En teoría el oficialismo tiene todas las condiciones para ganar en las elecciones de 2024 y alcanzar sus objetivos políticos, principalmente lograr la ilegal reelección del presidente Nayib Bukele prohibida por ocho artículos de la Constitución de la República.
Tiene a su favor el control absoluto de todas las instituciones estatales, entre éstas el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancias que son claves en los procesos electorales. También cuenta con el presupuesto público, con un enorme aparato comunicacional y con el alto respaldo popular en las encuestas que utiliza como su mayor fuente de legitimación para buscar la continuidad en el poder.
Sin embargo, el bukelismo actúa como si teme perder las elecciones o no está seguro de ganarlas; y por eso usa su mayoría legislativa para cambiar arbitrariamente las reglas. El pasado 16 de marzo derogó la disposición que impedía hacer reformas electorales cuando ya falta menos de un año para las próximas elecciones y, desde entonces, viene modificando el marco legal para «remarcar la cancha a su medida».
Entre las reformas más importantes está la reducción de la cantidad de municipios y diputaciones: las alcaldías pasaron de 262 a 44 y los diputados bajaron de 84 a 60. Los objetivos son claros: evitar la derrota a nivel municipal, donde sus alcaldes no cumplieron las expectativas de la población, y mantener la mayoría parlamentaria, a pesar del descrédito de sus diputados.
No obstante, parece que estas y otras reformas inconsultas y sin base técnica aún no dan total certeza al oficialismo, pues —a pesar de la alta popularidad de Bukele y el respaldo mayoritario a su gobierno— los números no le cuadran. Dos hechos revelan esta interesante situación: el aval a la gestión presidencial ronda el 90%, pero Nuevas Ideas obtiene sólo el 45% de preferencia electoral; y apenas el 9.5% de los afiliados de dicho partido participaron en sus elecciones internas realizadas virtualmente el 9 de julio.
Esto explica la reforma, aprobada la semana pasada, para colocar la fotografía de los candidatos presidenciales en la papeleta de votación. Bukele siente que no alcanza la bandera cian de Nuevas Ideas ni la «N de Nayib», por lo cual debe poner su sonriente, maquillada y bien peinada imagen facial en la boleta.
Los estrategas de la propaganda oficialista saben que una cosa es que a muchas personas les guste o simpaticen con la imagen «cool» de Bukele, pero otra muy distinta es que vayan a votar por él en febrero de 2024; porque saben, por ejemplo, que la gente se siente más segura o menos amenazada por las pandillas, pero reciente la captura y prisión arbitraria e ilegal de sus familiares, amigos o conocidos inocentes que no tienen ninguna relación con maras.
También saben que la población valora la mejora en seguridad pública y algunas obras de infraestructura vial (iniciadas por el gobierno anterior), pero extraña la falta de acción gubernamental para mejorar sus precarias condiciones económicas generadas por el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de la vida, la falta de pensiones dignas, el desmantelamiento de programas de protección social, etcétera.
El oficialismo teme que la realidad de la mayoría de la población (que come menos, compra menos, se divierte menos, estudia menos, se cura menos y se endeuda más) se imponga sobre la percepción falsa o cuestionable de un país mejor; y ante semejante riesgo sus marketeros políticos propusieron, quemar como último cartucho propagandístico, la foto de Bukele en la papeleta.
¿Qué más harán?
Sin embargo, habrá que ver ¿qué más hace el bukelismo si logra consolidarse una fórmula presidencial alternativa que le proponga a la población continuar el combate contra la criminalidad respetando el debido proceso y protegiendo a las personas inocentes, procurar un ambiente verdaderamente democrático y favorecer la economía familiar, la salud, la educación, la agricultura, el agua potable y otras necesidades urgentes que no han sido atendidos por el actual gobierno?
¿Qué más hará el oficialismo si una opción electoral distinta se compromete con un abordaje estructural de los problemas que causan exclusión, desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, violencia, migración y deterioro del medioambiente, problemas —como la escandalosa concentración de la riqueza— que este gobierno no quiso enfrentar a pesar de tener mayoría parlamentaria y todo el poder del Estado para hacerlo?
¿Qué más harán los que quieren consolidar la autocracia y perpetuarse en el poder si una nueva narrativa cívica apela eficazmente a la tolerancia, al diálogo, la participación, la transparencia y el equilibrio democrático como el mejor ambiente para construir soluciones reales, duraderas y sostenibles, que superen el carácter propagandístico, inmediatista, superficial y engañoso de las presentadas hasta ahora?
¿Qué más harán? ¿Eliminarán la segunda vuelta electoral? ¿Anularán alguna candidatura que sea competencia real? ¿Manipularán los votos del exterior? ¿Prepararán un fraude electrónico?..
