención de perpetuarse en el poder.

Otra reforma podría ampliar el rol y funcionamiento de la Fuerza Armada a los ámbitos de seguridad pública y sistema penitenciario; incluso, recuperar la beligerancia política que le fue proscrita por los Acuerdos de Paz de 1992. Esto, en todo caso, sería legalizar el acelerado proceso de remilitarización que en la práctica ya sucede.

A propósito de los históricos acuerdos y para terminar de una vez con esa “farsa”, podrían ser eliminadas la Policía Nacional Civil (PNC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) surgidas de los Acuerdos de Paz y sustituirlas por otras instancias. La reforma también podría introducir disposiciones del actual régimen de excepción y convertir en “nueva legalidad” la suspensión permanente de garantías constitucionales.

También podría reformarse la Constitución en lo referente a la autonomía de la Universidad de El Salvador (UES) y convertirla en una universidad estatal dependiente del Ministerio de Educación. En aspectos económicos es posible que la reforma constitucional abra camino a la instauración de las criptomonedas e incorpore aspectos de la supuesta utopía digital del bukelismo.

Finalmente, para realizar el sueño de la «democracia de partido único» revelado desde el balcón del Palacio Nacional podrían introducirse disposiciones orientadas a revertir los consejos municipales plurales y restringir aún más la participación de la oposición parlamentaria.

Incluso, no sería sorpresa alguna reforma relacionada con los símbolos patrios o vinculada al relato refundacionista del régimen de Bukele, el culto a su personalidad y otros sentidos para nueva etapa histórica del país.

Ojalá que la ciudadanía crítica esté atenta y que esta contrarreforma constitucional orientada a institucionalizar la dictadura anime a una fuerte movilización social. Si no hay reacción cívica, el autoritarismo podría ser irreversible.

Ojalá que la población despierte.

    
 

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