En El Salvador, el 25 de noviembre no es una fecha ceremonial; es un recordatorio incómodo del país que estamos construyendo. Un país donde un militar puede matar “accidentalmente” a una mujer, a plena luz del día, en el Centro Histórico, mientras la política educativa elimina del currículo conceptos como “género”, “feminismos” y “diversidades”. Son hechos distintos, pero no desconectados. Responden a una tendencia regional marcada por la expansión de las fuerzas armadas en la vida cotidiana y por un retroceso deliberado en los marcos educativos que permiten comprender desigualdades y violencias.

Desde las ciencias sociales sabemos que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, anclado en la forma en que operan el Estado, las instituciones y la cultura. No ocurre en el vacío ni se limita a la intimidad doméstica: es socialmente organizada y mediada por decisiones políticas, marcos normativos, sistemas de creencias y lógicas de autoridad. En contextos altamente militarizados, la violencia estatal y la violencia patriarcal no solo coexisten, sino que se refuerzan mutuamente. Ambos sistemas establecen jerarquías de vidas: quién puede portar armas, quién debe callar, quién puede circular en el espacio público, quién debe moverse con miedo, quién merece protección y quién es sacrificable.

Por eso, llamar “accidente” a un hecho donde un agente armado del Estado mata a una mujer es, como mínimo, insuficiente. Los llamados accidentes con armas reguladas no son episodios aislados; se producen dentro de un entramado donde la legitimidad institucional suele pesar más que la responsabilidad individual. La sociología de la militarización advierte que cuando el uso de armas se normaliza en espacios cotidianos, aumenta la letalidad y disminuye la capacidad de cuestionamiento público. Y, si la víctima es una mujer, se activa una capa adicional: la persistente tendencia social a minimizar, justificar o invisibilizar la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos.

En paralelo, y en un terreno que aparenta ser más neutro, la política educativa avanza hacia la eliminación de términos esenciales para comprender las relaciones de poder. “Género”, “feminismos”, “diversidades” no son ideologización: son categorías analíticas centrales en investigaciones globales, regionales y locales para estudiar desigualdades, prevenir violencias y promover inclusión. Eliminar este lenguaje no es una simple reorganización técnica; es una decisión que afecta directamente la capacidad de las nuevas generaciones para reconocer y nombrar lo que viven. Sin palabras para describir desigualdades, no hay forma de analizarlas. Sin marcos conceptuales, las experiencias de violencia quedan atrapadas en interpretaciones individuales y moralizantes, nunca en su dimensión colectiva y estructural.

Aquí es donde ambos sucesos —la bala en la calle y el borrador en el currículo— se revelan como parte de una misma política: disciplinar cuerpos y conciencias. La bala opera en el territorio físico; la censura opera en el simbólico. Una produce miedo, la otra produce silencio. Juntas, configuran un ambiente donde las mujeres y las personas de la diversidad perdemos agencia, voz y protección. Cuando el Estado te vigila con armas y, al mismo tiempo, te quita las palabras para describir lo que te ocurre, te deja sin herramientas para defenderte.

El Salvador llega a este 25N enfrentando preguntas que rebasan lo nacional: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo?, ¿qué modelos educativos estamos priorizando?, ¿qué capacidad tendrá la juventud para comprender desigualdades?, ¿qué garantías existen para cuestionar actuaciones estatales sin ser deslegitimadas?, ¿las mujeres algún día tendremos vidas libres de violencia?

La seguridad sin derechos no es seguridad; es control. Y la educación sin pensamiento crítico no forma ciudadanía; forma obediencia.

Por eso, este 25N no es solo un día para visibilizar la violencia contra las mujeres, sino para defender el derecho a nombrarla. Las palabras importan porque definen el mundo que habitamos y el que estamos dispuestas a transformar. La disputa por el lenguaje es también una disputa por la vida. Defender que la vida de las mujeres merece análisis serio, información clara y políticas públicas basadas en evidencia —y no en silencios— es defender la posibilidad misma de un futuro más justo.

La violencia estatal dispara balas, pero también borra palabras. Este 25N, nuestra tarea es volver a escribirlas, porque la vida de las mujeres no es negociable ni accidental. Nunca.