Laura Fernández, exministra de Planificación del gobierno actual, fue electa por una mayoría contundente como la nueva presidenta de la república y segunda mujer en la historia en asumir el cargo. Fue un triunfo inobjetable, en primera ronda, con la tasa más baja de abstencionismo en 27 años.

Días antes,  el presidente Nayib Bukele llegó para protagonizar un acto simbólico. Ni siquiera fue a colocar la primera piedra de cara a la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, la primera megacárcel (que albergará 5 mil privados de libertad) alegoría de los tiempos por venir. Esta fue la tercera visita oficial del dictador salvadoreño. Esta presencia los días previos a las elecciones bien podría ser un síntoma a partir del cual leernos como país durante estos cuatro años; también es una pista de lo que se avizora durante 2026-2030.

El triunfo del oficialismo, con un 48,5% de los votos, llega acompañado de un fuerte control legislativo: Laura Fernández gobernará con 30 de las 57 diputaciones, un contraste notable con los apenas 9 que obtuvo Rodrigo Chaves en 2022. El resto del Congreso lo integran 18 del PLN, 7 del Frente Amplio, 1 de la Coalición Agenda Ciudadana y 1 de la Unidad Socialcristiana. Aunque los resultados presidenciales eran previsibles —todas las encuestas apuntaban en esa dirección— refuerzan la consolidación de un poder político alineado con el Ejecutivo y obligan a interpretar la coyuntura desde diversas aristas para comprender las dinámicas del país.

Dentro de esa particular situación podemos partir, por decirlo de alguna manera, de la inmediatez: un factor de peso que inclinó la balanza fue un gobierno que entró a este proceso con cifras récord de aprobación (en algunas encuestas incluso por encima del 60%). Esta acumulación de adeptos se dio sobre la base de un discurso, con registros excesivos de altanería y coloquialismo, que enfiló su artillería a partir del malestar de un sector de la población contra distintas instituciones del régimen (Contraloría General de la República, Poder Judicial y Legislativo) pero principalmente con una bronca generalizada contra los partidos tradicionales. El problema es La Casta, al decir de Milei, que un outsider como Chaves supo capitalizar.

Esto me lleva a ubicar el panorama político mundial. El chavismo hace eco en un contexto marcado por el ascenso de la ultraderecha, el autoritarismo y las dictaduras, empezando Trump, pasando por Milei y haciendo escala en el dictador Bukele. También recuerdo la vigencia de dictaduras de viejo cuño como la de Daniel Ortega en Nicaragua.

Vamos ahora a ponderar el día a día del costarricense de a pie. Aunque podríamos caer en la finta de la macroeconomía y sus señales positivas —como el aumento del 16% en exportaciones y un crecimiento sostenido superior al 4%— la realidad cotidiana es mucho menos alentadora: persisten la informalidad masiva, el encarecimiento de los alimentos, el estancamiento salarial y una crisis agrícola que golpea al pequeño productor. Si bien el gobierno presume de haber reducido el desempleo, un dato clave relativiza ese logro: más de 100 mil personas abandonaron la fuerza laboral entre 2024 y 2025, lo que oculta la fragilidad real del mercado de trabajo.

Este deterioro económico se combina con una creciente inseguridad marcada por la disputa territorial del crimen organizado. El país registró 906 homicidios en 2023, el año más violento de nuestra historia. Este flagelo se ha convertido en un elemento estructural de la crisis social que enfrenta la población.

Otro elemento fundamental en la ecuación es la influencia que ejercen las organizaciones sociales. Según el último informe del programa Estado de la Nación, en 2025 se consolidó la tendencia a la merma en la protesta social que ya lleva 10 años, el periodo más extenso a la baja desde 1992.

El gobierno no solo se autodefinió como el mejor de la historia, sino que culpó a los partidos tradicionales, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General y a los magistrados de no dejarlo gobernar. Las conferencias de prensa de los miércoles a mediodía se transformaron en un despliegue mediático de ese estilo autoritario —mezcla de chabacanería y matonismo— tan seductor para los sectores más empobrecidos de la población y golpeados por las condiciones de vida. El mensaje caló: por fin llegó un presidente que se amarró los pantalones. No lo digo yo, lo dice la gente en la calle.

En el inevitable vaivén de pesos y contrapesos políticos, durante estos cuatro años la oposición fue incapaz de articular una agenda mínima que amenazara el respaldo del oficialismo. Las fracturas internas, la falta de propuestas sólidas de la oposición legislativa, unidas a la dispersión de la veintena de candidaturas presidenciales debilitaron su capacidad de incidir lo suficiente como para que alguno inclinara la balanza a su favor. Frente a este vacío, Laura Fernández capitalizó mejor el descontento y creció de manera sostenida hasta ganar la presidencia sin necesidad de segunda vuelta.

¿Qué nos espera durante los próximos cuatro años? Laura llamó a conformar la tercera república. Se declaró respetuosa de la institucionalidad y, aunque cree en las leyes, aseguró derogar aquellas que no sirvan. Prometió integrar a su gabinete al presidente Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia

¿Cuál es el proyecto político del Chavismo 2.0? Más allá de los registros estridentes (casi teatrales), las diatribas contra los poderes y el populismo, lo cierto es que el continuismo encarnado en Laura Fernández busca consolidar un modelo económico neoliberal y alinear a los poderes de la república para mantener las políticas de precarización laboral, los recortes sistemáticos a la salud y la educación, así como profundizar la entrega de nuestros recursos naturales. La anunciada política de mano dura contra la violencia y la nueva megacárcel prevén eventuales ataques a las libertades democráticas.

En Costa Rica nadie tomó el cielo por asalto. No hay una nueva forma de hacer política ni afrenta a las «castas»: son los viejos vicios bajo un ropaje autoritario en favor de unos pocos. Eso sí, tocan a la puerta nuevas élites económicas que anteriormente estaban excluidas del festín y que, con el chavismo, recibieron su buena tajada que hoy esperan incrementar.

¿Realmente el país avanza hacia una dictadura? La sombra de Bukele (que es más presencia que sombra últimamente), unida al autoritarismo del gobierno, proyectan una amenaza real al régimen democrático desde la institucionalidad formada a partir de la constitución de 1948. La misma presidenta electa, en las primeras de tanteo, habló del inicio de «la tercera república».

Estas pretensiones de cerrar el campo de acción democrático existen, créanme que si Chaves, Cisneros y la camarilla de nuevos diputados y funcionarios quisieran, pondrían el acelerador a este cambio en el régimen político.

A nivel de configuración institucional sí hay una intención clara de alinear las instituciones, de nombrar a gente de su preferencia en puestos clave (un Fiscal General y magistrados afines) y, como ya dijimos, una política de mucho mayor mano dura contra el crimen organizado.

Pero acá lo que está en juego son los negocios, siempre los negocios. Y si un giro brusco compromete la estabilidad y el clima de negocios de las élites tampoco es conveniente para ellos. No es de extrañar una próxima reunión con algún emisario de Donald Trump para poner las cosas en orden.

Ahora bien, casi siempre el terreno lo marca la oposición pensada no como idea abstracta o lo que pueden plantear los otros cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa. Hablo de la calle. Y la calle dictó, en 2025, protestas por aquí, mítines por allá y algunas marchas masivas en defensa de la democracia. Una posibilidad es que, ante el endurecimiento de la situación económica, la calle se dinamice.

Ante esto, Bukele, su estela dictatorial y de ataque a los derechos humanos podría dejar de ser solo una sombra y convertirse en un faro cada vez más constante en la configuración del escenario político nacional por los próximos cuatro años.