El basural jurídico del asesor presidencial

Los ataques a la prensa han sido una constante en el gobierno de Nayib Bukele y parecen no tener límites. Los consejos de Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, de iniciar procesos penales en contra de los periodistas que informen sobre la tregua entre las pandillas y el actual gobierno es solo un eslabón más para eliminar el periodismo crítico, pilar fundamental en toda democracia.

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diciembre 27, 2021

Imagen tomada de elestado.net

Las recientes declaraciones en contra de la prensa pronunciadas por Javier Argueta, el sapientísimo asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, demuestran claramente su ignorancia perniciosa, digna de los antimanuales del derecho. Muy probablemente por eso, a los profesores de la universidad en la que estudió, les provoca dolor estomacal escucharlo perorar burradas.

De ingenuos no tenemos nada, señor Argueta: sabemos muy bien que usted está siguiendo el guion que los poderosos de turno escribieron para intentar asustarnos a los periodistas. Pero esos malabares de cinco centavos son inútiles; no pueden frenar la fiscalización del poder.

No se confunda, nosotros no vamos a temblar de pánico y cobardía. Al contrario, sus ataques encienden mucho más nuestros ánimos de combatir las cínicas mentiras y falsedades que usted y los suyos vomitan felizmente casi todos los días.

Lo nuestro, señor asesor, es debatir ideas y confrontar el poder.

Es completamente innecesario que gente como usted, con una ética espantosa, nos aconseje leer jurisprudencia sobre libertades de información y expresión. Conocemos los límites de nuestra profesión.

Más bien debería —si es que en algún momento lo hizo— volver a estudiar las sentencias que tanto nos recomienda, no solo para que deje de pronunciar tantas aberraciones jurídicas, sino para que aleccione a muchos funcionarios que se la pasan dañando el honor de quienes se niegan a pintarse la cara, ponerse nariz roja y aplaudir el circo que nos gobierna. Ellos sí que necesitan buenos consejos jurídicos.

Sus tropiezos legales, señor Argueta, comienzan cuando asegura que les ha recomendado a algunos funcionarios, señalados por los Estados Unidos de negociar con pandillas, que ejerzan acciones penales en contra de los periodistas que escriban sobre esas sanciones, porque, según usted, la información revelada por el Departamento del Tesoro salió de publicaciones periodísticas.

Supongamos que esto último es así. Entonces, los funcionarios a los que usted asesora debieron haber acusado a los periodistas que les atribuyeron esas conductas. Pero no lo hicieron. Ha transcurrido más de un año desde que El Faro publicó sobre las negociaciones del gobierno con la Mara Salvatrucha (MS-13). Pero ningún funcionario salió a defenderse. Hasta la fecha la única respuesta ha sido un vergonzoso silencio.

Pero vayamos a las fuentes del derecho, para no dejarnos confundir con las manipulaciones jurídicas del señor Argueta. En la sentencia de la Sala de lo Constitucional 91-2007, por ejemplo, se resuelve un conflicto entre varios derechos fundamentales: libertad de expresión e información, por un lado; honor, propia imagen, intimidad personal y familiar, por otro. La Sala establece que ninguno de estos derechos es absoluto, es decir, ninguno está por encima de otro.

Sin embargo, esa misma sentencia —que al señor Argueta tanto le gusta citar— señala claramente que los funcionarios públicos tienen menos protección ante la crítica que una persona particular: «Quien llega a un cargo público se expone a un escrutinio público y eso implica que los ciudadanos pueden válidamente criticar, cuestionar o burlarse abiertamente de la gestión de un funcionario».

Estamos claros que esa libertad de crítica no es una licencia para calumniar. Pero, en todo caso, los delitos contra el honor —según esa misma sentencia— solo se configuran cuando se emiten declaraciones o se publica un texto periodístico «con una intención manifiesta de ocasionar daños a derechos protegidos constitucionalmente».

La Sala, además, retoma (y esto es importante) una figura del derecho anglosajón que es la «real malicia». Eso significa que el ejercicio de libertad de expresión e información solo es punible cuando la crítica se hace con dolo, es decir, con una clara intención de dañar el honor de alguien.

En otras palabras: solo se puede llevar a la justicia si se comprueba que el periodista sabía, antes de emitir una declaración o hacer una publicación, que la información era completamente falsa y por lo tanto tenía como finalidad dañar el honor de cierta persona.

Para el caso que nos ocupa, si los funcionarios que fueron señalados por El Faro de negociar con pandillas estaban convencidos que lo publicado era mentira, estaban obligados a pedir derecho de rectificación o demandar en los tribunales a los autores y demostrar con pruebas que lo publicado estaba construido con falsedades.

Pero no lo hicieron. Prefirieron el silencio. Quizá porque estaban convencidos que era difícil refutar las pruebas obtenidas por los periodistas: fotografías y documentos del propio gobierno de Nayib Bukele que demuestra el ingreso de funcionarios y cabecillas de pandillas a centros penales para negociar la reducción de asesinatos a cambio de beneficios.

No, señor Argueta, esas investigaciones —que luego fueron continuadas por otros periodistas— no están hechas únicamente con fuentes anónimas, así que ya no meta los pies en lodo, ya no diga barbaridades que lo colocan en el basurero de las ciencias jurídicas.

Ningún periodista debe temer al escribir que el actual gobierno ha negociado con pandillas. Porque ninguno de los funcionarios señalados, tanto por el periodismo de investigación como por el gobierno de los Estados Unidos, ha demostrado lo contrario. Ellos continúan flotando en un silencio deshonroso que, por lo menos, debería levantar sospechas en quienes todavía creen que este gobierno navega en aguas benditas.

El señor Argueta dice que los funcionarios tienen el derecho de respuesta. Eso es verdad. Hay una ley de rectificación y respuesta. Pero partamos del inicio: los periodistas que investigaron el pacto con pandillas buscaron a los funcionarios señalados para que dieran su versión. Pero no respondieron. Prefirieron el silencio, como siempre.

César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), aseguró hace algunos días que desde que Nayib Bukele asumió el poder ninguno de sus funcionarios señalados por corrupción ha hecho uso de la ley de rectificación y respuesta. No solo eso: también indicó que es imposible conseguir alguna entrevista con ellos. Eso es escandaloso para un gobierno que todavía se jacta de anticorrupto y democrático. «Se cuestiona al periodista, se cuestiona al medio de comunicación, pero no se cuestiona lo publicado, porque son publicaciones sólidas», manifestó Fagoaga en la entrevista Frente a Frente.

Pero volvamos al tema de las fuentes. El señor Argueta asegura, una y otra vez, que las informaciones reveladas por los Estados Unidos surgen de publicaciones periodísticas de El Salvador. Falso. Totalmente falso. Los periodistas salvadoreños nunca revelaron que el gobierno de Nayib Bukele entregó dinero a las pandillas para frenar los asesinatos. Tampoco informaron que entre los beneficios que otorgó el gobierno a pandilleros está una provisión de teléfonos celulares y el ingreso de prostitutas a las cárceles.

Todo eso lo investigó la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, una organización creada en agosto del 2019 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (con el aval del gobierno salvadoreño), que cuenta con fiscales estadounidenses que han investigado las actividades de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.

El mismo gobierno de Nayib Bukele aseguró en septiembre del 2020 que era imposible un pacto con las pandillas y señaló como garantía el trabajo de la Fuerza de Tarea Vulcano. Bueno, ese mismo organismo de seguridad es la fuente del gobierno estadounidense, es el que ha documentado que el gobierno salvadoreño y las pandillas negociaron para reducir los asesinatos a cambio de beneficios. Así como lo hicieron dirigentes de ARENA y el FMLN en el pasado.

Entonces, si los funcionarios señalados por actos de corrupción y de negociar con pandillas inician procesos penales en contra de los periodistas que escriben sobre esas denuncias, cometerán una brutal violación a derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Primero deben romper el silencio y demostrar, no con matonerías ni amenazas, sino con pruebas, que los señalamientos son falsos.

Eso lo sabe muy bien, señor Argueta. Usted mismo ha dicho que las acciones penales solo se pueden ejercer «frente a quien ha determinado una conducta» con información falsa. Entonces, que no se le enmarañe la lengua: no diga que un periodista que escribe sobre la tregua entre las pandillas y el actual gobierno debe ser sujeto a persecución penal. No tuerza las cosas. No se ahogue en la ignorancia.

Usted, señor Argueta, en su afán de intimidar a la prensa también ha dicho que los periodistas deben revelar su fuente cuando estas son confidenciales.

En primer lugar, debería saber que cuando algunos servidores públicos tienen la valentía de denunciar actos de corrupción, lo mínimo que exigen es la protección de sus identidades, sobre todo cuando sus jefes son funcionarios tan poco tolerantes como los del actual gobierno.

En segundo lugar, ningún periodista está obligado a revelar sus fuentes. Las fuentes están protegidas no solo por el Código Procesal Penal, sino por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Veamos:

1. Dice el Código Procesal Penal en el artículo 206: «Los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su profesión ejerza el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar».

2. Dice la Sala de lo Constitucional en la Sentencia 91-2007: «lo único que se prohíbe es el ejercicio de la libertad de información con conocimiento de la falsedad del hecho o con un temerario desprecio a la verdad, entendiendo por veracidad la verificación y contrastación de las fuentes de información; fuentes que gozan de protección en una sociedad democrática».

También existe, señor Argueta, una serie de tratados internacionales que protegen la confidencialidad de las fuentes de información. Usted, que se jacta de haber leído tantas sentencias sobre libertades públicas, debería conocerlos.

Entonces, señor Argueta, ya no se esfuerce en intimidar a la prensa. Conocemos nuestros derechos. Tenemos claros nuestros límites. Nosotros vamos a seguir investigando. Y no tenga dudas que mostraremos las pruebas cuando de actos de corrupción se trate. Tarde o temprano, como ocurrió con los gobernantes anteriores, los salvadoreños terminarán convencidos de todas las suciedades que han cometido los sujetos a quienes usted asesora.

Ahora, si de linchar a periodistas se trata, ninguna protección legal tendrá validez. Ahí ya no podemos hacer nada. Desde hace mucho tiempo sabemos que a los autoritarios y a sus serviles les encanta parir deslealtades hacia la justicia. En esos casos solo la historia se encargará de ponerlos en su lugar.

    
 
Editorial 

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