La caracterización del gobierno de Nayib Bukele como una autocracia es acertada, pues en ésta el poder se concentra en una sola persona, no existen instituciones independientes, no hay separación de poderes y no funciona ningún mecanismo de control.
Los intereses, los deseos y hasta el humor del autócrata suelen estar por encima de las leyes, la Constitución y los procesos institucionales. El resto de funcionarios estatales (ministros, diputados, fiscales, jueces y magistrados) actúan como peones o sirvientes leales al autócrata, traicionando los derechos y las demandas de la población.
Por sus estrategias publicitarias y propagandísticas basadas en la desinformación y la post verdad, el régimen del autócrata salvadoreño puede definirse más específicamente como una «autocracia desinformativa».
Sin embargo, considero que el concepto de autocracia se queda muy corto porque se refiere únicamente al ejercicio del poder político concentrado, vertical, autoritario y antidemocrático del bukelato. La autocracia deja de lado otros dos aspectos fundamentales: su descarado carácter pro oligárquico y la corrupción galopante.
Por eso, para superar esta limitación teórico-conceptual y contribuir a una caracterización más exacta del régimen bukelista propongo definirlo como una mezcla o combinación de autocracia, plutocracia y cleptocracia. Así estará mejor definido.
Plutocracia es el gobierno controlado por una oligarquía que impone su voluntad y sus intereses sobre la mayoría de la población. Las políticas de los regímenes plutocráticos favorecen siempre la acumulación y concentración de riqueza de las minorías pudientes, en menoscabo de las necesidades y aspiraciones de las capas medias y sectores populares.
El carácter oligárquico del gobierno de Bukele se expresa claramente en la vigencia del modelo tributario regresivo donde pagan más los que menos tienen y negocios obscenos como el de las administradoras privadas de las pensiones.
También se manifiesta en la disposición institucional a los grandes intereses empresariales (para dar permisos de operación y/o exonerar de impuestos) y el sesgo aporofóbico del ajuste fiscal, las medidas tributarias y la aplicación del derecho penal. El régimen de Bukele odia y persigue a los pobres porque estorban, «afean el paisaje” y “empañan las luces».
Bukele imagina un país para ricos y turistas adinerados. Su gobierno está en función de su grupo familiar y de la mayoría de familias oligárquicas que han expoliado y explotado al país desde siempre (Kriete, Callejas, Dueñas, entre otros).
Y la cleptocracia es un régimen de corrupción generalizada e institucionalizada: reina la opacidad, la no rendición de cuentas y el saqueo de recursos públicos. Es también nepotismo, tráfico de influencias, desvío y malversación de fondos, uso patrimonialista del Estado y robo a la población mediante impuestos no retribuibles, multas, etc.
El bukelato tiene diversas prácticas cleptocráticas: desde los casos de corrupción que investigaba la extinta CICIES y el ex fiscal Raúl Melara, hasta los cobros por visitas, el manejo de los paquetes y toda la corrupción en los penales. (En audios publicados por El Faro, el ex asesor de seguridad Alejandro Muyshondt le dice al ex secretario privado presidencial Ernesto Castro que el director general de centros penales Osiris Luna y su mamá roban «de a galán».
Desde el enriquecimiento y adquisición de terrenos de la familia presidencial, hasta los «préstamos VIP» de los diputados oficialistas. Desde la exoneración de impuestos para bitcoiners y otros nuevos propietarios del remozado centro histórico de San Salvador, hasta los nuevos tributos municipales para los vendedores informales y las nuevas multas de tránsito.
Desde la negociación secreta del tratado comercial con China y el oscuro contrato con la empresas turca Yilport Holding Inc., hasta la intención de entregarle minerales preciosos del subsuelo de Cabañas a la minera estadounidense Titán Resources Unlimited.
Desde la asignación intransparente de megaproyectos y el ocultamiento de millones de dólares en el FOPROMID, el presupuesto del OIE y otras «partidas secretas», hasta el manejo incierto de los fondos estatales en el Bitcoin y el fraude con la Chivo Wallet.
Desde los permisos exprés a empresas depredadoras de ecosistemas, hasta la persecución fiscal contra los micro y pequeños empresarios, profesionales independientes y jóvenes que buscan sortear el desempleo buscando opciones en el emprendedurismo virtual.
Desde la apropiación gubernamental de los fondos de pensiones y el desfalco de COSAVI, hasta la desmedida e intransparente política de endeudamiento público, sobre todo el uso del dinero de los ahorrantes del sistema bancario para financiar LETES, CETES y otros mecanismos de deuda de corto plazo.
Así que la palabra compuesta «auto-pluto-cleptocracia» sería una definición más precisa del régimen de Bukele. Dejo, pues, la moción a los académicos, analistas, periodistas y todos los que quieran llamar a las cosas por su nombre.