La detención arbitraria de Eugenio Chicas parece responder a un patrón sistemático de persecución judicial por razones políticas, bajo el cual han sido criminalizados otros dirigentes de oposición. Tales serían los casos de Rubén Zamora y de Atilio Montalvo, «Pepe» Melara y los demás representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Aun cuando el caso de Chicas podría tener como razones particulares la venganza personal de Nayib Bukele y su participación como testigo de la defensa de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, son sus posturas críticas frente al régimen autoritario la principal causa de la persecución política en su contra.
Es decir, el motivo de la criminalización está relacionado directamente con sus críticas a la reversión democrática y los abusos de poder, violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y demás arbitrariedades que caracterizan a la actual consolidación dictatorial, independientemente del caso que se utilice como pretexto para la persecución.
Rubén Zamora fue acusado de encubrimiento de la masacre de El Mozote cometida por los militares en 1981. En vísperas de la navidad de 2023, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó su detención, acusándolo de favorecer a los responsables de la masacre por haber sido directivo de la legislatura que aprobó la Ley de Amnistía en marzo de 1993 (la cual impidió por mucho tiempo judicializar dicho crimen de lesa humanidad).
La argumentación es absurda, ya que Zamora votó contra la ominosa normativa, la denunció públicamente y advirtió que ésta impondría un terrible manto de impunidad sobre todas las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la cruenta guerra civil.
El motivo real de tan ridícula acusación contra el político progresista es su denuncia del desmantelamiento institucional y del retroceso democrático, señalando especialmente la violación sistemática de la Constitución de la República. Zamora rechazó la reelección inconstitucional de Bukele y llamaba a ejercer el derecho constitucional a la insurrección popular.
La reacción ciudadana y de la comunidad internacional impidió la detención de Zamora, pero la persecución logró el propósito de silenciarlo. El último intento fallido de capturarlo fue en noviembre de 2024, probablemente en represalia por recibir en su casa la visita de James McGovern, un congresista estadounidense amigo de El Salvador y crítico del régimen bukelista.
Atilio Montalvo, «Pepe» Melara y demás veteranos de guerra dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos el 30 de mayo de 2024, en vísperas de la toma de posesión inconstitucional de Bukele. Todos fueron acusados de planificar supuestos «actos terroristas» que tendrían el propósito de empañar la referida celebración autoritaria.
El caso es extremadamente irregular porque las «pruebas» no fueron presentadas en los tribunales de justicia, sino que se divulgaron en redes sociales; y no las presentó la Fiscalía, sino la Policía. Se mostraron fotografías de supuestos artefactos explosivos y audios presuntamente grabados por algunos de los detenidos.
Atilio Montalvo llevaba, al momento de su captura, varios meses retirado de la organización por motivos de salud: a la diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades se le habían sumado un infarto y un derrame cerebral. Su familia advierte que pronto podría morir en prisión y pide que por sentido humanitario se le permita salir de la cárcel.
En una situación de salud también delicada está «Pepe» Melara, pues las enfermedades que padece han empeorado, según han denunciado sus familiares y su abogada defensora. Montalvo es firmante de los Acuerdos de Paz y Melara fue diputado de la Asamblea Legislativa; ambos deberían ser homenajeados por el Estado en vez de ser perseguidos.
La gravedad de este caso es tal que entre los detenidos está también el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar, quien nada tiene que ver en el supuesto caso, ya que él se dedicaba únicamente a apoyar en tareas de difusión a varias organizaciones sociales, entre éstas la Alianza El Salvador en Paz. Su rol era transmitir conferencias de prensa y manejar redes sociales.
El motivo de la persecución contra Atilio Montalvo, «Pepe» Melara y otros diez veteranos y ex combatientes del conflicto armado es su activismo por la democracia y los derechos ciudadanos. Melara, igual que Rubén Zamora, también reivindicaba públicamente la acción insurreccional frente a la deriva autoritaria del país.
Y ahora Eugenio Chicas. El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de rechazar la reelección presidencial, criticó duramente las desastrosas y fraudulentas elecciones de febrero y marzo de 2024, en las que Bukele ganó su segundo mandato inconstitucional, obtuvo una arrasadora mayoría legislativa y ganó en la mayor parte de municipios.
Es probable que el régimen bukeliano siga implementando este mecanismo de persecución política a través de la Fiscalía, Policía y sistema judicial, acuerpados por el gigantesco aparato de propaganda y desinformación. A quienes fueron funcionarios los podrán procesar por actos de «corrupción» y los que no participaron en la administración pública podrían ser acusados de cualquier cosa: si no hay de qué acusarlos, les podrían inventar algún «delito».
Por el bien ciudadano y la salvación de este país es esperable que la gente pierda el miedo, asuma una postura crítica y actúe dignamente Así como ha perdido el miedo y se manifiesta frente a la mortífera amenaza de la minería metálica, es urgente que la población salvadoreña también reaccione ante el resto de injusticias, abusos, atropellos y demás desmanes que de manera impune comete el gobierno autoplutocleptocrático de Bukele.
