La discriminación y los discursos de odio encontraron la forma de pasar a los hechos con la ayuda del régimen de excepción, que facilitó el castigo social hacia la población LGBTIQ+, solo hace falta que alguien realice una denuncia sin pruebas para llevar a la cárcel a muchas personas, entre ellas, a una pareja de lesbianas.

Ambas mujeres, Sandra Hernández y su pareja Eidi Claros sufrieron doble discriminación: por ser mujeres y por ser lesbianas. Ellas recibieron hostigamientos y discursos de odio que impulsaron su denuncia y posterior detención bajo el régimen de excepción.

La doble discriminación que enfrenta la pareja es definida como lesbofobia, que se refiere al odio y rechazo hacia las mujeres lesbianas por su orientación sexual. Además, está presente la misoginia, que implica un desprecio hacia las mujeres y lo femenino.

Ser la única pareja de lesbianas en la Isla Espíritu Santo, ubicada en la Bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, trajo problemas a las mujeres, que ya tenían cerca de tres años de vivir como pareja en el lugar.

El hijo de Sandra contó que su mamá y su pareja tuvieron el valor de vivir en la Isla, donde la mayoría de la comunidad las aceptan, «no tienen problemas con eso, mi mamá es bien carismática, su pareja igual. Pero siempre hay un pequeño grupo que no está de acuerdo».

Entre las personas que ejercen discriminación y hostigamiento contra Sandra y Eidi, están un vigilante de la Cooperativa El Jobal, y dos carretoneros –personas que realizan viajes en motos adaptadas en la Isla- que señalaron a las mujeres como colaboradoras de grupos delincuenciales.

Los hombres denunciaron en tres ocasiones a Sandra y Eidi, una vez con la autoridad de la Isla, otra con los directivos de la Cooperativa, y la última en Puerto El Triunfo. Tras las denuncias, detuvieron a la pareja el 28 de abril de 2023, bajo la figura del régimen de excepción, que contempla detenciones por agrupaciones ilícitas.

El régimen de excepción entró en vigencia el 27 de marzo de 2022, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2025, las autoridades de seguridad reportan la detención de 90 mil 844 personas.

Según el último informe sobre violaciones a derechos humanos en el marco de los tres años del régimen de excepción, hasta febrero de 2025 organizaciones de derechos humanos registraron 116 casos de personas de la población LGBTIQ+ vulneradas.  La cifra representa el 1.7% del total de denuncias recibidas que ascienden a 6,889.

Según la orientación sexual de las víctimas, las organizaciones identificaron 49 personas bisexuales, 41 personas gay, 24 lesbianas, una persona pansexual, y una con orientación sexual no indicada.

Este mismo informe identificó que las detenciones arbitrarias son la principal causa de violación a los derechos de las personas detenidas. Otros documentados elaborados por AMATE El Salvador reflejan las violaciones: allanamientos de morada sin una orden judicial, uso excesivo de la fuerza, y la discriminación por motivo de orientación sexual, e identidad de género hacia la población LGBTIQ+.

En el caso de la población diversa, la mayoría de las detenciones proceden de denuncias anónimas, «son personas que sienten un rechazo hacia la orientación sexual, o la identidad de género de la persona en la misma comunidad, y es la persona que les termina poniendo el dedo», explicó el representante de AMATE, Gonzalo Montano.

Montano dijo a Elementos, que el régimen de excepción de alguna manera viene a legitimar ese castigo social que ya existe sobre la población LGBTIQ+.

«Este régimen de excepción viene a legitimar al final todo lo que ya se vive cotidianamente, es decir, El Salvador es una sociedad altamente conservadora, donde cualquier cosa que le pase a las personas LGBTI es porque se lo merecía, o se lo busco, es muy similar a la situación que les pasa a las mujeres, si una mujer sufre feminicidio dicen: ¿Por qué estaba ahí?, ¿Por qué estaba vestida de tal forma?, creo que con la población LGBTI sucede algo muy similar».

«Mi único delito es tener orientación sexual diferente»

Sandra es originaria de la Isla Espíritu Santo. Después de su captura, los lugareños colaboraron con firmas para pedir su liberación. «La comunidad aquí me conoce muy bien, y saben que mi único delito es ser de orientación sexual diferente, pero gracias a Dios aquí la gente me apoya, y dio su voz, y voto», manifestó Sandra.

Previo a la detención, Sandra y Eidi sostuvieron una reunión con los directivos de la comunidad, donde conocieron sobre la molestia de sus acusadores. Ellos pedían que le quitaran a Sandra el permiso para trabajar como carretonera y, a Eidi que le prohibieran vender golosinas en el Puerto El Jobal.

Uno de sus acusadores, propuso a Eidi, en tono machista, que dejara a Sandra por él, pero la negativa de ella sólo provocó que las molestias hacia ellas incrementaran.

«Yo le dije a ella, yo siento que me van a llevar presa porque estos babosos al rato, si no nos pueden quitar así, hablando con la autoridad de la comunidad van a ir a inventar, y cabal fueron a inventar», contó Sandra.

En este caso existe discriminación hacia ellas por ser mujeres, lesbianas, y emprendedoras, según consideró Leslie Schuld, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), que realiza trabajo en la zona.

Audio: antecedentes y capturas

Tras las capturas, el hijo de Sandra que es actualmente estudiante becado por el CIS de Ciencias Jurídicas pidió firmas a la comunidad, y junto a la organización recopilaron documentación sobre el estado de salud de Sandra, que tenía ya una operación programada, lo que permitió su libertad después de 20 días de prisión.

Sandra estuvo detenida en el penal de Apanteos, experiencia que la marcó debido a las condiciones carcelarias que sufrió antes y durante su detención.

Audio: condiciones carcelarias

Sandra también contó que en la misma celda estaban cerca de 185 mujeres, en un espacio pequeño, así que, para dormir un poco ponían unas cobijas en unos barrotes del techo, a eso le llamaban la nube, en esas camas improvisadas dormían con miedo de no caer.

Relató también que cuando llegaron al penal de Apanteos había dos o tres sectores de hombres, pero en esa misma semana los trasladaron a todos a diferentes penales, para dejar solo mujeres.

Pese a eso, Apanteos le pareció demasiado lleno, carecía de espacio para sentarse a gusto, o comer tranquila, «es por turno para ir al baño, porque solo tienen dos cubetas dentro de la celda, que son para orinar, ya para hacer del cuerpo, usted tiene que hacer una fila y esperar a que pasen treinta o cuarenta minutos, prácticamente una vez al día», explicó refiriéndose a defecar.

En cuanto al trato de los custodios, relató que sobre todo los hombres son los que tratan de humillar a las internas del penal. Sandra también recordó las palabras de bienvenida de un jefe de custodios de Apanteos, «ya vienen al infierno, ya van a sentir lo que es bueno adentro. Entonces yo le dije que ¿Por qué se expresaba así? y me dijo: al calabozo te voy a ir a meter». -El calabozo es una celda oscura, destinada al castigo y aislamiento de las personas internas que son amonestadas-.

La continuidad del hostigamiento y la discriminación

Luego de recuperar su libertad, Sandra aún enfrenta a diario una serie de acosos, «el hostigamiento es de compañeros de trabajo, a veces se ponen a tirar palabras obscenas, como provocándome, lo que trato es la manera de poner música, y pasar ahí sentadita cuando no tengo viaje, pero molesta bastante, a mí me molesta porque a raíz de ello, es que mi pareja está detenida».

Ante el acoso, Sandra colocó una cámara de vigilancia para su seguridad, por varias situaciones que enfrenta, además para resguardar su vida, y como evidencia. También, cortó los árboles e iluminó alrededor de su casa para no dejar lugar a que sus agresores puedan ocultarse y hacerle algo.

Además, se vio obligada a cerrar por unos días su venta de café con pan en el Puerto, porque su acusador andaba diciendo que era fachada de extorsión, «me tocó cerrar unos días, y hablé con los señores directivos, y me hicieron un permiso para vender, y aclarar la situación que no era lo que andaban diciendo».

Sandra también es señalada por su acusador de delincuente y extorsionista, con eso evita que visitantes y turistas busquen sus servicios de mototaxista, sobre todo actualmente que ha incrementado la visita de personas por el restaurante que opera en la zona, «hay varias gentes que creen en las mentiras. No deja de incomodar, pero tampoco puedo actuar porque no quiero regresar a ese lugar, uno también tiene que ser prudente, y más que lo difaman a uno con cosas que no son».

Hace pocos días, Sandra comenzó a realizar viajes a un paciente renal hasta el hospital, lo lleva y espera hasta que termina su sesión de hemodiálisis, en uno de sus viajes fuera de la Isla, su hijo la llamó porque estaba siendo acusada de robo de cocos, mientras ella estaba fuera de la Isla, «son cuestiones que molestan, porque uno ayudándole a otros y estos queriéndolo fregar a uno».

El anhelo de Sandra es que cambie su situación, y que exista un real apoyo a la no discriminación sobre todo en su pequeña comunidad, que ronda las 460 familias.

Continuación del proceso

Sandra continúa su proceso legal yendo a firmar cada 15 días a San Miguel. Además, está pendiente de enviar los paquetes a su compañera Eidi, siempre y cuando tenga los medios para hacerlo.

«Yo este 2026 le vengo pidiendo a Dios que sea diferente, y que ya nos quiten eso de estar yendo a firmar, y pedir que ojalá le den la libertad a Eidi», expresó Sandra.

En cuanto a Eidi continúa detenida en Apanteos, su caso según la directora del CIS es un poco difícil, porque es originaria de Santa Ana, y por la lejanía tienen menos contacto con su familia, que es de escasos recursos, «lastimosamente con Eidi, su compañera, no tuvimos los mismos arraigos, porque tiene menos de tres años de vivir en la Isla. Más que todo la conocen por su puesto de venta de dulces, y como es de Santa Ana ha sido más difícil, pero estamos tratando de construir la defensa para ella también, pero su caso es más difícil porque no es de la Isla».

Ambas mujeres fueron las únicas detenidas de un total de 25 personas de la Isla Espíritu Santo. Ocho de estas personas están en libertad condicional, sólo un menor de edad fue absuelto debido a que él tuvo derecho a una audiencia, a diferencia de los adultos.

Las personas liberadas van a firmar cada quince días de manera indefinida, «están libres, pero no están libres», considera la directora del CIS.

«Estamos preparando solicitudes de audiencias de medidas sustitutivas para el 2026, porque con cada audiencia aprendemos algo más para fortalecer los casos», dijo Schuld.

Después de los daños

Sandra comentó que el oficial que la detuvo llegó nuevamente a la Isla y le pidió disculpas por su detención porque se había dado cuenta que los denunciantes habían mentido.

Ella respondió: «¿Por qué investigó después, y no antes de la detención?» Su respuesta, según ella, fue que había recibido «una orden de mi jefe yo no podía hacer nada, yo tenía que llevarla a usted»

En ese diálogo ella cuestionó con qué justificación se llevó a su pareja.

Él concluyó: «Perdóneme, hice un mal procedimiento».

«Ahora la consecuencia es grande, cuánto tiempo tengo de ir a firmar, más de dos años, tengo que sacar de mi bolsa, y ese día dejar de trabajar porque tengo que ir, porque sin una firma podría ser acusada de rebeldía y puedo ser detenida. El trauma psicológico, el estado de ánimo de uno cambia, eso nadie lo puede reparar», recalcó Sandra.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.