Fueron 327 las empresas, las oenegés y las personas naturales que ganaron, unas miles y otras millones de dólares, en contratos opacos —de dudosa legalidad la mayoría— con la Presidencia de la República y que fueron pagados con dinero del rubro presupuestario 54315 o mediáticamente conocido como partida secreta por medio de depósitos, cheques y en efectivo entre los años 2009 y 2014. En la lista hay ganadores de todos los sectores y de los más variados orígenes, según la pericia realizada por los auditores propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR): desde los directamente vinculados en los esquemas de corrupción del prófugo Carlos Mauricio Funes Cartagena, por mencionar uno, Hugo Barrientos y Arquitectos; pasando por transnacionales de origen estadounidense como Flight Safety International, Universal Jet Aviation o Executive Jet Management; los emporios que desde hace más de 80 años operan en el mercado local como Súper Selectos, de la familia Calleja;  Taller Didea, de los Poma; los canales Dos, Cuatro y Seis, de los Eserski; Canal Doce y el ahora extinto Canal 33; La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, así como también instituciones privadas de mucho menor calado económico como la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) o Diario Co Latino.

En la administración de Funes, según el requerimiento fiscal, la partida secreta aumentó de 80 a 351 millones de dólares y funcionaba de la siguiente forma: con dinero del Estado, específicamente de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro de la Presidencia de la República, fueron nutridas ocho cuentas en el Banco Hipotecario a nombre de los empleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga/Gastos Operativos de la Presidencia y Pablo Gómez/Gastos Operativos de la Presidencia con las que movieron, por medio de 359 cheques, 362 millones 867 mil 610 dólares. El exmandatario recibió una parte de ese millonario monto con el que compró más de una docena de lujosas propiedades, pagó los saldos de las tarjetas de crédito de sus familiares y las suyas propias, así como también los boletos aéreos y la estadía de los niñeros del hijo que procreó con Vanda Pignato, entre otros actos de corrupción. Pero también fueron pagados productos y servicios contratados evadiendo los mecanismos establecidos en la entonces vigente Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). De esta partida, además, salieron los fondos para los sobresueldos de los funcionarios y empleados públicos.

«De esta manera los procesados consiguieron la apropiación definitiva de dichos fondos separándolos del ámbito administrativo público», puede leerse en el requerimiento fiscal contra Funes, Francisco Cáceres, Manuel Arturo Ayala, Rodríguez Arteaga, Gómez, Manuel Rivera Castro, Jorge Alberto Herrera Castellanos, José Armando Escobar Barillas, Rigoberto Palacios Panameño, David Marciano Rivas, Hugo Barrientos Clará, Elvy Marina Paz Gutiérrez, Nelson Antonio García Cerón, Luis Alfredo Maida Leiva, entre otros quienes son acusados de peculado, lavado de dinero y otros delitos.

Los defensores de los imputados alegaron en la vista pública que esos movimientos pecuniarios eran legales porque todo quedaba registrado en los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda. Este mecanismo, que según ellos era utilizado desde los gobiernos militares, había sido modificado en la presidencia del fallecido Francisco Flores, por consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que devino en nombrar las cuentas bancarias con fondos operativos a nombre de los empleados administrativos, para el caso Rodríguez Arteaga y Gómez. Es decir: las investigaciones comprobaron que ese rubro presupuestario fue usado para actos de corrupción y compras opacas, pero también para pagos que, una parte sí y otra no, calzaron con la finalidad de la Presidencia de la República. Es importante aclarar que no existen pruebas que demuestren que los proveedores sabían que les estaban pagando con dinero de la partida secreta. Aunque, también es importante decirlo, no existen pruebas de lo contrario.

De acuerdo con el documento Puntos de pericia desarrollados por los peritos permanentes propuestos por la Fiscalía relacionados al área de auditoría, de 5 mil 851 folios, agregado al proceso judicial contra el expresidente nacionalizado nicaragüense, la mayoría de las 327 asociaciones, empresas y personas recibieron pagos de distintos montos, pero nunca superiores a los 150 mil dólares. En este apartado, por ejemplo, puede mencionarse a Diario Co Latino y ARPAS con 45 y 20 mil dólares, respectivamente, como quedó establecido en los folios 00001855 al 00002502 y 00001908 y 00002423, y de los que no hay descripción de los servicios por los que recibieron el dinero.

También están Carlos Abelardo Cerna Umaña, a quien le fue encargada la sistematización de las propuestas de desarrollo económico y social realizadas por académicos, universidades, partidos políticos y otros en las últimas décadas y que sirvieron de base para que el gobierno de Funes elaborara su plan de gobierno, por lo que cobró 22 mil 542 dólares; Estudios Doble V, cuyo representante legal es Guillermo Francisco Maldonado Sandoval, conocido como Willie Maldonado, que obtuvo 12 mil 227 dólares; y la empresa Opiniones de El Salvador que recibió 8 mil 993 dólares, fundada por Romeo Lemus Rivera y Vanessa Carolina Anaya Martínez, de acuerdo con los archivos del registro de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), y de la que no hay descripción de los servicios.

Lemus Rivera, al menos hasta mediados de 2021, continuaba como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En la actualidad también es un youtuber que arenga apasionadamente a favor del Gobierno de Nayib Bukele.

Más de 800 mil dólares

Unas 18 personas y empresas recibieron más de 800 mil dólares por distintas vías. Entre ellas se encuentran, principalmente, funcionarios como Rivas o Franzi Hato Hasbún, exsecretario para Asuntos Estratégicos, así como también exjefes del Estado Mayor Presidencial y compañías cuyos propietarios tenían relaciones de confianza con Funes, como Polistepeque, COSASE o Promotora de Comunicaciones, del también exmandatario Elías Antonio Saca González que fue condenado por el mismo uso opaco de la partida secreta, entre otras.

Por la venta de boletos aéreos las empresas Sky Travel y U Travel Service facturaron 3 millones 414 mil 423 y 816 mil 212 dólares respectivamente. A estas debe sumarse Panamex que facturó 7 mil 703 dólares sumando 4 millones 417 mil dólares en ese rubro pagados con el dinero de la partida secreta. Los peritos concluyeron que de éste monto casi tres millones de dólares fueron desviados para pagar viajes privados de funcionarios y 1 millón y medio de dólares sirvieron para sufragar misiones oficiales al extranjero.

El gobierno pagó 2 millones 463 mil 325 dólares a Edificaciones Choussy que, según dijo a la Fiscalía, había cobrado por la construcción de la sala de periodistas, edificio de aulas, sala de reuniones y otras obras adicionales en el edificio ubicado en la alameda Manuel Enrique Araujo. Sin embargo, en el folio 0000979 puede leerse: «Este trabajo no se puede considerar que fue recibido a satisfacción por la Presidencia de la República debido a que no se remitió por parte de Edificaciones Choussy o de Casa Presidencial copias certificadas de actas de recepción definitiva».

La Compañía Salvadoreña de Seguridad (COSASE) recibió 3 millones 154 mil 899 dólares de la partida secreta de Casa Presidencial. La empresa, de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé —uno de los principales cómplices del expresidente en actos de corrupción— también obtuvo millonarios contratos por proveer ese servicio en autónomas y ministerios. El 25 de febrero de 2013, El Faro publicó que había ganado más de 14 millones de dólares en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), entre otros.

Polistepeque Comunicación y Marketing de la partida secreta recibió 13 millones 812 mil 953 dólares que le fueron depositados en la cuenta 00480000400 del Banco Hipotecario en distintos montos mensuales que iban desde 2 millones 600 dólares como máximo y 75 mil dólares como mínimo. No hay información del motivo ni la descripción de los porqués de esas transferencias; sin embargo, desde 2010, Casa Presidencial diseñó una licitación a su medida para entregarle los contratos por servicios de publicidad, incluyendo los de otros ministerios, según El Faro.net. Los investigadores encontraron, además, que el gobierno había pagado 509 mil 276 dólares a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda en concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) que correspondían a la consultora brasileña de la que es propietario Joao Santana, quien fue el principal publicista de la campaña que llevó a Funes al poder en el año 2009 y que en febrero de 2016 fue detenido junto a su esposa, Mónica Moura, salpicados por el escándalo conocido como Lava Jato.

Dagoberto Cabrera Argueta y William Armando Mejía Martínez, quienes en distintos momentos desempeñaron el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial en esa administración, recibieron transferencias de la partida secreta por 4 millones 570 mil 954 dólares y 1 millón 185 mil 414 dólares, respectivamente, que se supone terminaron depositados en las cuentas 200576718 del Banco de América Central y 5900578834 del Banco Agrícola a nombre de la pagaduría auxiliar del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de la Defensa Nacional. Si bien los peritos no encontraron el servicio y la descripción que los justifiquen, en las audiencias celebradas en el último mes se alegó que ese dinero fue utilizado en los pagos de los sobresueldos de los más de 300 miembros de la institución que se encarga de la seguridad del presidente de la República y de su entorno familiar.

David Marciano Rivas recibió 810 mil 928 dólares de la partida secreta. En el proceso judicial alegó que ese dinero no fue para su provecho personal, más bien era para el pago de los sobresueldos de más de cien empleados —entre 100 a 200 dólares cada mes— directamente subordinados a su autoridad y otros que dividían su tiempo laboral también en Canal 10 o Radio Nacional de El Salvador. En el memorando con el asunto «liquidación de fondos de complementos y salarios aún no incluidos en planilla», de fecha 11 de enero de 2010 y agregado al expediente judicial, el entonces secretario de Comunicaciones señaló que en diciembre de 2009 había pagado 27 mil 652 dólares en ese rubro. Sin embargo, en el folio 0000498 de la pericia puede leerse: «Se realizó la búsqueda en los archivos de dicha unidad y no existen documentos o registros relacionados (...) considerando la respuesta de la Unidad Financiera Institucional no fue posible el establecimiento del destino de estos fondos».

En el proceso judicial los acusados criticaron que el testigo criteriado de la Fiscalía General, que al inicio era uno de los principales imputados por haber sido el administrador de la partida secreta, sustrajo de Casa Presidencial una parte de los documentos que respaldan la ejecución de esos fondos, por tanto, no pudieron contar con ellos para defenderse.

Así como Rivas, Cabrera y Mejía, el fallecido Franzi Hato Hasbún recibió 1 millón 454 mil 929 dólares.

De los cuatro, sin embargo, el único imputado fue Rivas.

Más de 500 mil dólares

Más de diez empresas recibieron pagos por montos superiores al medio millón de dólares. En este apartado se encuentran transnacionales como C.T.E. Telecom que vendió servicios de telecomunicaciones y Pan-American Life Insurance cuyo rubro son las pólizas de seguros. Pero también están las que nacieron en El Salvador, aunque con los años hayan trasladado su casa matriz a paraísos fiscales, como Calleja S.A. de C.V. que ahora también es propietaria de la cadena de supermercados Éxito, de Colombia.

La Presidencia de la República compró a Súper Selectos, fundado por Francisco Calleja Malaina y en la actualidad administrado por su principal heredero, Juan Carlos Calleja Hakker —excandidato a la presidencia por el partido de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista— más de 1 mil 500 tarjetas de regalo, de un valor máximo de 200 dólares y un mínimo de 75 dólares, que se supone fueron entregadas a los empleados institucionales y a los del Estado Mayor Presidencial cada diciembre desde el año 2009. Esas compras, según verificó la Fiscalía, fueron hechas de forma directa al proveedor, incluso al margen de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) y sin ningún respaldo legal, es decir, en ese momento no existía ninguna normativa regulatoria. Entre los años 2016 y 2018 los investigadores consultaron si existían documentos que, al menos, confirmaran que sí habían sido entregadas a sus presuntos beneficiarios: Arturo Gilberto Alvarado, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, respondió que no tenía ningún registro; Óscar Ortiz, secretario Técnico en la administración de Salvador Sánchez Cerén, dijo el 17 de agosto de 2018 que tampoco contaban con registros, pero 39 días después Francisco Rubén Alvarado Fuentes, entonces secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, mandó un informe asegurando haber encontrado «hojas con un poco más de 300 firmas» y diciendo que «la gestión de compra» había sido «a título de colaboración y cumplimiento de instrucciones superiores».

En el folio 0000470 puede leerse la conclusión de los peritos: «La adquisición de este servicio no guarda relación con la finalidad pública de la Presidencia».

Los canales Dos, Cuatro y Seis vendieron servicios de transmisión de anuncios por televisión de la Presidencia de la República. El primero facturó 559 mil 568 dólares, el segundo 608 mil 631 dólares y el tercero 974 mil 651 dólares. En ese periodo la TeleCorporación Salvadoreña, de la familia Eserski, recibió 2 millones 142 mil 850 dólares.

Negocios CAMYRAM, cuyo directivo registrado en el CNR es Rafael Ernesto Campos Lemus, vendió servicios de alimentación para el Estado Mayor Presidencial y los empleados institucionales de Casa Presidencial, por los que cobró 778 mil 206 dólares. La empresa Castro Sol (Casol), que proveyó servicios en el mismo rubro, aunque para los miembros del Batallón Presidencial, ganó 525 mil 78 dólares. Según El Faro.net, citando a un testigo criteriado que presentó la Fiscalía, era Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los dirigentes más iracundos de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, quien personalmente retiraba los pagos. No existe información del proceso licitatorio que llevó a esas contrataciones.

Gustavo Alfredo Marroquín Solano, quien cobró 41 mil 662 dólares por también vender alimentos al Batallón Presidencial, dijo a la Fiscalía que había sido contactado por un militar teniente de navío, que nunca hubo una firma de contrato y que tampoco emitió facturas. «Ellos (militares) llevaban el control del número de platos servidos y con base a ese control se calculaba el monto a cancelarle, el cual muchas veces era mucho menor que el que él había sacado en sus cuentas personales», puede leerse en el folio 0000547 del informe de los peritos de la Fiscalía.

Claro —C.T.E— en total facturó 507 mil 693 dólares por «otros servicios de telecomunicaciones» a nombre de Casa Presidencial y de la Dirección de Estudios de Casa Presidencial, como puede verificarse en las facturas 84417245, 83981941, 84417263, 83981921, 844117266, 83981938, entre otras, anexadas en la caja doce, folio 23623 del proceso judicial. Pero algunas veces también pagó por las facturas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cómo encontraron los peritos en la identificada con el número 89710223; de la Policía Nacional Civil (PNC) con los números 77523682 y 7965921; o del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Una parte de los pagos fueron hechos con dinero de la cuenta identificada a nombre de Rodríguez Arteaga y eran transferidos a la cuenta de la empresa en el Banco Scotiabank. Por el mismo concepto, Telefónica Móviles El Salvador cobró 526 mil 864 dólares. En la descripción del servicio los peritos encontraron: «líneas móviles bajo la modalidad pospago». Por el mismo servicio Telemovil de El Salvador ganó 857 mil 133 dólares.

A las cuentas Sánchez Cerén/Vicepresidencia de la República y Ana Beatriz Morán de Paredes/Unidad de Proyecto Social fueron transferidos 662 mil 500 y 526,955 dólares, respectivamente. En ninguno de los dos hay explicaciones ni del servicio ni de la descripción.

Más de 100 mil dólares

American Petroleum de El Salvador, entre el 23 de junio de 2009 y el 21 de septiembre de 2010, recibió 155 mil 669 dólares con dinero de las cuentas 00210239860, 280171748 y 280172442, a nombre de Arteaga y Gómez, por la compra de combustible regular y diesel que fue suministrado en el Batallón Presidencial, ubicado en San Jacinto, como puede verificarse en el oficio 915-2017/ref. 05-UIF-2016 archivado en el proceso judicial contra Funes y media docena de sus exfuncionarios cuyo resultado dará a conocer el 22 de diciembre el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.

Bell Helicopter a Textron Company recibió 200 mil 150 dólares en pagos por “entrenamiento aéreo” por medio de transferencias cablegráficas a su cuenta en JPMorgan Chase, como puede verificarse en los folios 22582 al 23221 de la pericia ordenada por la Fiscalía General a las cuentas del Banco Hipotecario. No queda claro quiénes fueron entrenados. Esta compañía tiene su sede en Texas, Estados Unidos.

Para el mismo servicio la Presidencia contrató a Flight Safety International a la que pagó 352 mil 800 dólares por capacitar en entrenamiento de vuelo Bell 412 piloto recurrente, entre otros cursos, a Edgar Napoleón Hernández Guevara, José Antonio Urbina Durán, Miguel Ángel García García, César Francisco Rodríguez Castro, Óscar José Carranza López, y Óscar Donato Zaldaña Munguía. Eran entrenados en la planta FS Texas Forth Worth. Uno de los testigos que la Fiscalía presentó en el juicio de este caso aseguró que el cuarto de los entrenados, por medio de testaferros, compraba casas y vehículos de lujo con el dinero que también recibía de la partida secreta. Algunas de las viviendas que compró las arrendó a precios de entre 400 a 500 dólares.

Canal Doce de Televisión cobró 497 mil 739 dólares a Casa Presidencial por servicios de publicidad. En los folios no hay más detalles de en qué consistieron esos servicios. El dinero le fue depositado en sus cuentas de los bancos América Central, G&T Continental y en Citibank. En ese entonces el propietario era el grupo mexicano As Media, fundado por Raimundo Alonso Sendino, aunque entre los años 2015 y 2016 se supone que pasó a manos de Remigio Ángel González, según publicó Diario1 hace ocho años.

Dutriz Hermanos y Editorial Altamirano Madriz, las sociedades propietarias de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, cobraron 143 mil 197 y 140 mil 76 dólares respectivamente. La segunda, de acuerdo con la investigación fiscal, publicó anuncios de la Secretaría de Inclusión Social; de la primera, sin embargo, no encontraron la razón de su contratación ni la descripción de sus servicios.

INDESI, propietaria de Grupo Megavisión, es decir, del empresario descendiente de migrantes árabes, Óscar Antonio Safie Zacarías, ganó 230 mil dólares, aunque en las investigaciones no quedaron claros cuáles fueron los servicios que vendió al Estado. Entre los años 2009 y 2019, con las empresas Rayones de El Salvador y Hoteles y Desarrollos —Sheraton Presidente— esa familia ganó 66 millones 921 mil 156 dólares en contratos públicos con el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (MINEDUCYT), Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE), y la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), según el informe Partida doble: financistas de partidos políticos y contratistas del Estado en El Salvador, de Acción Ciudadana, cuyos resultados fueron publicados por Elementos.

Como persona natural, según los folios 22614 al 81793, Miguel Ángel Cardona Bustillo recibió 396 mil 219 dólares. Luego, la sociedad MICAR, cuyo archivo en el registro de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) indica que se dedica al alquiler de equipos de audio y cuyos directivos son el mismo Cardona Bustillo y Miguel Ángel Cardona Jiménez, recibió 353 mil 314 dólares por proveer servicios de alimentación, es decir, desayunos, almuerzos y cenas, a los empleados de Casa y de la Residencia Presidencial.

Con el dinero de la partida secreta también fueron cancelados 283 mil 168 dólares por los servicios de arbitraje del bufete Sáenz & Asociados cuyos abogados se desempeñaron como árbitros en litigios que involucraron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y al Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca.

El Taller Didea recibió 289 mil 283 dólares. Tecnovisión, es decir el clausurado Canal 33, cobró 313 mil 286 dólares.

Puede en este enlace descargar los resultados de la pericia de la Fiscalía.