¿Sin los poderes excepcionales que conlleva el régimen de excepción al Gobierno de Nayib Bukele le faltaban las herramientas básicas para enfrentarse al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha? No. Más bien lo contrario: con todo el poder que ha concentrado en los últimos quince meses y toda la información de las investigaciones que durante años y años han acumulado la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), debería tener toda la capacidad para controlar el repunte de violencia homicida registrado entre el viernes 25 y el sábado 26 de marzo en el que fueron asesinados más de 72 salvadoreños.

El Gobierno, por tanto, no necesitaba del régimen de excepción establecido en el artículo 29 de la Constitución.

«A estas alturas deberían tener información para desarticular a estos grupos», señaló Jeannette Aguilar, exdirectora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA).

En entrevista con Revista Elementos, la investigadora de seguridad pública dijo que detrás de los homicidios pueden existir dos motivos: una «fractura» de las negociaciones o mayores exigencias en el pacto de disminución de la violencia entre el Gobierno y los cabecillas de las tres facciones pandilleras.

Hay evidencias judiciales, según Aguilar, de que progresivamente las pandillas van pidiendo más y más prerrogativas, como ocurrió durante la tregua que auspició la administración presidencial del expresidente Mauricio Funes Cartagena.

«Generalmente las negociaciones criminales con pandillas suelen estar mediadas por compromisos económicos», recordó.

Esta puede ser otra de las razones detrás de los crímenes de este fin de semana, explicó la también autora de la investigación La desaparición de personas y el contexto de violencia actual en El Salvador: una aproximación inicial: el Gobierno, por su crisis económica y su creciente défict de flujo de dinero en efectivo, puede estarse negando a seguir pagando dinero a las pandillas.

¿A qué puede atribuirse el repunte de los homicidios?

Es difícil decir con certeza las causas que están produciendo esta nueva racha, pero si lo tomamos en el contexto de la negociación, que se ha venido documentando incluso por agencias estadounidenses, podría decirse que es consecuencia de una fractura, de un desacuerdo en la negociación originado por un aumento de las exigencias de las pandillas al Gobierno, o incluso también un incumplimiento de los compromisos.

En este contexto, también hay que considerar el elemento exógeno que tiene que ver con la cada vez más creciente presión del Gobierno de los Estados Unidos de extraditar a líderes de la Ranfla Nacional (MS-13) requeridos por cortes en ese país.

Entonces, puede haber diversos factores que se están conjugando dado que estos pactos no son negociaciones cerradas, sino que lo que hemos visto de lado de las pandillas, sobre todo en periodos anteriores —principalmente en la tregua en el año 2013 que se logró documentar— es que estos grupos van aumentando sus exigencias, van aumentando las demandas de beneficios: dinero, prerrogativas y llega un momento en que los gobiernos son incapaces de cumplir; puede ser el caso de la actual crisis económica: el Gobierno ya no puede cumplir con entregas de dinero debido a los problema de caja que tiene en la actualidad.

¿Es probable que el Gobierno entregue dinero regularmente a las pandillas?

No lo puedo asegurar, pero en la experiencia, tanto de pactos nacionales en el pasado como algunas negociaciones con políticos o con los partidos ARENA, FMLN y GANA, generalmente hacían entregas de dinero y eso está documentado en los expedientes judiciales de los casos. Generalmente las negociaciones criminales con pandillas suelen estar mediadas por compromisos económicos, además de los beneficios penitenciarios que han sido recurrentes a lo largo de los últimos quince años.

Si ocurre entonces el Gobierno, como cualquier propietario de un negocio, está pagando una extorsión.

Esa es la lógica a la que los mismos políticos acostumbraron a las pandillas. Cuando las negociaciones iniciaron las pandillas no estaban pidiendo dinero, pero los mismos políticos llegaban con esos y otros ofrecimientos. Como le digo: está documentado en los expedientes judiciales que ampliamente han circulado.

También ha habido una práctica de la clase política de comprar voluntades vía, en este caso, entregas de dinero que se han convertido en extorsiones. El tema claramente es: o me cumplen o subo los muertos.

Pero hay un tema: la corresponsabilidad de la clase política de haber instalado estas dinámicas mafiosas para negociar con la sangre del pueblo a cambio de beneficios electorales, en vez de negociar procesos de desmantelamiento de la violencia, sino solo reducciones o incluso aumentos de los homicidios con intereses electoreros.

El sábado la PNC registró 62 homicidios y tres denuncias de desaparición de personas. ¿Desde los Acuerdos de Paz hemos tenido un día con esta cantidad de crímenes?

Que yo recuerde no, pero tendría que revisar las cifras. Si nos situamos en los últimos años, incluso en los años de mayor incidencia homicida, podría ser uno de los días —o el día— con mayores niveles de letalidad violenta. En este contexto no hay que perder de vista que al final estas son consecuencias de las maneras en que los políticos han abordado la violencia, de esta práctica necro-política de negociar con los muertos que, en muchos casos, es para obtener beneficios electorales con fines que no responden a políticas estatales de largo alcance, sino más bien a acuerdos de paz mafiosa que lo que buscan es obtener réditos en el corto plazo para mantener los apoyos populares, para generar la impresión que se tiene el control.

Entonces, el tema de fondo de estos más de 70 muertos de las últimas 48 horas es el pacto. Es ese tipo de consecuencias que hemos tenido y frente a las cuales es inaceptable este tipo de negociaciones porque, al final, se vuelve un mecanismo de control y presión a los gobiernos, y es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años en el país: accedes a demandas y cumples compromisos o aumentamos los muertos. Esa es la lógica y, como digo, es la responsabilidad de los gobiernos.

En el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en el contexto de la guerra del Estado y las pandillas, según las estadísticas oficiales hubo un día con 50 homicidios. Pero hoy, terminada esa guerra, hay hasta 62 homicidios en un solo día.

Lo que hemos visto y, a juzgar por los hechos de la realidad, es que más bien hay prerrogativas, incluso acciones estatales orientadas a proteger, ofrecer garantías de impunidad y posiblemente otras prerrogativas que ahora desconocemos. En el actual gobierno recordemos que hubo una negativa de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de proceder con la extradición de varios miembros de pandillas.  

¿Ha aumentado el poder de fuego de las pandillas?

Ha venido aumentando gradualmente a lo largo de los años en la medida en que han venido constituyéndose como grupos ilegales armados. En el periodo anterior consolidaron un determinado perfil político que prácticamente les dotó de características de hiper vigilancia, de beligerantes. Hacia eso estaban tendiendo cuando Sánchez Cerén acudió a una política de exterminio.

Entonces, en este contexto han desarrollado capacidad armamentística con mayor poder de fuego. Los recursos que los gobiernos y políticos les entregan son utilizados para mejorar su capacidad armada y logística, obviamente también para beneficios de ciertos líderes delictivos. Si a eso se le suma que son el poder de facto en los territorios, porque no nos engañemos, el actor o los actores que realmente tienen el control son las pandillas.

No ha sido así solo en el Gobierno de Bukele —viene desde hace rato— pero ha venido incrementándose en la medida en que los mismos políticos los han legitimado como interlocutores.

¿Podemos estar ante la ruptura de la supuesta negociación entre las pandillas y el Gobierno de Bukele?

Posiblemente haya una ruptura o una desavenencia por demandas que no están siendo cumplidas del lado gubernamental. La ola de mortalidad que hemos tenido en los últimos días puede estar constituyéndose en un mensaje de estos grupos —incluyendo las tres facciones de pandillas— al Gobierno en términos de recordar que pueden ejercer la violencia en el país.

Es una lógica que en el fondo conlleva simbólicamente —tristemente son muchas vidas perdidas— quién tiene el control, la autoridad y el poder de controlar el país, y lo hacen a través de su mejor activo: la violencia y los asesinatos en la calle, en la vía pública, en carretera a Surf City.

También hay que leerlo en términos de lo que representa el mensaje (las pandillas siguen asesinando, pero suelen ocultar buena parte de sus muertos) y en este caso la lógica, en esta racha de violencia, ha sido evidenciar los muertos. El punto es demostrar quien tiene el poder y hasta donde pueden llegar.

Entonces, estaríamos en el periodo del Gobierno que se representa como el más exitoso en el abordaje de la violencia —en la posguerra— y en ese gobierno estaría ocurriendo el día con el más elevado número de homicidios de la posguerra.

Los diputados están recurriendo a teorías conspirativas buscando culpables de la violencia. ¿Es correcto hacerlo?

La responsabilidad de un Estado es investigar los móviles y, en esta línea, deben considerar distintas razones. Yo creo a que estas alturas ya lo saben, porque estamos hablando de un gobierno que tiene el control de la Fiscalía, del Órgano Judicial, de los mecanismos legales, incluyendo la interferencia de las telecomunicaciones.

Entonces, a estas alturas no creo que desconozcan los móviles y los actores que están detrás de todo esto. En esa línea me parece que este recurso, además de otras cosas, es para desviar la atención de las verdades razones que están detrás de estas muertes.

Además, me parece que no solo puede haber una lucha de fuerzas entre las pandillas y el Gobierno, también en el fondo las pandillas quieren exponerlo como un gobierno incapaz, o sea, también las pandillas están jugando a esa lógica buscando desmontar la retórica oficialista.

En este caso, con un gobierno irrespetuoso del Estado de derecho y de las leyes, la gran estrategia con el régimen de excepción es mostrar el músculo armado y la capacidad para imponer paz por la vía de las armas, pero además distraer la atención de las verdaderas causas detrás de esta racha de muertes.

¿Es injustificado el régimen de excepción?

De acuerdo con lo que establece la Constitución no es justificado. En años anteriores hemos estado en situaciones similares, pero si el gobierno tiene el control de todo el Órgano Judicial, de la Fiscalía, la Corte Suprema… debería estar en toda la capacidad de controlar la situación. No necesita poderes excepcionales para desarticular a las pandillas que están incrementando la violencia. Tiene, además, el control de la inteligencia del Estado. A estas alturas deberían tener información para desarticular a estos grupos. No necesitaban restringir el derecho de reunión, garantías judiciales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

¿Para qué necesita recuperar el control del territorio si el Plan Control Territorial es exitoso?

Es un reconocimiento expreso que no tiene el control del territorio y que necesita, además de las medidas ordinarias, medidas excepcionales para instaurar el orden público. Eso es lo que está diciendo el presidente: que no tiene el control del territorio nacional. Esto supone para la población un mensaje de desprotección en términos que no hay garantías de protección estatal; por tanto, la gente está a merced de los grupos delincuenciales, en este caso las pandillas, pero también en este momento se suma el riesgo de las vulneraciones, no solo de las pandillas, sino también de los agentes del Estado, algo que se ha convertido en los últimos años en una práctica.

¿Cuáles son los riesgos del régimen de excepción con este gobierno?

El régimen de excepción conlleva vulneraciones a las garantías legales y al orden constitucional, pero en este caso los riesgos se agravan porque estamos frente a un gobierno que ha abusado del marco legal, que amedrenta opositores y voces disidentes. Estas herramientas, que deberían utilizarse para desarticular grupos delincuenciales, pueden utilizarse en contra de opositores y voces disidentes a quienes el Gobierno tiene en la mira y ha querido acallarlos a través de diferentes medios.

También existe el riesgo, tal como lo hemos venido viendo en casos emblemáticos, de instrumentalizar el sistema judicial para saldar ajustes de cuentas de orden político, es decir, amparados en esta excepcionalidad puede que se utilicen estos recursos extraordinarios para capturar personas, para someterlas a juicios, procesos sin ninguna garantía, sin derecho de defensa. Es decir, los riesgos son altísimos.

¿Asistimos a la profundización del autoritarismo del Gobierno de Bukele?

Sí, es un estadio más dentro de este desmontaje de la institucionalidad democrática, en un contexto en el que se ha allanado el camino para la instalación de un gobierno autoritario.

¿Realmente el régimen de excepción servirá controlar a las pandillas?

De ninguna manera. En primer lugar, no había justificación, pero si querían ejercer un mayor control de los territorios, el régimen pudo haber sido focalizado en sectores en donde se sabe que se están dirigiendo esas acciones.

El régimen de excepción con estas características —sobre todo de cara al modo operativo y táctico actual de las pandillas, y a su amplia presencia en el territorio nacional— es inefectivo en tanto se trata de acciones (la de las pandillas) que son altamente organizadas y planificadas, incluso con mayores niveles de sofisticación, que operan y son ejecutadas bajo condiciones en las que tienen absoluto control de los territorios, de todas las dinámicas comunitarias, con lo cual estas medidas van a parar en saco roto.

Por ejemplo, no hay restricción de circulación en estos territorios a nivel nacional, lo que permitirá que sigan movilizándose; es decir, ninguna de las tres medidas directamente formalizadas a desmantelar la operatividad táctica y operativa de las pandillas, que puede estar detrás de esta racha de homicidios, parece ser efectiva o dirigida a desmantelar la lógica de las pandillas.

Puede creerse que quizás la intervención de las telecomunicaciones puede servir a efecto de mejorar la capacidad de inteligencia, pero ellos (policías y militares y fiscales) siempre han tenido el control de las telecomunicaciones, no necesitaban habilitarlo para toda la población.

De hecho, en las comunidades los policías revisan los teléfonos de los jóvenes.

Exacto, pero, como le digo, en este momento y a estas alturas, con más de 20 años de uso y abuso de los testigos criteriados, ellos tienen una base amplia de información —amparada legalmente bajo el Código Penal— que les provee información. Cuando ellos quieren realmente investigar y conocer la operatividad de algunas clicas o identificar liderazgos lo hacen.

Ninguno de los derechos restringidos me parece que podría resultar efectivo en términos de estrategia para el desmantelamiento de estos grupos, pero además con las capturas de los liderazgos surgen otros en los territorios, surgen otros que asumen el control de la violencia en las comunidades.

De nuevo: mientras no haya una política criminal integral que atienda los factores de raíz y las dinámicas y los factores de riesgo que instalen factores de protección en estos nichos de criminalidad, difícilmente el país va a poder avanzar en términos de ofrecer mejores garantías de protección a la población, principalmente a la población más vulnerable y joven.