La semana pasada inició formalmente la campaña para los comicios de 2024. Estas elecciones serán las más fraudulentas desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, por más que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez, haya prometido que serán «transparentes modernas y confiables», el pasado 6 de septiembre durante el acto oficial de convocatoria.

El principal factor de fraude es, evidentemente, la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele.

Seis artículos de nuestra carta magna impiden que el actual presidente busque un segundo mandato consecutivo: el artículo 75 suspende los derechos ciudadanos a quien promueva la reelección presidencial; el artículo 88 obliga a la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República; el artículo 131 manda a la Asamblea Legislativa a destituir al presidente si permanece en el cargo después de terminado su mandato; el artículo 152 prohíbe al presidente ser candidato presidencial; y el artículo 154 limita el período presidencial a cinco años y el presidente no puede quedarse ni un días más.

A éstos se suma el célebre artículo 87 que habilita al pueblo a insurreccionarse cuando el orden constitucional haya sido alterado; y, desde luego, la reelección presidencial es una grave alteración al orden constitucional.

Como bien observa la plataforma ciudadana SUMAR, «pocas constituciones en el mundo hacen tanto énfasis en una prohibición, como la nuestra en relación a la no reelección presidencial». Ningún presidente intentó reelegirse durante las tres décadas de historia democrática del país y el último que lo hizo fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien se mantuvo en el poder durante 12 años hasta que fue derrocado en 1944.

El segundo aspecto fraudulento es el sometimiento del TSE a las aspiraciones reeleccionistas de Bukele, que se expresa claramente en su decisión de admitir su candidatura inconstitucional alegando que «las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento», como si la Sala actual fuera legítima y como si ésta pudiera emitir fallos que violen la Constitución.

El TSE también permitió la campaña adelantada, inscribió partidos afines al oficialismo que no cumplieron requisitos, cometió irregularidades en la contratación de la empresa responsable de la transmisión de los resultados electorales, entre otras anomalías.

A la falta de independencia del TSE se agrega el control del oficialismo sobre otras instituciones importantes en el proceso electoral como la Fiscalía, la Policía y la Sala de lo Constitucional.

El tercer elemento de fraude es la «demarcación de la cancha electoral» a la medida de los objetivos políticos del oficialismo, mediante una serie de reformas al Código Electoral y otras leyes relacionadas con la votación electrónica, el voto en el exterior, la eliminación de municipios, la reducción del número de diputados y el nuevo método de asignación de los escaños por departamento.

Además, la reforma que quitó la prohibición de modificar las reglas electorales a menos de un año de los comicios. Esto significa que el oficialismo todavía podrá seguir cambiando la ley electoral a la medida de sus intereses.

El cuarto factor fraudulento es un detalle relevante y decisivo: la organización de los comicios colocando en la misma fecha la elección presidencial y las legislativas, a fin de que la popularidad del inconstitucional candidato presidente tenga «efecto de arrastre» y favorezca a los impresentables candidatos a diputados del partido oficial. Esta es la única forma de asegurar una nueva mayoría oficialista para el eventual segundo mandato de Bukele.

Finalmente, el quinto aspecto de fraude tiene que ver con el uso descarado de los fondos y recursos públicos en función del oficialismo: el presupuesto y las instituciones estatales para hacer propaganda, comprar voluntades y movilizar electores. Incluso, es posible que acercándose las elecciones haya reparto de alimentos y entrega de dinero en efectivo, aprovechando el hambre y las necesidades económicas de la gente.

La campaña más vergonzosa

La elección más fraudulenta también tendrá la campaña más vergonzosa, determinada por la narrativa del régimen de excepción, la cual contiene tres ideas fácilmente asimilables para el imaginario popular: 1- Las pandillas se terminaron y el problema de la inseguridad está resuelto. 2- Esto fue posible gracias al régimen de excepción. 3- Los candidatos opositores proponen quitar el régimen de excepción para que las pandillas vuelvan a matar, extorsionar y violar.

Bukele y sus propagandistas reviven el viejo discurso falso, manipulador y de miedo que utilizaba ARENA en sus campañas presidenciales; con una única diferencia: el temor a los «comunistas come niños» ahora es a los pandilleros. Esa es la calidad y la altura del debate electoral propuesto desde el oficialismo.

Ojalá que la población decente, inteligente y con perspectiva democrática rechace esa discusión tan bajera; y que exija propuestas reales, viables y coherentes para enfrentar el desempleo, los salarios bajos, el alto costo de la vida, la pobreza, la crisis alimentaria y la falta de agua, salud, educación, vivienda saneamiento ambiental y oportunidades para la juventud.