Nayib Bukele dijo la semana pasada que no quiere ser recordado como ladrón. En una cadena nacional de medios de comunicación carente de contenido y motivada por objetivos publicitarios, el candidato inconstitucional dijo a su gabinete ministerial que está preocupado por su legado y no quiere quedar como un presidente que «no robó pero que se rodeó de ladrones».

Es probable que a algunos de los que vieron la transmisión les quedó la duda sobre si dicha declaración fue sólo para dar sentido a su propagandístico llamado público al Fiscal General Rodolfo Delgado (de investigar a los funcionarios del Ejecutivo) o si de verdad Bukele teme ser recordado como ladrón.

Posiblemente otros pensaron en que sólo hay dos formas de evitar ser recordado como ladrón: una es no robar y la otra es ocultar la información para que la gente no se entere del robo. Esta última forma es la que suelen utilizar funcionarios que administran fondos públicos.

Y, a juzgar por varios hechos notorios, parece que ésta es la que Bukele también escogió para no ser recordado como ladrón. Por eso su gobierno eliminó el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, mediante las siguientes acciones:

1. La administración Bukele estableció reservas ilegales de información en casi todas las instituciones gubernamentales, desnaturalizó las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) y cooptó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, siguió el mal ejemplo y también ocultó la información sobre compras, contrataciones y otros gastos de dinero público.

2. Ya con la mayoría legislativa, los diputados y diputadas oficialistas aprobaron el 5 de mayo de 2021 la llamada «Ley Alabí». Esta normativa permitió esconder el manejo irregular de los fondos utilizados para atender la emergencia por la pandemia de COVID-19.

3. La autodenominada «Bancada Cian» también avaló el 25 de enero de 2023 la Ley de Compras Públicas, la cual derogó a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Expertos en transparencia señalan que esta nueva normativa permite el uso discrecional de fondos estatales en mega obras de infraestructura.

4. El 1 de mayo de 2021 los diputados de Nuevas Ideas destituyeron injustificadamente y sin seguir el procedimiento legal al Fiscal General Raúl Melara, cuando investigaba casos de corrupción y las negociaciones del gobierno con las maras; y en su lugar nombraron a Rodolfo Delgado, quien -según denunciaron exempleados de la Fiscalía- suspendió de inmediato dichas investigaciones.

En esa misma tristemente célebre jornada parlamentaria también fueron destituidos ilegalmente los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sustituidos por personeros del oficialismo.

5. Un mes después, el 5 de junio de 2021, fue cerrada abruptamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), cuando investigaba 12 casos de corrupción en el uso de fondos públicos y asesoraba a la Fiscalía en otros 25 casos. Esto lo dijo públicamente Ronald Ochaeta, representante de la fallida comisión, cuya creación fue una de las principales promesas electorales de Bukele.

6. Otra promesa de campaña de Bukele fue la eliminación de la llamada «partida secreta», por cuyo manejo están procesados funcionarios de los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, según analistas del presupuesto público, lo que hizo la actual administración fue trasladar los fondos reservados (de la partida secreta) de Casa Presidencial a las arcas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), a fin de evadir la fiscalización y la rendición de cuentas.

7. Organizaciones anticorrupción también han señalado la utilización del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) como otro posible mecanismo para el uso discrecional de dinero público, especialmente durante la pandemia de coronavirus, las emergencias por lluvias y el régimen de excepción. Denuncian que cientos de millones de dólares han sido canalizados injustificadamente a través de ese fondo de emergencia.

8. Además de controlar el IAIP y la Fiscalía, este gobierno también cooptó y sometió a sus designios a otras instancias contraloras como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) y más recientemente la Corte de Cuentas de la República (CCR). En esta institución fue colocada como presidente la excandidata a diputada del partido oficialista Roxana Soriano.

9. Sumado al ocultamiento de información pública, la aprobación de leyes que favorecen impunidad de la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad contralora, el gobierno de Bukele mantiene una omnipresente campaña propagandística que busca hacer creer a la población que sus funcionarios «no roban» y que la corrupción es cosa del pasado o de los «mismos de siempre».

Así gasta millones de dólares para mantener un aparato mediático y un entramado digital que -según publicó la agencia británica Reuters- incluye miles de cuentas en redes sociales y cientos de «granjas de troles», «cuartos de guerra digital», «medios fake», «influencers» y redes de «yuotubers».

10. Finalmente, la gestión Bukele ha mantenido una estrategia permanente de bloqueos, descalificación, estigmatización, intimidación y persecución contra el periodismo independiente que informa sobre corrupción en el manejo de fondos públicos, negociaciones con pandillas y otras irregularidades del gobierno.

Los informes del centro de monitoreo de agresiones contra la prensa, gestionado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), registran cada año cientos de vulneraciones contra periodistas, analistas y medios críticos o que -simplemente- no se someten a la narrativa oficial y no se alinean con la estrategia de propaganda gubernamental.

Así, Nayib Bukele intenta no ser recordado como ladrón.