Dinero, prostitutas y teléfonos celulares en las cárceles. Esos son algunos de los beneficios que,  según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Gobierno de los Hermanos Bukele concedió a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios) a cambio de reducir los asesinatos en el país.

Los acuerdos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas también incluyeron «apoyo político» para Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas celebradas el domingo 28 de febrero de 2021, según la investigación del gobierno de los Estados Unidos.

En el boletín de prensa, publicado en la página del Departamento del Tesoro, no son especificadas las estrategias de colaboración entre los entonces candidatos de Nuevas Ideas y los pandilleros.

No obstante, tomando en cuenta las experiencias de las elecciones presidenciales de 2014 en las que resultó vencedor Salvador Sánchez Cerén —nacionalizado nicaragüense desde el 30 de julio del año que transcurre— esas estrategias pudieron implicar coacción al voto, acarreo de electores desde distintos municipios, proselitismo a favor del oficialismo y, lo más común, los permisos abiertos para la entrada a las comunidades que los pandilleros controlan y la prohibición para la llegada de los candidatos opositores.

Entre 2013 y 2014, dirigentes de ARENA y el FMLN también pactaron acuerdos electorales con las pandillas a cambio de dinero y beneficios penitenciarios. Algunos exfuncionarios como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, han sido acusados por negociar con las pandillas apoyo electoral. En el caso de ARENA se encuentra procesado Ernesto Muyshondt.

La investigación estadounidense también concluyó que los pandilleros aceptaron ayudar al gobierno de Nayib Bukele a obligar a los ciudadanos a respetar la cuarentena, decretada en marzo del año pasado, para evitar la propagación del coronavirus.

En las comunidades que controla el Barrio 18 y la MS-13, los pandilleros amenazaron y propinaron golpizas a las personas que abandonaban sus casas para permanecer en espacios públicos. Además, presionaron por el uso obligatorio de mascarillas, así como también establecieron que solo uno de los integrantes de la familia saliera a comprar medicamentos y víveres.

Entre finales de marzo y principio de abril, fueron divulgadas en WhatsApp cadenas de audios, supuestamente originadas en comunidades pobres de Ilopango y Soyapango, en las que se escuchan a presuntos criminales anunciar medidas drásticas después que centenares se aglomeraron en las oficinas de los Centros de Atención de Demandas (CENADE) para exigir el pago del subsidio de 300 dólares.

En esos días también se viralizó en redes sociales un video en el que puede verse a dos hombres, uno con un bate en la mano y el otro grabando con un teléfono celular, mientras golpean a tres más que permanecen de espaldas con las manos apoyadas en una pared. Uno de los victimarios les dice a las víctimas que deben «ponerse bien» porque «aquí se hace lo que nosotros digamos» o, en falso tono benevolente, preguntan a un vecino aparentemente entrado en años: «¿ya sabe por qué le vamos a zampar verga?»

A cambio de la reducción de los crímenes violentos, los apoyos electorales y al mantenimiento de la cuarentena para disminuir la propagación del coronavirus, el gobierno de Bukele les pagó con dinero y garantizó, a los cabecillas de las pandillas, que en la actualidad permanecen en las cárceles salvadoreñas, el ingreso de teléfonos celulares y de prostitutas a sus celdas.

Algo similar ocurrió durante la tregua entre pandillas que auspició el gobierno de Mauricio Funes, entre mediados de 2012 y finales de 2013. En esos años el control de las cárceles lo ejercían los cabecillas de pandillas y el exmediador Raúl Mijango, mientras los funcionarios se desempeñaban como meras figuras decorativas. En ese entonces se convirtió en un asunto común la introducción de televisores plasma, teléfonos celulares y cajas con Pollo Campero a las cárceles. También se celebraron fiestas en los sectores 1 y 2 del centro penitenciario de Izalco, en Sonsonate, al que llegó casi media docena de prostitutas para agasajar a los presidiarios.

Después del colapso de la tregua, Mijango fue acusado de conspirar con pandilleros para el cometimiento de extorsiones y de introducir objetos ilícitos a los penales. También fueron imputados los exdirectores Nelson Rauda y Rodil Hernández, así como también mandos medios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y de la Policía Nacional Civil (PNC). En total, 19 personas terminaron sentadas en el banquillo de los acusados, incluyendo a David Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad.

Ante los señalamientos de los Estados Unidos, Nayib Bukele escribió en su Twitter: «¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan».

No obstante, según la investigación del Departamento del Tesoro, las negociaciones fueron lideradas por Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social. Los dos dirigieron y facilitaron las reuniones secretas que, además, implicaron permisos para que pandilleros en libertad entraran a las prisiones a reunirse con otros cabecillas condenados por distintos delitos.

«Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas», puede leerse en el boletín del Departamento del Tesoro.

Por eso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del gobierno de Estados Unidos, basada en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, aplicó contra ellos sanciones económicas que implican el congelamiento de activos pecuniarios y cualquier bien del que sean propietarios en suelo norteamericano, así como también el bloqueo de cualquier actividad económica que realicen, individualmente o con socios, a través del sistema financiero.

El 30 de mayo de 2014, el entonces presidente Barack Obama mandó al Congreso y al Senado la designación de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, como capo internacional de la droga. En la lista también fueron incluidos Francisco de Fátima Barros, de Cabo Verde; y Víctor Ramón Navarro, el guerrillero colombiano del extinto Ejército de Liberación Popular.

El 7 de abril de 2017, sin embargo, Chepe Diablo fue excluido de la lista.