En abril de 2022 el Gobierno de Nayib Bukele confirmó que una de sus más importantes prioridades es el armamentismo: ese año tanto el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) como el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) compraron de forma directa, es decir evitando amoldarse a los criterios de competencia y transparencia exigidos por la derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), más de 4 mil fusiles de asalto a la empresa Israel Weapon Industries (IWI) por montos que sumados son superiores a los 7 millones 200 mil dólares.

El contrato MJSP-UPECT-003/2022, amparado en las resoluciones UNO-UPECT y CUATRO-UPECT, lo firmaron el ministro Héctor Gustavo Villatoro y Asaff Rozenfeld, apoderado especial de la empresa asentada en Ramat Hasharon, Tel Aviv, Israel, para proveer a la Policía Nacional Civil (PNC) 2 mil fusiles de asalto modelo Galil Ace 21N, calibre 5.56X45 milímetros, con siete cargadores capacitados para 30 cartuchos, culata telescópica y plegable, culata retráctil con seis posiciones y plegable, empuñadura de asalto, tres modos de disparo (seguro, automático y semi automático), peso de tres kilogramos; más otros 2 mil fusiles modelo Arad con accesorios y características similares. Cada unidad está valorada en 1 mil 500 dólares lo que totalizó una factura de 6 millones de dólares.

Rozenfeld llegó al país el 8 de octubre de 2021 en la aeronave matrícula TG-OZI que aterrizó en el aeropuerto de Ilopango, como lo registró la División Antinarcóticos de la PNC.

El 29 de marzo de 2011 Universal Security Group, propiedad de Jacov Fauster Goldstein y Milagro del Carmen Mercedes Santamaría de Fauster, padrastro y mamá respectivamente de Pedro Víctor Dumas Santamaría, actual director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) vendió a la PNC 120 fusiles Galil Ace 21 —comprados al mismo fabricante—con un costo por unidad de 1 mil 450 dólares, de acuerdo con la factura número 1002/11 que esa empresa emitió y que consta en una investigación interna de la institución. A principios de 2021, el ejército de Colombia compró un lote de 3 mil 771 fusiles Galil Ace 23 a un precio promedio por unidad de 1 mil 166 dólares, es decir, 334 dólares menos.

Los plazos de entrega debieron ser 60, 90 y 160 días calendario contados desde abril del año pasado, es decir, un poco menos de 30 días antes de la aprobación del régimen de excepción. El precio también incluyó paquetes de repuestos y capacitaciones para el personal militar y de seguridad pública, así como también para los empleados de las armerías locales.

La fuente de financiamiento para la compra fue el Programa Especial de Combate a Terroristas, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato. Solo el año pasado la Asamblea Legislativa aprobó más de 110 millones de dólares para reforzar este rubro, aunque en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda únicamente aparece una asignación de 76 millones de dólares de los cuales devengó 42 millones de dólares, según una publicación de Diario El Mundo. En el presupuesto del Ministerio de Seguridad del año que transcurre ese programa fue eliminado.

En el Centro Nacional de Registros (CNR) IWI no aparece inscrita como empresa extranjera con una sucursal en El Salvador, como sí se inscribieron otras que, por ejemplo, han vendido equipos militares al Estado; la única referencia a la forma de pago es que fue realizada por medio de transferencia internacional a la cuenta de esa empresa en el Banco Leumi, de Israel.

En agosto de 2022 se había solicitado, utilizando los mecanismos establecidos en la todavía vigente Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las versiones públicas de todos los contratos que el Ministerio firmó con las empresas a las que compró armas; la respuesta fue que entre 2018, 2019, 2020 y 2021 el gasto había ascendido a unos 8 mil dólares en municiones y que sus proveedores fueron Keops, Grupo Artemisa y Scarlett Security Corp. Pero las compras millonarias de los años 2022 y 2023 fueron declaradas en reserva —prohibiendo su acceso a los ciudadanos en general— porque, en caso de divulgación, estarían en riesgo «la defensa nacional o seguridad pública», según las resoluciones 71/2022 y 22/2023 UAIP/MJSP.

También fueron declaradas en reserva las resoluciones UNO-UPECT y CUATRO-UPECT en las que se supone, porque fueron citadas en el contrato, están las justificaciones para declarar urgente la compra de los fusiles como lo establecían los artículos del 71 al 73 de la LACAP.

Se obtuvo, pese a la evidente estrategia de ocultar información de interés público, una copia de ese contrato gracias al hackeo de más de diez millones de correos electrónicos de la PNC y el Ministerio de la Defensa que hizo el grupo de ciberactivistas denominado Guacamaya y que fue facilitado a Revista Elementos por Distribuited Denial of Secrets (DDoSecrets).

¿Cuán urgente y necesario era para la PNC tener nuevos fusiles de asalto? ¿Cuáles son las situaciones en las que podrán usarlos?

Marvin Reyes, líder del Movimiento de Trabajadores de la PNC, explicó que entre 1995 y 1996 el ejército prestó a la institución un lote de fusiles T-65 fabricados en 1968 en Taiwán. Unos dos años después una parte fue descartada por antigüedad y funcionamiento inadecuado y, a la vez, fueron comprados nuevos como los modelos M-4, Galil y Mini Galil que se sumaron a «una ensalada» en la que también había G-3 y GR-15 incautados a las entonces bandas de asaltantes y secuestradores que delinquían entre finales de los 90 y principios de la década siguiente. Transcurrido un tiempo una parte de esas armas también fue desechada por ser de alta peligrosidad. En las administraciones presidenciales de Carlos Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el Estado también compraba armamento a Colt´s Manufacturing Company, pero después de que Nayib Bukele confrontó con el Gobierno de Estados Unidos, según él, esa empresa se negó a seguir vendiendo a El Salvador. «Industrias Colt´s cerró toda posibilidad de adquirir equipo estadounidense», expresó.

A juicio de Reyes la compra puede responder a la necesidad de continuar renovando el armamento y de equipar a los cuerpos de élite, como en su momento lo fueron las Fuerzas Especiales de Reacción (FES), el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), el Grupo de Reacción Policial (GRP) y la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) o mejor conocida como Jaguares. Cada uno de los miembros de éstos recibe como parte del equipo una pistola y un fusil de asalto, contrario a los agentes asignados a las áreas de seguridad pública o rurales que salen a las calles con una pistola asignada para cada uno y dos fusiles por cada patrulla en la que viajan. «Se utilizan para contrarrestar ataques armados», ejemplificó.

Por ejemplo: en 2018, año en que fue disuelto el GRP, sus miembros tenían asignados 202 fusiles —modelos Dragonov, Fal, HK53, M-14, M-4, entre otros—, según el acta de entrega de ese equipo en poder de este medio de comunicación.

Algunos sitios en línea especializados como defensa.com o Israel Económico han asegurado que los Arad pueden ser utilizados por fuerzas de infantería, grupos de operaciones especiales e inclusive agentes policiales en situaciones que no son especificadas. «El arma más fiable y altamente precisa para el combate en acción militar», describe IWI en su página en español el fusil ACE.

Reyes aclaró, sin embargo, que IWI no es el único proveedor en el mundo de fusiles de asalto, por lo que «no sabemos qué negociación hubo» para que el Gobierno le entregara la adjudicación directa.

También hay dos paradojas. La primera: entre 2014 y 2018 fueron principalmente los integrantes de estos grupos especiales, que en ese entonces eran coordinados por el ahora director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas, los acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales, violaciones, robos y otros, como lo documentó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y como también ocurrió con el asesinato de Carla Mayarí Ayala Palacios que fue asesinada por el prófugo Juan José Castillo Arévalo, alias Samurái; la segunda: si, según el discurso oficial, la violencia homicida y las pandillas han sido borradas del país, ¿para qué hay que mantener armados hasta los dientes a esos cuerpos de élite? La ocultación, incluyendo las desapariciones y las fosas clandestinas, ha llegado a tal punto que las unidades respectivas de la Fiscalía General de la República y la PNC ya no generan «reportes estadísticos» de esos delitos, según las resoluciones de acceso a la información 160-UAIP-FGR-2023 y PNC-UAIP-608-2023.

Los días 1 de junio y 26 de julio de 2023 este medio de comunicación intentó entrevistar al ministro Villatoro aprovechando su comparecencia pública en la Asamblea. Él, sin embargo, ignoró las preguntas que le fueron realizadas a propósito de este artículo.

Pero el Ministerio de Seguridad no es el único que ha comprado fusiles a esa empresa. Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, dio a conocer entre junio y agosto del año pasado que la institución que administra había recibido 1 mil fusiles Arad de los cuales Revista Elementos únicamente ha logrado obtener el costo de 800: 1 millón 200 mil dólares.

Vía LAIP se solicitó una versión pública de los contratos, pero el MDN también respondió, en la resolución 041/14JUN022, que era información reservada porque en caso de divulgarla «podría mermar la capacidad de respuesta» del ejército «cuyo quehacer es permanente y sistematizado con el fin de lograr y garantizar la seguridad de la nación».

El 19 de julio de 2022 se preguntó a Monroy, que participaba en un evento en el aeropuerto de Ilopango en el que dio a conocer que el Ministerio había comprado un helicóptero y doce drones, por qué están adjudicando de forma directa contratos a empresas de origen mexicano o israelí —o de ambas a la vez— como ha ocurrido en los casos de IWI, IBN Industrias Militares, Eyetech Solutions o, como más reciente ha pasado, con la construcción de los estadios para la celebración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su respuesta fue cortante: «eso es abierto» y mientras terminaba de pronunciar esas palabras un excomunicador que laboraba para Canal 12, ahora empleado gubernamental, se interpuso con violencia entre el funcionario y el periodista.

Pero: ¿cuán abierto es realmente? ¿Y esas empresas cumplen las mismas reglas que las compañías locales?

El 16 de agosto de 2022 La Prensa Gráfica publicó el artículo titulado Gobierno de El Salvador compró autos blindados sin licitar y bajo argumento de urgencia en el que los autores explicaron que Monroy declaró que la compra de diez vehículos modelo Yagu era de necesidad urgente por lo que el Ministerio aplicó la contratación sin competencia de ningún tipo.

El proveedor de los vehículos blindados, como lo explicaron los periodistas y como también consta en el contrato 14-BC-2021, fue la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística fundada en Aguascalientes, México, el 25 de noviembre de 2013 por Francisco Arturo Federico Ávila Anaya y Clayna Scarlett Aiza Verboonen, según el Folio Mercantil Electrónico 112934 del Registro Público de Comercio de ese país. Un poco más de seis años después, específicamente el 20 de diciembre de 2019, fue fundada una sucursal de esa empresa en El Salvador.

En 2020, el primer año de su funcionamiento, IBN Industrias Militares declaró 7 mil 199 dólares en pérdidas y cero ingresos, de acuerdo con el balance que presentó al CNR. La auditoría financiera, sin embargo, advirtió que la empresa había realizado una operación, que nunca informó al Ministerio de Hacienda (MH), superior a 571 mil 429 dólares aparentemente con otra sociedad ubicada en un país «de baja o nula tributación», es decir, un paraíso fiscal.

«Esa pérdida declarada lo hace sospechoso», opinó Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE).

«Eso es evasión fiscal, es fraude al fisco», concluyó el también economista Alfonso Goitia.

Este mecanismo es conocido como precios de transferencia y básicamente consiste en que dos o más empresas de los mismos dueños, ubicadas en dos países diferentes cuyos regímenes tributarios son distintos, pueden mantener relaciones comerciales siempre y cuando se apeguen a los precios vigentes en el mercado, es decir, que no disfracen esas operaciones para evadir el pago de impuestos, tal como lo establece el artículo 62-A del Código Tributario.

Rodríguez explicó que cuando los precios de las transacciones están fuera de los «estándares de mercado» la hacienda pública se enfrenta a una «manipulación de los precios de transferencia».

Por ejemplo: entre 2008 y 2011 Molinos de El Salvador (MOLSA) pagó 749 mil 83 dólares a la empresa Murriel Trading LLC por servicios de asesoría para la importación de trigo y lo presentó como costo operativo; ambas son propiedad de Adolfo Salume Artiñano, aunque la segunda está domiciliada en Nevada, Estados Unidos, una jurisdicción considerada un paraíso fiscal por su baja tributación sobre las venta y por no cobrar impuestos sobre la renta. Pero ese movimiento fue considerado irregular y el Estado salvadoreño reclamó los pagos correspondientes, publicó El Faro.

El artículo 142-A del Código también establece que esas operaciones deben ser informadas al MH. En la resolución de acceso a la información UAIP-RES-137-2-2022 la División de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de Impuestos Internos respondió que entre 2019 y mediados de 2022 había registrado 46 empresas que informaron sobre la implementación de ese mecanismo. Se negó, sin embargo, a dar a conocer los nombres de esos contribuyentes amparado en el secreto fiscal.

«Hay una porción de esos ingresos que al no estar declarados son gravables», comentó el economista René Hernández, catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a quien se le mostró las notas de la auditoría que IBN anexó en su balance. «Ellos (los auditores) observan que esa entidad podría eventualmente ser objeto de una intervención de la Dirección de Impuestos Internos», agregó.

IBN es una más de las empresas mexicanas con las que el Gobierno ha mantenido alguna relación. A principios de 2020, por ejemplo, trascendió públicamente que Grupo Seguritech Integral Security había pagado un viaje de Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, en un jet privado. Esta sociedad dedicada a los servicios de seguridad ha sido señalada por múltiples casos de presunta corrupción en distintas localidades. El propietario es Ariel Zeev Picker Schatz, de origen israelí.

El Gobierno de Bukele también mantiene una fuerte relación con Eyetech Solutions, cuyo representante, Yaniv Zangilevitch, de origen israelí, es amigo personal del presidente desde que éste era alcalde de San Salvador, como lo publicó Revista Factum.

Unos años antes de que la alcaldía capitalina contratara a Eyetech Solutions, Bukele recibió al entonces embajador israelí plenipotenciario para El Salvador.