Gobierno intenta silenciar a la madre de los hermanos Guerrero

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó el martes 9 de noviembre, al mediodía, a la casa de Toledo sin previo aviso y pidiendo que le abrieran la puerta porque quería hablarle.

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noviembre 10, 2021
Imagen Elementos

El Gobierno de Nayib Bukele intentó callar a Ivette Toledo, la madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, que fueron desaparecidos por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y cuyo paradero se desconoce desde hace 53 días.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), llegó el martes 9 de noviembre, al mediodía, a la casa de Toledo sin previo aviso y pidiendo que le abrieran la puerta porque quería hablarle. En ese momento, sin embargo, la única que estaba en la casa ubicada en Lourdes, La Libertad, era la madre de ella, que llamó por teléfono a su hija para avisarle.

En la llamada, Toledo pidió a su madre que le dijera al funcionario que no podía atenderlo a esa hora y que lo mejor era coordinar una cita en la que estuvieran sus abogados.

En ese momento, recibió a su teléfono una llamada; era Arriaza Chicas que le pidió una reunión. Ella reiteró que era mejor programar un encuentro en el que estuvieran sus abogados.

Acordaron verse en la delegación de Santa Tecla ubicada sobre la Carretera Panamericana, según explicó Toledo a Revista Elementos en un breve encuentro en el que también estuvo presente un equipo de Vice News México.

En ese encuentro iba a estar Arriaza Chicas, pero se fue unos minutos antes de la llegada de Toledo e Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Sin embargo, los recibió el jefe de la delegación de la PNC de Santa Tecla, quien les aseguró que el encuentro era para reiterar que hay un equipo especializado trabajando en el caso de desaparición forzada, que la institución estaba a sus órdenes con un «dispositivo grande», que entendía la angustia, que le preocupaba su seguridad y que por eso le pedía abstenerse de pronunciar declaraciones en los medios de comunicación porque, según él, estaba poniendo en riesgo su vida al hacerlo.

Ellas respondieron que más bien eran las declaraciones de los funcionarios vinculando a los hermanos Guerrero con venta de drogas y con pandilleros las que ponían en riesgo la vida de Toledo y que, además, la visita repentina de Arriaza Chicas a su casa agravaba la situación.

El jefe de la delegación insistió que se abstuvieran de pronunciar declaraciones a los medios de comunicación.

«No las estoy obligando», aseguró Toledo que les dijo el funcionario.

Las dos respondieron que no tenía ninguna facultad siquiera para intentar obligarlas a callar.

Así terminó la reunión.

Esta revista llamó a los números de comunicaciones de la PNC. Pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

Ivette Toledo e Idalia Zepeda en delegación PNC Santa Tecla. Foto David Ernesto Pérez.

El lunes en la noche, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó disuadir a Toledo de participar en la conferencia de prensa. La psicóloga que le fue asignada le pidió que únicamente hablara con los fiscales del caso.

Las declaraciones que brindaron el pasado lunes algunos miembros del gabinete de Seguridad retratan a un El Salvador convertido en un Estado que no asume sus responsabilidades de seguridad pública. O en algo peor: un Estado que criminaliza a las víctimas y culpa a los familiares de las víctimas.

Con un dolor inenarrable, Toledo desmintió en una conferencia de prensa al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. «Intentan culpabilizar a las madres, padres y demás familias salvadoreñas de los problemas graves de seguridad que tiene el país, que son competencia del Estado», expresó la madre de los jóvenes desaparecidos, quien además lamentó las declaraciones del ministro de Seguridad, quien el pasado lunes aseguró que la desaparición de los hermanos Guerrero estaba relacionada con drogas y pandillas.

El funcionario negó que exista una montaña de desaparecidos y lo atribuyó a una campaña de desprestigio hacia el gobierno. Y, por si fuera poco, responsabilizó a los padres de las víctimas por las consecuencias de la inseguridad en el país. «Los padres deben ver en qué actividades andan sus hijos y si estos consumen o no cualquier tipo de sustancia de droga», manifestó Villatoro.

Esas declaraciones hicieron reventar de indignación a Toledo. Por eso salió a desmentir al ministro. Lo primero que dijo fue que sus hijos no tenían vínculos con pandillas. «Mencionar eso no es solo una falta de respeto a mí como madre, a mi familia y a cualquier víctima de desaparición forzada, sino también una calumnia de las autoridades», comentó con la voz entrecortada.

Luego agregó que seis horas después de la desaparición de sus hijos interpusieron una denuncia en la delegación policial de Santa Tecla. Ella misma llegó a la delegación al día siguiente, cuando no habían transcurrido ni 24 horas de la desaparición de sus hijos, para preguntar si tenían alguna información. Ahí le tomaron una declaración. Incluso le dieron una copia de la denuncia. «Son completamente falsas las declaraciones de miembros del gabinete de Seguridad del gobierno en las que afirman que yo como madre esperé 48 horas para interponer la denuncia», manifestó con indignación y tristeza.

Toledo aseguró que, ante las mentiras del gobierno y ante la falta de información sobre la investigación de la desaparición de sus hijos, acudió a organizaciones de la sociedad civil para recibir asesoría jurídica y acompañamiento legal en el caso.

La abogada Idalia Zepeda, representante de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), organización especializada en ayuda legal para víctimas de desaparecidos, detalló que la madre de los hermanos Guerrero les pidió ayuda porque tiene «serias dudas» del actuar de los investigadores policiales y fiscales.

«Hacemos un llamado a las autoridades del Estado a actuar con profesionalismo y transparencia», pidió Zepeda.

Pedro Cruz, de la misma organización, aseguró que trabajarán para que se realicen diligencias orientadas a encontrar a los hermanos Guerrero y para garantizar todos los derechos de las víctimas.

Ambos abogados llegaron la tarde del martes al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla para sumarse al proceso en calidad de representantes legales de las víctimas.

El pasado lunes, la PNC presentó a José Alexander Martínez Saavedra y a Víctor Alexander Ruíz Mejía como responsables de la desaparición de los hermanos Guerrero. Ambos, según la PNC, pertenecen a la clica Tecla Locos Salvatruchos. El ministro Villatoro mencionó la palabra homicidio. Pero no detalló sobre el hallazgo de los cuerpos de Eduardo y Karen Guerrero.

    
 
David Ernesto Pérez
Luis Canizalez

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