Con la soltura y la elocuencia que revisten las frases y los discursos hechos, Alejandro Zelaya aseguró —afirmó y repitió— que el Gobierno ha emprendido una «operación inédita»: con la seguridad y la «clara señal de la liquidez y la solidez de las finanzas públicas» que él administra como ministro de Hacienda pagará por adelantado los eurobonos o deuda de largo plazo que vencen en los años 2023 y 2025 y que el Estado salvadoreño contrajo en los gobiernos de Francisco Flores y Mauricio Funes.

La estrategia tiene dos rutas: la primera es usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó entre sus países socios el 23 de agosto de 2021 y que puede aportar a las arcas del Gobierno unos 275 millones de dólares; la segunda, acceder a un nuevo préstamo, pero esta vez, como otras, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 200 millones de dólares.

Son 475 millones de dólares los que el ministro Zelaya espera recibir desde este miércoles 27 de julio hasta, como máximo, el sábado 31 de diciembre de 2022. Después pagará sus deudas por adelantado: 451.5 millones de dólares contraídos en 2002 más 348.5 millones de dólares contraídos en 2003 sumando 800 millones de dólares que vencerán en 2023; más 800 millones de dólares contraídos en 2012 que vencerán en 2025.

Es decir: el ministro aseguró —afirmó y repitió— que pagará 1 mil 600 millones de dólares de deuda de largo plazo que adquirieron los gobiernos de Francisco Flores y Mauricio Funes con su maniobra financiera que le reportará 475 millones de dólares, en el mejor de los casos.

A su lado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, lo escuchó y halagó, como siempre lo hace a quien fue su jefe hasta que ambos asumieron cargos públicos: «el presidente Bukele junto con su equipo de Hacienda les hacen otra vez una jugada maestra que seguramente no se esperaban» refiriéndose a los economistas y a los periodistas que han hablado y publicado reportes sobre las probabilidades de que el Estado salvadoreño caiga en impago en los próximos seis meses.

«Al final el sueño torpe de la oposición es ver fracasar a nuestro Gobierno y a este país», dijo Castro y concluyó anunciando que las propuestas del ministro iban a ser aprobadas con dispensa de trámite en la misma tarde martes 26 de julio que fueron presentadas.

Y así fue:

En el primero de los decretos aprobados, con 66 votos a favor y 16 en contra, los diputados autorizaron al Banco Central de Reserva (BCR) poner en las manos de Zelaya los DEG equivalentes a 275 millones de dólares con los cuales el Ministerio de Hacienda saldrá a los mercados a emitir un bono, es decir a buscar a un inversionista dispuesto a prestar dinero al Gobierno, para pagar la deuda.

El dinero obtenido por la conversión de los DEG servirá como respaldo para el pago del bono que deberá ser comprado en una sola emisión, pagadero en un plazo de diez años y devengará una tasa del 9 por ciento, según las especificaciones que quedaron detalladas en el decreto aprobado.

En el segundo decreto el BCIE entregará, en desembolsos, los 200 millones que serán usados, según el texto del proyecto, para «reforzar el presupuesto general del Estado».

El economista Rafael Lemus explicó a Revista Elementos que la emisión de los bonos se encontrará con un pequeño obstáculo: ¿por qué los inversionistas querrán comprar esta deuda al 9 por ciento de interés si la deuda de El Salvador, en la actualidad, es valorada con una tasa del 30 por ciento en los mercados internacionales?

«Se creen listos, pero no lo son. En los mercados internacionales nadie acepta esto», opinó. Recordó, además que, aunque Hacienda lograra pagar completo el bono de 2023 se quedaría sin líquido para iniciar el año, con riesgos de impago y con el endeudamiento público siempre vigente.

«No se resuelve nada, el problema del país se llama deuda insostenible», dijo.

Entre y después de la aprobación de los decretos, sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas aplaudieron las iniciativas de Zelaya.

Ana Figueroa, por ejemplo, dijo que la «campaña millonaria» para hacer caer al país en impago había fallado. «Será la primera vez que El Salvador recompra su propia deuda», agregó y repitió que el país tiene «suficiente liquidez».

«Responsablemente se está pagando antes de la fecha estipulada», dijo el diputado Rodrigo Ayala.

Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, habló de la deuda y sus vencimientos: 800 millones de dólares en 2023; 950 millones de dólares en 2025; 970 millones de dólares en 2027; 820 millones de dólares en 2029; 156 millones de dólares en 2032. «Es como que se le confíe la tarjeta de crédito a alguien, la tope, eche la culpa a otros y pasen todos esos medios con unas grandes campañas millonarias diciendo que vamos a caer en default», expresó.

Él, sin embargo, mintió o fue impreciso en los números: el siguiente vencimiento, en 2029, es por 601.1 millones de dólares; 500 millones de dólares en 2032; 286.5 millones de dólares en 2034; 1,000 millones de dólares en 2035; 653.5 millones en 2041; 1,097 millones en 2050, de acuerdo con las estadísticas oficiales desagregadas que, a través de una solicitud de información, entregaba el Ministerio de Hacienda todavía a principios de 2021 y que en la actualidad ha sido clasificada como reservada.

Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), les recriminó: «no es señal de que el Gobierno tiene suficiente liquidez, sean honestos» y cuestionó que las iniciativas parecen ser improvisadas «pero no es la solución a la problemática del país de endeudamiento».

Después Castro volvió a decir que «tenemos la absoluta solvencia para comprar nuestra deuda hasta 2025» y que el Gobierno estaba demostrando «de manera contundente e incontestable que no va a caer en impago».