El jueves 21 de abril de 2022, 25 días después de iniciado el Régimen de Excepción en El Salvador, el sistema de videovigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC) detectó un vehículo sedán, marca Hyundai, color rojo y placas P997-285, pasando a un costado de Casa Presidencial, en San Salvador. Casi tres kilómetros más adelante un policía, identificado como sargento Urbina, salió al paso y ordenó al conductor detenerse. Le pidió sus documentos y constató que se trataba de Carlos Alberto Cartagena López, alias Charly o Flaco, uno de los jefes de la pandilla Barrio 18 facción Revolucionarios.

El seguimiento lo había ordenado, un día antes, el jefe policial Jaime Osvaldo Valencia, porque estaba abierta una investigación en contra del pandillero por delitos cometidos en la capital del país y en su periferia. Pero el día de la detención, en vez de ser llevado a una bartolina, Cartagena López fue liberado.

«Se le incautó el particular en el que se conducía, posteriormente manifiesta el sargento Urbina que realizaba dicho procedimiento que por orden superior dicho sujeto sea dejado en libertad y escoltado hasta su vivienda», puede leerse en el reporte de novedades que firmó el supervisor del procedimiento, José Manuel Jacinto Alvarado quien, consultado para este reportaje, negó conocer los hechos descrito. Los resultados de este operativo fueron enviados a Manuel Alonso Navarro Hernández, jefe de la división 911.

La inexplicable liberación de Cartagena López es otro caso de cómo el Gobierno de Nayib Bukele favorece a ciertos pandilleros. O al menos, no les aplica la mano dura de la que se jacta en su promocionada política de combate a la criminalidad en El Salvador.

En el caso de Cartagena López, como comprobaron Revista Elementos y CONNECTAS, se evitó imputar delitos por dos investigaciones que emprendieron la PNC y la Fiscalía General de la República. La primera, por su presunta relación con el homicidio de un hombre; y la otra, por una serie de 46 extorsiones, entre ellas contra la alcaldía de Cuscatancingo y dos empresas.

Cartagena López, alias Charly o Flaco, es uno de los palabreros o líderes criminales más destacados del Barrio 18. Comenzó a tener notoriedad pública después de participar como uno de los personajes principales del documental Eighteen with a Bullet, de la BBC, estrenado el 10 de enero de 2005 en Reino Unido. En el video puede vérsele con 16 años, con el rango de palabrero. Según Luis Enrique Amaya, un investigador en temas de seguridad, esto habla del reconocimiento con que ya contaba dentro y fuera de la organización criminal. Ese lugar en la cúpula de la pandilla fue capaz de mantenerlo durante casi dos décadas, hasta el 27 de marzo de 2022. Ese día, el Gobierno de Nayib Bukele inició la desarticulación de las estructuras de las pandillas asentadas en las comunidades a través de la declaración del polémico Régimen de Excepción.

A diferencia de sus compañeros en la cúpula de Barrio 18, el nombre de Cartagena López no aparece en los listados oficiales de personas detenidas entre marzo y diciembre de 2022 e imputadas por el delito de agrupaciones ilícitas. Tampoco en los de traslados de las bartolinas policiales a los centros penales. Sin embargo, sí fue hallado su nombre en una lista de capturas pendientes que la PNC elaboró un mes después de que lo escoltó a su casa aquel 21 de abril de 2022. A esta documentación se accedió por medio de filtraciones de datos y otros informes que fueron facilitados por fuentes policiales y judiciales.

Además, dos fuentes aseguraron que Cartagena López hoy está escondido de la justicia salvadoreña fuera del país. Hasta allí se llevó sospechosos vínculos políticos y un prontuario criminal voluminoso que ha escapado al estricto Régimen de Excepción de Bukele.

Su destino fuera del país es similar al de otro célebre pandillero: Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los jefes de la MS-13. Luego de haber sido liberado por funcionarios en El Salvador, fue capturado por el FBI en México y llevado a una cárcel de Nueva York, donde están siendo investigadas las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas.

Pero a diferencia de Crook, Charly no está detenido, pese a su profuso prontuario, que siguió engrosando años después de aquella aparición en el documental de la BBC: robo agravado en grado de tentativa; posesión y tenencia de drogas (2005); comercio, tráfico y almacenamiento de drogas (2006); agrupaciones ilícitas, así como también proposición y conspiración para el cometimiento de un homicidio (2007), según sus antecedentes penales registrados por la PNC y a los que se tuvo acceso. En este último año, además, fue condenado a prisión y enviado al Complejo Penitenciario de Izalco. El 21 de marzo de 2012 recuperó su libertad.

Cartagena López fue recapturado y nuevamente imputado por el mismo delito, pero la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador lo dejó en libertad, según la resolución referencia 421-APE-14.

Entre 2015 y 2017, los informantes de la PNC señalaron a Cartagena López como el responsable de la planificación de atentados contra policías, funcionarios gubernamentales y unidades del transporte colectivo, así como también lo ubicaron como el encargado de trasladar granadas fragmentarias y otro tipo de armas entre Apopa y Zacatecoluca, localidades ubicadas en la periferia de San Salvador. Unos investigadores lo entrevistaron y le ofrecieron convertirse en delator. Él, sin embargo, respondió que se había distanciado de la pandilla, que estaba «yendo a la iglesia» Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel —una de las iglesias protestantes más grandes del país— y que, en ese entonces, nuevamente iba a ser padre, pero esa vez de gemelos y con su nueva cónyuge, María Beatriz Solís López, de acuerdo con cuatro documentos elaborados por la Subdirección de Inteligencia Policial.

Después de 2019, Charly dejó de aparecer en el radar de la PNC, según documentación policial y las fuentes judiciales a las que se accedió. Pero eso cambió con la asunción de Bukele al poder.

El vínculo con el Gobierno a través de su pareja

Con una amplia ventaja, Bukele ganó las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Poco más de un año más tarde, el 17 de mayo de 2020, hubo un acto oficial de entrega de paquetes alimenticios a familias pobres afectadas por la cuarentena obligatoria durante la pandemia del Covid. Las fotos de esa ceremonia fueron difundidas en sus redes sociales por Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social, institución que pertenece a la Presidencia de la República.

Son cuatro fotografías: en las primeras tres, puede vérsele acomodando colchonetas en un albergue, hablando a las personas damnificadas y moviendo botellas con bebidas carbonatadas. En la cuarta aparece una mujer también moviendo colchonetas. Se trata de María Beatriz Solís López, la pareja de Cartagena López.

Su presencia en ese acto del Gobierno no debería extrañar si tenemos en cuenta que en ese entonces era empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad (con un salario de 800 dólares), según pudo verificarse en la planilla de personal de esa institución del año 2022. Un año antes, el 28 de febrero de 2021, Solís López había sido electa regidora suplente de la alcaldía de San Salvador como candidata por Nuevas Ideas, el partido que Bukele fundó.

Pero la entrega de alimentos a las familias no era la primera vez que la pareja de Cartagena López aparecía públicamente en un acto oficial. En abril de 2021 aparece otra vez en fotos en una visita a la Colonia Dina, en San Salvador. Solís López está vestida con una camisa azul y con gafete cuya cinta tiene el logo gubernamental. Atrás de ella camina Marroquín y, en un tercer plano, es identificable Francis Merino Monrroy, ministro de la Defensa Nacional. La escena, según las fotos difundidas por las cuentas del Gobierno, se repitió al menos una vez más a finales de octubre, cuando la mujer nuevamente fue retratada colaborando en la distribución.

Llama la atención que mientras su pareja, el pandillero Charly, era señalado como uno de los líderes de una de las organizaciones a las que el Gobierno de Bukele les declaró la guerra, Solís estuviera al mismo tiempo trabajando para esa misma administración.

Se contactó vía WhatsApp al encargado de Comunicaciones del Ministerio de Justicia solicitando una entrevista, pero no hubo respuesta. También se llamó a la unidad de Comunicaciones de la PNC donde una persona dijo que se gestionaría la petición. Hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta, lo que impide conocer por qué emplearon en el Estado durante dos años a la pareja de un jefe criminal.

Solís López no solo era cónyuge de un pandillero, también ella misma tenía cuentas pendientes con la justicia por agrupaciones ilícitas, por lo que fue detenida y encarcelada a finales de septiembre de 2022, según publicación de El Diario de Hoy.

Un asesinato con ¿la sombra de Charly detrás?

Mientras Solís López trabajaba para el Ministerio de Justicia y Seguridad, en 2021 fue cometido un crimen que nuevamente pondría bajo el ojo de la PNC a su cónyuge.

El 28 de agosto de ese año, La Prensa Gráfica publicó una noticia sobre el homicidio de un hombre en la Colonia Miramonte, San Salvador. La víctima, según las declaraciones que los investigadores de la PNC pronunciaron a los periodistas que cubrieron el hecho, tenía unos 10 disparos en el cuerpo y no portaba su documento de identidad.

Después se supo que se trataba de Jorge Roberto Ayala Quintanilla, asesinado a las 4:40 de la madrugada en la intersección entre la avenida Las Flores y Calle Las Oscuranas. De acuerdo con su certificado de defunción, la causa de muerte fue «múltiples impactos de proyectiles disparados por arma de fuego en cuello, tórax y abdomen». Según los documentos policiales, se trataría de un miembro del Barrio 18 facción Revolucionarios de alias Scrappy.

Después de realizar la autopsia, el Instituto de Medicina Legal (IML) entregó el cadáver a la familia. Sin embargo, sus antiguos cómplices de la pandilla lo reclamaron para realizar su ritual de despedida: corear alrededor del ataúd, con la tapa abierta, la canción «Que vayas con Dios», del rapero portorriqueño como Big Boy.

Uno de los parientes del fallecido denunció a la PNC lo que había ocurrido y el 9 de noviembre de 2021, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador autorizó intervenir los números telefónicos de Douglas César Antonio Ramírez Fernández, Carlos Omar Vásquez Deodanes y Cartagena López, quienes, además, de ser miembros del Barrio 18, mantenían conversaciones entre sí, según los documentos policiales.

El Estado comenzó a escuchar sus charlas telefónicas y los policías vigilaron a quienes identificaron como miembros de la organización. Como parte de los resultados, la PNC delineó la estructura de la célula Tiny Locos del Barrio 18 Revolucionarios, cuyo centro de operaciones fueron el Centro Urbano IVU y la colonia Dina, en la capital salvadoreña. La pandilla tenía 78 integrantes. También se identificó como ejecutores materiales del homicidio de Ayala Quintanilla a Emilio Alejandro Argueta y a Vásquez Deodanes, de la misma facción pandillera que la víctima, según la Fiscalía General.

Ningún cabecilla de la Tiny Locos, sin embargo, fue imputado como autor intelectual del crimen. No obstante, la orden de su asesinato debió haber pasado por la autorización (o la negativa) de Cartagena López, principal cabecilla en libertad en ese entonces.

Según el organigrama que la PNC estructuró, la Tiny Locos estaba dividida en cuatro niveles: palabreros, gatilleros, soldados y colaboradores. Las órdenes partían, verticalmente, desde la cúpula hasta los niveles más bajos. Entonces, desde esta perspectiva, el homicidio de Ayala Quintanilla debió haber sido avalado por los cabecillas en prisiones y después por los cabecillas en libertad, para finalmente ser ejecutado por los pandilleros ubicados en los estratos inferiores.

Amaya explicó que es probable que ese crimen fuera perpetrado sin el aval de los cabecillas: “¿Pudo haber ocurrido sin consultarlo? Sí, pero si hubiese ocurrido habría tenido consecuencias y eso significa que (el responsable) habría sido castigado de algún modo por la pandilla. Y el castigo habría sido proporcional”.

Pese a que Cartagena López salió indemne del crimen de Ayala Quintanilla, la investigación de la PNC lo encontró responsable de haber participado en 46 casos de extorsión, que venían siendo ejecutados desde 2018, de acuerdo con un resumen al que tuvo acceso esta investigación. Entre las víctimas están las alcaldías de Cuscatancingo y San Juan Opico; la ruta 108-C del transporte colectivo; y la empresa Arrocera Nejapa. Es decir: él y otros miembros de la pandilla ya perfilados por la PNC cometían extorsiones y hurtos.

Eso no solo puede verificarse con los resultados de las escuchas telefónicas. Hay, además, una razón: el funcionamiento de la pandilla, según Amaya, obligaba a los cabecillas de todos los niveles a participar en la renta. No había libertad en ninguno de los pasos de la recaudación y en su uso. Y era, además, un asunto de «marca». «En la extorsión se ponía en juego el sello y la imagen o el prestigio de la pandilla. No se permitía que cualquiera utilizara libremente el nombre de la pandilla», explicó el experto.

En la IVU, sin embargo, parecía que la vida transcurría con normalidad. En julio de 2021 se había terminado la construcción del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y en septiembre, Cartagena López participó con Solís López, su cónyuge, en un evento público junto al entonces representante en El Salvador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Diego Recalde León, como puede verificarse en las fotografías y en los videos de aquel encuentro publicados por el Gobierno. En ellas, Charly viste una camisa celeste a cuadros.

El 28 de diciembre de ese mismo año, Bukele llegó a inaugurar oficialmente el CUBO. Y después de pronunciar su discurso hizo un recorrido por el edificio. En ese momento, el presidente conversó un momento con Solís López. Cerca de ambos permanecieron escuchando Marroquín y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Y, al final del evento, el presidente se fotografió con ella y un grupo de hombres y mujeres vestidas con una camisa blanca en cuyo frente puede leerse «Juventud IVU». Cerca de Bukele y Marroquín puede verse a Nelson Edmundo Ayala Castellanos a quien la PNC ya había perfilado como sicario de la pandilla. En el extremo izquierdo puede verse a Solís López vestida con una camisa blanca a rayas y un chaleco negro.

Los vínculos de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) con los partidos políticos y los gobiernos comenzaron a ser públicamente visibles en 2012, cuando en la presidencia de Carlos Mauricio Funes Cartagena las pandillas redujeron los homicidios y las extorsiones a cambio de beneficios carcelarios, según publicaciones periodísticas y las investigaciones de la Fiscalía.

«Los políticos empezaron a ver a los líderes de pandillas como elementos determinantes para ganar elecciones», dijo Marvin Reyes, exdirigente del Movimiento de Trabajadores de la PNC.

«Muchos de ellos (pandilleros y sus familiares) llegaron a ser concejales y otros cargos porque su aspiración era tener un salario mensual, no tenían aspiraciones políticas. Pero otros sí las tenían y coincide con aquellos que eran líderes dentro de las pandillas», explicó Amaya.

Esto quizás explique que el vehículo en el que viajaba Cartagena, el día de su fugaz detención en 2022, estaba inscrito a nombre de Luis Eduardo Carballo Sánchez, de acuerdo con el Registro Público de Vehículos Automotores. Este hombre compitió como candidato a regidor por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para la alcaldía de Quelepa, San Miguel, en las elecciones municipales de 2021.

Después de este incidente, Cartagena López desapareció de la escena pública, liberado por «órdenes superiores» de funcionarios del Gobierno. Una suerte que no han corrido sus compañeros en la cúpula de Barrio 18 ni buena parte de los sospechosos perfilados por la PNC como miembros de la Tiny Locos. Todos están en prisión, al igual que la cónyuge del escurridizo líder pandillero.