El 10 de diciembre de 2021, Alexa Landaverde, mujer trans de 22 años, a eso de las 5 de la tarde salió de su casa en el municipio de Quezaltepeque con José Elías Morales Hernández quien era considerado su novio. Al finalizar ese día familiares de Alexa intentaron tener contacto con ella por teléfono, resultando infructuosos todos sus intentos. Ante esta imposibilidad de establecer contacto, se creó una denuncia por desaparición. Las organizaciones de derechos humanos emitieron una serie de alertas y avisos sobre la desaparición de Alexa por redes sociales. El 28 de enero de 2022 se dio a conocer que, al interior de un pozo en el valle de Zapotitán, municipio de Ciudad Arce, podrían encontrarse los restos mortales de Alexa. El 31 de enero de 2022 el Instituto de Medicina Legal confirmó que los restos humanos encontrados correspondían a Alexa. El 17 de febrero de 2023 por redes sociales se informó que Elías Morales fue condenado a 25 años por la muerte de Alexa bajo la modalidad de homicidio agravado – sin aplicación de la agravante por identidad de género- el cual se atribuyó a un ataque de celos.

El homicidio de Alexa es un ejemplo de las condiciones de violencia letal que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+) están propensas a sufrir en El Salvador. Al mismo tiempo, la judicialización de su homicidio refleja una dinámica institucional diferente sobre casos similares de veinte años atrás. Aunque el motivo de celos como causa de un homicidio de una persona LGBTI+ se mantenga en el tiempo[1], en esta oportunidad se llegó a una sentencia condenatoria, muy diferente a décadas atrás que homicidios de personas LGBTI+ no generaban procesos de investigación y, con ello, sus muertes quedaban en la impunidad, impidiendo el acceso a la justicia, la falta de reparación a las víctimas y ninguna garantía de no repetición. El homicidio de Alexa se adjuntó a la cifra y estadística de más de 600 personas LGBTI+ asesinadas en el país.

El discurso político de activistas de Derechos Humanos de las personas LGBTI+ ha institucionalizado la existencia de más de seiscientos homicidios de personas LGBTI+ ocurridos en El Salvador desde el año 1992, el final de la década de 1990[2], a partir del año 2001[3] o en los últimos «15 años»[4]. La variedad de fechas de inicio de esa contabilidad de homicidios refleja la precariedad del sistema de registro de las organizaciones LGBTI+, el cual se fundamentó, principalmente, en el registro de homicidios ventilados exclusivamente en medios de comunicación escritos hasta el final de la década de 2000[5], posteriormente bajo un modelo mixto de medios impresos y virtuales [3, 4] hasta llegar a un registro de reportes de denuncias de personas que conocieron de forma directa o indirecta a las víctimas[6].

Otra de las dificultades que se revela a ese registro de homicidios fue la falta de continuidad. La Asociación Entre Amigos que, por ser la organización LGBTI+ más antigua del país que todavía está en funciones, inició este trabajo de registro al final de la década de 1990. Sin embargo, se encontraron obstáculos para realizar un registro sistemático de forma permanente en el tiempo, como se muestra en el 2006 que ante la falta de presupuesto no realizó el registro de ese año [5]. A pesar de todo lo anterior, se debe de reconocer que a través de ese registro se cuenta con datos estadísticos sobre homicidios contra personas LGBTI+ de las dos últimas décadas. Recolectando datos de diferentes organizaciones y documentos se logra obtener el número de 305 homicidios contra personas LGBTI+ entre 1998 y 2022 (Cuadro 1).

Los 305 homicidios representarían la mitad de la narrativa histórica de más de 600 homicidios en ese periodo de tiempo. Los 300 casos faltantes, siguiendo la lógica narrativa propuesta por Wallace Mendes et al.[7], en muchas veces no es perceptible la LGBTIfobia que originó un deceso; lo que desencadena que no se registre como un homicidio cometido contra una persona LGBTI+, tanto en los medios de comunicación como a nivel institucional. A lo anterior se puede agregar que el subregistro también contiene un componente institucional de discriminación y estigmatización debido a la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona que fuera asesinada, sobre todo en el periodo antes de la década de 2010 en el caso salvadoreño. No causa extrañeza que para las personas LGBTI+ que ejercían su sexualidad de forma clandestina les fuera más práctico -a los familiares- ocultar esa condición de vida de uno de sus integrantes; y al momento del homicidio, esa parte crucial de sus vidas no haya sido notificada en los medios de comunicación que registraron su muerte o, por otra parte, sus familiares para tratar de ocultar la mácula de una sexualidad divergente a la heterosexualidad no lo expusieron públicamente. También existe la posibilidad de que las instituciones en documentos internos registraron la orientación sexual de las víctimas, pero no salió a luz pública.

Antes del 2010 la institucionalidad tenía poco o ningún interés en registrar este tipo de casos. Lo anterior se comprueba con el hecho de que, ante la solicitud de información pública sobre datos nacionales actualizados de 1993 a junio de 2018 de delitos cometidos contra personas LGBTI+, se obtuviera como respuesta por parte de la Fiscalía General de la República que la Base de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso fiscal (SIGAP) pasó a registrar a partir del año 2006 delitos cometidos contra personas LGBTI+[8]. Así, los procesos de judicialización de personas LGBTI+ comenzaron a ser registrados desde 2019 por parte de la Mesa Tripartita que la integran la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República[9]. Este desfase de tiempo para que las personas LGBTI+ accedieran a la justicia en casos de homicidio se puede relacionar a procesos de discriminación institucional que impedían crear nuevas categorías para el registro de homicidios de esa naturaleza y se limitaba en un registro binario de las categorías «masculino» y «femenino» que asumía el modelo hegemónico heterosexual como la única posibilidad institucional para contabilizar la enorme cantidad de homicidios que ocurrían en el país en ese periodo (Cuadro 2).

Entre 2010 y 2021 ocurrieron 41.409 homicidios registrados en El Salvador[10], lo que expone una epidemia de homicidios en el país. Los 305 homicidios de personas LGBTI+ quedaban completamente eclipsados ante esa gran cantidad de homicidios. Esta situación generó un proceso de invisibilidad y silenciamiento de los homicidios contra este segmento de la población, que pactó, ya sea de forma explícita o implícita con la institucionalidad para no investigar este tipo de casos. Esto viene a coincidir con las denuncias sobre la falta de interés para la investigación de este tipo de delitos [3], negación al acceso a la justicia[11], falta de procesos de reparación a las víctimas [4] y ninguna garantía efectiva de no repetición de homicidios[12].

No obstante, al indagar sobre la temática, se debe reconocer que, en la década de 2000, existieron tímidos e individuales esfuerzos institucionales en el Instituto de Medicina Legal para visibilizar este tipo de homicidios, aunque dicho registro fuera de carácter esporádico y no continuo. Por ejemplo, en 1999 se reportó el asesinato por asfixia por estrangulación de un psicólogo[13] (MOLINA, 2002) que los medios de comunicación reportaron que su muerte podría estar relacionada con su «tendencia sexual»[14]. Posteriormente, hasta el 2005 se reportaron dos homicidios de homosexuales, uno en San Salvador por asfixia por estrangulación y otro caso en Mejicanos sobre el hallazgo de un cuerpo con cuerda al cuello en estado de putrefacción[15]. Este registro de homicidios muestra la falta de interés de las instituciones en su registro sistemático en esta época, ya que, como se indicó anteriormente, la Fiscalía tiene registros únicamente a partir del 2006.

A partir del 2010 comenzó un proceso de apertura institucional cuando asumió el Ejecutivo la izquierda política, lo que permitió que las organizaciones LGBTI+ consiguieran entablar un diálogo con el Ejecutivo para incentivar políticas de ciudadanización enfocadas a personas LGBTI+[16]. En este sentido, se comenzó a realizar un proceso de inclusión de datos y actos de violencia contra las personas LGBTI+ a nivel estadístico. Se cuenta con datos estadísticos de homicidios de personas LGBTI+ registrados a partir del 2010 por la Policía Nacional Civil[17]. A partir del 2019 los datos de homicidios contra personas LGBTI+ comenzaron a ser emitidos por la Mesa Operativa Tripartita integrada por la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República[18]. De 2010 a septiembre de 2021, oficialmente, se registraron 132 homicidios contra personas LGBTI+ a nivel nacional (Cuadro 3). Este número representaría únicamente el 0,32% del total de homicidios, al cotejarlos con el total de homicidios para ese mismo periodo de tiempo (Cuadro 2).

Las organizaciones LGBTI+ cuestionan las cifras oficiales de homicidios contra personas LGBTI+, aduciendo una falta de registros de todos los casos que suceden. Esta denuncia se puede relacionar a la discrepancia de datos que pueden existir entre las mismas instituciones públicas. En este sentido, en el 2019 se presentaron públicamente un compendio de Hechos de Violencia Contra la Población LGBTI a Nivel Nacional entre 2015 y junio de 2019 (Cuadro 4)[19], en el cual se ven divergencias en las cifras de homicidios en los años indicados en el Cuadro 3.

En las estadísticas proporcionadas por la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) se puede apreciar que en tan solo cuatro años y un semestre se obtiene el 60% del número de casos reportados entre 2010 y 2019 de forma oficial (Cuadro 3). Esta disensión entre las cifras de homicidios se puede explicar por el hecho de que el informe realizado por la DIGESTYC se nutrió con fuentes más allá del sector justicia, única fuente en el Cuadro 3. La DIGESTYC indicó que las cifras publicadas provienen de instituciones que integran el sector justicia como Fiscalía General de la República, Juzgados, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República y la Policía Nacional Civil. Además de contar con información de otras instituciones como el Instituto de Desarrollo de la Mujer, Sector Salud, Ciudad Mujer, entre otras. Por último, la Sociedad Civil proporcionó también información.

El Cuadro 4 muestra que la identidad sexual «gay» tuvo el mayor número de víctimas mortales; en segundo lugar, se encuentra la categoría «sin registro»; en tercer lugar, fue la identidad «transexual»; en cuarto «lesbiana» y, por último, «bisexual». Esta clasificación resulta interesante para el análisis. Primeramente, debido a que se tiene la concepción –influenciada por medios de comunicación– de que la mayor parte de homicidios ocurre en identidades transfemeninas, pero en esta oportunidad, según los datos oficiales, la identidad gay sufre más actos de violencia letal. No obstante, la desidia institucional de nombrar cada identidad sexual y de género conforme a su autoidentificación pudo invisibilizar identidades transfemeninas, las que se pudieron incluir en la categoría de «gay». En este caso, «gay» se podría comprender como un paraguas conceptual institucional en el cual se podrían incluir identidades transfemeninas y hombres homosexuales cisgéneros.

De la misma forma, la categoría «sin registro» podría incluir identidades transfemeninas que no se clasificaron adecuadamente. El registro de homicidios contra personas LGBTI+ se torna difícil cuando las víctimas no presentan características evidentes que revelen su pertenencia a este grupo social y a sus respectivas siglas identitarias o que la institucionalidad no las quiera reconocer como tal, lo que genera una subnotificación de casos. La categoría «sin registro» puede informar la existencia de una persona con prácticas sexuales y expresión de género divergentes a la heterosexualidad y cisgeneridad; pero que, posiblemente en vida, su identificación pública con una o más de una de las siglas identitarias LGBTI+ no fuera conocida. En ese elevado número de muertes «sin registro», puede ser probable que personas transexuales y transgéneros estén incluidas, pero debido a que la institucionalidad no reconoce legalmente el derecho a la identidad de género, estas personas no contaban con un documento de identidad que tuviera congruencia con su identidad de género autoasumida y por lo cual –posiblemente– fueron registradas bajo el sexo designado al nacer.

No obstante, a pesar de las discrepancias entre las propias cifras oficiales y estas con los datos colectados de forma artesanal, en un primer momento y después bajo una sistematización más profesional, por parte de las organizaciones LGBTI+, no se puede negar que la institucionalidad tiene un proceso de registro de los homicidios de personas LGBTI+, lo cual se debió a la interacción entre la labor de incidencia política que las organizaciones LGBTI+ desarrollaron en la década pasada, la apertura institucional para incorporar las categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género en los sistemas de información; y la puesta en práctica de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos. Este entramado interinstitucional promovió que más personas LGBTI+ denunciaran las violencias que padecen, como se muestra en el Gráfico 1.

El número de denuncias de actos de violencia contra personas LGBTI+ presenta dos patrones. El primero corresponde al quinquenio de 2010-2014, que incluye el año 2009. En este periodo podemos observar que existen pocas denuncias y las gráficas no presentan variabilidad. El segundo periodo correspondería al quinquenio 2015-2019. En este periodo se presenta un cambio abrupto en las gráficas. En la temática que nos ocupa este texto, homicidios simples y agravados, se observa un proceso de notificación y registro mayor que en el periodo anterior. Este fenómeno se puede conectar con la reforma al Código Penal en 2015 que incluyó a la orientación sexual, identidad y expresión de género como agravantes en la ejecución de un homicidio. Este hecho produjo que las personas LGBTI+ adquirieran un reconocimiento institucional, a pesar de que lo obtengan hasta que encuentran la muerte.

La narrativa histórica que las organizaciones LGBTI+ construyeron sobre los homicidios de personas LGBTI+ desde 1998 hasta la actualidad establece que han ocurrido más de seiscientos homicidios. Sin embargo, retomando la información que las propias organizaciones han recopilado y publicado en diferentes informes se logró determinar un registro de 305 homicidios de personas LGBTI+ entre 1998 hasta 2022. Esta cifra puede ser objetada por las organizaciones, manifestando que tienen documentos y registros que no son públicos o aduciendo la existencia de un subregistro de casos, debido a las dificultades que fueron colocadas en el párrafo anterior. No cabe la menor duda sobre la existencia de un subregistro de homicidios de personas LGBTI+ en el periodo analizado, por lo cual se hace necesario desarrollar mejores sistemas de registro y la profesionalización de los operadores de dichos sistemas en las organizaciones LGBTI+, bajo el interés de generar un panorama verídico, que nos permita la creación de políticas públicas para combatir este fenómeno o exigirle al Estado respuestas concretas a estos homicidios.

Considero que la cifra de seiscientes homicidios o más de personas LGBTI+ en el país, fue una puesta estratégica, en formato de «llave de inteligibilidad». Roberto Filho[20] por medio de reflexiones sobre género, sexualidad y la constitución de la víctima, destaca que las marcas de brutalidad en homicidios que imbrican categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género, grupos organizados las utilizan discursiva y narrativamente para «producir a la víctima» ante el Estado y la sociedad. En este caso, la violencia homicida adquirió una potencialidad productiva de sujetos y ciudadanías, cuando los asesinatos de personas LGBTI+ fueron evocados numéricamente en narrativas y discursos que demandaban reconocimiento de esas muertes y acciones concretas para impedir nuevos hechos de violencia homicida.

La utilización de esa estrategia cumplió con la función de producir la inteligibilidad de las personas LGBTI+ ante el Estado, que mínimamente reconoció las condiciones precarias de vida de la mayor parte de las personas LGBTI+, el contexto discriminador que origina diferentes homicidios, y la necesidad de generar políticas públicas para promover una existencia digna de este segmento poblacional. Ese proceso de inteligibilidad conllevó la elaboración y publicación de diferentes informes sobre homicidios contra personas LGBTI+ que desatacaron la brutalidad sobre sus cuerpos y un número creciente de homicidios. Al cierre del año 2015 se obtuvo una conquista; se llevó a pleno legislativo la propuesta de reforma del Código Penal para incorporar como agravante de un homicidio la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona.

La estrategia de inteligibilidad promovió también procesos iniciales de registro de homicidios contra personas LGBTI+ al interior de diversas instituciones públicas y el más representativo fue al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres que emitió informes semestrales de Hechos de Violencia contra las Mujeres, conteniendo un apartado especial sobre «Hechos de violencia contra la población LGBTI» a nivel nacional, segregando datos por edad, bisexual, gay, lesbiana, transexual[21]. Estos informes contaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo del Ministerio de Economía. Recogieron hechos de violencia contra personas LGBTI+, además de homicidios, se contabilizaron amenazas, extorciones, feminicidios, trata de personas, violencia física, violencia sexual, tortura, actos arbitrarios, limitación ilegal a la libertad de circulación, entre otros indicadores. Con el traspaso de funciones de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo al Banco Central de Reserva en 2022, se suprimió la información sobre personas LGBTI+ en el portal que alojaba esta información estadística, con lo cual no causa ninguna extrañeza, la supresión de datos de violencia contra personas LGBTI+ en informes de este tipo al interior de la administración Bukele[22]. Una nueva época de censura -que puede trascender a persecución y exterminio- a razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género se vislumbra.

Para mayor información:
Arévalo, A. (2024): Muertes negadas: Perfil de homicidios contra personas LGBTI+ en El Salvador (2000-2020). Dilemas. Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, e59537

Amaral Arévalo: Investigador posdoctoral del Instituto Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ). Postdoctorado en Salud Colectiva y especialista en Género y Sexualidad (IMS/UERJ), Doctor y Máster en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo (Universitat Jaume I). Sus líneas principales de investigación son estudios para la paz, violencias y estudios LGBTI+ en Centroamérica.

[1] Arévalo, A. Pasiones malévolas: homicidios contra personas LGBTI+ en El Salvador 2000-2010. In: Oliveira, E. & Gomes, J. Leituras contemporâneas sobre gênero e sexualidades. Campinas: Pontes editores, pp. 25-56, 2024.

[2] Campos, M. “Dos personas LGBTI asesinadas esta semana en la capital”. Diario El Mundo, San Salvador, pp. 8, 20 jun. 2015.

[3] ASPIDH. Monitoreo y números de casos de homicidios contra la comunidad Trans y Gay. San Salvador: ASPIDH, 2014.

[4] COMCAVIS TRANS. Muertes violentas de personas LGBT en El Salvador. San Salvador: Comcavis Trans, 2021.

[5] International Human Rights Clinic. La situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en El Salvador. Boston: IHRC, 2010.

[6] ORMUSA – COMCAVIS TRANS. “79 homicidios de personas LGBTI de 2011 a 2022: Según Red Regional Sin Violencia LGBTI”. Boletina Nuestra Mirada, San Salvador, vol. 1, enero/marzo 2023.

[7] Mendes, W. et al. «Revisão sistemática das características dos homicídios contra a população LGBT». Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, vol. 26, n. 11, pp. 5615-5628, 2021.

[8] Fiscalía General de la República. Unidad de acceso a la información pública. 179-UAIP-FGR-2018. San Salvador, 18 jul. 2018.

[9] Fiscalía General de la República. 555-UAIP-FGR-2021. San Salvador, 22 nov. 2021

[10] INFOSEGURA. La seguridad ciudadana en El Salvador. Infosegura, Panamá, 2021. Disponible en: https://infosegura.org/seccion/el-salvador/. Acceso el: 21 de noviembre 2021.

[11] Cristosal; AMATE; Visibles. Los crímenes de odio y los derechos humanos de personas LGBTI+: Un acercamiento a una mejor comprensión de sus implicaciones para las políticas públicas de prevención de violencia y discriminación. Informe final de investigación. San Salvador: Cristosal, 2020.

[12] Comcavis Trans.  Informe para la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de violencia contra la población de mujeres trans en El Salvador. Comcavis Trans, 2013.

[13] Molina, F. Estudio de mortalidad de El Salvador, año 1999. San Salvador: IML, 2002.

[14] Grimaldi, M. «Psicólogo asesinado era ciudadano estadounidense». La Prensa Gráfica, San Salvador, 17 nov. 1999.

[15] Molina, F. Anuario estadístico defunciones por homicidio en El Salvador: Periodo enero-diciembre 2005. San Salvador: IML, 2007.

[16] Arévalo, A. Dialogando con el silencio: Disidencias sexuales y de género en la historia salvadoreña, 1765-2020. San Salvador: Editorial Universitaria, 2022.

[17] Policía Nacional Civil. Unidad de acceso a la información pública. PNC-UAIP-05-2019. San Salvador, 16 enero 2019.

[18] Fiscalía General de la República. 555-UAIP-FGR-2021. San Salvador, 22 nov. 2021.

[19] Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe semestral Hechos de Violencia Contra las Mujeres – Enero - Junio 2019. San Salvador: MJSP, 2019.

[20] Filho, R. Corpos brutalizados: conflitos e materializações nas mortes de LGBT, in: Cadernos Pagu, Campinas, n. 46, 2016, pp. 311-340.

[21] Órgano Judicial. Unidad de acceso a la información pública. UAIP/529/RR/1430/2021(05). San Salvador, 23 nov. 2021.

[22] Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe anual Hechos, Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres – El Salvador 2022. San Salvador: MJSP, 2023.