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El Corredor de los Desaparecidos

Vistos en el mapa es claramente identificable el Corredor de los Desaparecidos (CDD) que va de la zona Central a la Occidental de El Salvador: Cuscatlán, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.

El Corredor de los Desaparecidos

Foto Elementos: David Ernesto Pérez
Vistos en el mapa es claramente identificable el Corredor de los Desaparecidos (CDD) que va de la zona Central a la Occidental de El Salvador: Cuscatlán, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.

El Corredor de los Desaparecidos

Vistos en el mapa es claramente identificable el Corredor de los Desaparecidos (CDD) que va de la zona Central a la Occidental de El Salvador: Cuscatlán, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.

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septiembre 7, 2022
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El fenómeno de los desaparecidos que son encontrados en fosas clandestinas irrumpió con fuerza en el presente siglo. Se intensificó en la década pasada y continúa lacerando a los salvadoreños. Los patrones se repiten. Las características son similares. En la mayoría de los casos las pandillas matan y entierran a sus víctimas. Las familias buscan, de un lado a otro, incansablemente. Algunas veces encuentran. Otras veces —como en los casos que se presentan en este texto— el infierno se perpetúa durante años. Y ni siquiera la gigantesca propaganda de los gobiernos es capaz borrar esa realidad bestial.

A: Deslealtad.

A.3: Un día antes de su desaparición, Josué Eliezar Elizondo le pidió a su padre 50 dólares para viajar a  San Salvador.

El sábado 4 de junio de 2011 hizo la rutina de siempre: en la madrugada fue con su tío a comprar pan dulce a la Distribuidora Génesis. Salieron a las cuatro de la mañana y regresaron al mediodía.

Después de eso, Josué fue a la casa de su tío a hacer la siesta. Era lo que acostumbraba.

Luego retomó el trabajo de la distribución de pan en tiendas.

A las tres de la tarde fue visto por última vez en la entrada de la Colonia Cuscatlán de Santa Ana, cerca de la aldea San Antonio, por unas casas de láminas. Parecía estar esperando a alguien.

A las cuatro de la tarde uno de sus familiares le llamó, pero solo respondió la operadora del buzón de voz.

La Fiscalía General de la República (FGR), según la madre del desaparecido, observó la bitácora de activación de antenas describiendo la siguiente ruta: El Palmar, El Portezuelo, Lomas de Tecana y cantón Primavera.

Siguiendo la ruta en Google Maps se describe un radio de aproximadamente 40 kilómetros entre el punto de partida en el Barrio Nuevo hasta Lomas de Tecana. Nunca salió de Santa Ana.

Recordemos los números: entre los años 2010 y febrero de 2022 la PNC recibió 1 mil 989 denuncias de personas desaparecidas en el departamento de Santa Ana, de las cuales 1 mil 300 fueron registradas en la cabecera homónima.

En 2011, año de la desaparición de Josué Eliezar, hubo 110 denuncias de desaparición de personas, la sexta cifra más alta del periodo.

Entre los años 2019 y 2020, ya en el Gobierno de Nayib Bukele, la PNC recibió unas 239 denuncias de desaparición de personas de las cuales, según las estadísticas oficiales, 128 regresaron vivas a sus casas y ocho fueron encontradas muertas.

Entre 2010 y febrero de 2022 fueron encontrados 78 cementerios clandestinos en Santa Ana:  37 estaban en la cabecera departamental.

El año de la desaparición de Josué los investigadores encontraron tres. En 2012, cuatro. En 2013, cinco. En 2014, ocho. En 2015, seis.

A finales de marzo de 2012, la PNC y FGR encontraron un cementerio clandestino en la colonia El Monge, en el pasaje Ayala, antigua carretera a Coatepeque. Hallaron entre siete a ocho cadáveres, la mayoría adolescentes y jóvenes cuyo sexo biológico no fue especificado en ese momento.

La colonia El Monge, al menos en el momento de la excavación, estaba controlada por la MS-13.

En la tesis Caracterización sociocultural en torno a los cementerios y fosas clandestinas en El Salvador, el autor Wilfredo Alexander Berríos Aguirre señaló que en el 30 por ciento de los casos que encontró hubo grafitis de pandillas como demarcadores territoriales.

Es decir: muy pocas veces las pandillas marcan los territorios en los que entierran a las personas que asesinan.

Entonces, al comparar la bitácora de activación de antenas puede encontrarse que la Colonia El Monge está en el radio de 40 kilómetros descrito en la ruta de desaparición de Josué Eliezar, es decir, que existe probabilidad de que su cuerpo esté cerca del lugar en el que fue visto por última vez.

Siempre, o casi siempre, los cuerpos son enterrados cerca del lugar en el que la víctima fue privada de libertad.

Veamos un ejemplo: el 4 de junio de 2020 los primos Daniel Humberto Jaco Zaldívar, Elmer Ernesto Aguilar Jaco y el tío de ambos Pedro José Aguilar fueron a buscar leña al cantón El Matazano, en Santa Ana. Unas 24 horas más tarde sus familiares divulgaron en redes sociales que habían desaparecido. Aparentemente habían sido capturados por pandilleros. El 15 de junio la FGR publicó en su página oficial que había encontrado el cadáver de uno de ellos enterrado en un cementerio clandestino en El Matazano, es decir, donde habían desaparecido.

En los pocos casos en los que PNC investigó encontró a los desaparecidos casi siempre en el mismo municipio en el que fueron visto por última vez.

En su base de datos, por ejemplo, la PNC registró denuncias de desaparición de personas en la Colonia Lamatepec, Escuela Guatemala, Centro de Santa Ana y fueron encontrados exactamente en los mismos lugares, ya sea vivos o fallecidos.

El único caso distinto fue el de una persona reportada como desaparecida que fue encontrada en Chalchuapa.

Esto se repite en el texto El Salvador, un país sembrado de muertos, de El Faro.net y Univisión Noticias, en el que el personaje principal, La Abuela, cuenta que vive a medio kilómetro de distancia del pozo en el que se supone fue lanzado el cadáver de su nieto mayor en Santiago Nonualco, La Paz.

A.4: Katia Yamileth Quintanilla López, de 16 años, desapareció el 13 de julio de 2016 en San Salvador.

Ese día no fue a la escuela.

Su madre regresó a la casa cerca de las tres de la tarde. Le preguntó a su hijo menor dónde estaba Katia. El niño respondió que su amiga María la había llamado para que se arreglara  y la acompañara al Parque Infantil a hacer unos mandados, y que Katia se había negado, pero que ante la insistencia de María había terminado aceptando.

Katia no regresó ese día. Ni al día siguiente. Desapareció.

María le aseguró a un familiar de Katia que sí se encontraron en el lugar acordado. Pero que discutieron y, finalmente, cada una se fue por su lado.

Katia y María eran buenas amigas. Incluso, Katia la acogió un tiempo en su casa porque María —que ya era madre— tenía problemas con sus progenitores.

Un mes después de la desaparición, la madre de Katia se encontró a María en un restaurante de San Salvador. Pero su reacción fue sospechosa: se puso nerviosa y se negó a hablar.

A.5: Amelia Raquel Ferrufino Rodríguez, de 17 años, desapareció el 29 de mayo de 2018 en Apopa.

Amelia tenía una amiga cercana llamada Julissa. Eran compañeras en la escuela. Se visitaban frecuentemente. Eran muy detallistas: se regalaban aritos y pulseras.

El día que desapareció, la orientadora de la escuela las vio salir juntas después de clases. Abordaron un microbús ruta 38E rumbo a Ciudad Obrera, en Apopa.

Unas horas más tarde Julissa le llamó a la madre de Amelia. Le preguntó si su hija ya había regresado a casa. La respuesta fue negativa.

Pasaron las horas, se hizo noche, pero Amelia no regresó a casa.

Comenzaron a buscarla. Llamaron a su amiga Julissa, una y otra vez, pero nunca respondió.

Tiempo después la mamá de Amelia supo que Julissa se había criteriado en un proceso judicial y contó que había entregado a su amiga a tres pandilleros del Barrio 18, en el pasaje 15 de Ciudad Obrera, en donde se cree que hay un cementerio clandestino.

En ninguna de las cámaras de videovigilancia se pudo observar el trayecto de Amelia, pues los árboles impidieron la visibilidad.

La fiscal del caso exigió a la madre evitar seguir con las publicaciones en redes sociales porque, según ella, entorpecía las investigaciones.

Foto Revista Elementos

*

Con los números dimensionamos la barbarie. Pongámoslos en la mesa para aproximarnos a una de las ramificaciones de esta realidad.

Entre enero de 2010 y febrero de 2022 la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 18 mil 292 denuncias de desaparición de personas.

Es un promedio de cuatro denuncias diarias. Es una denuncia cada cinco horas.

En esos 4 mil 74 días, el departamento de San Salvador acumuló 5 mil 509 denuncias.

La Libertad, 3 mil 191.

Santa Ana, 1 mil 989.

San Miguel, 1 mil 130.

Cuscatlán, 1 mil 12.

Desagreguemos.

En esas 97 mil 776 horas fueron reportadas como desaparecidas 1 mil 778 personas en San Salvador, 778 en Santo Tomás, 536 en Apopa y 493 en Mejicanos, todas en el departamento de San Salvador.

En La Libertad: 713 en Colón, 582 en Santa Tecla y 418 en San Juan Opico.

En Cuscatlán: 351 en Cojutepeque, 159 en San Pedro Perulapán, 91 en San Rafael Cedros.

En Santa Ana, 1 mil 300; en Chalchuapa, 245; en El Congo, 103.

En San Miguel, 776; en El Tránsito, 63; en Ciudad Barrios, 58.

¿Qué pasó con todas estas personas? ¿Fueron encontradas vivas o muertas?

Otra vez veamos los números.

Entre 2010 a 2018 la PNC aseguró haber «finalizado» 3 mil 166 de 15 mil 366 denuncias de desaparición de personas, una cantidad aproximada a las poblaciones de Concepción de Ataco, Cuisnahuat o San Julián.

¿Qué significa haber finalizado? ¿Cómo las finalizó? ¿Qué ocurrió con las 12 mil 200 personas restantes? ¿Están enterradas en un cementerio o en una fosa clandestina?

Son 12 mil 200 personas de las que nadie más tuvo noticias.

De enero de 2018 al 30 de abril de 2019 la institución recibió 3 mil 326 casos y en menos de la mitad —1 mil 351— afirmó haber encontrado a la víctima: en 1 mil 147 fue encontrada viva y en 204 sin vida.

En 106 de los 204 casos la persona fue asesinada.

Pero nuevamente queda la pregunta: ¿dónde están las restantes 2 mil 979 personas?

*

B: Trampa.

B.4: Los hermanos Fernando Ernesto y Cristian Mauricio Sánchez Rosales, el primero de 25 años y el segundo de 19 años, desaparecieron el 29 de noviembre de 2015, en San Pablo Tacachico, La Libertad.

Fernando y Cristian se quedaban en la casa de unos conocidos, en Atiocoyo, pues les quedaba cerca el trabajo.

En la noche del sábado 28 de noviembre de 2015 fueron a una fiesta de graduación de la Escuela de Atiocoyo.

De pronto, Cristian sacó a bailar a una joven. Pero eso no le gustó a un presunto pandillero que se encontraba en la fiesta, quien comenzó a hostigar a Cristian.

Ante las provocaciones, Cristian se defendió. Finalmente se fueron a los golpes.

Fernando defendió a su hermano al ver que otras personas que acompañaban al presunto pandillero habían intervenido en la pelea.

Unos momentos después comenzaron a rondar unos hombres encapuchados y los hermanos decidieron irse.

El domingo 29 los hermanos volvieron a la casa de su madre.

Cerca de las tres de la tarde ambos regresaron a Atiocoyo.

Los vieron caminando rumbo a la casa donde se quedaban, pero nunca llegaron.

Al día siguiente su madre les llevó desayuno. Pero no los encontró. Fue entonces que comenzó a buscarlos. A pocos metros de la casa encontró sus bicicletas. Estaban pegadas a un cerco.

Un testigo aseguró haber visto que los subieron a un pick up negro.

Unos 22 días más tarde, el testigo fue asesinado. Su cuerpo fue abandonado a la orilla de la calle que lleva a El Paisnal.

Algunas personas le han dicho a la madre de los jóvenes que en Atiocoyo, cerca de un río, la pandilla suele enterrar a sus víctimas y que los vecinos que llegan a buscar cusucos han hallado los cuerpos, pero por miedo prefieren callar.

En 2016, Israel Ticas dijo a El Mundo que la Fiscalía estaba excavando cementerios clandestinos en La Libertad Norte incluyendo San Pablo Tacachico.

Entre 2010 y febrero de 2022, la PNC recibió 32 denuncias de desaparición de personas ocurridas en el municipio. En total en ese periodo en La Libertad se registraron 3 mil 191 denuncias.

En 2015, el año de la desaparición de los hermanos, la PNC registró dos denuncias.

Este caso muestra una probable forma de operar en la zona: en el juicio 251-1-215AC del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla contra el imputado FECP de 23 años, acusado de homicidio agravado y homicidio agravado imperfecto, el testigo sobreviviente clave Salvador narró:

El miércoles 10 de septiembre de 2014 salió de su casa al trabajo y cerca de las once de la mañana regresó encontrándose con E. se detuvo y platicó con él en la casa de W. mientras conversaban se cruzaron el puente de hamaca rumbo a la calle que lleva a Santa Ana y que pasa sobre el Río Suquiapa y de pronto, a lo lejos, vieron a unas ocho personas que caminaban juntas y al acercarse cuatro de los sujetos sacaron armas de fuego: los amenazaron y les ordenaron detenerse.

Los ocho sujetos los obligaron a caminar unos cien metros por la orilla del río, luego los llevaron en dirección a una quebrada hasta llegar al Cerro El Bonete. En el camino preguntaban a E. si era el pandillero del Barrio 18 apodado el W. Este, sin embargo, negaba ser ese pandillero. Pero cada vez que decía que no lo golpeaban con las cachas de la pistola y con un corvo que le habían quitado a Salvador.

También le preguntaban dónde había escondido un fusil Ak-47 y un Galil.

Mientras los golpeaban con las pistolas y los fusiles seguían caminando entre barrancos y veredas pasando alambradas y cercos. Después de andar cerca de un kilómetro se detuvieron y le ordenaron a Salvador quitarse los zapatos y el cincho. Caminaron aproximadamente dos kilómetros más hasta que se detuvieron.

Los obligaron a ambos a tirarse al suelo bocabajo. Los amarraron con las cintas de los zapatos.

Los pandilleros fumaban marihuana. También quemaban papeles y los quemaban a ellos. Luego uno de ellos comenzó a hablar por teléfono y a su interlocutor le ordenó traer piochas y palas porque iban a hacer un cementerio clandestino.

Transcurrieron algunos minutos mientras esperaban las herramientas y otros sujetos que iban a participar en los asesinatos.

Sin embargo, en ese momento uno de los pandilleros recibió una llamada en la que le advertían la policía se estaba acercando.

Salvador aprovechó la confusión del momento para huir en dirección a un lugar conocido como La Hacienda.

Cuando comprobó que ya no lo perseguían se detuvo y escuchó entre seis a siete detonaciones.

Unos quince minutos permaneció escondido entre matorrales hasta que llegaron unos policías a buscarlo.

Después se enteró que su amigo E. había sido asesinado.

Los asesinos son MS-13.

El 10 de septiembre de 2014, en el Cerro El Bonete, a cien metros de la quebrada Santa Mónica, en San Pablo Tacachico, fue encontrado el cadáver de EEMO de 25 años.

El Río Suquiapa queda a entre tres a cinco kilómetros de distancia del Cerro el Bonete, que aparentemente es ocupado como cementerio clandestino de la MS de San Pablo Tacachico. ¿Es esta zona en la que pueden estar enterrados los hermanos Sánchez Rosales?

Foto Revista Elementos.

*

Crucemos datos y veamos qué ocurre. Hablemos primero de los departamentos.

San Salvador y La Libertad coincidieron con más denuncias de desaparición de personas y más cementerios o fosas ilegales encontradas.

Los números: entre 2011 y febrero de 2022 San Salvador ha acumulado 5 mil 509 denuncias y 229 cadáveres enterrados clandestinamente. La Libertad tiene 3 mil 191 denuncias y 138 cuerpos.

En Sonsonate la PNC encontró 117 cadáveres y en Santa Ana recibió 1 mil 989 denuncias.

La Paz tiene 112 cuerpos y San Miguel 1 mil 130 denuncias.

Luego San Miguel tiene 100 víctimas enterradas ilegalmente y Cuscatlán 1 mil 12 denuncias.

Es decir: estos siete departamentos acumulan la mayoría de las desapariciones y de los cementerios clandestinos.

Vistos en el mapa es claramente identificable el Corredor de los Desaparecidos (CDD) que va de la zona Central a la Occidental de El Salvador: Cuscatlán, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.

Luego dentro de cada departamento son también identificables Triángulos Internos de Desaparecidos (TID). Veamos cada caso:

Cuscatlán: parte de Cojutepeque y salta a El Carmen y San Rafael Cedros. Como elemento aislado aparece San Pedro Perulapán.

La Paz: de Zacatecoluca se extiende a San Luis La Herradura y Santiago Nonualco. Luego parecen estar aislados San Juan Talpa y Olocuilta.

San Salvador: el primer TID es identificable tiene como epicentro San Salvador unido con Soyapango, Ilopango y Panchimalco. El segundo es de Apopa, Tonacatepeque y Mejicanos.

La Libertad: su epicentro es Colón, pero podemos ubicar sus linderos iniciales en Quezaltepeque, San Juan Opico, Ciudad Arce y va hasta Santa Tecla. Según el periodo puede extenderse a Zaragoza o Nuevo Cuscatlán.

Sonsonate: parte de la cabecera homónima extendiéndose por Nahulingo, Izalco, Nahuizalco y Armenia.

Santa Ana: parte de la cabecera y se prolonga a Chalchuapa y El Congo.

*

Entre enero de 2010 y febrero de 2022 la PNC encontró 1 mil 121 cadáveres —completos o partes— enterrados en cementerios o fosas clandestinas en todo El Salvador.

En el departamento de San Salvador halló 229, en La Libertad 138, en Sonsonate 117, en La Paz 112, en San Miguel 100.

Colón es el mayor cementerio clandestino salvadoreño con 51 cuerpos enterrados ilegalmente por asesinos. En el año 2013, por ejemplo, fueron descubiertos en la finca El Limón 18 cuerpos en 14 fosas distintas, aunque al iniciar las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) creyó que iba a recuperar 25 cadáveres de víctimas que eran vecinos de Villa Lourdes, distribuidores de productos alimenticios, agricultores, ancianos y presuntos miembros tanto de la Mara Salvatrucha (MS-13) como del Barrio 18 que habían sido reportados como desaparecidos en los doce meses previos.

Izalco es el segundo mayor cementerio clandestino con 37 cuerpos encontrados en los últimos 21 años y dos meses. En uno de ellos, por ejemplo, fue encontrado a finales de noviembre de 2017 el cadáver de Fernando Augusto Ruiz Cuéllar, agente de la PNC, que durante 20 días permaneció desaparecido. También fue hallada una joven que había salido de su casa a practicar deportes.

En Santa Ana ha sido encontrado igual número de cadáveres: 37.

A finales de marzo de 2012 la PNC y la FGR encontraron un cementerio clandestino en el pasaje Ayala de la colonia El Monge, en la carretera antigua a Coatepeque, con entre siete a ocho cuerpos, la mayoría adolescentes y jóvenes. En el momento de las exhumaciones la zona estaba en control de la MS-13.

Ilopango y Panchimalco tienen en su haber, cada uno, 33 cadáveres hallados en cementerios clandestinos.

En Ilopango, en 2019, los investigadores encontraron 19 cuerpos distribuidos en siete fosas en la Residencial Vista Al Lago, aunque en un principio creían que iban a exhumar 30. En ese momento el discurso oficial aseguró que había sido desarticulada la clica Tecolotes Locos Salvatrucha de la MS-13.

A principios de enero de 2013 un testigo criteriado contó a la Fiscalía que junto a más de 50 pandilleros —todos de la misma estructura— asesinaron a cuatro personas, incluyendo a una estudiante de 16 años de edad, las decapitaron y las enterraron en distintas fosas adyacentes al cementerio municipal de Panchimalco. Al final de las exhumaciones en total encontraron ocho cuerpos.

Zacatecoluca, San Miguel, Apopa y Jiquilisco acumulan 32, 30, 29 y 24 cementerios ilegales, respectivamente.

En la noche del 20 de noviembre de 2021, el presidente Bukele anunció, durante un evento en la playa Mizata, la construcción de Bitcoin City, una ciudad en la que no existirán impuestos a las ganancias, prediales, municipales ni sobre las contrataciones, salvo al valor agregado.

Lo único que el presidente olvidó decir a los bitcoiners es que en Conchagua la PNC ha encontrado 21 fosas ilegales y ha recibido 56 denuncias de desaparición de personas convirtiéndolo en el municipio con más casos en La Unión.

En Comacarán, San Luis Talpa y Usulután fueron encontrados 21, 20 y 20 cementerios ilegales, respectivamente.

*

D: Desaparición Forzada.

D.1: Miguel Ángel Martínez Mata fue visto por última vez esposado y golpeado en la cama de una patrulla de la PNC, en el centro de San Salvador.

Miguel estaba acompañado con una joven que aún estaba cursando educación básica.

El día 12 de julio de 2013, la madre de la joven, quien tenía relación sentimental con un policía, llegó a la casa de Miguel. Estaba furiosa por las bajas calificaciones de su hija. Hubo insultos, golpes y amenazas.

Al día siguiente, un amigo de la pareja de Miguel llegó a la casa y le pidió que lo acompañara a comprar un teléfono celular.

Transcurrieron las horas y Miguel no regresó. Su madre le llamó, pero no respondió. Luego llamó al acompañante de su hijo. Este le aseguró que Miguel se había quedado en un restaurante de San Salvador.

Con el tiempo un testigo les dijo que había visto a Miguel escondiéndose detrás de unos puestos de ventas ambulantes, ubicados en los alrededores del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Luego observó que unos policías lo capturaron.

Otro testigo aseguró haberlo visto esposado y golpeado en la patrulla.

Después pasaron más cosas: el fiscal asignado al caso aconsejó a la madre dejar todo en el olvido porque todo apuntaba a que había policías involucrados.

Hasta la fecha no hay rastros de Miguel.

PRIMERA PARTE: La tortura perpetua de los desaparecidos en el Gobierno de Bukele

David Ernesto Pérez
Luis Canizalez

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