«Abril es el mes más seguro en la historia de El Salvador».
La frase se esparció por las redes sociales a una velocidad trepidante, tal como sucede cuando la maquinaria de propaganda gubernamental es puesta en movimiento. Funcionarios y opinadores la repitieron como un mantra.
Los medios de comunicación oficiales también lo destacaron en sus titulares.
Hubo un analista de seguridad que se atrevió a decir, sin pruebas de nada, que abril del 2022 era el mes «con menos homicidios en 200 años de República en El Salvador».
La propaganda repitió, una y otra vez, con la clara intención de defender la instauración del régimen de excepción, que en abril únicamente se registraron 22 homicidios y que hubo 13 días en los que no fue asesinada ninguna persona.
Sin embargo, informes secretos elaborados por la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) —facilitados por la organización Distribuited Denial of Secrets (DDoSecrets) a Revista Elementos a través del grupo de hackers Guacamaya— revelan que ese mes el gobierno ocultó el asesinato de otros 16 salvadoreños.
Es decir: en abril de 2022, según documentos secretos de la PNC, no fueron asesinadas 22 personas, sino 38.
A esto habría que sumar 12 casos de pandilleros —nueve de la Mara Salvatrucha y tres del Barrio 18R— que supuestamente murieron en enfrentamientos con policías y que en los documentos de la PNC fueron clasificados como «agresiones ilegítimas».
Lo que también ocultó la propaganda gubernamental es que en ese mismo mes hubo 45 casos de personas desaparecidas que no fueron resueltos.
Es decir: 45 salvadoreños desaparecieron y no fueron encontrados por ningún lado.
Los mismos documentos detallan que, de las 97 denuncias sobre personas desaparecidas que recibió la PNC, solo una fue encontrada fallecida.
Al siguiente mes el estribillo se repitió nuevamente: mayo se convirtió en «el mes más seguro en la historia de El Salvador». Y al igual que en abril, el gobierno volvió a mentir sobre el número de personas asesinadas en el país.
En sus redes sociales, instituciones de seguridad, funcionarios y opinadores afines al gobierno destacaron que mayo había cerrado con 17 homicidios. Pero los documentos confidenciales de la PNC indican que ese mes fueron asesinados 29 salvadoreños.
Es decir: el gobierno ocultó el asesinato de 12 personas.
A esto habría que sumar el caso de un pandillero de la Mara Salvatrucha que supuestamente murió al enfrentarse con elementos de seguridad, según consta en el registro secreto de la PNC.
Al igual que en abril, la cifra de homicidios proyectada por la propaganda de gobierno reducía en casi la mitad el número de asesinatos registrados en todo El Salvador.
Además, en mayo el gobierno tampoco mencionó los 22 casos de personas desaparecidas que no fueron localizadas por ningún lado.
De las 72 denuncias sobre desaparecidos que la PNC recibió ese mes, únicamente una persona fue encontrada fallecida.
Desde hace más de una década las pandillas asesinan y entierran a sus víctimas en cementerios clandestinos, entre otras cosas para reducir la percepción sobre el índice de criminalidad. En la jerga pandilleril ocultar a sus muertos es «cultivarlos».
Los documentos facilitados por DDoSecrets llegan hasta junio. Pero en los correos electrónicos de la PNC únicamente se encontraron informes semanales y mensuales hasta mayo de 2022.
No obstante, estos dejan ver una posible tendencia del gobierno de Nayib Bukele a ocultar una buena parte de los asesinatos para justificar la continuidad del régimen de excepción, el cual ha sido denunciado por prestigiosos organismos internacionales debido a múltiples violaciones a los derechos humanos.
En julio de 2022, Revista Elementos hizo solicitudes de información a la PNC y a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), sobre estadísticas de homicidios, pero la información había sido reservada en los primeros meses del régimen de excepción.
Por ejemplo, en el proceso de información PNC-UAIP-317-2022, la PNC respondió que esa información «se encuentra clasificada como reservada».
En la solicitud de información № 226-UAIP-FGR-2022, la FGR respondió que «es inexistente el reporte estadísticos de la información requerida por el peticionario».
Estos datos han sido reservados por siete años a pesar de que la misma LAIP, en su artículo 10, establece que la información estadística generada por las instituciones es de carácter oficioso.
El presidente Bukele, por su parte, ha negado la manipulación de las cifras de homicidios.
