APÓYANOS

Triunfo de Bukele consolida su régimen autoritario respaldado por fuerzas militares y policíacas

El triunfo de Nayib Bukele, cuya candidatura ilegal fue sostenida con fondos públicos —a tal punto que hasta el Estado Mayor Presidencial siguió siendo su guardia pretoriana y la de su familiar— consolida su proyecto autoritario.

Por 
|
febrero 5, 2024
Fotoarte Elementos: Laura Callejas

Nayib Armando Bukele Ortez, el candidato-presidente de Nuevas Ideas que torció la Constitución para eternizarse en el poder y que en la campaña electoral dispuso ilimitadamente para sí y para los suyos de los recursos del Estado, ganó las elecciones con una ventaja incontestablemente superior, más de 1 millón 500 mil votos, comparado con los resultados que obtuvieron los competidores más próximos, el exalcalde Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el empresario Joel Humberto Sánchez Maldonado, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como puede verificarse con los resultados preliminares del 70 por ciento de las actas escrutadas procesadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El triunfo de Bukele, cuya candidatura fue sostenida con fondos públicos —a tal punto que hasta el Estado Mayor Presidencial siguió siendo su guardia pretoriana y la de su familia cuando se suponía que había pedido permiso para dedicarse a las tareas propias de la reelección ilegal— consolida su proyecto autoritario, sostenido en la fidelidad de la Fuerza Armada y en la obediencia irrestricta de la Policía Nacional Civil (PNC), que lo tiene a él y  su hermano Karim como las principales cabezas y a otro pequeño grupo de sus aliados y exempleados como los ejecutores mecanizados de sus antojos y de sus órdenes.

El domingo por la tarde, Bukele fue el único candidato a la presidencia que llegó a emitir el sufragio escoltado por una muralla de agentes policiales y militares.

La campaña electoral y las dos semanas previas al 4 de febrero estuvieron llenas de denuncias de irregularidades. Desde la segunda quincena de enero una parte de los empleados públicos adscritos al Ministerio de Gobernación, específicamente a la Dirección General de Protección Civil, sin razones técnicamente claras salieron a las calles masivamente a entregar paquetes del Programa Presidencial de Ayuda Alimentaria (PPAA), así como también sacos con arroz donados por China. En Villa El Refugio, Ahuachapán, por ejemplo, una periodista de La Prensa Gráfica fue acosada y difamada por el alcalde Darwin Regalado, en los días en que en las instalaciones de la alcaldía de esa localidad eran repartidas bolsas con víveres por personas vestidas con la camisa cian del partido oficial.

Paralelamente, los ministros y algunos funcionarios del Gobierno de Bukele inauguraron obras públicas y aprovecharon para ensalzar la imagen de Bukele. Dos días antes también fueron sacados a las principales avenidas y calles del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) contingentes de soldados que patrullaron en algunas de las residenciales en las que vive una parte de la clase media alta, así como también en distintas zonas del Centro de San Salvador, donde viven capas medias y de menores ingresos.

El día del evento también hubo denuncias de irregularidades. Por ejemplo: los ciudadanos llamados a integrar Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron formados y preparados para cuidar las urnas y procesar los votos. Sin embargo, el domingo algunos de ellos fueron excluidos de participar y en su lugar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a personas que posteriormente fueron identificadas como militantes de Nuevas Ideas. 

Esto ocurrió, no obstante, el magistrado Noel Orellana afirmó que el Organismo Colegiado había rechazado inscribir como miembros de JRV a personas que habían sido identificadas como militantes de los partidos políticos, según él, basándose en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los años 2009 a 2018.    

También los periodistas fueron expulsados o se les impidió permanecer en algunos centros de votación, principalmente en San Salvador. La obstaculización fue registrada al inicio de la jornada y, sobre todo, después de las cinco de la tarde, es decir, al iniciar el conteo.

Otro de los eventos que más despertaron las alertas fue el fracaso de la implementación del sistema de conteo y transmisión preliminar que, de acuerdo con los antecedentes de las elecciones de los últimos veinte años, debe comenzar entre las seis y las siete de la noche, pero este domingo había llegado la medianoche y permanecía detenido en el 30 por ciento de avance, así como también registraba datos irregulares, dispares, generalmente a favor del partido oficial. 

Anoche, sin embargo, los magistrados aseguraban que las elecciones habían sido un «éxito», con «participación masiva». Hasta ese momento no había estadísticas claras porque en los centros de votación los miembros de las JRV estaban aún improvisando para subir las actas con los resultados. Eso seguía registrándose hasta las nueve de la mañana del 5 de febrero. Unas cuatro horas más tarde los magistrados admitieron que el sistema había fallado, pero no explicaron quién era el culpable de las fallas de ese sistema que tuvo un costo de 70 millones de dólares para el Estado. También anunciaron que el TSE abrirá los paquetes electorales para recontar los resultados de las elecciones legislativas.

A esa inconsistencia deben agregarse los ímpetus de Nayib Bukele, quien a las 6:56 de la noche publicó que según «nuestros números» había ganado con el 85 por ciento de los votos y Nuevas Ideas había obtenido 58 de los 60 diputados. Inclusive, celebró esos supuestos resultados con una concentración frente al Palacio Nacional, en San Salvador, a la que llegaron centenares de militantes de su partido.

Yo, el autoritario

Es imprescindible tener en cuenta que Bukele alcanzó la reelección solo después de torcer, en primer lugar, la Constitución y después todas las leyes que en algún momento pudieron ser obstáculo a las ambiciones de sus hermanos y a las suyas propias. El inicio de esta etapa de eternización en el poder puede datarse con el amago de disolución de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Un mes y un año más tarde Nuevas Ideas ganó, en las elecciones de 2021, 56 de 84 diputados, gracias a una meditada estrategia que conllevó en la que fueron visibles el efecto Mickey Mouse y estafar a los electores haciéndoles creer que en las urnas iban a encontrarse con papeleta con el nombre del presidente.

Ese 1 de mayo de 2021 los diputados de ese partido dieron un Golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y destituyeron al fiscal general, en ese entonces Raúl Melara. Después todos los eventos se precipitaron hasta que el 3 de septiembre de 2021, exactamente 94 días más tarde, los magistrados impuestos Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovo, Luis Javier Suárez Magaña, José Ángel Pérez Chacón y el exfiscal Héctor Nahúm Martínez emitieron una resolución absolutoria a favor de una ciudadana que había divulgado proclamas a favor de la reelección. Y, en ese documento, habilitaron a Bukele para que se inscribiera nuevamente como candidato a la presidencia.

Todo esto, no obstante, los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución expresamente prohíben la reelección inmediata e, incluso, hablan del derecho de los ciudadanos a la insurrección en caso alguien pretenda estar un día más en el poder. Todo esto, sin embargo, prefirió ignorarlo la principal autoridad en la materia, es decir, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En una breve conferencia de prensa, el magistrado Luis Guillermo Wellman Carpio dijo que «la candidatura del señor presidente (...) está fundamentado en la Constitución, la ley y en la resolución de la Sala». No especificó, sin embargo, con base en qué artículos aseguró eso.

También debe tenerse presente que, por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, El Salvador acudió a las urnas con un régimen de excepción, es decir, con una serie de derechos suspendidos. Y, además, bajo los efectos de ese régimen, es decir, con más de 75 mil personas detenidas (muchas de ellas inocentes) y con más de 205 muertes de privados de libertad en los centros penitenciarios.

Esas detenciones fueron ejecutadas por agentes de la PNC con el auxilio de los soldados asignados a tareas de seguridad pública. Y esas muertes, ya sea por acción criminal o por omisión de proveer medicamentos a los reos enfermos, son responsabilidad de los custodios de los centros penitenciarios.

    
 
David Ernesto Pérez
Luis Canizalez
Marvin Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lecturas Recomendadas

Revista que combina el método periodístico con las herramientas de las ciencias sociales. Entendemos que todo pasado es presente: contar los hechos a partir de la actualidad es mutilar la realidad. Por eso profundizamos más en nuestras historias.
QUIÉNES SOMOS
Derechos reservados 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram