Recientemente en el ámbito político se ha suscitado un logro para unos y la preocupación para otros sobre los gobiernos recientes de “corte derechista” que se han establecido en varios países de América Latina. Las tendencias en los comicios de varios países en Suramérica indican que esto podría profundizarse. La gran mayoría de estos nuevos gobiernos responden a un descontento de la población con las administraciones previas incapaces de atender y financiar debidamente las demandas sociales más sentidas de la población en materia de bienestar social, seguridad y gestión de la economía. Otros consideran que muchos de los problemas provienen de la presencia de migrantes, por lo que la expulsión de los mismos estaría en la agenda para mejorar la situación de los respectivos países. Sería precisamente este malestar de la población lo que habría generado la oportunidad de que outsiders o políticos tradicionales, pero con una tónica más radical, ganaran las elecciones.
Una vez instalados en el poder se ha identificado un rasgo que es interesante tener presente para distinguir a la derecha tradicional, llamaremos la derecha que conocimos en nuestros países latinoamericanos de las décadas anteriores de la actual que es más radical y busca su fuente de legitimidad mediante otra vía.
En general, diremos que lo que caracteriza las derechas conservadoras y a las oligarquías es sostener, o si no existe, crear un andamiaje legal y jurídico para echar andar sus proyectos económicos, y para ello se requiere un brazo operativo político. Es decir, el tema económico estaría siempre como el eje central que articula los intereses de este grupo o sector.
En las épocas pasadas, cuando existían dictaduras en la región latinoamericana y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos estaban prácticamente invisibilizados, resultaba “natural” que la agenda económica de los grupos dominantes se estableciera con bastante facilidad y cobrara vida, mediante los estamentos políticos.
No obstante, después de lo que se dio en llamar la tercera ola, y cuando gradualmente las dictaduras desaparecieron y hubo una restauración de los derechos ciudadanos, la agenda económica se hizo sentir mediante procesos de reformas económicas estructurales, privatizaciones de activos del Estado, ajustes en materia fiscal, que se legitimaban en los congresos o asambleas. Aunque estas decisiones económicas tenían un impacto significativo sobre amplios conglomerados sociales, no siempre se vinculaban directamente con el deterioro del bienestar social y la afectación de los derechos económicos y sociales de una gran parte de la ciudadanía.
Aún no se había desarrollado una conciencia de que las prestaciones del Estado –que desde luego requiere de una gestión de las finanzas estatales— eran consustanciales al bienestar de la población y que, por tanto, una agenda económica que afectará a la población era un atentado al mismo Estado de Derecho. Se entendía la esfera económica de una sola manera: su única lógica era la obtención del lucro privado y, mediante esa vía, la generación de la riqueza suficiente para lograr alcanzar el desarrollo el bienestar social, donde el tema de las garantías de los ciudadanos o como los procesos de mercado pueden afectar a terceros o pobres no estaban claramente establecidos en la actualidad.
A partir de los primeros años del nuevo siglo se desarrolla una concienca que confluye desde los ámbitos económicos y jurídicos, de como las decisiones económicas y de política pública pueden lesionar los derechos de los ciudadanos. Bajo esta dinámica los procesos de mercado, como la producción, distribución, comercialización y el consumo, puede tener efectos negativos sobre grupos sociales, por lo que el Estado tendría que velar por el interés de ellos. Se desarrolla una visión que incluye no solo los derechos civiles y políticos, si no también los económicos emanan de la constitución, por lo cual, en rigor del Estado de Derecho, cuando se toman decisiones económicas y de política pública es importante sopesar si no se lesionan los derechos económicos de un individuo o grupos de individuos.
Esto último cambia el panorama, porque somete las decisiones privadas, en materia económica y lo fiscal, a un ámbito de consideración del Estado. En el caso de que las decisiones privadas generarán un impacto lesivo sobre la población también cuentan con la garantía que pueden ser emplazadas porque existe un entorno legal que resguarda el derecho de los ciudadanos en materia económica. Esta postura creció y se desarrolló gradualmente y de manera diferente en los países de la región, siempre con la tensión de los grupos de derechos y el empresario más radical. Pero así como históricamente hubo un proceso para el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, también llegó que el reconocimiento de las garantías de los derechos económico y sociales, emanan del texto constitucional o de sentencias que emitían jueces de las altas cortes.
Precisamente lo que caracteriza a la nueva derecha o la ultraderecha es que toda esta serie de garantias son un obstáculo para echar andar su plan económico. Pero a diferencia de la derecha tradicional, la ultraderecha no solo le interesa el tema económicos por sí mismo, si no que lo quiere instrumentalizar para afianzar el poder político. Para restringir o limitar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, en ocasiones se recurre a la declaración de estados de excepción o mecanismos similares. Bajo estas circunstancias, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo o las disposiciones aprobadas por el parlamento de turno adquieren un carácter predominante, aun cuando algunas de ellas puedan entrar en contradicción con los principios y garantías propios de un Estado constitucional de derecho. La finalidad no es la búsqueda del lucro en si mismo, si no como este proceso puede contribuir a perpetuar el poder político, no importando si esto termina lesionando la situación económica de los ciudadanos.
