A mediados de octubre de este año, la mujer de 75 años fue ingresada de emergencia en un hospital, según explicaron fuentes institucionales. La Dirección General de Centros Penales (DGCP) se negó a brindar información de su estado de salud.
Ese magistrado, que hasta enero de 2022 acarreaba una deuda que provocó que su salario le fuera embargado en su trabajo anterior, ordenó al juzgado que para entonces tramitaba el proceso judicial contra Cortez Henríquez, que le diera medidas sustitutivas.
El empresario contrajo cáncer de riñón y pulmones en Mariona, por lo que los médicos le pronosticaron 38 meses de vida de los cuales ya transcurrieron 21, pero la Fiscalía se niega a aceptar que pueda morir en su casa.
La condición parece un juego de ironías absurdas: además de obligarle a demostrar su inocencia —cuando la Fiscalía tiene la obligación de mostrar las evidencias de su presunta culpa— le exige algo que la Policía ya investigó en 2018.
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