En 2021, el Gobierno de Nayib Bukele invitó a oenegés y universidades a participar en la redacción de una nueva ley de minería metálica. Mientras esto ocurría, un grupo de extranjeros y una empresa, ésta última relacionada con una transnacional minera que operó en Honduras, llegaron a San Isidro, tanto a realizar supuestas labores sociales como a comprar terrenos con potencial minero
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