Jaime Quintanilla/Gabriela Villarroel

Dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron $183,908.28 en contratos con cuatro instituciones del Estado entre 2016 y 2023. Al menos 13 de esas adjudicaciones se realizaron durante las administraciones de Nayib Bukele frente a la alcaldía de San Salvador y la Presidencia de la República, según registros del sistema electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL) y del Portal de Transparencia del Gobierno.

La empresa que concentró la mayor parte de los contratos fue Técnica en Nutrición Animal (Tecnutral S.A. de C.V.). Michelle Sol es la directora comercial de la sociedad según su propia hoja de vida; mientras que su hermano, Francisco Sol Schweikert, figura como vicepresidente según la última junta directiva inscrita ante el Registro de Comercio. La sociedad obtuvo $175,017 en nueve contratos estatales durante períodos en los que ambos ocupaban cargos públicos.

Siete de estos contratos fueron firmados a partir de 2019, año en que Bukele asumió la Presidencia y Sol fue nombrada ministra de Vivienda. El monto de estos contratos suma $133,017, un 76 % del monto total obtenido por Tecnutral. Ninguno de los contratos fue producto de licitaciones públicas: todas las compras se realizaron mediante libre gestión o contratación directa, sin competencia abierta ni comparación documentada de ofertas.

Sol es esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro Aldana, quien se desempeñó como secretario y asesor privado de Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia, según registros de ambas instituciones. Una de sus empresas, Grupo Tres y Punto S. A. de C. V., también obtuvo contratos con la alcaldía de San Salvador mientras Castro trabajaba como secretario y asesor privado del entonces alcalde Bukele, según contratos disponibles en Comprasal.

Según el currículum disponible en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa, Castro figura como gerente general de Grupo Tres y Punto. El documento no precisa la fecha de inicio ni de eventual conclusión de esa relación con la empresa; pero según consta en renovaciones de matrícula presentadas ante el Registro de Comercio, Castro siguió firmando como representante legal hasta 2021.

Al menos seis contratos adjudicados a Tecnutral se firmaron durante el periodo en que Michelle Sol y su hermano Francisco negociaban la compra de un terreno cuyos propietarios eran miembros de la familia Bukele, según escrituras públicas presentadas ante el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas.

Entre 2021 y 2024, mientras la empresa familiar seguía vendiendo al Estado, la ministra y su hermano compraron de forma escalonada derechos sobre un inmueble ubicado en el estero de Jaltepeque, parte de la herencia que Armando Bukele dejó a sus hijos y esposa. Se trata de un terreno de playa ubicado en el segundo humedal más grande del país y un sitio Ramsar con protección internacional por su importancia ambiental.

Funcionarios y contratistas

Michelle Sol ha mantenido una relación política documentada con Nayib Bukele desde hace más de dos décadas. Integró el concejo municipal de Nuevo Cuscatlán cuando Bukele gobernaba esa alcaldía bajo la bandera del FMLN y, en 2015, heredó esa silla edilicia. En 2019 dejó el cargo para convertirse en ministra de Vivienda con carácter “ad honorem”. No obstante, Sol devenga $6,153 mensuales, casi el doble de lo que ganan la mayoría de ministros del gabinete de Bukele, según registros oficiales.

Su hermano, Francisco Sol, también ha ocupado cargos públicos. Durante el Gobierno del FMLN fue director propietario de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), donde recibió $250 por cada sesión en concepto de dietas. Dejó el cargo el 11 de junio de 2019, tras la llegada de Bukele a la Presidencia, según actas oficiales de la institución. En el primer periodo de Bukele fue delegado por el Estado salvadoreño para representar al país ante la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA).

Paralelamente al ejercicio de funciones públicas, ambos mantuvieron roles directivos en la empresa familiar Técnica en Nutrición Animal (Tecnutral S.A. de C.V.). Michelle Sol figuraba entonces como directora comercial y Francisco Sol como vicepresidente de la junta directiva. La relación contractual de Tecnutral con el Estado está documentada públicamente al menos desde 2017, cuando ambos hermanos ocupaban cargos públicos en el gobierno del FMLN. Pero en 2019, con la llegada de Bukele, los contratos no solo continuaron, sino que aumentaron.

El esposo de la ministra, Ernesto Castro Aldana, también es uno de los socios más cercanos de Bukele. Cuando dirigía la sociedad Grupo Tres y Punto S. A de C. V., esta empresa recibió $8,890.90 por siete contratos con la alcaldía de San Salvador —entre noviembre de 2016 y octubre de 2018— para la compra de refrigerios y artículos para celebraciones municipales. En ese período, Castro se desempeñaba como secretario y asesor privado del entonces alcalde Bukele. Es decir, su empresa obtuvo contratos en la misma municipalidad donde él trabajaba.

Según los documentos disponibles en el portal de Comprasal, el primer contrato que ganó Grupo Tres y Punto fue por $765.90 el 11 de noviembre de 2016 para dotar de 230 refrigerios de hotdogs a la administración municipal de mercados. Bukele llevaba más de un año al frente de la comuna capitalina hasta ese momento.

Los otros seis fueron adjudicados en octubre de 2018. El propósito fue dotar de refrigerios, algodón de azúcar, refresco y piñatas para la celebración del Día del Niño en diferentes complejos deportivos municipales. Para entonces, Bukele había sido expulsado del FMLN un año antes y se preparaba para competir por la presidencia.
Dos especialistas consultados por esta alianza de medios señalan que los hechos descritos configuran un posible conflicto de interés que, a su juicio, debería ser examinado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Tanto la Ley de Compras Públicas (LCP) vigente como la extinta Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) contemplan prohibiciones para que funcionarios de elección popular o de segundo grado sean proveedores del Estado.

La LCP –aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa en control del oficialismo– amplía esa prohibición en su artículo 25 a “directores, titulares y miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas”. La disposición también alcanza a sociedades en las que estos servidores públicos tengan participación o ejerzan cargos directivos.

Pese a estas prohibiciones, los contratos identificados fueron adjudicados mediante libre gestión o contratación directa, sin licitación pública. En al menos un caso, el Instituto de Bienestar Animal adjudicó un contrato a Tecnutral y otra distribuidora de alimentos para animales invocando una declaratoria de emergencia, avalada el 30 de octubre de 2023 por la Asamblea Legislativa, presidida por Ernesto Castro, esposo de la ministra Sol.

Los medios de la Alianza solicitaron información actualizada sobre las contrataciones más recientes de Tecnutral. Sin embargo, las instituciones omitieron responder o denegaron el acceso a los documentos requeridos, limitando la posibilidad de conocer el detalle completo de los montos, proveedores competidores y criterios de adjudicación.

Esta alianza de medios solicitó vía correo electrónico a Tecnutral y a la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República —que coordina las oficinas de comunicación de las instituciones del Ejecutivo que contrataron a la empresa de los Sol— información sobre los criterios de adjudicación, la existencia de competencia en los procesos de compra y los montos pagados a cada proveedor.

Al cierre de esta investigación, ninguna de las instancias consultadas había respondido. La gerencia de prensa de la Alcaldía de San Salvador fue contactada vía llamadas y mensajes directos en X para obtener información sobre los contratos adjudicados a Grupo Tres y Punto S.A. de C.V. durante la gestión de Nayib Bukele, sin obtener respuesta.

Una empresa familiar

Tecnutral S.A. de C.V. fue fundada en 1986 por Francisco Sol Viaud, padre de Michelle y Francisco Sol hijo. Inició operaciones fabricando y comercializando alimentos para animales de granja; y a tres décadas después de su fundación, la compañía ya reportaba ingresos mayores a los $13.2 millones en 2017, según estados financieros presentados al Registro de Comercio.

El 21 de enero de 2019, mientras el FMLN aún estaba en el poder, el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) difundió en su canal de Youtube un testimonial empresarial de Tecnutral, reservado a casos de éxito de sus clientes. En el video, Francisco Sol hijo, vicepresidente de la sociedad, exhibe la planta ubicada en Colón, La Libertad, y detalla la ampliación de su línea de producción.

“Hicimos una ampliación en nuestra línea de producción, exactamente en la parte de extrusión. Mejoras son muchísimas, empezando por las eficiencias, maximizar la energía eléctrica ha sido clave para nosotros. Este es un proyecto histórico en nuestra empresa”, aseguró. De acuerdo con el sitio web de la empresa, la inversión en su línea de producción fue de más de $5 millones.

Según los balances registrados en el CNR, el crecimiento empresarial coincidió con la participación de Tecnutral como proveedora estatal. En los últimos tres años de Gobierno del FMLN, la empresa familiar de los Sol firmó dos contratos por $42,000 para proveer alimento para ratones del Laboratorio de Biológicos del MINSAL. Esto mientras Michelle Sol ejercía como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán bajo la bandera de ese partido, y su hermano, Francisco Sol, ejercía como director propietario del Consejo Directivo de la Autoridad de Aviación Civil.

Con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, los contratos reportados en Comprasal aumentaron. Entre 2019 y 2023, la empresa firmó seis contratos por $129,241 para alimentar a los ratones de laboratorio del MINSAL y los perros y gatos que albergaba el Gobierno en los centros del Instituto Salvadoreño de Turismo y el extinto Instituto de Bienestar Animal. Para entonces, Michelle Sol ya ocupaba el cargo de ministra de Vivienda.

En total, ambos gobiernos adquirieron más de 180,000 libras de alimento para animales a la empresa familiar. Paralelamente, Tecnutral realizó donativos al Ministerio de Agricultura (MAG) y a alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, ampliando su presencia institucional.

El tamaño de Tecnutral excede con amplitud su rol como proveedora estatal. Según datos reportados por la sociedad al Registro de Comercio, los ingresos de Tecnutral pasaron de $4,145,494 en 2002 a $13,248,121 en 2017 —año en que se tiene registro del inicio de sus contratos con el Estado—, y subieron a más de $15,374,103 hasta 2023.

En 2024, la empresa facturó más de $32 millones, con un 40% de su producción destinada a la exportación hacia Centroamérica, el Caribe y República Dominicana, según declaraciones de Francisco Sol Schweikert publicadas por la Revista Summa.

Los $175,017 que Tecnutral obtuvo en contratos con el Estado entre 2017 y 2023 representan menos del 1% de su facturación anual; sin embargo, ninguna de las adjudicaciones en ese periodo realizó mediante licitación pública ni dejó constancia documental de comparación de ofertas; y estas ocurrieron mientras dos directivos ejercían simultáneamente cargos públicos.
Comida para ratones

Tecnutral es una empresa con fuerte presencia en la web y en redes sociales. En su sitio web documenta hitos corporativos como el lanzamiento de su línea de alimentos para perros y gatos en 1990 y la adquisición de TecniAves —productora de pollos y huevos Del Sol— en 1997.También destacan una inversión de $5 millones en 2015 para automatizar sus procesos y su expansión a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica en 2017.

Ese mismo año, el 2 de junio de 2017 vendió al Ministerio de Salud (Minsal) 500 sacos de 100 libras de alimento para ratones de laboratorio, según registros del sistema electrónico de Comprasal y el Portal de Transparencia.

Para entonces, Michelle Sol no ocupaba un cargo en la junta directiva, pero ejercía como directora comercial de la compañía —cargo que aún consigna en su hoja de vida oficial y en su perfil profesional— y al mismo tiempo, como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán. En ese momento, el hermano de la ministra, Francisco Sol, figuraba ante el Registro de Comercio como administrador único suplente de la sociedad. Es decir, al momento en que la empresa se convirtió en proveedora estatal, dos de sus principales directivos ocupaban funciones públicas.

De las tres instituciones que han contratado a Tecnutral, el MINSAL fue la que firmó más adjudicaciones. Todas corresponden al suministro de alimentos para ratones del Laboratorio
de Productos Biológicos, una dependencia del Ministerio de Salud de escala reducida que no aparece detallada en el Presupuesto General del Estado. Entre junio de 2017 y abril de 2020, el MINSAL adjudicó cuatro contratos a Tecnutral por un total de $75,600, destinados a la compra de 180,000 libras de concentrado para ratones. Este monto representa el 43.2 % del total contratado por la empresa con el Estado en el periodo analizado.

La primera orden de compra 162/2017 fue suscrita el 2 de junio de 2017 por la entonces ministra de Salud, Violeta Menjívar. El documento autorizó la adquisición de 50,000 libras por $21,000. El mismo volumen y precio se repitieron el 31 de agosto de 2018, mediante la orden 316/2018.

La relación contractual continuó tras el cambio de administración. En septiembre de 2019, ya bajo el gobierno de Nayib Bukele, el Minsal emitió la orden 268/2019, firmada por el viceministro de Salud ad honorem, Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza, para la compra de 40,000 libras por $16,800, manteniendo el mismo precio unitario. Posteriormente, el 29 de abril de 2020, la orden 59/2020 —suscrita por el actual ministro Francisco Alabi— autorizó una nueva adquisición por igual volumen y monto.

En total, en menos de tres años, el MINSAL adquirió 180,000 libras de alimento para ratones de laboratorio a Tecnutral; sin embargo, la institución no publica datos desagregados sobre la capacidad instalada, el número de colonias de ratones activas ni los proyectos científicos que desarrolla el Laboratorio de Productos Biológicos. Sin esa información, no es posible determinar si el volumen adquirido corresponde a una demanda técnicamente justificada.

“Juntos saldremos adelante”

Con ambos hermanos Sol incorporados al Gobierno de Nayib Bukele, los contratos y donativos de Tecnutral se diversificaron al interior de la administración pública. La empresa amplió su relación con el Estado hacia el Ministerio de Agricultura (MAG), el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y distintas alcaldías.
Durante el encierro por la pandemia del Covid-19, Tecnutral donó 4,500 libras de alimento para perro y 400 libras de alimento para gato a la Unidad de Bienestar Animal del MAG, según publicó la propia empresa el 25 de mayo de 2020 en redes sociales. “Juntos saldremos adelante”, se lee en el mensaje que acompaña la imagen del donativo.

Luego, la relación pasó del donativo a la contratación. En 2022, el ISTU adquirió 2,992 libras de comida para perro y 400 libras de comida para gato por un total de $1,978.54, según dos órdenes de compra disponibles en el Portal de Transparencia. Ambos se tramitaron bajo la modalidad de “libre gestión”, un mecanismo que no exige concurso público ni comparación formal de múltiples ofertas.

La orden de compra 85, emitida el 5 de abril de 2022, detalla la adquisición de insumos para los animales que habitan en los diferentes parques recreativos administrados por el ISTU, como parte del proyecto “Rescate Animal”, por $869.15.

Posteriormente, el 17 de agosto de 2022, el ISTU emitió una nueva orden de compra por $1,109.39, nuevamente para el suministro de alimento destinado a perros y gatos en sus parques públicos.
Tecnutral también ha realizado donativos a municipalidades gobernadas por el partido oficialista, en el contexto de campañas veterinarias y jornadas de adopción.

El 22 de marzo y el 6 de mayo de 2022, la alcaldía de Soyapango informó en su cuenta oficial de Facebook sobre un donativo de Tecnutral al albergue temporal habilitado por la Unidad de Bienestar Animal durante la administración de la entonces alcaldesa Nercy Montano, posteriormente procesada por delitos de corrupción.

La alcaldía de San Salvador dirigida por Mario Durán también reportó la recepción de productos de la empresa. El 15 de mayo de 2022, la municipalidad informó que Tecnutral patrocinó un evento de adopción, entregando una dotación de alimento para perro a cada cachorro adoptado.

De igual forma, el 29 de octubre de 2022, la alcaldía de Colón, dirigida por el exalcalde de Nuevas Ideas Samael Rivera, realizó una jornada de atención veterinaria en coordinación con el Instituto de Bienestar Animal. En su publicación oficial, la municipalidad agradeció a Tecnutral por su apoyo en la actividad, que incluyó vacunación, consultas y desparasitación para 198 animales de compañía.

Ninguna de las municipalidades detalló en sus portales de transparencia ni en redes sociales el volumen exacto de alimento entregado por la empresa ni el valor estimado de los donativos, lo que impide dimensionar su cuantía o verificar si existió algún tipo de contraprestación institucional.

Compras sin controles

Guillermo Alexander Hasbún Henríquez, primo del presidente Nayib Bukele, también suscribió contratos con Tecnutral. Hasbún fue el presidente “ad honorem” del ahora extinto Instituto de Bienestar Animal, una de las entidades que más compras realizó a la empresa de los Sol.

El 15 de marzo de 2024, el IBA informó que había distribuido más de 2,000 libras de comida para perros y gatos a refugios y rescatistas independientes. Durante un acto público, el presidente del instituto prometió “vacunas y comida” para todos los animales rescatados. La institución no detalló el costo de esta medida. En fotografías compartidas por el IBA sobre este evento, se observa a trabajadores de la institución transportando sacos de comida para perros y gatos de marcas fabricadas por Tecnutral.

El 14 de noviembre de 2022, la unidad de Animales de Compañía del IBA adquirió alimento para perros y gatos únicamente a Tecnutral por un total de $7,270, según la orden de compra por Libre Gestión LG111. Debido a que el contrato no ha sido publicado íntegramente, no es posible conocer el volumen exacto adquirido ni el precio unitario pactado.

Un mes después, el 9 de diciembre de 2022, la Unidad de Vida Silvestre del IBA compró alimento concentrado para un bioterio de ratas, conejos y tilapia a la empresa por un monto de $3,776.34, según la orden de compra LG132 disponible en el portal de Transparencia del IBA.

Casi un año después, el 9 de noviembre de 2023, el IBA suscribió un nuevo contrato para la compra de alimento para perros y gatos por $86,392. Según las órdenes de compra PCDE-03A y PCDE-03B, disponibles en Transparencia, los proveedores son la Distribuidora Provecsa S.A. de C.V. y Tecnutral.

El IBA no detalló en su portal de Transparencia ni en Comprasal cuánto pagó a cada proveedor. Además, denegó la solicitud de información presentada por esta alianza de medios, alegando que el contrato es “de carácter confidencial”. Esta negativa impide determinar qué proporción del monto total fue adjudicada a Tecnutral.

Para este contrato, el IBA se saltó el proceso dictado por la Ley de Compras Públicas, el cual dicta que las adquisiciones iguales o menores a 240 salarios mínimos —equivalentes a $87,600— deben realizarse mediante “procesos competitivos simplificados”. En su lugar, el IBA se decantó por una “contratación directa por emergencia”.

La contratación directa es un mecanismo excepcional que la ley permite “sin generar competencia” en circunstancias extraordinarias, como desastres naturales u otros eventos de afectación nacional.

El IBA se amparó en la declaratoria de estado de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de octubre de 2023 a raíz de la tormenta tropical Pilar. Esta declaratoria habilitó a distintas instituciones a realizar adquisiciones excepcionales, reduciendo los controles habituales de competencia.

La Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), vigente desde 2005, establece que el Estado debe asignar al menos $4 millones anuales para atender emergencias. Aunque su activación requiere declaratoria legislativa, en los últimos años este mecanismo se ha convertido en una herramienta de gasto secreto.

Ninguno de los contratos identificados entre Tecnutral y el Estado fue adjudicado mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo abierto. En todos los casos se recurrió a libre gestión o contratación directa, sin dejar constancia pública de comparaciones de oferta que permitan verificar si existieron alternativas más económicas o en mejores condiciones para el Estado.

Un marco legal discrecional

Expertos en transparencia consultados advierten que el actual marco normativo de compras públicas ha debilitado algunos candados que existían en la legislación anterior para prevenir conflictos de interés.

La Ley de Compras Públicas (LCP), vigente desde 2023 y que sustituyó a la extinta Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ya no contiene el mismo nivel de detalle ciertas prohibiciones expresas que buscaban evitar la participación de funcionarios y sus allegados en contratos estatales. Según los expertos, aunque la normativa actual regula impedimentos y causales de inhabilidad, su redacción es menos específica que la de la LACAP en materia de vínculos societarios y relaciones indirectas con el poder público.

Pero la prohibición se mantiene. Jonatan Sisco, abogado constitucionalista y parte de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que el artículo 25 de la Ley de Compras Públicas prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen, directa o indirectamente, en contrataciones con el Estado.

“Si una ministra figura como directiva de una empresa contratista y existe vinculación familiar dentro de la sociedad, corresponde analizar si se configura una inhabilidad legal. La propia ley señala que los contratos celebrados en violación de estas prohibiciones pueden ser nulos de pleno derecho”, afirmó.

Los expertos aseguraron que a esto se suma una “dispersión normativa” en el régimen de compras y contrataciones. Entre 2020 y 2023, la Asamblea Legislativa aprobó al menos 22 decretos vinculados con adquisiciones públicas, muchos de ellos asociados a regímenes de excepción, estados de emergencia o disposiciones transitorias. Esta superposición de normas especiales, reformas parciales y decretos extraordinarios ha configurado un sistema fragmentado.

“Esto habilita un amplio espacio para la discrecionalidad a la hora de tomar decisiones porque se pueden tener diferentes interpretaciones para concretar una compra o contratación”, explicaron. En la práctica, agrega, la coexistencia de regímenes ordinarios y excepcionales amplía el margen de decisión de las instituciones para definir el mecanismo de adquisición aplicable en cada caso.

Aunque la existencia de un mecanismo legal no implica por sí misma ilegalidad, los expertos advierten que el estándar de análisis no debe limitarse a la formalidad del procedimiento, sino a un posible un conflicto de interés.

Sisco recordó que uno de los patrones recurrentes en los casos de corrupción en El Salvador detectados por Cristosal es el uso de estados de emergencia para favorecer a empresas vinculadas a funcionarios o a su entorno.

La ley “permite procedimientos excepcionales cuando hay necesidad real y proporcional a la contingencia”, pero “si ese mecanismo se utiliza de manera indebida o reiterada para evitar controles, debe ser investigado”, afirmó.

El vínculo de los Castro Sol y los Bukele

Michelle Sol mantiene cercanía con la familia Bukele desde los inicios de la carrera política del presidente. En 2012 integró el concejo municipal de Nuevo Cuscatlán bajo la administración de Nayib Bukele. En 2015 asumió la alcaldía cuando él se postuló por San Salvador, prometiendo “continuar el legado” en el municipio.

Su esposo, Ernesto Castro, es socio político de Bukele desde hace dos décadas. Fue secretario privado en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, participó en la fundación de Nuevas Ideas en 2018 y, ya en la Presidencia, ocupó nuevamente el cargo de secretario privado entre junio de 2019 y noviembre de 2020 con un salario mensual de $6,000. En 2021 fue electo presidente de la Asamblea Legislativa.

Tanto Castro como Sol han sido beneficiados también por gobiernos anteriores. Entre 2010 y 2011, la Sociedad Castro Sol S. A. de C. V. (Casol) recibió $504,000 provenientes de la partida secreta de la Presidencia de Mauricio Funes (FMLN), para la cocina de Casa Presidencial, según reveló El Faro. Los pagos se recibieron a través de cheques y remesas provenientes de cuentas del Banco Hipotecario.

Además, Ernesto Castro y Michelle Sol también forman parte del selecto grupo de funcionarios que fueron beneficiados con líneas de crédito del Banco Hipotecario. En total, han adquirido tres propiedades que pagaron con préstamos hipotecarios por $285,825 desde junio de 2019.

Michelle Sol ha defendido públicamente la inversión privada de empresarios vinculados al oficialismo. En respuesta a las críticas por las adquisiciones inmobiliarias de la familia Bukele, afirmó que “invertir tu patrimonio familiar es la muestra más contundente que crees en este nuevo El Salvador”. Según la ministra Sol, “los (empresarios) que han logrado llegar a este momento es porque han luchado, han pagado esas cuotas a los bancos que solo unos se atreven a endeudarse para invertir”.

Negocios en familia

La expansión empresarial de los Sol y sus vínculos contractuales con el Estado también coinciden con negocios inmobiliarios del círculo familiar del presidente.
Michelle Sol y su hermano Francisco Sol comenzaron a adquirir derechos proindivisos —porciones de un mismo inmueble compartido entre varios propietarios— en el estero de Jaltepeque en 2021, pocos meses después del impacto económico que provocó la pandemia de Covid-19.

Ese año, mientras Tecnutral operaba sin interrupciones al ser considerada empresa de “primera necesidad”, los hermanos iniciaron negociaciones para comprar participaciones del terreno. En mayo de 2021 adquirieron el 10 % de la propiedad de Norma Victoria Bukele Kattán y el 20 % de Humberto Bukele Kattán por $26,000 en total, distribuyendo la participación en partes iguales. Cinco meses después, el 28 de octubre, compraron conjuntamente otro 20 % del inmueble.

Las adquisiciones continuaron incluso durante la campaña para las elecciones municipales del 3 de marzo de 2024. Michelle Sol, entonces candidata de Nuevas Ideas para la alcaldía de La Libertad Este, firmó la compra más significativa en medio del proceso electoral.

El 14 de febrero de 2024 —mientras su contendiente Milagro Navas la retaba públicamente a debatir— Sol y su hermano negociaron con 11 primos del presidente Nayib Bukele, entre ellos Xavier Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas, y su hermano David, la adquisición del 41.28 % del terreno por $94,702.50.

La operación culminó el 18 de mayo de 2024, a las 6:00 de la tarde, en San Salvador. Los Sol compraron el 8.72 % restante a Yamil Bukele, su madre Bernarda Pérez, y a los hermanos Nayib, Karim, Ibrajim y Yusef Bukele, junto con su madre Olga Ortez, por $11,000.

Un análisis de escrituras y declaratorias de herencia revela que los hermanos Sol pagaron $131,702 por el 100 % del inmueble, originalmente dividido entre 13 copropietarios, todos descendientes de la familia Bukele.

El terreno formaba parte de los bienes heredados tras la muerte de Armando Bukele en 2015, cuando fue distribuido entre sus descendientes junto con empresas y otros activos familiares.
Un humedal protegido

El nuevo terreno de los hermanos Sol mide 5,141 metros cuadrados (tres cuartas partes de una cancha de fútbol profesional) y se ubica dentro del Complejo Jaltepeque, declarado humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. Se trata del segundo humedal más grande del país y una de las formaciones de manglar más relevantes del Pacífico centroamericano, hábitat de más de 248 especies.

Según documentos del registro de propiedad, el terreno está ubicado a solo cuatro metros del estero. De acuerdo al plan de manejo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), esta es una “zona de amortiguamiento”; es decir, una franja de terreno que rodea un Área Natural Protegida y que está sujeta a restricciones específicas para evitar impactos sobre el ecosistema.

Estas restricciones limitan el tipo de construcciones, el desarrollo turístico intensivo y ciertas actividades agrícolas o extractivas. Las directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo de la franja costero marina del MARN, indican que este segmento del Complejo Jaltepeque tiene un manejo específico “de tal manera que las actividades no influyan en el logro de los objetivos de conservación del humedal”.

Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, advierte que la ocupación privada de esta zona “pone en riesgo los ecosistemas, la fauna, y la flora”, y recordó que la Ley General de Recursos Hídricos también prohíbe “en todas sus formas” la privatización del agua y de cuerpos de agua como playas, lagos y lagunas.

Esta alianza de medios consultó a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, si se ha cumplido el manejo específico que dicta el MARN en su propiedad, y qué tipo de uso han estimado dar a este terreno; pero no respondió llamadas ni mensajes al cierre de esta investigación.

Tendencia de concentración

La adquisición del terreno por parte de los Sol ocurrió durante el período en que Bukele y su familia, que se convirtieron en terratenientes, acumulando 363 hectáreas de terreno, según investigaciones periodísticas publicadas por Redacción Regional y FOCOS.

La última de las propiedades de Bukele fue adquirida por un millón de dólares en septiembre de 2025, a través de una sociedad que fundó junto con su esposa, Gabriela Rodríguez. Parte de la propiedad está en un área natural protegida, según mapas de dos instituciones del Estado.

Defensores del territorio sostienen que existe una tendencia de concentración de tierras en la franja costero-marina. “Hay un acaparamiento no solo de tierras, sino de áreas naturales protegidas”, afirmó Ángel Flores, del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa). “Muchos terrenos ya eran privados, pero
observamos una tendencia creciente hacia el control de zonas estratégicas con potencial turístico”.

José María Argueta, director ejecutivo de la Asociación Mangle, señala que la fragmentación de terrenos dentro de áreas protegidas puede alterar el equilibrio ecológico: “Si se desarrollan hoteles o construcciones desmedidas, se rompe la relación natural de los organismos vivos del ecosistema”.

Los 5,141 metros cuadrados adquiridos por $131,702 pasaron de manos de trece copropietarios de la familia Bukele a los hermanos Sol en un proceso escalonado de tres años. En ese mismo período, Tecnutral firmó contratos con instituciones del Ejecutivo por un monto superior a los $95,000.

Ninguna de las instituciones que contrataron a Tecnutral publicó en sus portales de transparencia los criterios de adjudicación, los proveedores comparados ni los precios de referencia utilizados.