Reportes de Diana Anzora
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Aquella calurosa mañana de junio los directivos de la Asociación Comunal Aguas del Tecomasuchi volvieron a constatar que lo que denunciaron hace más de tres años sigue ocurriendo impunemente: con los desechos que produce, una empresa sigue contaminando el río Molino, que es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para más 1 mil 400 personas que viven en cuatro distritos de la zona Central de El Salvador: Oratorio de Concepción, San Pedro Perulapán, San José Guayabal y Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán.
Tecomasuchi, que brinda el servicio de abastecimiento de agua potable para algunas de las comunidades de esos distritos, ha culpado a la Granja Avícola Galdámez de la contaminación de ese cuerpo de agua. Y esto habría podido considerarse una estadística más en la interminable lista de los horrorosos delitos ambientales que son perpetrados en el país más pequeño —territorialmente hablando— de Centroamérica de no ser porque existe un antecedente particular: las comunidades de Suchitoto organizaron y celebraron una consulta popular para declarar el agua como un derecho humano y ordenaron a sus gobernantes locales redactar una ordenanza para formalizar esa decisión.
Pero todo fue en vano. La voluntad de esas personas fue desechada, tanto por las empresas como por Nuevas Ideas, el partido que gobierna esa alcaldía, así como también por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las instituciones autónomas relacionadas con el tema que controla la presidencia de Nayib Armando Bukele Ortez.
Fue el 28 de mayo de 2017 que Suchitoto celebró la primera Consulta popular del agua que, temporalmente, es coincidente con la llegada al municipio de dos granjas, una de ellas porcina.
«La gente comenzó a reaccionar y a decir: qué mecanismo podemos utilizar para contrarrestar eso», recordó Arely Salas, de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto (AGUASUCHI).
La primera consulta fracasó porque no hubo votos mínimos para que los ciudadanos pudieran ordenar a la alcaldía la elaboración de las ordenanzas municipales. Pero el 27 de octubre de 2019 el Movimiento de Organizaciones Unidas por el Agua celebró una nueva consulta en la que 4 mil 788, es decir casi el 98 por ciento de los electores, votaron a favor de proteger el recurso natural. Únicamente 87 personas votaron en contra.
La segunda consulta cumplió con creces los requisitos establecidos en las leyes municipales, por tanto, las autoridades locales se vieron obligados a elaborar las ordenanzas de protección de los recursos naturales, con énfasis en el agua.
Las comunidades organizadas ya habían elaborado una propuesta de ordenanza para proteger el agua en la cual, entre otras cosas, se regulan las construcciones y las explotaciones comerciales que pudieran ser consideradas como una amenaza para los ríos, los mantos acuíferos y las quebradas, así como también plantea prohibir la siembra de cultivos en la zona de amortiguamiento de las fuentes de agua, la tala de árboles en un radio de 1 mil metros alrededor de las fuentes de abastecimiento de agua y la perforación de pozos cerca de las juntas de agua sin previa autorización de las autoridades competentes y sin una consulta popular previa.
El 21 de septiembre de 2021, es decir, casi dos años después de la celebración de la Consulta, el alcalde Denys Jeovany Miranda Rivas, del oficialista Nuevas Ideas y el concejo aprobaron la Ordenanza para la Protección y Conservación del Recurso Hídrico del Municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
Este documento, que consta de 30 artículos, excluyó las propuestas de las comunidades, según Sala, porque los encargados jurídicos de la municipalidad eliminaron las sanciones, los controles y los límites para la explotación privada del agua. Los siguientes son algunos ejemplos: otorgaba a la alcaldía la obligación de coordinar con las autoridades del Gobierno central y con otras instituciones la protección de bosques y zonas protegidas, exigía el cumplimiento de mayores requisitos para explotar el recurso hídrico, multas por contaminación, facultad para realizar auditorías ambientales, establecía distancias más largas de las zonas habitacionales para la instalación de empresas, más controles para la descarga de vertidos, competencias para que las autoridades locales pudieran realizar inspecciones ambientales en propiedad privada, ordenaba implementar acciones para transparentar la gestión en ese rubro, entre otros.
«En pocas palabras: botaron el trabajo de las comunidades», concluyó Sala.
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El municipio cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos en su territorio: 28 ríos con un caudal promedio anual de 1 mil 467.24 metros cúbicos en la estación lluviosa y 250.09 metros cúbicos en la estación seca. Existen, además, 2 millones 748 mil 89 metros cúbicos de agua subterránea. A lo anterior se suma la capacidad del embalse Cerrón Grande de captar aproximadamente 2 millones 150 mil metros cúbicos de agua en sus más de 135 kilómetros cuadrados de extensión, según detalló el Plan de competitividad municipal de Suchitoto.
En la localidad han sido registradas unas 39 asociaciones de sistemas de agua comunitaria que abastecen a un promedio de 25 mil personas de distintas comunidades, cantones y caseríos. En los últimos años las juntas de agua han públicamente denunciado a las empresas que han llegado a Suchitoto a perforar pozos sin autorización estatal, utilizando el agua para regadíos; en otros casos,
provocado contaminación de ríos, mantos acuíferos y del medio ambiente en general. Todo esto sucede en un escenario de precariedad hídrica en las comunidades.
Las empresas Avícola Salvadoreña S.A de C.V., Textufil S.A. de C.V., Granja Porcina El Progreso y Granja Avícola Galdámez, han sido denunciadas por extraer grandes cantidades de agua y por contaminar importantes afluentes de donde se abastecen juntas comunitarias de agua de Suchitoto. Hasta el momento nada ni nadie ha conseguido frenarlas.
Por ejemplo: Granja Avícola Galdámez, ubicada en el kilómetro 34 de la carretera que de San Martín conduce hacia Suchitoto, Cantón Tecomatepeque, municipio de San Pedro Perulapán. La granja, que cuenta con múltiples galeras, está construida en zonas de máxima protección restauración y aprovechamiento, según describe una demanda, presentada en agosto de 2021, por los directivos de la Asociación Comunitaria Aguas del Tecomasuchi en el Juzgado Ambiental de Santa Tecla.
Miembros de Tecomasuchi, que pidieron proteger su identidad por temor a represalias, explicaron a Revista Elementos que la granja está deforestando, extrayendo agua y contaminando tanto el suelo como el río Molino, principal fuente de abastecimiento de unos 1 mil 400 usuarios, tanto de Suchitoto como de los vecinos municipios Oratorio de Concepción, San Pedro Perulapán y San José Guayabal.
«Los mantos acuíferos van en declive por la contaminación y la tala que está provocando», explicó uno de los trabajadores —que también pidió anonimato— de Tecomasuchi detallando que hace unos tres años los medidores calculaban que Granja Avícola consumía mensualmente entre 600 a 800 metros cúbicos de agua, mientras que en la actualidad calculan cero metros cúbicos. Sí: cero.
La empresa de crianza de pollos se encuentra a 350 metros de distancia del nacimiento de agua administrado por la Empresa Municipal de Agua de Suchitoto (EMASA), y 400 metros de distancia de las captaciones de Tecomasuchi, por lo que los vertidos depositados en los pozos de captación o pozos negros son un peligro para los sistemas de agua, advirtieron los directivos.
Granja Avícola Galdámez es propiedad de Manuel de Jesús Galdámez Miranda. Él aparece como administrador único y representante legal de la sociedad Galdámez & Galdámez S.A. de C.V., una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos para la alimentación animal, ubicada en el Cantón Tecomatepeque, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán; y de Transporte Galdámez S.A. de C.V., según detallan documentos del Centro Nacional de Registro (CNR).
El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en reserva la información relacionada al proyecto de la Granja Avícola Galdámez, según detalló la Dirección General de Evaluación Ambiental y Cumplimiento Ambiental, a través de la resolución MARN-UAIP-2024-00136.
Desde que asumió el poder, la administración presidencial de Bukele ha adoptado la opacidad como una de sus más importantes características. Todas las instituciones públicas, sin excepción, ocultan información pública violentando el principio de máxima publicidad establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Y, como el Gobierno controla todo, las instancias para presentar apelaciones ahora carecen de autonomía.
Se ha conocido también que Avícola Salvadoreña abrirá la Granja Suchitlán en la carretera que de Aguilares lleva a Suchitoto, a unos 12 kilómetros de distancia del municipio. El 8 de marzo de 2022 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, como puede verificarse en la resolución MARN-No-24977-ESIA-9-2022. En el documento hay un dato relevante: la empresa utilizará un pozo propio para extraer 11 litros de agua por segundo durante 20 horas de bombeo; tiene básicamente dos tipos de uso, el industrial y el de uso humano. Se espera un consumo total de 3 mil 942.75 metros cúbicos de agua mensuales de los cuales 3 mil 154 metros cúbicos los beberán los pollos y lo restante será para consumo de los trabajadores.
Unas 2 mil 800 familias que viven en las comunidades La Mora, Mazateque, Nueva Consolación, Santa Eduviges, Santa Fe, Nuevo Renacer, Los Almendros, La Asunción, Las Guaras, entre otras han advertido que esa cantidad de consumo sobreexplotará las fuentes locales de agua con las que ellas se abastecen. Pero han sido ignoradas por las autoridades.
La Granja, además, podría contaminar ríos y mantos acuíferos con las aguas residuales o la propagación de malos olores, experiencia que las comunidades ya han tenido con otras granjas industriales. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental dice que el proyecto no genera aguas residuales de tipo especial, ya que las resultantes de lavar las galeras, cortinas y equipos, se evaporan de forma natural y se absorben en el terreno.
En este contexto es viable considerar que Avícola Salvadoreña ha incumplido los artículos 17 y 18 de la Ordenanza que ordena a las empresas solicitar una certificación municipal de viabilidad hídrica, siempre y cuando se haya iniciado el proceso para obtener el permiso ambiental extendido por el MARN.
La Granja Porcina El Progreso, ubicada en ubicada en El Cantón Platanares, sobre la carretera a Suchitoto, es otra de las empresas que está generando contaminación de fuentes de varias juntas comunitarias de agua, entre ella, el sistema de la comunidad El Cenicero, que abastece a unas 200 familias que viven en el cantón.
Este proyecto inició en 2014, con la crianza de cerdos. Para noviembre de 2019, la granja no contaba con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así lo detalla la resolución MARN-OIR Nº 339-2019. Además, documentos oficiales del ministerio indican que la granja pertenece al empresario Rafael Andres Jovel Miranda.
Nelson Ayala, presidente de la junta de agua del Cenicero, explicó a Revista Elementos las afectaciones que está ocasionando la granja a la cuenca del río la Señoras. «Hemos podido identificar los desagües y las fosas que tienen la granja, donde depositan las agua y hacen descargas al río la Señora. Esa cuenca se ha contaminado fuertemente», detalló Ayala.
A pesar de lo señalado por el presidente de la junta de agua, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla determinó, a través de su resolución judicial MC50-2-18, que la granja no estaba contaminando el río Las Señoras; sin embargo, el juzgado logró verificar que la empresa estaba operando sin permisos ambientales del MARN y de la alcaldía de Suchitoto. También concluyó que dentro de la Granja El Progreso había contaminación por malos olores en sitios específicos.
A nivel judicial, sin embargo, muy poco puede hacerse. En mayo de 2021 los diputados de Nuevas Ideas dieron un golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y progresivamente el partido oficial fue controlando todos los espacios, y a todos los niveles, ese órgano del Estado, de forma que en la actualidad la desprotección judicial es cotidiana y rutinaria para todas las personas.
La toma del poder judicial fue concretada en septiembre de ese mismo año con la implementación de una purga a toda la magistratura en general.
Textufil S.A. de C.V. fue denunciada por contaminar el río del cantón San Lucas con residuos procedentes de la fumigación en las plantaciones de Zacate oriundo, según constató la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en una inspección hecha en agosto de 2016. Las comunidades también denunciaron la disminución del caudal y la explotación de pozos de aguas para el riego del cultivo, esto sin tener los permisos ambientales del MARN.
La empresa ha perforado tres pozos ubicados a dos kilómetros de distancia del sistema de agua Apolitano Serrano y, supuestamente, utiliza agroquímicos en las 80 manzanas de terreno en las que ha sembrado zacate, según comentó Arely Sala a este medio.
Las comunidades vienen denunciando, desde el año 2015, esta problemática. Pero han sido ignoradas.
«Los ríos han presentado disminución de caudal y la contaminación que genera la empresa (...) esa gran infiltración de químicos va a los mantos acuíferos», dijo Sala.
Revista Elementos contacto a Yanira de Henriquez, representante de Textufil, para preguntarle sobre las denuncias contra la empresa. Ella aseguró que la empresa no tenía siembra de Zacate oriundo y que los señalamientos no estaban fundamentados.
Sin embargo, un informe técnico del equipo multidisciplinario del Juzgado Ambiental de Santa Tecla confirmó que Textufil si había sembrado zacate “Arundo donax”; además, constató la perforación de tres pozos en la Hacienda Santa Marta, Cantón San Lucas, sin tener los permisos de la alcaldía, del MARN y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según detalló la resolución de juzgado, con número de referencia 24-2016-MC.
El 20 de diciembre de 2016, se emitió medida cautelar a favor de integrantes de la Mesa Territorial del Agua, del municipio de Suchitoto, cuyos liderazgos comunitarios y personal técnico fueron víctimas de hostigamientos, vigilancia y persecución, como consecuencia de una demanda que presentaron en contra Textufil S.A. de C.V., ante un Juzgado Ambiental de Santa Tecla.
El MARN también reservó la información del proyecto Textufil, según la resolución MARN-UAIP-2024-00136 de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Cumplimiento Ambiental.
A pesar de las denuncias de las comunidades y de los procesos judiciales que llevan todas las empresas explotadora y contaminadoras, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ha otorgados permisos de exploración, inscripción y perforación de pozos a nombres de Manuel de Jesús Galdámez Miranda, a Granja El Progreso y Avicola Salvadoreña. Todas las autorizaciones fueron firmadas por Jorge Castaneda Cerón, presidente de la ASA.
Este medio intentó contactar, por correo electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas, a los representantes de las cuatro empresas. En el caso de Avícola Salvadoreña y Granja El Progreso, se escribió al correo de la empresa; al cierre de esta nota no hubo ningún tipo de respuesta a la solicitud de entrevista.
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