El 13 de mayo de 2022, Néstor Edgardo Hernández Guzmán regresaba con su familia del centro de Usulután, después de que compraran materiales de construcción para remozar su casa cuando un grupo de militares los interceptó en el muelle de Puerto El Triunfo, desde el que zarparían juntos a la Isla Espíritu Santo, donde está su domicilio.

Aquella tarde, sin embargo, esos militares capturaron a Hernández Guzmán. Desde entonces ya no ha regresado a su casa ubicada en la isla porque permanece detenido acusado de ser colaborador de la MS-13.

Él fue el último de tres capturados aquella tarde durante un operativo que la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaba con la Fuerza Armada: en el Espíritu Santo arrestaron a Carlos Alberto Herrera Gutiérrez y Manuel de Jesús Gutiérrez Palacios; y en el malecón de Puerto El Triunfo a Salvador Antonio Herrera, que salió a comprar gasolina para su lancha, y a José Samuel Pérez Perdomo, que descargaba cocos en el embarcadero.

Todos fueron acusados de pertenecer a agrupaciones ilícitas, el delito por excelencia del régimen de excepción.

De los 25 isleños detenidos, siete ya recuperaron su libertad, de forma provisional, después de que lograron comprobar en los tribunales que sufren enfermedades crónicas, mientras que en los tres restantes sus familiares lo llaman «suerte» después de alegar la existencia de falsedades en los procesos judiciales que la Fiscalía montó en contra de ellos.

Los isleños que han sido liberados hasta la fecha son Manuel de Jesús Gutiérrez, Salvador Antonio Herrera, Edwin Samuel Hernández Cali, Carlos Amílcar Orantes Bermúdez, Andrés Antonio Guzmán Argueta, Josué Isaac Escoto Rodríguez, Uziel de Jesús Gutiérrez Pineda y Sandra Leticia Hernández.

En el resto de los casos, el juzgado ha argumentado diversas razones para mantenerlos en detención, a pesar del señalamiento de múltiples inconsistencias y falsedades en el proceso judicial, como exponerlos mediáticamente señalándolos de pertenecer a una pandilla y luego acusarlos de formar parte de otra, o de afirmar que fueron capturados en grupo cuando la mayoría fueron detenidos de forma separada y en diversos lugares.

Quienes aún permanecen encarcelados, además de Néstor, son José Samuel Pérez Perdomo, Carlos Alberto Herrera Gutiérrez, José Antonio Campos Pineda, Santos Cristian Arriaza Munguía, Saul Antonio Blanco Hernández, Ronie Enoc Zavala Hernández, José Armando Revelo, Cristian Donely Ruiz Pineda, Víctor Alfonso Cortez, Donelly Aleci Diaz Magarín, Fabricio Isaac Fuentes López, Santos Efraín Chicas Mejía, Kevin Marcelo Chávez Gutiérrez, José Luis Rodríguez Trejo, Eidi Roxana Claros de Zaldaña y José Reynaldo Jiménez Hernández.

La última excusa

La última objeción de la jueza de la jueza —sin rostro— 3 del Juzgado Uno Contra el Crimen Organizado de San Miguel es que no está probado el argumento de los defensores de Hernández Guzmán de que en la Isla Espíritu Santo no había pandilleros.

De acuerdo con las fuentes de este medio, que pronunciaron declaraciones bajo la condición de anonimato por temor a represalias, es que el imputado y su abogado defensor deben probar la inexistencia de pandillas en la isla, como si no fuera obligación de la Fiscalía General de la República (FGR), en este caso, demostrar que los tentáculos de la pandilla, que operaba en gran parte de Usulután, llegaron (o no) hasta el Espíritu Santo.

«En un sistema acusatorio se acepta la carga dinámica de la prueba, por lo que quien afirma algo debe probarlo, no obstante, por antonomasia y en atención al principio acusatorio, cuando la Fiscalía decide acusar a una persona como autor responsable de la comisión de un hecho delictivo, debe probar que el hecho existió, que es una conducta delictiva, que la persona a la que acusa es autor de ese delito y que actuó con responsabilidad», puede leerse en el libro Reglas de Prueba en el Proceso Penal Salvadoreño, escrito por Miriam Geraldine Aldana Revelo y Jaime Enrique Bautista González y publicado en el sitio escuela.fgr.gob.sv.

Según la organización Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), hasta enero de 2025, la Isla Espíritu Santo era habitada por 350 familias, con aproximadamente 1 mil 300 personas residentes, quienes se conocen entre sí debido a que la mayoría son nativas o porque llevan años de residir en ese territorio.

El CIS asegura que ha trabajado con esa comunidad durante 25 años en proyectos de empoderamiento y emprendimientos de mujeres, ayuda de emergencia ante desastres naturales, proyectos de agua potable y medio ambiente, así como con programas de becas y desarrollo de liderazgo.

En todo ese tiempo, afirmó Leslie Schuld, nunca han tenido problemas de seguridad, puesto que los mismos habitantes han tomado medidas de seguridad, incluyendo la instalación de un puesto policial en la entrada de la isla, para evitar que pandilleros se asentaran en ese territorio, cuyo rubro económico principal es la pesca y el cultivo y procesamiento de productos derivados de coco. «Nunca hemos encontrado un pandillero, una mancha en la pared, o algún indicación de actividad de pandilla. La misma ADESCO (asociación de desarrollo comunal) y Cooperativa de Cocos de la Isla puso seguridad privada en la entrada de la Isla y solicitó un puesto de policías para prevenir el ingreso de pandillas que operan en la zona», dijo.

«Para Néstor hemos tenido cinco audiencias y en la última la jueza dijo que la defensa no comprobó la ausencia de actividades de pandillas en la isla y el otro argumento fue que la familia no ha desmejorado con la ausencia de Néstor, lo cual también es falso», explicó otra fuente que también pidió mantener su anonimato por temor a represalias.

La desmemoria (¿o ignorancia?) de la jueza

El 13 de mayo de 2022, cuando capturaron a Hernández Guzmán y a cuatro lancheros más, la Fuerza Armada publicó en su cuenta de X que había capturado a lancheros colaboradores de la MS-13 quienes trasladaban drogas y provisiones a islas de la bahía de Jiquilisco, es decir, proveer de comida a pandillas escondidos en los manglares. Al parecer, los soldados, cuya base está a pocos metros del embarcadero de Puerto El Triunfo, no sabían que la pandilla dominante en ese sector era el Barrio 18 facción Sureños.

Pero la Fiscalía los acusó de estar reunidos planificando actos criminales para la pandilla 18 sureños. MS. Schuld y vecinos de la isla aseguran que fueron capturados cuando los cinco realizaban diferentes actividades productivas.

El memorando DG/SDG/ No. 5341, de fecha 9 de agosto de 2018, firmado por el entonces subdirector general, comisionado César Baldemar Flores Murillo y enviado a todas las dependencias operativas de la PNC y la Unidad de Comunicaciones, contiene información recabada por inteligencia policial referente a los lugares como colonias, comunidades, cantones y caseríos donde opera cada grupo de pandillas tanto de la MS-13 como de la 18 Sureños y Revolucionarios y de otras organizaciones delincuenciales.

El memorando contiene la Orden de Operaciones Protección, cuyo objetivo era «definir actuación policial antes, durante y después en caso de ataques y/o amenazas a personal del sistema de seguridad, a causa de la delincuencia común organizada y/o grupos terroristas». El Anexo A de ese documento contiene las Zonas de Persistencia de Estructuras Terroristas elaborada por la Subdirección de Inteligencia Policial.

En el referido anexo, en lo concerniente al entonces municipio de Puerto El Triunfo, no se menciona en absoluto que haya presencia de ninguna pandilla en la isla Espíritu Santo.

El documento sólo hace referencia a la presencia de la tribu Cocales Locos Dieciochos (CLD) en la colonia Espíritu Santo, pero esta es una comunidad del otrora municipio de Usulután, hoy distrito; dicha comunidad queda cerca del cementerio de esa ciudad. Entre esta comunidad y la Isla Espíritu Santo hay una distancia de 22 kilómetros hasta el malecón de Puerto El Triunfo más 25 o 30 minutos en lancha.

De la Orden de Operaciones Protección fueron impresos 29 ejemplares de los cuales Revista Elementos cuenta con una copia. En la entonces delegación de Usulután fue recibido ese mismo documento que contenía un anexo más con la lista de los Objetivos de Interés Policial (ODIP), es decir, una lista de presuntos criminales con prontuario delictivo que debían ser capturados.

Lo irónico es que la jueza no haya recibido una copia de ese documento con el cual bien puede enterarse que, hasta agosto de 2018, el Espíritu Santo era territorio libre de pandillas.