Samurái estaba furioso.

José Onán Castillo Arévalo, conocido en el ahora desaparecido Grupo de Reacción Policial de la Policía Nacional Civil (GRP-PNC) como el Gringo, recién le había contado que por órdenes superiores iba a ser degradado del cuerpo de élite al que pertenecía para ser trasladado como agente de seguridad pública en el Oriente de El Salvador.

Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurái, fusil en ristre, fue aquel mismo 17 de junio de 2014 a la oficina de Carlos Ernesto Romero Lazo, en ese entonces jefe del GRP. Entró y gritó: «¿Cuál es el problema? ¿Por qué trasladan a mi hermano?»

Romero Lazo, de acuerdo con el expediente 05-08-2014/GRP/GAP/SAEO que estuvo en manos de Bartolo Evaristo Padilla Campos, entonces subdirector de Áreas Especializadas Operativas (SAEO), permaneció calmo, aconsejó a su subordinado que se serenara y respondió: él sabe los motivos.

Samurái, sin embargo, parecía incapaz de contener su ira y reclamaba una y otra vez a su superior: «¿¡Qué le pasa!? ¿¡Qué le pasa!?» mientras caminaba hacia él quitándose sus atavíos policiales: el chaleco antibalas con porta-cargadores y otros. Aparentemente se preparaba para emprender una agresión física.

Este hecho provocó que la Inspectoría General de la institución ordenara una investigación interna que lideró Francisco Javier Martínez Guerrero. El 8 de agosto de ese mismo año uno de los testigos contó al abogado que al escuchar el barullo se acercó a la oficina y en ese momento Romero Lazo salió a pedir la ayuda de un grupo de asalto para desarmar al agresor.

También declaró que escuchaba a Samurái repetir que solo porque era jefe no podía hacer con los agentes «lo que quisiera».

En el folio 32 del expediente el sargento Carlos Humberto Ventura Martínez declaró que esa mañana elaboraba un documento cuando el agredido se acercó a ordenarle que lo acompañara a su oficina y que llamara a dos agentes más.

Al llegar les anunció que el Gringo y otro policía identificado como Beltrán Carranza iban a ser trasladados a otras dependencias policiales porque sus resultados en las pruebas de confianza —realizadas a todo el personal— habían sido deficientes.

El Gringo, según las declaraciones, se defendió diciendo que otros tuvieron peores resultados. Luego se retiró de la oficina.

Ventura Martínez se retiraba también cuando entró Samurái. Encaró al jefe del GRP: «quiero que me explique el motivo del traslado de mi hermano». Insistió: «aquí han sucedido tantas cosas y por qué con vos».

Frente a la actitud amenazadora, Romero Lazo llamó a su oficina a más policías del GRP. Al verse rodeado, Samurái giró y preguntó qué estaba pasando. En ese momento aceptó ser completamente desarmado por sus compañeros.

«Se le preguntó al declarante que (sic) la actitud que mostraba el agente Josué Castillo pudiera constituir una amenaza en contra del señor jefe del GRP, respondió que a pesar de que portaba su fusil, en ningún momento observó que esta acción representara un peligro para él y que si despojó del arma al agente Castillo, era para manejar mejor la situación».

Desarmar a un policía de élite enfurecido fue relativamente fácil para otro policía de élite. Pero cuando se trató de hacer lo mismo para capturarlo por haber disparado a la agente Carla Mayarí Ayala Palacios, actuó de un modo distinto.

Aquella madrugada, Ventura Martínez se encontraba como «clase de servicio» y recibió la orden de conformar los equipos para capturar a Castillo Arévalo.

Sin embargo, como ya lo contamos en Revista Elementos, no lo hizo. No cumplió su labor: verificar que los agentes asignados al operativo ejecutaran la captura. Y, cuando lo tuvo frente a él, tampoco actuó, como sí lo hizo 39 meses antes.

«Ninguno de los anteriores informó de inmediato la presencia del policía prófugo, cuando éste llegó a bordo del equipo 01-2924 y lo estacionó a un costado de la calle principal de la comandancia de guardia, ni acataron la orden que se les había dado de capturar al agente prófugo que acababa de herir y secuestrar a una compañera», puede leerse en la investigación realizada por la Unidad de Investigación Disciplinaria, departamento Operativo de Investigación de la Secretaría de Responsabilidad, misma a la que estaba asignada la agente Carla Ayala.

Los hermanos sicarios de la PNC pierden armas

Tras el incidente con el subcomisionado jefe del GRP, Juan Josué Castillo Arévalo fue trasladado a la delegación policial de Usulután, en tanto que José Onán Castillo Arévalo, fue asignado a la delegación policial de San Miguel. El informe no consigna si a Samurái le impusieron algún castigo por su conducta.

Lo cierto es que cien días después de aquel suceso, el 27 de septiembre, curiosamente, ambos reportaron que sus armas (pistolas) propiedad de la PNC, asignadas como equipo, les habían sido hurtadas.

Aquel 27 de septiembre, Juan Josué y José Onán se presentaron a las 10:57 horas, a la Oficina de Atención Ciudadana (ODAC), de la delegación policial de Usulután, a denunciar el hurto de sus armas de fuego asignadas para sus labores policiales, las cuales habían sido hurtadas a las 10:15 horas, del vehículo placas P-604-942, conducido por Samurái.

El relato consignado en la denuncia indica: «ambos se encontraban en el banco BANCOMI de esta ciudad y dejó el primero estacionado el vehículo en el que se conducía P-604-942, a una cuadra arriba del banco y se dirigió a realizar trámites a dicho lugar, momentos después cuando salió con su hermano de realizar los trámites notaron que el baúl del vehículo estaba abierto, y abrieron la puerta del piloto notaron que les habían hurtado sus armas de fuego que utilizan como equipo policial ya que ambos son agentes de la Policía Nacional Civil, sigue manifestando que también le hurtaron $100».

Además de las dos pistolas Pietro Beretta calibre 9 mm, les robaron dos cargadores para las mismas con 27 cartuchos, dos uniformes policiales de fatiga sin ONI y con escarapela del GRP y tres camisetas negras con distintivos de la misma unidad policial.