Hace cinco meses que los Bukele consolidaron la usurpación del poder político y las consecuencias han sido nefastas para los salvadoreños: el estado de legalidad fue desmontado completamente y ya nada nos ampara. Los abusos de poder forman parte de nuestro mapa cotidiano. Los masivos despidos de trabajadores públicos por atreverse a exigir sus derechos son el ejemplo más reciente de las mil arbitrariedades que padecemos a diario. Ahora solo dependemos de los caprichos de quienes nos gobiernan.
La herencia patrimonialista colonial, que ni siquiera los liberales del siglo XIX pudieron desmontar, continúa siendo uno de nuestros grandes lastres históricos. El nepotismo y el clientelismo aún rigen nuestra forma de entender la política. Lo importante no es fortalecer a la sociedad y a las instituciones democráticas. Lo importante es servirse del Estado para consolidar intereses personales.
Es por eso que el saqueo y el despilfarro de fondos públicos continúa siendo una práctica sin freno. Los gobernantes actuales no son la excepción. Han eliminados todos los controles institucionales y se han enriquecido sin el más mínimo rubor ni vergüenza. Solo de esa manera podemos entender el porqué algunos que antes de ser funcionarios tenían deudas ahora viven en lujosas mansiones y sus patrimonios se han multiplicado demencialmente.
Mientras eso sucede una gran parte de los salvadoreños viven en un estado de precariedad y miseria. Ni siquiera las millonarias campañas publicitarias dirigidas desde Casa Presidencial pueden ocultar esa terrible realidad. El elevado costo de los alimentos básicos, así como el deterioro de la salud y la educación pública únicamente profundizan la descomposición social que padecemos.
Y aunque los índices de criminalidad parecen haberse reducido (no podemos hablar con certeza en un país donde se ocultan las estadísticas oficiales), la incertidumbre continúa martillando la cabeza de miles de salvadoreños, pues las causas de la violencia siguen intactas: la desigualdad, la miseria, la corrupción y la falta de oportunidades.
¿Qué oportunidades les dará la sociedad a los niños y a las niñas de las comunidades pobres para que no encuentren en la delincuencia la única forma de sobrevivir? ¿Qué pasará con esos miles y miles de hogares empujados a la precariedad como consecuencia de la inflación y la especulación que han encarecido la vida a niveles nunca antes vistos desde 1992?
Hay que generar oportunidades, llenar esos vacíos, porque si esos vacíos no se atienden con políticas públicas genuinas y oportunas, tarde o temprano serán llenados por una forma de violencia criminal más despiadada.
Esa es nuestra realidad. El panorama es oscuro y sombrío. Y, sin embargo, el periodismo salvadoreño crítico e independiente ha continuado denunciando los abusos de poder y la podredumbre de las mafias políticas y empresariales.
Revista Elementos no ha sido la excepción. Han transcurrido tres años desde que lanzamos este espacio de ideas y pensamiento, sin más recursos que nuestros ímpetus intelectuales, convencidos de que los tiempos demandaban esfuerzos democráticos para dar una batalla contra las fuerzas autoritarias que desarmaban lo poco bueno que habíamos construido como sociedad.
Nada ha sido fácil. Hay mucho de coraje y sacrificio en esta labor. Nadie crea un medio de comunicación para enriquecerse. Los modelos económicos para sostener empresas como estas son complejos y decadentes. Hay que reinventarse a cada paso para no morir en el trayecto. Únicamente la certeza de que el esfuerzo no será inútil nos mantiene en pie.
Aún seguimos aquí, creyendo —como escribimos en nuestro primer editorial— en un periodismo metódico y riguroso, que construye historias desde sus raíces, que profundiza sin mutilar la realidad; seguimos creyendo en valores democráticos, en la pluralidad de ideas, en la fiscalización de los poderes políticos y económicos… Aún seguimos aquí, y esperamos seguir durante muchos años más.
