El vicepresidente Félix Ulloa calificó de «victimización» las investigaciones de Citizen Lab y Access Now —confirmadas por Amnistía Internacional— en las que concluyeron que los teléfonos celulares de unos 27 periodistas salvadoreños fueron contaminados y posteriormente espiados con Pegasus, un programa creado por la empresa israelí NSO Group y que solo puede ser vendido a gobiernos previa autorización del Estado de Israel.

«Hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo, y no me refiero a esta victimización que se ha hecho por algunos periodistas que se les ha atacado con el programa Pegasus», dijo vía telemática en la conferencia La seguridad de periodistas y la libertad de prensa en El Salvador, realizada este jueves, a la que había sido invitado como ponente presencial, pero a la que se abstuvo de asistir porque coincidió con «otro compromiso que surgió posterior».

«No sé si es una estrategia para desviar la atención», agregó.

El 12 de enero El Faro.net y GatoEncerrado publicaron los resultados de las investigaciones de Citizen Lab y Access Now en las que fueron confirmados los hackeos de los teléfonos de 22 y tres de sus periodistas, respectivamente, así como también de un miembro de la planilla de El Diario de Hoy y una periodista independiente.

Pegasus, a diferencia de un programa de espionaje convencional, permite acceder a toda la información del dispositivo: audios, imágenes, mensajería de texto y aplicaciones similares, registro de llamadas, navegación en la red, correos, entre otros. Además, ha sido utilizado en otros países, como México, para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), respondió que el hackeo ha sido comprobado «de manera irrefutable» y recordó que incluso hubo momentos en los cuales los expertos informáticos verificaron que estaba siendo realizado en El Salvador, no desde el extranjero.

«Necesitamos saber por qué el Estado gasta millones de dólares en espiar a periodistas y ciudadanos», retó al vicepresidente. Calificó, además, de «miserable» que el gobierno de Nayib Bukele prefiera ocupar dinero del erario público en eso y no en los problemas que enfrentan los salvadoreños de a pie.

Para Ulloa, el verdadero peligro para los periodistas salvadoreños es la inestabilidad consecuencia de los despidos injustificados, la negación de prestaciones laborales y otros que —dijo— el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ha convertido en su «bandera de reivindicación», mientras que las gremiales han preferido ignorarla.

Aseguró que el Ministerio conoce casos de periodistas que no reciben prestaciones laborales y que sufren acoso laboral.

«Por tener más atención en temas de carácter político partidista descuidan los problemas reales», señaló.

Fagoaga nuevamente respondió que la asociación que preside sí ha denunciado los casos que mencionó el vicepresidente y, por el contrario, el Gobierno del que es miembro, desde que asumió el poder, ha emprendido una «cruzada contra el periodismo» manifiesta con bloqueos al acceso a conferencias de prensa para periodistas de medios no afines, negación de entrevistas, centralización de la información, uso de las instituciones públicas para afectar directamente la libertad de información, amenazas «latentes» de represión contra los medios de comunicación, difusión de discurso de odio y estigmatización, agresiones físicas y finalmente reformas legales que avalan la persecución como la figura de los agentes digitales encubiertos incluida en el Código Procesal Penal.

«Lo que antes eran ataques desde Casa Presidencial hoy se pueden describir como ataques organizados por el Estado en su conjunto», advirtió en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). «Bukele ha alentado un discurso estigmatizante contra los periodistas que han documentado corrupción, faltas éticas o pactos criminales», recordó.

Agregó que ese discurso ha llegado a instituciones públicas y a los ciudadanos: «todos los días recibimos una gran cantidad de insultos y amenazas y son más graves contra las mujeres periodistas; a mí no me dicen que me van a descuartizar y violar», comentó.

Fagoaga también ejemplificó con las agresiones físicas contra periodistas como las registradas el año pasado y advirtió que la Policía Nacional Civil (PNC) se ha convertido en el principal agresor. «Pareciera que tenemos que dar gracias porque no nos están asesinando», dijo.

Entre los años 1995 y 2020 fueron asesinados 14 periodistas salvadoreños, de acuerdo con información recopilada por Reporteros Sin Fronteras en su informe Estudio especial sobre la situación de las investigaciones sobre el asesinato de periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la actividad periodística periodo 1995-2005, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, de la Federación Latinoamérica de Periodistas, así como también de la APES.

En el año 2019, APES recibió 77 denuncias de agresiones contra periodistas; en 2020, 125; en 2021, 219.

El año pasado la Asociación contabilizó 100 restricciones al ejercicio periodístico, 20 intimidaciones, 19 declaraciones estigmatizantes, 16 acosos digitales, 15 bloqueos al acceso a la información pública y diez agresiones físicas.

Sin embargo, de acuerdo con el vicepresidente, las libertades de información, expresión y prensa «siguen el curso normal de su desarrollo» y «no vemos» circunstancias que las pongan en peligro, como sí ocurre en «otras latitudes».

Afirmó que los periodistas ejercen esos derechos sin censura, coacción «y mucho menos represión». El problema —repitió— es que los derechos no son absolutos y en el país hay «déficit de cumplimiento» porque privan los intereses económicos, políticos y sectoriales en la prensa. Aseguró que hay casos en los que los medios de comunicación han difamado, injuriado y tergiversado negándose a la vez a rectificar cuando les ha sido pedido.

Recordó que el «secretario jurídico», a quien confundió con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, aconsejó a los funcionarios ofendidos acudir a los tribunales a presentar demandas contra los periodistas que informaran de que Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky a Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, director de Centros Penales y director de Reconstrucción del Tejido Social, respectivamente.

El vicemandatario concluyó que en El Salvador, a diferencia de otros países, los periodistas no son asesinados.