A un año de las detenciones
El pasado 11 de enero se cumplió el primer año de la captura arbitraria de los líderes de la comunidad Santa Marta y de la asociación ADES, acusados de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil, teniendo como principal «prueba» el relato contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después declaró que le contaron lo sucedido.
A estas alturas está claro que el caso es un montaje de la Fiscalía General de la República (FGR) y una instrumentalización del sistema judicial para perseguir el activismo ambiental de los detenidos. Las diversas organizaciones salvadoreñas y extranjeras, instancias de la comunidad internacional y otros actores que se han pronunciado durante estos doce meses coinciden en que el móvil central detrás del espurio proceso penal es la intención gubernamental de retomar proyectos de minería metálica prohibidos por ley desde 2017.
Las detenciones fueron precisamente cuando Santa Marta y ADES alertaban al país sobre algunos hechos que indican claramente la posible reactivación minera, entre éstos la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye minería de metales, la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la minería, la asignación de un presupuesto de 4.5 millones de dólares para «revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería» y la presencia de presuntos personeros de empresas extranjeras comprando o alquilando terrenos con potencial minero en Cabañas.
En este año, diferentes voces se han alzado denunciando las detenciones y exigiendo la libertad de los ambientalistas. Los primeros en mostrar su preocupación e indignación fueron las personas, organizaciones e instituciones que apoyaron la histórica lucha contra la minería metálica y saludaron eufóricas la ley prohibitiva hace más de seis años, pues les pareció absurdo que el Estado salvadoreño enjuiciara a estos actores claves para la aprobación de la normativa que convirtió al país en un hito mundial.
En febrero del año pasado 250 organizaciones de treinta países rechazaron las detenciones, pidieron liberar a los ambientalistas y abogaron por mantener la prohibición de la minería en El Salvador. En marzo, varias relatorías especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas expresaron al gobierno salvadoreño su preocupación y solicitaron conjuntamente información del proceso penal; y ante la insatisfacción por la respuesta recibida, la Relatora de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, exigió la libertad de los activistas en mayo y en septiembre -cuando recibieron arresto domiciliar- demandó su absolución.
En el mes de julio 17 congresistas y senadores de Estados Unidos pidieron a su gobierno interceder en el caso. En una carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores norteamericanos reconocen la actual labor de defensa ambiental de los detenidos y su participación en la lucha social que permitió la promulgación de la ley prohibitiva de la minería metálica en el país.
Y ahora que el injusto proceso penal cumplió un año, hubo varias expresiones contundentes de apoyo a la exigencia de libertad para los ambientalistas y de rechazo a las intenciones de reabrir la explotación minera. Una de las más emblemáticas fue una carta firmada por unos 200 académicos, abogados y organizaciones jurídicas de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, España, Italia, Noruega, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y otros dieciséis países de todos los continentes.
La misiva fue entrega al fiscal general Rodolfo Delgado por un grupo de firmantes salvadoreños y también presentada en varios consulados salvadoreños en Canadá y Estados Unidos por miembros de organizaciones solidarias y aliados internacionales que se manifestaron en Vancouver, Ottawa, Toronto, Washington y otras ciudades canadienses, estadounidenses y europeas.
También una comisión internacional integrada por destacados activistas y académicos de prestigiosas universidades de Estados Unidos y Canadá presentaron en San Salvador el informe de una visita realizada al país durante el mes de octubre. El reporte señala la falta de pruebas y demás irregularidades del proceso penal contra los ambientalistas, la manipulación de la justicia y el peligro de reactivación de la minería metálica. El documento se refiere, además, a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción y el retroceso democrático que sufre el país.
Y entre las expresiones nacionales más significativas está el pronunciamiento conjunto de las principales asociaciones de veteranos, veteranas y excombatientes que denunciaron el intento de criminalizar a este sector a través de la acusación contra los líderes de Santa Marta, calificando como «asociaciones ilícitas» a las organizaciones participantes en el conflicto armando que fueron legitimadas por la Declaración Franco-Mexicana de 1981, los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
«Esto significa que una posible condena contra los compañeros de Santa Marta y ADES convertiría en sujetos perseguibles penalmente a todos los y las ex combatientes», advierte el comunicado suscrito por la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN (ANVEGE) Asociación Salvadoreña de Veteranos de Guerra (ASALVEG) y la Coordinadora Nacional de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños (CONAVERS) que exigen a la Fiscalía retirar la acusación contra los ambientalistas.
Ojalá que la prudencia, la sensatez y el sentido común guíen las actuaciones del fiscal general Rodolfo Delgado y las decisiones de la jueza de instrucción de Sensuntepeque María Elizabeth Amaya Rivera en este caso. Además de respetar la ley, apegarse al debido proceso penal y actuar con verdadera justicia, estos funcionarios deberían escuchar y tomar en cuenta a las distintas voces -que desde diferentes lugares de mundo- exigen retirar los cargos contra los ambientalistas que libraron al país del desastre minero que habría terminado con el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida.
