Berty Manuel Acevedo Parada, uno de los abogados designados por la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar por el delito de enriquecimiento ilícito a la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López Alfaro, es hijo de la procuradora general adjunta, Cándida Dolores Parada de Acevedo.

La funcionaria, que públicamente se presenta como Candy de Acevedo, es esposa de Manuel Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial, lo que puede verificarse en el registro civil de la alcaldía municipal de San Salvador.

Es decir: el fiscal que acusa a la abogada López es hijo de la procuradora general adjunta y del jefe del Estado Mayor Presidencial.

Entre los años 2000 y 2003, según registros del Diario Oficial, la ahora procuradora adjunta se desempeñaba como abogada de trabajadores que habían emprendido procesos legales contra sus exempleadores por despidos injustificados.

Entre 2007 a 2017 se desempeñó como procuradora adjunta de Familia y, desde 2016, ha sido consejera suplente en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En este último año fue nombrada procuradora general adjunta. Desde entonces su salario, según las planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), es de 3 mil 425 dólares.

En 2018 fue denunciada en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuestamente asistir, en horario laboral, a una entrevista que la Asamblea Legislativa realizó a la entonces procuradora general, Sonia Corte de Madriz. La investigación, sin embargo, reflejó que había solicitado permiso para ausentarse de sus labores, de acuerdo con el proceso con referencia 136-A-18.

En esa misma institución también fue denunciada, junto a diez funcionarios más, por supuestamente impedir que un grupo de menores de edad bajo resguardo en centros del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) fueran trasladados a centros de atención médica o a establecimientos del Ministerio de Salud (MINSAL) después de que contrajeron el coronavirus.

El TEG, sin embargo, declaró improcedente esta denuncia.

El fiscal Acevedo Parada entró a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2016, cuando era fiscal general Douglas Meléndez. Tres años después se graduó como licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad José Matías Delgado (UJMD). En la actualidad se desempeña en la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Dos años más tarde comenzó a trabajar para la Fiscalía su esposa, Katherine Andrea Rivas Gamero, quien desde el año pasado trabaja en la Corte de Cuentas de la República (CCR) con un salario de casi 3 mil dólares. Se desconoce el cargo que desempeña.

El padre del fiscal Acevedo lideró el amago de Golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, cuando el entonces presidente constitucional Bukele intentó presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ofreció al Estado salvadoreño para financiar la fase dos del Plan Control Territorial.

López Alfaro fue capturada el 18 de mayo del año que transcurre frente a su casa en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. De acuerdo con la información que su familia ha divulgado, ella estaba preparándose para acostarse cuando los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tocaron a su puerta asegurando que había ocurrido un accidente de tránsito.

Era, sin embargo, una mentira para hacerla salir y esposarla.

En un primer momento, la Fiscalía General publicó en sus redes sociales que López, quien se desempeñaba como jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la oenegé Cristosal, iba a ser imputada por el delito de peculado.

Pero finalmente fue acusada por enriquecimiento ilícito.

López permaneció algunas semanas en las bartolinas de la División de Tránsito de la PNC, pero a principios de julio fue trasladada a la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate.

La defensora fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. También fueron nombrados el también abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, capturados por participar en una protesta pacífica con habitantes de la Comunidad El Bosque.