Amenazar con una demanda y proferir «palabras soeces» contra dos agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) que decomisaban placas a los autobuses de las rutas 42 y 152 estacionados en las calles 14 y 16 de la Avenida Independencia. Estos son los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura, en la noche del sábado 12 de marzo, contra Catalino Miranda, presidente de la Asociación Cooperativa de Transportes de El Salvador (ACOSTES).

De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado en la tarde del 15 de marzo en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador —del cual Revista Elementos tiene una copia— los policías Óscar Iván Osorio Dueñas y Hernán Arnulfo Merino decomisaban placas a los autobuses por presuntamente obstruir la libre circulación vehicular en las calles 14 y 16 de la Avenida Independencia.

Miranda, a las cinco de la tarde con 45 minutos, se acercó «de una manera agresiva y violenta» amenazando con demandarlos, diciéndoles que no tenían derecho a decomisar las placas e intentando arrebatárselas, y profiriendo «palabras soeces» acompañado de 15 personas, según los testigos Douglas Omar García Funes, subdirector de Áreas Especiales; e Ismael Fuentes Pérez, inspector destacado en la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) que a unos pocos pasos de distancia observaban sin intervenir, no obstante, habían sido asignados como «apoyo» al operativo.

A las ocho de la noche, más de dos horas después, el empresario fue detenido. La Fiscalía le imputó los delitos de resistencia y desórdenes públicos.

La versión de Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, es distinta. En la mañana del lunes 14 de marzo dijo en conferencia de prensa que la PNC llegó a la Avenida Independencia a «verificar» los autobuses de las rutas 42 y 152, los agentes de tránsito pidieron la «colaboración» de Miranda para moverlos, hubo un «intercambio de palabras entre ellos» y «es ahí» cuando «se procedió a la detención».

En la acusación, sin embargo, puede leerse que la captura fue realizada en la División de Tránsito Terrestre de la PNC. Miranda, minutos antes de la intimación, contó que los policías que lo trataron bien porque sabían que no cometió ningún delito.

«Los rumores era que los transportistas iban a hacer una huelga, entonces para mostrar el ejemplo me han agarrado a mí» afirmó asegurando desconocer quién ordenó su detención.

En el Centro Judicial Isidro Menéndez el abogado Rolando Aparicio mostró un video en el que puede observarse a su cliente salir voluntariamente del parqueo de los autobuses, caminar un momento en la acera y después seguir hacia la calle. Miranda, según esta versión, estaba en su oficina trabajando.

En la noche del sábado, en sus cuentas de redes sociales, la PNC divulgó un video en el que Miranda conversa con García Funes, camina con las manos libres hacia una patrulla, se sienta en el asiento trasero y revisa su teléfono celular mientras es fotografiado por varios policías.

«Han venido a mentir», afirmó Aparicio sobre los testimonios de García Funes y Fuentes Pérez señalando que ellos pueden estar cometiendo el delito de fraude procesal. «Se les olvida que dentro de la empresa hay cámaras», agregó.

El artículo 306 del Código Penal define el fraude procesal como la acción de alterar el estado, la posición o la condición de las personas, las cosas o los cadáveres engañando durante la inspección o reconstrucción judicial; también la alteración o supresión de todo lo que pruebe la verdad para inducir errores en los fiscales o los jueces.

«Todo está grabado (…) nosotros no vamos a hablar mucho», concluyó.

La Fiscalía también pidió detención provisional para los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Hermel Edenilson Castro Sorto acusados de cobrar $0.35 de pasaje en las unidades en las que trabajaban. El delito imputado es venta a precio superior establecido en el artículo 234 del Código Penal.

De acuerdo con el pliego tarifario, el cobro máximo era de $0.30, es decir, aumentaron injustificadamente $0.05.

Castro Sorto recordó que fue retenido en un retén vehicular, pero que no cobraba más de lo establecido por el Viceministerio de Transporte.

Otro de los detenidos, cuya identidad se negó a especificar, admitió que había cobrado $0.05 extras a un pasajero, pero lo reintegró después que un policía le obligó a hacerlo.

En cadena nacional del jueves 10 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció la implementación de once medidas para disminuir, según él, los impactos económicos consecuencia de la crisis mundial por el conflicto entre Ucrania y Rusia, así como también por la inflación y otros.

Entre esas medidas están la suspensión, durante tres meses, del cobro de los impuestos del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) y la Contribución al Transporte (COTRANS) que son aplicados a la factura que todos los conductores pagan por cada galón de combustibles.

También ordenó el incremento de inspecciones en el transporte colectivo para «garantizar» que los pasajeros no paguen tarifas que el Estado no haya autorizado.

El domingo en la tarde un grupo de soldados tomó control de los autobuses propiedad de ACOSTES y comenzó a manejarlos. El Gobierno ha asegurado que puede hacerlo porque está garantizando un servicio público, pero ha sido incapaz de explicar cuál es la base legal para apropiarse de los bienes privados.

En un primer momento no hubo mayores sobresaltos para los pasajeros. En la madrugada del lunes todo cambió: se desbordaron las filas esperando poder abordar la unidad que inicia su recorrido en el Centro de San Salvador y lo termina en Zaragoza, La Libertad y algunos de los soldados asignados a las unidades se perdieron en la ruta.

Ante la ineficacia para asegurar el servicio el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció la contratación de motoristas. Pero eso, aparentemente, tampoco dio mayores resultados y se registraron casos como el de una persona sin licencia que dijo que solo le ordenaron subirse a manejar.