En enero de 2023 el Gobierno deberá tener listos más de 1 mil 800 millones de dólares —hay cálculos de hasta más de 2 mil millones de dólares— para pagar sus deudas de corto y largo plazo con inversionistas locales y extranjeros. ¿Cómo lo logrará? En el Ministerio de Hacienda los funcionarios y los empleados de los Hermanos Bukele preparan una maniobra tripartita:  primero con el dinero de los fondos de las pensiones, luego con los ahorros que los salvadoreños tienen en los bancos locales y finalmente con el canje de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que El Salvador, como cualquier otro país miembro, tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta información, principalmente proporcionada por una fuente de la sociedad civil, fue verificada con dos expertos más que pidieron el anonimato por temor a represalias de la Presidencia de la República. Después fue presentada a tres economistas que las consideraron previsible tomando en cuenta el comportamiento económico que la administración Bukele ha mostrado desde que asumió el poder en 2019.

Los analistas consultados consideraron la maniobra de las pensiones bastante arriesgada. Pero antes de entrar a ella hay que explicar brevemente su origen.

En 2006 la Asamblea Legislativa —principalmente los 32 diputados que tenía el Frente Farabundo Martí (FMLN)— le negó al gobierno de Elías Antonio Saca González el permiso para adquirir más deuda para pagar las pensiones de los jubilados de los institutos Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), es decir, todos aquellos que después de la privatización de 1998 quedaron bajo la sombrilla del sistema público.

Para postergar la explosión de la crisis, la administración Saca impulsó la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que el 7 de septiembre de 2006 aprobaron, con un poco más de 43 votos, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El FOP, según el artículo 5 de su Ley, fue inicialmente integrado con los aportes del Estado en dos momentos: el fundacional, con 20 millones de dólares, más los anuales a través del Presupuesto General de la Nación; los que hicieron el ISSS y el INPEP en aquel momento; los intereses, rendimientos y utilidades de sus operaciones por inversiones en títulos valores.

El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), que es el fideicomisario —una especie de administrador del FOP— emite los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que, al igual que las Letras del Tesoro (LETES) o los Certificados de Tesorería (CETES), son papeles que los privados compran a cambio del pago de capital más intereses.

En este caso las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar los CIP a cambio de generar rentabilidad para el ahorro de pensiones.

El artículo 12 de la Ley FOP establece que BANDESAL emitirá los CIP los primeros 20 días de enero, abril, julio y octubre de cada año. Luego el Estado deberá pagar la totalidad en un plazo máximo de 50 años desde la fecha de su emisión y semestralmente las AFP recibirán la cancelación de los intereses.

Este pago semestral permite a las AFP mantener en sus cuentas dinero en efectivo para pagar las pensiones a los jubilados.

En un primer momento los CIP devengaban una sobretasa de interés del 0.75 por ciento más la tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate por sus siglas en inglés) de entre 1.2 a 1.3 por ciento de interés. Pero en 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenció que las AFP podían buscar mejores tasas de rendimiento en el mercado.

Con las reformas en marcha, el gobierno de Bukele cambiaría de semestral a un máximo de tres años plazo el pago de los intereses de los CIP. Esto provocaría, en el corto plazo, dificultades de liquidez a las administradoras y desplazaría la crisis en el tiempo. Es decir: sería algo similar a como ocurrió en el gobierno de Saca.

«Legalmente es posible, pero provocará un gran problema de liquidez en las AFP», comentó la economista Tatiana Marroquín. «¿Con quién sería el impago? Con los cotizantes del sistema», agregó.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), comparó el mecanismo con un préstamo: 100 dólares más 20 de interés, pero a la hora de pagar, el deudor dice al acreedor: no tengo y préstame más dinero para pagarte los intereses.

«Eso, sin decirlo, es un impago selectivo implícito», señaló el economista Rafael Lemus que además recordó que en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ocurrió algo similar.

El 21 de abril de 2017,  la Asamblea Legislativa, controlada por el FMLN, modificó el artículo 12 de la Ley FOP para permitir al Estado pagar no en 25 sino en 50 años la totalidad de los CIP. Unos quince días antes el Ministerio de Hacienda se había negado a cancelar —supuestamente por falta de dinero— sus deudas de pensiones con el IPSFA.

Luego, el 28 de septiembre de ese mismo año, los diputados avalaron una operación de reestructuración de CIP  con las siguientes características: pagable en un plazo máximo de 30 años; en los primeros tres años el Estado podía cancelar únicamente intereses y, al iniciar el cuarto, iba a iniciar a abonar a capital; la tasa de interés crecía medio punto cada año hasta llegar al 4.5 por ciento máximo en 2022. Esto fue negociado y concretado después que la calificadora de riesgos financieros Standar & Poor´s había concluido que el Estado salvadoreño cayó en impago selectivo con las AFP.

Con una maniobra similar, el ministro Alejandro Zelaya podría lograr retener en las arcas de Hacienda, según los cálculos de Marroquín, unos 200 millones de dólares a costa de exponer al tan deteriorado riesgo del Estado las pensiones. Pero hay otro problema más: realmente el dinero en efectivo que las administrados de pensiones tienen en sus arcas es poco.

El 3 de abril de 2020, el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, recordó que hasta febrero de ese año solo el 2.7 por ciento del total de los ahorros de las pensiones (que oscila entre los 12 a 10 mil millones de dólares) estaban disponibles.

Fuentes agregó que la mayor parte —hasta el año 2018 el 61 por ciento y lo restante en fondos de inversiones extranjeros como Estándar & Poor´s Depositary Receipts, Vanguard FTSE Emerging Markets, Ishares S&P Europe 350 Index, Spdr Dow Jones Industrial Average, Ftse/Xinhua China 25, entre otros— está invertido en títulos valores, principalmente en los que emite el Estado.

Y, al igual que Acevedo, Lemus y Marroquín, el entonces ministro coincidió en que manipularlos pone en grave riesgo la liquidez del Estado.

«Un no pago de uno, dos o tres años es un golpe demasiado grande para su liquidez», concluyó Marroquín.

¿Cuánto invierten en CIP las AFP cada año?

En 2017 el CIP A42-012017 fue por 129 millones 552 mil dólares; el CIP A43-042017 por 132 millones 511 mil dólares; el CIP A44-072017 por 133 millones 158 mil dólares; el CIP AFP1-102017 por 165 millones 28 mil dólares más tres de la serie B por 87 millones 321 mil dólares.

En total fueron unos 647 millones 572 mil dólares, según el Informe Operativo Anual 2017 del FOP que publicó BANDESAL en su portal de transparencia.

En 2019 fueron ocho emisiones de las denominaciones AFP y BFP por 395 millones 42 mil 605.8 dólares. Este año el Estado pagó a las administradoras 218 millones 94 mil 181 dólares.

En 2020, de acuerdo con su memoria de labores, BANDESAL emitió en total 325 millones 660 mil de las series A y B de CIP. No hay detalles de estas emisiones ni de sus pagos.

En el informe Resultados de la ejecución del presupuesto general del Estado y de presupuestos especiales, el Ministerio de Hacienda aseguró que en 2021 «transfirió» 387 millones 300 mil dólares al FOP. No hay detalles, sin embargo, de las emisiones de CIP que hizo BANDESAL.

Hasta marzo de 2022, AFP Crecer había programado su cartera de inversiones en CIP por 343 millones 417 mil dólares.

La información desglosada de las emisiones y sus pagos solía estar en el Plan Operativo Anual de la institución. Esto, sin embargo, fue declarado como confidencial por el oficial de información suplente Israel Alexander Martínez López.

«Exponen las pensiones a graves riesgos, pero lo que el Gobierno quiere es liquidez», admitió una de las fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato por seguridad. Dijo, además, que esta medida el Gobierno solo puede emprenderla después de negociar con los representantes de los propietarios de las AFP lo que explica, en este momento, la aparente connivencia con lo que está por concretarse.

«Esto no puede ser unilateral», concluyó la fuente.

¿Con quiénes, entonces, debe estar negociando el Gobierno? En 2004 Inversiones Financieras Banco Agrícola compró las acciones de AFP Crecer. Dos años más tarde pasaron a manos de Inversiones Financieras Banco Agrícola, una subsidiaria de Bancolombia. El 13 de septiembre de 2010 la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (Protección S.A.), también colombiana, compró la mayoría de las acciones.

Los miembros propietarios de la junta directiva son:

Los propietarios de AFP CONFÍA son: Inversiones Financieras Atlántida, Inversiones Atlántida y Corporación de Inversiones Atlántida, todas de capital hondureño. Hay un 25 por ciento de las acciones que pertenecen a otros inversionistas.

Los miembros propietarios de su junta directiva son:

De hecho, la calificadora de riesgos Moody´s había previsto que este podía ser uno de los elementos de la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno. En su informe del 4 de mayo de 2022 dijo que podía servir para «liberar liquidez y cumplir con el pago de bonos de 2023».

Esta reestructuración, según una de las fuentes consultadas, es solo uno de los elementos de la reforma de pensiones que transitará del sistema de capitalización individual a uno de cuentas nocionales. El primero se caracteriza por funcionar con las cuotas pagadas por los trabajadores más los intereses acumulados a lo largo de su vida laboral. El segundo se basa en las aportaciones hechas por los empleados durante toda su vida laboral y sus pagos tienen una correspondencia estricta con lo aportado convirtiéndose en una especie de salarios diferidos.

Esta propuesta de nueva reforma del sistema la prepararon técnicos de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero.

De hecho, el pasado 15 de junio el ministro Alejandro Zelaya aseguró, en la entrevista Frente a Frente, que ya ha enviado al presidente Bukele una propuesta de reforma al sistema de pensiones. «Será él quien firme la iniciativa de ley, será él quien dé el banderillazo de salida para las discusiones en la Asamblea», dijo sin dar mayores detalles.

Otra vez los bancos

En los próximos meses el Banco Central de Reserva (BCR), de acuerdo con las fuentes consultadas, nuevamente hará una reducción de las reservas de liquidez para permitir a los bancos locales comprar más deuda de corto plazo.

Esto ha ocurrido con frecuencia desde que el Gobierno de Bukele asumió el poder. Entre enero y diciembre de 2020, por ejemplo, los bancos compraron 1 mil 119 millones 746 mil dólares mientras que el año anterior habían comprado 738 millones de dólares.

Y esos casi 400 millones de dólares más en deuda de corto plazo solo pudieron comprarla después de la reducción de las reservas de liquidez que decretó el Banco Central en marzo y que se mantuvo vigente hasta octubre de 2020.

A finales de febrero de este año el Gobierno nuevamente recurrió a esta estrategia para obtener dinero.

«Si los bancos quieren tomar dinero de las reservas les quedan menos fondos para operaciones de crédito», advirtió Lemus refiriéndose a que cada vez menos destinarán dinero para las personas y las empresas lo que disminuirá las operaciones productivas y de consumo individual y, por tanto, el crecimiento económico.

«Eso es meterle más riesgo al sistema financiero en caso de que haya un problema fiscal», comentó Acevedo aclarando que la afectación real solo ocurrirá si el Gobierno se declara en impago con los bancos locales porque estos, como es evidente, funcionan con los ahorros de los salvadoreños.

«El nivel de riesgo de la banca nacional crece si le están afectando la liquidez y los bancos tienen una gran exposición con un deudor tan riesgoso», expresó Marroquín.

Lo que se viene con el FMI

En mayo de 2021 El Salvador estuvo a punto de culminar una serie de negociaciones con el FMI para obtener un paquete de ayuda por 1 mil 300 millones de dólares. Sin embargo, todo se cayó después que la Asamblea Legislativa, con diputados oficialistas recién estrenados, destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Desde entonces el asunto del dinero ha quedado en pausa hasta llegar a las declaraciones que el 2 de mayo de este año pronunció a los periodistas el ministro Zelaya: «Al Fondo Monetario no lo hemos buscado por un tema de dinero, lo hemos buscado por un tema de que queremos tener una relación cordial con todo el hemisferio occidental».

Y entre finales de mayo y principios de junio quedaron claras las alternativas del Gobierno: cualquier posibilidad de acceder a esa línea de crédito está cerrada.

Sin embargo, en estas últimas semanas llegó al país, de acuerdo con las fuentes consultadas, una comitiva del Fondo que se reunió con el presidente Bukele.

Y el acuerdo al que llegaron fue que El Salvador hará uso de sus Derechos Especiales de Giro (DEG)—actualmente almacenados por el BCR como un activo de reserva— que el FMI puso a disposición de los países miembros el 23 de agosto de 2021.

Es una especie de divisa o reserva internacional que para el país asciende a 400 millones DEG, es decir, a poco más de 600 millones de dólares.

Hasta agosto del año pasado los habían reclamado Argentina, México, Colombia, Ecuador, Panamá, Guyana, Haití, entre otros países americanos.

«Esto es tapar un hoyo con otro hoyo», expresó Rafael Lemus. Advirtió, sin embargo, que es una alternativa «con rendimiento relativamente bajo» equivalente a que una persona obtenga un préstamo y en respaldo ofrezca oro u otro tipo de divisas.

«Es como si yo tuviera oro y lo venda por dólares», coincidió Acevedo. Agregó, sin embargo, que la principal ventaja de usar esta alternativa es que no será la contratación de más deuda, aunque, lo negativo, es que disminuye las reservas internacionales para un país que se deshizo de la mayoría de ellas después de dolarizarse.

«Es poco dinero», comentó Marroquín aclarando que los DEG solo son convertibles después que otro país los compre y, dadas las condiciones de vulnerabilidad económica de El Salvador, es poco probable que la paga sea la esperada.

«No creo que un país les pague eso (más de 600 millones de dólares)», concluyó.

Todos los economistas consultados coincidieron en que el Gobierno, tomando de estas tres fuentes, logrará pagar las deudas de corto y largo plazo que vencerán a, más tardar, en enero de 2023.

El panorama económico, sin embargo, será cada vez más complicado debido al alto déficit fiscal, las dificultades para financiar costos operativos básicos del Estado, el incesante endeudamiento, la recesión en ciernes en Estados Unidos, la invasión rusa a Ucrania, entre otros.

«Para tapar dos hoyos grandes van a abrir cuatro o cinco más (…) no es un camino de gestión planificada lo que tenemos», describió Lemus.