¿Qué tan grave es tener apnea obstructiva del sueño severa?

Las respuestas que ofrecen las aplicaciones basadas en inteligencia artificial y algunos sitios especializados en medicina coinciden: “Es extremadamente grave; la apnea obstructiva del sueño con un índice de 67 eventos por hora se clasifica como apnea severa, una condición que pone en riesgo la vida al sobrecargar el sistema cardiovascular y causar desaturaciones de oxígeno peligrosas, como una de hasta 53%. Esta condición no tratada puede llevar a complicaciones graves, incluyendo hipertensión, problemas cardíacos, infartos y, en última instancia, la muerte”.

Ese es el diagnóstico que sufre Rosa Claribel Cruz Galeas, de 75 años, que desde septiembre de 2024 permanece detenida después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de lavado de dinero vinculándola con el desfalco de más de 35 millones de dólares de la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI).

El 10 de mayo de 2024, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) presentó públicamente a quince personas a las que acusó de ser parte del millonario desfalco a la cooperativa. La captura de Cruz Galeas, como otras más, han permanecido ocultas a la ciudadanía, por ejemplo, la de Eddy Guerra que se desempeñó como gerente de COSAVI o la de Carlos Alberto Godoy Hernández, quien entre julio y septiembre de 2017 fue apoderado legal del presidente inconstitucional Nayib Armando Bukele Ortez.

La anciana, en prisión desde hace trece meses, fue imputada por alquilar un inmueble de su propiedad en el barrio San Felipe, San Miguel, que en 1975 recibió como herencia de su padre, según consta en la escritura pública respectiva. La negociación con los empresarios ni siquiera estuvo bajo su responsabilidad, más bien la concretó un comisionista o intermediario, identificado como Luis Giovanni González Cerna, a quien ella delegó hacerlo por medio de un contrato entre ambos que permaneció vigente hasta el 26 de junio de 2019. Trece días antes COSAVI alquiló la propiedad.

Revista Elementos intentó contactarlo a través de llamadas a su teléfono móvil y por medio de su correo electrónico, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Según los informantes, la mujer no se involucró en ningún aspecto de la negociación para el alquiler del inmueble. Solo supo quién era el arrendante hasta el 13 de junio de 2019 cuando viajó a San Salvador, a la colonia Gabriela Mistral, para firmar el contrato elaborado por el notario Sergio Esteban Méndez Solano.

Abogados consultados por este medio sobre el contrato afirmaron que el documento de arrendamiento contiene las cláusulas regulares y que el precio mensual, 4 mil 444 dólares, coincide con el precio de mercado que, al cabo de 20 años, sumará un poco más de un millón de dólares. En cuanto a las remodelaciones realizadas por COSAVI, al finalizar el periodo de alquiler la estructura principal del edificio quedaría a favor de la arrendante.

Y al parecer, es de esto último que la Fiscalía partió para montar el proceso por el delito de lavado de dinero. No obstante, fuentes consultadas y especializadas en ese tipo de arriendos, coinciden en afirmar que es normal que las mejoras estructurales hechas en una propiedad queden a favor del dueño del inmueble, y que el arrendante solo se lleva cosas que obviamente no son partes de la infraestructura, por mencionar, cocinas, equipos de cómputo u otros, según sea la actividad comercial de la empresa inquilina.

Elementos consultó a un desarrollador de negocios y expansión de servicios y comercios —cuya identidad se reserva por seguridad— quien explicó que el inmueble está ubicado en una zona de alta plusvalía donde los alquileres pueden costar unos 12 mil dólares mensuales. Sin embargo, en este caso específico, el precio menor pudo deberse a las mejoras en la infraestructura en las que invirtió COSAVI.

Con el propósito de probar la inocencia de Cruz Galeas, sus abogados han presentado un peritaje financiero a sus finanzas con el que demuestran que, en los últimos diez años, sus ingresos se deben al alquiler de locales.

En la actualidad, el Tribunal Sexto de Instrucción Contra el Crimen Organizado, de San Salvador, ordenó inmovilizar la propiedad y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) ya comenzó el proceso de extinción de dominio a pesar de que está claro que fue una herencia de su padre que recibió en 1975, es decir, 37 años de que existiera COSAVI e incluso cuatro años antes de que el principal sospechoso del desfalco en el banco cooperativo, Manuel Alberto Coto Barrientos, naciera.

A mediados de octubre de este año, la anciana fue ingresada de emergencia en un hospital, según explicaron fuentes institucionales. La Dirección General de Centros Penales (DGCP) se negó a brindar información a la familia.

El 23 de septiembre de 2024 el tribunal que conoce de su caso ordenó que fuera enviada a prisión. Cinco días antes había recibido, desde el extranjero, un aparato especial que le ayudaría a mitigar los riesgos de desaturación por oxígeno en las noches. Sus familiares se lo llevaron a la delegación de Servicios Extraordinarios de la PNC, conocida como El Penalito, pero los policías se negaron a entregárselo porque desconocían cómo usarlo. Una vez fue trasladado al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos sí lo recibió, pero hasta la fecha se desconoce si lo está usando o si requiere mantenimiento.

La segunda audiencia en el caso COSAVI estaba programada para marzo de 2025; sin embargo, unos días antes, la FGR pidió una prórroga al juzgado que la reprogramó para el 28 de septiembre, que tampoco fue celebrada porque fue presentada una nueva solicitud de prórroga.

Hasta el momento los familiares de Rosa Claribel no saben para cuándo la reprogramará el juzgado, mientras tanto, temen por la vida de ella y piden a la Fiscalía y al juzgado que sea beneficiada al menos con libertad condicional para que su familia pueda prodigar los cuidados necesarios.

¿Encarcelamiento selectivo?

En el caso del fraude financiero de la cooperativa COSAVI no están presos todos a los que la Fiscalía ha involucrado o que debería haber procesado debido a sus vínculos con la entidad financiera o por los cargos que ocuparon en la misma.

Uno de esos casos es el del arquitecto Andrés Rafael Rallion Ulloa, quien aparece ligado al proceso judicial por la defraudación financiera de aproximadamente 35 millones de dólares de COSAVI y sin embargo no está en detención provisional; es más, un inmueble a nombre de la empresa ARA Arquitectos, que fue inmovilizado por orden fiscal, le quitaron la restricción, según documentos judiciales a los que se ha tenido acceso y de los cuales se tiene copia.

El 23 de febrero, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía ordenó al Registro de Comercio, inmovilizar cualquier bien a nombre de Rallión Ulloa y de la empresa ARA Arquitectos. Sin embargo, menos de un mes después, el 19 de marzo, la misma Fiscalía revocó la inmovilización de un inmueble de la colonia Jardines de Cuscatlán, en Ciudad Merliot, a nombre de la empresa ARA Arquitectos, de la cual Rallion Ulloa es socio fundador.

En abril de este año, el arquitecto Rallión Ulloa declinó dar su versión sobre este proceso judicial cuando fue contactado por el autor de este artículo para un reportaje publicado el 9 de ese mismo mes en El Diario de Hoy. Dijo que, por recomendación de sus abogados, prefería no pronunciarse.

Rallion Ulloa fue quien construyó el centro financiero de COSAVI en San Miguel, un edificio de cuatro pisos, que altos ejecutivos de la cooperativa afirmaron que había costado 2.5 millones de dólares, aunque en realidad fue de aproximadamente un millón de dólares, de acuerdo a fuentes que estuvieron involucradas en esa construcción.

El mismo arquitecto Rallion Ulloa se encargaría de construir la torre COSAVI Business Center, un edificio de entre 28 a 30 niveles que sería edificado en un inmueble de la cooperativa ubicado en la esquina sur poniente formada por el paseo General Escalón y la 79 avenida Sur, según lo admitió el propio arquitecto en una entrevista en un periódico digital.

La Fiscalía nunca se ha pronunciado por qué si Rallion Ulloa es parte del proceso judicial, como él mismo lo ha admitido y también lo indican diversos documentos fiscales y judiciales, no ha sido capturado a pesar de estar dentro del territorio salvadoreño.