Compromisos y desafíos en una hoja de ruta por la transparencia y la sostenibilidad fiscal

Introducción

El Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscribieron en 2025 un Acuerdo Ampliado bajo la modalidad de Facilidad Extendida (Extended Fund Facility en inglés) por un plazo de 40 meses y un monto de $1,400 millones. Este programa tiene por contexto los desequilibrios macroeconómicos acumulados en El Salvador tras la Pandemia del Covid-19 y la adopción de políticas como la introducción del Bitcoin, que provocaron preocupaciones por altos déficits fiscales, elevada deuda pública y problemas de liquidez, entre otras cosas.

El acuerdo persigue los objetivos siguientes: (a) reestablecer la sostenibilidad fiscal y colocar la deuda pública en descenso; (b) reforzar el marco financiero y de reservas internacionales; (c) mejorar el crecimiento económico mediante mejoras en gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción; y (d) eliminar los riesgos por la adopción del bitcoin como moneda de curso legal. El programa busca consolidar la estabilidad macroeconómica al tiempo que sienta las bases para un crecimiento más robusto e inclusivo en El Salvador.

Compromisos en materia de Finanzas Públicas

El componente fiscal del Acuerdo es primordial debido a la situación del elevado déficit fiscal y endeudamiento público que enfrenta El Salvador. El Gobierno se ha comprometido con un programa integral de ajuste fiscal, reformas estructurales --incluyendo reforma al sistema de pensiones-- y medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y de esta manera recuperar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. A continuación, se detallan los aspectos más sobresalientes del Acuerdo.

El ajuste y la reducción del déficit fiscal

Se tiene previsto que entre 2025 y 2027, el Gobierno de El Salvador implemente un ajuste fiscal para colocar la deuda pública en una trayectoria claramente descendente. La meta es reducir la deuda del Sector Público No Financiero --incluyendo pensiones-- a alrededor de 83% del PIB para 2028, lo cual implica pasar de un superávit primario estimado de 0.2% del PIB en 2024 a un superávit primario de 3.7% del PIB en 2027[1].

Para lograrlo, se ejecutará un paquete de medidas estructurales equivalente a 3.5% del PIB durante la vigencia del programa. El ajuste está programado con mayor fuerza para los primeros años, supuestamente para dar credibilidad al programa: solo en 2025, el superávit primario debería alcanzar 1.9% del PIB (desde 0.2% en 2024), a través de medidas de ingresos y gastos que provoquen un ajuste combinado del 1.7% del PIB en 2025.

Por el lado del gasto, el Presupuesto General del Estado 2025, el cual fue aprobado como acción previa del acuerdo, incorporó ahorros por aproximadamente 1.4% del PIB, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estos provienen, supuestamente, de recortes del gasto en remuneraciones y en la compra de bienes y servicios.

El Gobierno debe reducir el gasto en salarios del Gobierno General de 11.6% del PIB en 2024 a 10.8% en 2025. Para ello se adoptaron medidas concretas: (i) eliminación de plazas vacantes en todas las instituciones públicas; (ii) congelamiento de aumentos salariales para funcionarios; (iii) aplicación limitada del escalafón en el sector salud (solo a salarios menores de US$1,500 mensuales); y (iv) suspensión de la concesión de nuevos beneficios en contratos futuros.

Adicionalmente, en lo concerniente al gasto en bienes y servicios se recortará alrededor de 0.5% del PIB en 2025, procurando a la vez proteger la inversión pública y el gasto social prioritario. De hecho, al revisar el documento del Acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario, se nota que se establecieron metas mínimas (“pisos”) para salvaguardar estos rubros: al menos 2.5% del PIB en gasto de infraestructura y 1.5% del PIB en programas sociales.

En materia de ingresos, si bien la mayor parte del ajuste recae en el gasto, el Gobierno se compromete a medidas para aumentar la recaudación y ampliar la base tributaria. En el marco del Acuerdo, para 2025 se tiene previsto un alza en los ingresos equivalentes a 0.3% del PIB debido a mejoras en la administración tributaria –entre las medidas subyace una implementación masiva de la factura electrónica-- y la revisión de ciertos impuestos especiales y tasas.

Hacia adelante, el programa contempla reformas para aumentar la base gravable y reducir los gastos tributarios (exenciones y tratamientos preferenciales). Asimismo, existe el compromiso de adoptar medidas correctivas adicionales en caso de desviaciones en los ingresos proyectados, de forma de no comprometer las metas fiscales acordadas.

Con el ajuste fiscal se espera una reducción sostenida del déficit fiscal y de las necesidades brutas de financiamiento del gobierno. Cabe señalar que el programa incluye también medidas contingentes. Por ejemplo, si los ingresos resultan menores o el crecimiento se desacelera, el Gobierno se comprometió a tomar acciones inmediatas --congelar ciertos gastos, recortar gasto corriente no esencial e incluso elevar ingresos-- para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales. En cambio, si el crecimiento supera lo previsto, se evaluaría ahorrar parte del excedente para acelerar la reducción de la deuda.

Reforma al Sistema de Pensiones

Para que la implementación del Acuerdo sea exitosa se debe abordar la problemática vinculada al funcionamiento del sistema previsional. La reforma previsional de 2022 incrementó los beneficios y compromisos para el Estado lo que ha generado pasivos contingentes.

En el marco del Acuerdo con el FMI, El Salvador se compromete a reducir los costos fiscales del sistema de pensiones vigente, para asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

Así, en un primer momento, las autoridades retomarán la evaluación financiera del sistema de pensiones. En tal sentido, se publicará una evaluación actuarial independiente a más tardar en julio de 2025 –este es un indicador estructural del programa--. Este análisis contribuirá a cuantificar el impacto del sistema de pensiones en las finanzas públicas y será la base para una reforma a futuro.

Con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, el Gobierno usará los resultados actuariales para diseñar una propuesta de reforma del sistema de pensiones que contribuya a la sostenibilidad de largo plazo. La propuesta de reforma deberá publicarse en febrero de 2026 con miras a su adopción e implementación a partir de ese mismo año.

Adicionalmente, mientras se concreta esa reforma integral, el Gobierno se comprometió a manejar prudentemente el impacto de la reforma de 2022. Esto incluye, por ejemplo, evitar recurrir excesivamente al financiamiento de las pensiones vía deuda con los fondos de pensión privados.

Gestión de la deuda pública y las necesidades de financiamiento

Para reforzar la sostenibilidad fiscal, el Gobierno asumió compromisos en torno a la gestión de la deuda pública y la obtención del financiamiento. En años pasados se llevaron a cabo operaciones de manejo de pasivos en 2023 y 2024 para aliviar el perfil de vencimientos inmediatos de la deuda externa. Estas operaciones permitieron disminuir las necesidades de financiamiento de corto plazo y contribuyeron a reducir el spread soberano de El Salvador.

Como parte del acuerdo, el Gobierno publicó – por primera vez en años – un Plan Fiscal de Mediano Plazo[2] de tres años que abarca todo el Sector Público No Financiero, incluyendo proyecciones de deuda pública, gasto en pensiones e intereses. Esta publicación, realizada junto con la aprobación del Presupuesto General del Estado 2025, formó parte de los compromisos previos de cara al Acuerdo.

Otro compromiso fundamental que está establecido en el Acuerdo es la aprobación de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para mayo de 2025. Esta ley – que se prepara con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo – establecerá reglas fiscales claras --por ejemplo, límites a déficit o crecimiento del gasto--, cláusulas de escape bien definidas para eventos excepcionales, y una ruta de ajuste consistente con las metas del programa. Asimismo, incluirá disposiciones para mejorar la responsabilidad presupuestaria como la obligación de análisis anual de los gastos tributarios (renuncias fiscales).

En cuanto al financiamiento, el programa con el FMI asume y promueve una mayor participación de organismos multilaterales y socios internacionales. Se prevé recibir asistencia financiera de bancos multilaterales y regionales –como el Banco Mundial, el BID, el BCIE y CAF– para cubrir parte de sus necesidades de financiamiento durante el programa.

El financiamiento a menor costo ayudaría a reducir la dependencia de la emisión de deuda en mercados internacionales a altas tasas. Adicionalmente, al bajarse el déficit fiscal y las necesidades de endeudamiento neto, se podría liberar financiamiento interno. El Gobierno reduciría su uso de la banca local y de los fondos de pensiones para financiarse.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) tomó medidas para reconstruir los colchones de liquidez del sistema financiero: elevó el requerimiento de reservas bancarias promedio a 12% a inicios de 2025 y estableció un requerimiento de activos líquidos en el exterior crecientes (1% en junio 2025, 3% a junio 2026). Estas acciones fortalecen la posición de liquidez del sistema y contribuyen indirectamente a la estabilidad de la deuda pública, reduciendo la probabilidad de financiamientos forzosos del BCR al Tesoro.

Finalmente, el Gobierno se comprometió a no acumular más deuda relacionada al Bitcoin durante el programa. En concreto, acordó no emitir nuevos bonos o instrumentos de deuda vinculados al Bitcoin ni garantizar obligaciones en criptomonedas, evitando así agregar pasivos contingentes de alto riesgo al balance público.

Compromisos en transparencia y anticorrupción

El fortalecimiento de la transparencia fiscal y la integridad en la gestión pública es un pilar central del acuerdo con el FMI. Reconociendo rezagos y retrocesos en los últimos años (como la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2020 y el manejo poco transparente de fondos de emergencia), el Gobierno de El Salvador ha asumido compromisos para abrir más la información fiscal, reforzar las instituciones de control y prevenir la corrupción. Estas medidas buscan mejorar la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía y de inversionistas en las finanzas estatales. A continuación, se detallan los compromisos en esta materia.

Publicación de información fiscal y presupuestaria

Como acción inmediata, en el marco del Acuerdo, las autoridades publicaron información que estaba oculta o desactualizada. Se divulgó el Presupuesto General del Estado 2025 aprobado por la Asamblea junto a su plan fiscal trianual – incluyendo proyecciones del costo de las pensiones públicas y de los intereses de la deuda previsional – cumpliendo así una acción del programa[3].

Adicionalmente, el Gobierno publicó una serie de datos fiscales y presupuestarios: información de flujos fiscales y saldos de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), todas las modificaciones presupuestarias realizadas a los presupuestos 2023 y 2024, así como información sobre la estructura de propiedad de las empresas públicas.

Otro paso importante fue restablecer el acceso a las auditorías de fondos COVID/FOPROMID – cuyo enlace público se había perdido – y comprometerse a publicar los estados financieros auditados de 2023 del sector público. Estas acciones de transparencia fiscal, incluidas como condiciones iniciales, tienen el objetivo de “mejorar la gobernanza, la confianza y la credibilidad” en la gestión fiscal.

En el marco del programa, se contemplan medidas adicionales para institucionalizar la transparencia. Para marzo de 2025, el Gobierno debió publicar información fiscal completa sobre las empresas públicas. Esto incluye no solo sus datos financieros, sino también estimaciones de sus actividades cuasi-fiscales, las políticas de propiedad estatal vigentes, prácticas de gobierno corporativo, indicadores de desempeño, manejo de riesgos financieros, etc., todo conforme a estándares internacionales. Esta divulgación integral de las finanzas y operaciones de las empresas estatales ayudará a mejorar la credibilidad presupuestaria, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el sector público ampliado.

Otra iniciativa pactada es la presentación más exhaustiva del proyecto de presupuesto anual. Para el presupuesto de 2026 (a presentarse en el segundo semestre de 2025), el Ejecutivo se comprometió a incluir un Marco Fiscal de Mediano Plazo, información consolidada de transferencias desde y hacia fideicomisos y fondos extrapresupuestarios, detalle de las operaciones de las empresas públicas y gobiernos locales, financiamiento neto interno y externo en términos brutos, y un listado plurianual de proyectos de inversión (incluyendo los Asocios Público Privado), acompañado de un análisis de riesgos fiscales.

Toda esta información deberá publicarse junto con el Proyecto de Presupuesto a más tardar en octubre de 2025. Con ello se busca aumentar la transparencia presupuestaria y la planificación de mediano plazo, facilitando la supervisión legislativa y ciudadana de las cuentas públicas.

Reforma de la Corte de Cuentas

La Corte de Cuentas de la República --ente fiscalización superior-- será objeto de una reforma legal para potenciar su independencia y efectividad en el combate contra la corrupción. El Gobierno se comprometió a presentar y lograr la aprobación de reformas legislativas antes de diciembre de 2025 para fortalecer la autonomía institucional y financiera de la Corte de Cuentas, dotándola de un mandato claro en materia anticorrupción.

La reforma prevista debería alinear el marco legal de la entidad con las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia la Declaración de México de la INTOSAI (principios de independencia de las entidades fiscalizadoras superiores) y la Declaración de Abu Dhabi de la ONU sobre integridad en instituciones anticorrupción.

Entre los cambios esperados, la ley reformada otorgará a la Corte de Cuentas mayor independencia política y ampliará su mandato para auditar e investigar posibles irregularidades administrativas y financieras en todas las entidades públicas.

Asimismo, se busca mejorar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción: la reforma incluirá bases legales para el intercambio de información y protocolos de remisión de casos entre la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República. Con estas medidas, el Gobierno pretende que la Corte de Cuentas evolucione hacia un órgano de control moderno, técnicamente sólido e independiente, capaz de detectar y disuadir actos de corrupción en la gestión de los fondos públicos.

Normativas sobre el Acceso a la Información Pública

El acuerdo con el FMI refuerza el marco normativo de transparencia y acceso a la información pública. Un hito importante fue la aprobación de una nueva Ley Anticorrupción (Anti-Corruption Law) alineada con los principios de alto nivel del G-20 sobre divulgación de patrimonios de funcionarios públicos.

Esta ley, ya aprobada por la Asamblea Legislativa en 2024 como condición previa, exige que los altos funcionarios del Estado (enumerados en el Art. 236 de la Constitución) presenten y publiquen sus declaraciones patrimoniales. El cumplimiento efectivo de esta ley –es decir, que todos los funcionarios cubiertos entreguen sus declaraciones en tiempo y forma y que estas estén accesibles al escrutinio público– es esencial para materializar su impacto. La sociedad civil y entes de control podrán dar seguimiento para asegurar que no quede en meros actos simbólicos.

En materia de contrataciones públicas, el Gobierno adquirió compromisos para hacer más transparente el gasto. Hacia marzo de 2025 debió comenzar la publicación periódica en un sitio web público de los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas a las que se les adjudicó contratos públicos, junto con la información básica de dichos contratos. En otras palabras, por cada licitación o compra pública, se revelará quiénes son los verdaderos dueños de las compañías proveedoras, cerrando espacios a la opacidad y los posibles conflictos de interés ocultos.

Además, se deberá emitir, en el marco del Acuerdo, una regulación para limitar las excepciones que permiten compras sin licitación. En particular, se definirá con precisión el alcance de la figura de “proyecto estratégico” –que ha sido utilizada para justificar adjudicaciones directas– y se establecerán requisitos de reporte cuando se use dicha excepción. El propósito es reducir al mínimo las compras fuera de concurso y, cuando sean necesarias, someterlas a mayor escrutinio, acotando posibles abusos en la contratación estatal. Este compromiso debe estar cumplido en marzo de 2025.

Compromisos para la prevención del lavado de dinero y de activos

Debido a la preocupación internacional por las vulnerabilidades de El Salvador en materia de lavado de dinero –acentuadas por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en 2021– el Acuerdo Ampliado incluye medidas para fortalecer el marco ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. La finalidad de estas medidas es alinear la normativa y la supervisión de El Salvador con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF), atendiendo tanto al sector financiero tradicional como también a los criptoactivos.

Fortalecimiento del marco legal contra el lavado de dinero

Tras la evaluación mutua reciente del GAFILAT (capítulo latinoamericano del GAFI) que identificó algunas falencias en el sistema salvadoreño, El Salvador se comprometió a una reforma antes de finalizar 2025 para subsanar las debilidades.

En primer lugar, se ampliará el alcance de la supervisión ALD/CFT a nuevas profesiones y entidades no financieras: abogados, notarios, contadores y auditores pasarán a estar sujetos a un monitoreo basado en riesgo, en cumplimiento con la Recomendación 28 del GAFI. Esto implica que estos profesionales –a menudo usados para crear empresas o mover capitales– deberán implementar controles contra el lavado y quedarán bajo supervisión de autoridades competentes.

Asimismo, la reforma establecerá la obligatoriedad de que todas las personas jurídicas y arreglos legales registrados en El Salvador suministren y actualicen información sobre sus beneficiarios finales. En otras palabras, se creará un registro de beneficiarios efectivos de empresas, fideicomisos y otras entidades, asegurando que las autoridades puedan conocer quiénes son los dueños últimos de dichas estructuras. Esta medida es crítica para cerrar espacios a la ocultación de activos ilícitos detrás de sociedades de papel. El acceso a esta información de beneficiarios por parte de entes reguladores y de seguridad será garantizado por la ley. El plazo para implementar estos cambios legales es diciembre de 2025 (compromiso de referencia estructural).

En segundo lugar, el Gobierno presentará al Parlamento antes del 8 de agosto de 2025 un proyecto de Ley de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios. Esta normativa especializada buscará regular y supervisar las actividades con criptoactivo y sus intermediarios (como casas de intercambio, billeteras digitales, emisores de criptoactivo), brindando certeza legal y cubriendo vacíos actuales. Tendrá especial énfasis en mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados a las criptomonedas, en consonancia con la Recomendación 15 del GAFI sobre nuevas tecnologías.

Adicionalmente, abordará riesgos a la estabilidad financiera y el tema de ciberseguridad, a la vez que fortalecerá la integridad del mercado y la protección del consumidor en actividades de criptoactivos. Esto incluirá disposiciones contra fraudes y manipulaciones, requisitos de transparencia, y posibles exigencias prudenciales. La intención es incorporar las mejores prácticas internacionales en regulación dentro del ordenamiento salvadoreño, llenando un vacío regulatorio importante desde la adopción de Bitcoin. Se espera que a partir de agosto de 2025 haya espacios para su pronta discusión y aprobación para equipar al Estado con herramientas efectivas de control en este ámbito.

Paralelamente a las reformas legales, se fortalecerá la unidad de inteligencia financiera (UIF) y la cooperación en la investigación de delitos financieros. El Gobierno continuará implementando las recomendaciones del GAFILAT para ampliar el rol de la UIF en apoyo a las investigaciones de delitos financieros y recuperación de activos ilícitos. Esto puede implicar mayor intercambio de información con la Fiscalía, capacitación a analistas en detección de tipologías emergentes (incluyendo cripto) y mejor retroalimentación a los sujetos obligados.

Supervisión en el uso de Bitcoin y los Criptoactivos

Un componente novedoso del acuerdo es la estrategia sobre el proyecto Bitcoin dentro de un marco regulatorio de transparencia. Si bien el Gobierno lanzó la adopción de Bitcoin en 2021 (con la intención declarada de promover la inclusión financiera, en la práctica surgieron algunos riesgos fiscales, financieros y de integridad que ahora se pretenden corregir. En coordinación con el FMI, El Salvador debería implementar una serie de medidas para mitigar los riesgos asociados a los criptoactivos.

Como paso inicial, ya se reformó la Ley Bitcoin para eliminar su uso en calidad de moneda de curso legal. Ahora, la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado es voluntaria, y el sector público tiene restringido su uso. Además, se aclaró por regulación que los pagos de impuestos deben realizarse únicamente en dólares de Estados Unidos.

En lo relacionado al manejo de los recursos públicos vinculados a Bitcoin, el Gobierno se comprometió a dar información. Como condición previa, envió al FMI y publicó información detallada sobre sus tenencias y operaciones en criptomonedas. Esto incluyó: (i) publicación de los estados financieros resumidos de Chivo, la billetera digital estatal, incluyendo sus políticas de liquidez y registro de transferencias desde o hacia el gobierno; (ii) divulgación de las direcciones públicas de todas las billeteras frías de Bitcoin propiedad o bajo control del Estado; (iii) segregación y protección de los fondos de los clientes de Chivo de los recursos propios de Chivo; y (iv) entrega al FMI de un informe con la lista completa de todas las billeteras (frías y calientes) y sus saldos en Bitcoin poseídas por el sector público al inicio del programa.

Asimismo, el Gobierno se comprometió a seguir reportando trimestralmente la lista actualizada de direcciones y saldos de Bitcoin públicos --al cierre de marzo, junio y diciembre de 2025-- como indicador estructural continuo. Estas acciones buscan disipar la opacidad que rodeaba al manejo del Bitcoin, brindando trazabilidad sobre los activos digitales estatales.

De igual forma, se decidió cesar el uso de fondos públicos para financiar a Chivo y sus operaciones. Antes del fin de marzo de 2025, debió adoptarse y publicarse un plan de negocios que garantice que Chivo no siga requiriendo inyecciones del erario y que la participación del Estado en Chivo se termine en un plazo definido.

En la práctica, esto implica migrar la gestión de la billetera digital hacia el sector privado o un esquema autosostenible, eliminando subsidios o transferencias gubernamentales a la misma. Como parte de esta estrategia, a más tardar en julio de 2025, el Gobierno ejecutará varias acciones clave: (i) liquidar el fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin) que se creó para estabilizar el tipo de cambio Bitcoin-dólar, cerrándolo ordenadamente; (ii) publicar las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas tanto al Fidebitcoin como a la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin; (iii) presentar estados financieros auditados de Chivo por un auditor externo con experiencia en cripto, dando fe independiente de su situación; (iv) depositar y custodiar en el BCR todos los fondos en dólares de los usuarios de Chivo, separándolos de las arcas de Chivo para proteger a los usuarios; y (v) finalizar la participación pública en Chivo, es decir, que el gobierno salga completamente de la operación directa de la billetera. Estas medidas con plazo a julio de 2025 forman parte de los compromisos estructurales y representan un desmantelamiento del esquema inicial donde el Estado operaba la billetera Bitcoin con recursos públicos.

Adicionalmente, para diciembre de 2025, las autoridades se comprometieron a establecer un marco normativo para la gestión de los criptoactivos propiedad del Gobierno. Este marco definirá con claridad el rol de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin u otras instituciones encargadas, estableciendo políticas de inversión, lineamientos de gestión de riesgos y estándares de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas aplicables a cualquier tenencia de criptomonedas del Estado. En resumen, habrá reglas sobre cómo puede el Gobierno manejar los Bitcoins, aunque aún posea (por ejemplo, límites, procedimientos de autorización, reportes periódicos), asegurando una administración que minimice los riesgos fiscales.

Finalmente, el Gobierno asumió restricciones para prevenir nuevos riesgos relacionados con Bitcoin. Mientras dure el programa, El Salvador no comprará ni añadirá nuevos Bitcoins a su cartera (criterio de desempeño continuo acordado con el FMI). Asimismo, no emitirá ni respaldará deuda alguna denominada en Bitcoin o instrumentos tokenizados similares que impliquen obligaciones para el Estado. Igualmente, no creará nuevas entidades públicas para operaciones con Bitcoin, excepto si fuese necesario para administrar activos existentes y siempre en consenso con el FMI. En este sentido, cualquier entidad pública involucrada en Bitcoin deberá operar con total transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la publicación trimestral de sus estados financieros.

No obstante, a pesar de este compromiso, la Oficina Nacional de Bitcoin ha dicho que se continua comprando bitcoin a traves de la wallet del presidente de la Republica Nayib Bukele. Sera las indagaciones del FMI sobre el cumplimiento de esta meta las que tengan la ultima palabra.[4]

Así, en íneas generales, los compromisos para la prevención de lavado de dinero y manejo de criptoactivos muestran un giro hacia la adopción de estándares internacionales. Con esto, El Salvador podría salir de la zona gris en evaluaciones ALD/CFT, atendiendo las recomendaciones del GAFILAT, y, al mismo tiempo, contener los posibles riesgos de integridad financiera y fiscal originados por la introducción del Bitcoin.

Coordinación con Organismos y Entidades Internacionales

El cumplimiento de los compromisos ALD/CFT y de criptoactivos se realizará con base en estándares globales. Como se mencionó, las reformas se alinean con las 40 Recomendaciones del GAFI –cuerpo normativo reconocido mundialmente– adaptadas a las observaciones de la evaluación del GAFILAT. Además, El Salvador debería continuar colaborando con instancias como el Grupo Egmont (red mundial de unidades de inteligencia financiera) para intercambiar información sobre transacciones sospechosas transnacionales, reforzando la capacidad de detección de lavado.

En materia de criptoactivo las autoridades se mantendrían en contacto con el FMI y otros asesores internacionales para diseñar e implementar el marco regulatorio y de gestión. De hecho, cualquier nueva institución que eventualmente administre los criptoactivos del Estado será creada en acuerdo con el FMI, y las políticas adoptadas seguirán lineamientos técnicos validados por expertos internacionales.

En materia de transparencia y anticorrupción, el Gobierno recibe asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo para la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, y se alinea con los principios de la OCDE/G-20 en cuanto a declaraciones patrimoniales de funcionarios.

Por último, cabe destacar que el FMI incluirá dentro de sus misiones de supervisión periódicas --las revisiones trimestrales del programa-- la verificación del avance en estos compromisos estructurales. Esto significa que expertos del Fondo, en diálogo con otras agencias --como el Departamento del Tesoro en lo referente a ALD/CFT y Bitcoin--, evaluarán si se están cumpliendo las etapas previstas. La retroalimentación internacional continua servirá para ajustar políticas en caso necesario y asegurar que El Salvador se encamine al pleno cumplimiento de sus obligaciones en integridad financiera y gubernamental.

Otras reformas y medidas de cumplimiento

Además de las áreas descritas, el programa económico respaldado por el FMI incluye reformas y medidas complementarias orientadas a fortalecer el crecimiento económico, la inclusión financiera y la gobernanza pública en sentido amplio. Estas acciones buscan atender factores estructurales que han limitado el desarrollo de El Salvador y asegurar que los beneficios de la estabilidad macroeconómica se traduzcan en mejoras socioeconómicas palpables. A continuación, se detallan los compromisos en estos ámbitos.

Fortalecimiento del crecimiento económico

El Gobierno reconoce que El Salvador ha enfrentado un crecimiento modesto en las últimas décadas, con baja productividad e inversión insuficiente. Para revertir esta tendencia, el programa prevé políticas pro-crecimiento que complementan el ajuste fiscal.

En primer lugar, se prioriza la inversión pública en infraestructura y resiliencia climática. A pesar de los recortes en otras áreas, el presupuesto y el programa reservan espacios para incrementar la inversión en carreteras, puertos y mejora de infraestructura digital, así como en proyectos que reduzcan la vulnerabilidad ante desastres naturales.

En segundo lugar, se implementarán iniciativas para impulsar la inversión extranjera directa (IED) y la competitividad. Históricamente, El Salvador ha recibido niveles de IED inferiores al promedio de Centroamérica. El plan gubernamental incluye medidas para crear un entorno más atractivo a la inversión: mejoras en el clima de negocios, simplificación de trámites, incentivos focalizados y estabilidad jurídica.

Un foco importante es aprovechar la diáspora salvadoreña en el exterior: se buscará canalizar las inversiones de salvadoreños en Estados Unidos y otros países hacia emprendimientos locales, turismo y desarrollo inmobiliario. También continuará potenciando el sector turismo, que ha mostrado un repunte notable apoyado por la mejora en seguridad pública.

El gobierno tiene una agenda ambiciosa de promoción turística, que incluye desarrollo de infraestructura hotelera y la marca país. Todo ello apoyado en la nueva realidad de mayor seguridad: con la caída de la violencia y las extorsiones, la productividad y actividad empresarial han comenzado a repuntar, y esto sienta un suelo fértil para nuevos negocios.

En paralelo, se fortalecerá el capital humano y la inclusión social para asegurar que el crecimiento sea sostenido y ampliamente compartido. El plan fiscal protegido contempla mantener e incluso ampliar el gasto social prioritario, incluyendo programas de asistencia a grupos vulnerables, salud y educación. La idea es que, aún en un contexto de consolidación fiscal, no se sacrifique la inversión en las personas.

De hecho, el Gobierno expresa que garantizar que los frutos del crecimiento se distribuyan equitativamente requerirá fortalecer la red de protección social e invertir en capital humano (educación de calidad, capacitación laboral). Estas inversiones sociales, junto con las reformas económicas, contribuirán a reducir la pobreza y mejorar la productividad laboral en el mediano plazo, creando un círculo virtuoso de desarrollo.

Finalmente, cabe mencionar la dimensión de resiliencia climática como parte de la estrategia de crecimiento. El Salvador es altamente vulnerable a choques climáticos (tormentas, inundaciones, sequías). Por ello, parte de la inversión y de la agenda de reformas incluye incorporar criterios de adaptación al cambio climático (infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana, seguros agrarios) y explorar apoyos internacionales en esta materia. Un crecimiento robusto solo será sostenible si el país está preparado para mitigar el impacto de desastres naturales recurrentes.

Reformas en la Gobernanza Pública

Uno de los compromisos principales es la reforma del servicio civil. El Gobierno elaborará para junio de 2025 un plan integral de reforma del servicio civil, con apoyo y recomendaciones técnicas del FMI. Este plan abordará la profesionalización de la burocracia, la racionalización de estructuras institucionales y la revisión de los esquemas salariales públicos.

Se espera que la reforma armonice el sistema de remuneraciones con principios meritocráticos y establezca controles para evitar abusos en contrataciones y prestaciones. Esto, según el plan del FMI, puede resultar en ahorros fiscales y mejor prestación de servicios públicos.

Relacionado a lo anterior, el programa impulsa mejoras en los sistemas de gestión financiera pública y contratación pública. Ya mencionamos la publicación de más y mejor información presupuestaria.

Adicionalmente, se trabajará en modernizar los sistemas informáticos y de control interno del Estado para un seguimiento oportuno del gasto. El fortalecimiento de la unidad de inversiones públicas permitirá evaluar la rentabilidad social de los proyectos y priorizar los más impactantes. También se buscará reactivar elementos de la Ley de Responsabilidad Fiscal como la evaluación independiente del desempeño presupuestario.

Otra arista de gobernanza es la estabilidad y solvencia del sistema financiero, que en El Salvador está plenamente dolarizado. El programa con el FMI incluye reformas legales para robustecer la regulación y supervisión bancaria: por ejemplo, adoptar las normas de Basilea III sobre liquidez y financiamiento estable antes de finalizar 2025, y aprobar una ley de resolución bancaria, gestión de crisis y seguro de depósitos para junio de 2025. Si bien esto recae más en el sector financiero, contribuye a la gobernanza pública en cuanto aumenta la resiliencia ante eventuales crisis bancarias, protegiendo a depositantes y evitando costos fiscales por rescates.

Finalmente, en términos de Estado de derecho y clima institucional, el programa enfatiza la importancia de la seguridad y la justicia. El Gobierno destaca la drástica reducción de la criminalidad y las extorsiones desde 2019, lo que ha eliminado un importante obstáculo al desarrollo. Para sostener ese logro, se deberá consolidar el respeto a la ley y los derechos, de modo que la paz social se traduzca en confianza duradera.

Si bien el acuerdo FMI no entra a detalle en políticas de seguridad o judiciales, mejorar la gobernabilidad democrática es fundamental para atraer inversiones y fortalecer la capacidad estatal de implementar políticas eficaces. La gobernanza pública en sentido amplio abarca todos estos esfuerzos por tener instituciones más fuertes, transparentes y orientadas al bien público, condición necesaria para el éxito del programa económico y el desarrollo sostenible de El Salvador.

[1] El balance primario no incluye el gasto en el pago de intereses de la deuda pública, por lo que efectuar un ajuste sobre la base de este indicador tiende a ser costoso, concentrándose, principalmente en gastos corrientes relacionados a remuneraciones y compra de bienes y servicios.

[2] Ministerio de Hacienda de El Salvador. Plan Fiscal 2025-2027.

[3] Ministerio de Hacienda de El Salvador. Plan Fiscal 2025-2027.

[4] Alvarado, Moises. “Oficina Nacional del Bitcoin dice que el gobierno sigue comprando” en El Diario de Hoy, 6 de abril de 2025.