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— A él lo capturaron por el simple hecho de ser joven y vivir en la colonia San José del Pino —comenta María Martínez, cuñada de Fernando José Martínez Marroquín, de 21, quien fue detenido la noche del pasado sábado cuando regresaba de jugar fútbol de El Cafetalón, en Santa Tecla.

Fernando es defensa central del Club Deportivo Quezaltepeque de la Tercera División de Fútbol. Pero ahora se encuentra encerrado en la celda número 9 de El Penalito.

María, quien espera afuera de las bartolinas, muestra en su teléfono una fotografía para disipar cualquier duda de lo que está diciendo. En la imagen se observa a su cuñado junto al resto de los jugadores del Quezaltepeque.

Después muestra la credencial de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) que hace constar que Fernando Martínez es jugador profesional.

— Nosotros no estamos en contra de lo que hace el gobierno, pero no se puede estigmatizar a una persona por ser joven y vivir en determinado sector del país.

Fernando reside en la colonia San José del Pino de Santa Tecla, una de las comunidades que policías y militares han cercado desde el pasado domingo. Sus habitantes son revisados, minuciosamente, cuando salen o entran a la colonia.

— Ayer no dejaron salir a nadie. Cercaron por todos lados y hubo cateos en algunas casas que los militares seleccionaron.

El sábado por la noche, Fernando regresaba a su casa acompañado por dos tíos, pero en la entrada de la colonia fue detenido por un soldado que le hizo un interrogatorio. Luego fue entregado a un grupo de policías que se lo llevó preso.

María asegura que a la fecha desconocen el motivo de la captura de su cuñado.

Roberto Chicas, representante del Club Deportivo Quezaltepeque, confirmó a través de una llamada telefónica que Fernando es un jugador «bastante responsable con sus entrenos y siempre da lo mejor de sus capacidades».

«Hemos contactado a unos abogados para que nos asesoren… Esperamos que pronto se resuelva su situación», manifestó.

La familia de Fernando acudió este lunes a la Procuraduría General de la República, pero la respuesta que recibió, según María, es que se trata de un caso bastante difícil debido al Régimen de Excepción.

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El viernes 25 de marzo, con 14 asesinatos, fue solo el inicio. El sábado 26 la locura se extendió torrencial por todo El Salvador: 62 homicidios en 24 horas. Antes de terminar el día el presidente Bukele, como siempre desde sus redes sociales, anunció que había ordenado a la Asamblea Legislativa decretar el Régimen de Excepción.

La estrategia la publicó a las ocho de la noche del sábado, hora en la que las estadísticas marcaban unos 48 homicidios.

A las tres de la madrugada del domingo 27, y sin cambiar ni una coma, los diputados —es decir, Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad (GANA) y el voto inusitado de René Portillo Cuadra, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— cumplieron las órdenes.

Los diputados de Nuevas Ideas, como siempre en cada discurso que pronuncian y en sus redes sociales, se desbordaron en elogios a Bukele y aseguraron que la suspensión de los derechos de libre asociación, defensa y presunción de inocencia, así como la extensión de 72 horas a 15 días el plazo máximo de la detención provisional y la interrupción de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, era la mejor forma de confrontar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18.

«Para tomar este tipo de decisiones se necesita de un liderazgo firme y decidido, como lo es el del presidente Nayib Bukele», alabó Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

«No dudaría que tras esta ola de violencia hay un interés político de algunos sectores opositores (…) alguien está manejando los hilos», dijo Guillermo Gallegos, de GANA.

Portillo Cuadra, después de la sesión plenaria extraordinaria, justificó su voto diciendo que su responsabilidad era «aprobar la legislación pertinente» en medio de la violencia, pero que la responsabilidad de implementar correctamente la suspensión, durante 30 días, de los derechos constitucionales era exclusiva del Gobierno.

«El Gobierno es el que va a responder si hay un abuso de las libertades fundamentales de los ciudadanos», dijo.

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— Cuando comenzó el operativo los pandilleros ya se habían ido —dice Noé Castro con una sonrisa que se estira entre la ironía y la rabia—. ¿Usted cree que si mi hermano fuera pandillero lo hubieran encontrado en la casa?

Noé está frente a las bartolinas policiales conocidas como El Penalito, en San Salvador. A su lado está su padre y al lado de su padre unas cincuenta personas que también esperan noticias sobre sus familiares presos.

Es lunes. Ha transcurrido un día desde que comenzó el Régimen de Excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele. Las patrullas policiales van y vienen, cargadas con presuntos pandilleros que son arrojados como sacos de papas.

— Los policías saben quiénes son los pandilleros —asegura Noé—. Ellos patrullan por las colonias. Los conocen. Por eso me parece una injusticia que capturen solo por capturar, para decir que han hecho una gran redada.

El portón de El Penalito se abre constantemente, cada vez que los nuevos detenidos son ingresados a las bartolinas, uno tras otro, esposados de sus manos.

El hermano de Noé se llama Heber Abinadab Peña Castro. Tiene 27 años y fue capturado la mañana del pasado domingo en su casa ubicada en el Pasaje La Lluvia, Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque, San Salvador.

Víctor Manuel Peña, padre de Heber, asegura que su hijo no tiene nada que ver con la clica Distritos Locos Salvatruchas de la pandilla MS-13, la cual controla las comunidades de la zona. Agrega que desde hace años que su hijo aprendió a confeccionar sandalias e instaló un taller en su propia casa.

— A mi hijo todo mundo lo conoce. Él sale a vender sandalias en distintas zonas de San Salvador. No es marero.

Don Víctor es un hombre entrado en años, moreno, con la cabeza llena de canas. Asegura que el domingo por la mañana su hijo estaba trabajando en el taller cuando de pronto escucharon unos golpes, fuertes, potentes, hasta que derribaron la puerta de la casa construida con lámina.

En seguida entraron varios policías y esposaron a Heber: lo sacaron, lo registraron, lo lanzaron al suelo. Así se observa en una de las fotografías que la Policía Nacional Civil (PNC) compartió en su cuenta de Twitter.

— Lo trataron como si fuera un gran criminal. A mí me llevaron para adentro. Vengase, me dijeron. Anduvieron registrando todo. Le dieron vuelta a todo. Pero no encontraron nada. Porque mi hijo no es marero. No tiene esa mancha.

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El domingo en la noche, citando un tuit de la PNC, Bukele publicó exultante «casi 600 capturas en solo DOS días» y adelantó «no crean que saldrán libres».

En las siguientes horas continuó con un aluvión de publicaciones variopinto: primero contra la comunidad internacional a la que advirtió que si estaba «preocupada por sus angelitos» lleve comida a los sospechosos capturados porque la Dirección General de Centros Penales (DGCP) racionará los platos de comida entre los antiguos y los nuevos reclusos.

Segundo un mensaje a las pandillas diciéndoles que el Gobierno tiene «16,000 homeboys» en su poder a quienes les decomisó «hasta las colchonetas para dormir», les racionó los alimentos y les prohibirá salir de las celdas en los centros penitenciarios.

En la noche del lunes aseguró que en tres días la PNC había capturado a 1,400 pandilleros. «Esto con solo 48 horas de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN». Y casi a medianoche atribuyó a su «Guerra contra las Pandillas» la reducción de los homicidios.

Este lunes, de acuerdo con las cifras de la PNC, terminó con dos homicidios y siete denuncias de desaparición de personas.

Casi 600 capturas en solo DOS días…

Y el RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN dura 30 días, prorrogables!

Y no crean que saldrán libres. https://t.co/5cl2AMYhn4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2022

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Eran las tres de la tarde del sábado 26 marzo y Wilber Alexander Martínez Díaz no había almorzado. Tomó unas monedas y salió —según su madre Ana Cecilia Díaz Manzanares— a comprar tortillas y una gaseosa a la tienda ubicada en el mismo pasaje de la casa en la que vive con su familia en el Distrito Italia, en Tonacatepeque.

Entonces los policías le pidieron el DUI, lo quebraron y lo capturaron. Vestía una camisa blanca, calzoneta y unas sandalias.

Ana Cecilia andaba trabajando. Ella es vendedora ambulante de ropa. Los vecinos le llamaron para avisarle.

Ella abordó lo más pronto que pudo un autobús y regresó a casa, pero la patrulla ya se lo había llevado. Uno de los vecinos le aconsejó ir a la delegación de la PNC de Apopa. Y ahí lo encontró: estaba tirado en el piso, con el rostro y otras partes del cuerpo amoratadas, a la par de otros capturados.

«El presidente ha dicho que como animales van a tratar a las personas, pero las cosas no deben ser así. ¿Acaso mi hijo es animal?», cuestiona mientras espera noticias de su hijo frente a la delegación de la PNC ubicada en la Calle Concepción, San Salvador.

Los policías lo subieron a una patrulla y lo trasladaron; en Apopa todos se negaron a explicarle por qué capturaron a su hijo. Se quedó esperando varias horas más hasta que alguien le avisó que podía estar en las bartolinas del conocido como Penalito.

Permaneció esperando noticias toda la madrugada del domingo. Al día siguiente los policías que custodian la entrada le aconsejaron pagar, en una tienda, comida y un paquete higiénico que incluye una calzoneta, jabón y otros implementos por un total de 19.50 dólares.

El lunes siguió esperando noticias de Wilber.

«Andan agarrando a diestra y siniestra», advierte.

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Esperanza, a las cinco de la mañana del domingo, salió de su casa a la celebración del culto. Antes de las ocho de la mañana llamó a uno de sus hijos para saber si había salido, como él había anunciado la noche anterior.

— No, mamá, estoy en la casa.

Le contó que a última hora había desistido porque se sentía cansado después de una semana de trabajo.

Casi una hora después —según Esperanza— sus hijos Alexis y Anderson Isaí Ponce salieron a comprar pupusas para el desayuno cuando los policías los capturaron.

¿Las razones? No las tiene claras, pero intentó aproximarse a algunas, por ejemplo, cortes de cabello inapropiados o vestirse con short.

Pero Alexis y Anderson, según ella, tienen cortes ordinarios de cabello porque, desde que se graduaron como bachilleres, comenzaron a trabajar: el primero es empleado de Lactosa y el segundo de una sucursal de las gasolineras Puma.

«¿Usted cree que alguien mata y se encierra cerca? No, se dispersa. Entonces los policías agarran al primer pasmado que encuentran que sale a buscar su comida», se queja mientras espera noticias de ellos frente al Penalito.