CRISTOSAL denunció la semana pasada que Ruth López fue llevada repentinamente al Centro Penal de Izalco, la más mortífera de las cárceles salvadoreñas. La abogada de derechos humanos estaba recluida en bartolinas de la División de Tránsito de la PNC y su traslado se dio cuando todavía estaba vigente una resolución judicial que impedía hacerlo.

El cambio no ha sido confirmado por las autoridades gubernamentales. López se encuentra prácticamente desaparecida en el sistema penitenciario: incomunicada, sin medicinas y sufriendo el peligro que significa estar en el lugar donde ha muerto la mayoría de prisioneros por golpizas, hambre o falta de medicamentos durante el régimen de excepción, situación que ella misma denunció en los informes sobre violaciones a derechos humanos que realizó antes de ser detenida.

Enviar a esta defensora de derechos humanos a Izalco es un hecho perturbador que confirma, no sólo la ilegalidad e injusticia con que actúan los sistemas judicial y penitenciario, sino la crueldad y el sadismo que exhibe la dictadura bukeliana.

¿Por qué mandan a Ruth López a Izalco? ¿Para que la golpeen, la violen o la manten? ¿Para que sufra todos los abusos y vejámenes que ella misma denunció? ¿Es el castigo por haber establecido que ésa es la más brutal de las cárceles del inhumano sistema penitenciario del bukelato? Insisto, el hecho es altamente perturbador, pues nos muestra a un régimen dictatorial sin límites, sin escrúpulos y con una mentalidad tenebrosa.

Algo parecido hicieron también con Fidel Zavala, enviándolo nuevamente al mismo centro penal donde presenció los abusos carcelarios que denunció. Son las lecciones de terror de una dictadura cruel que se jactaba de ser «cool».

La responsabilidad directa por lo que suceda con Lopez en Izalco caerá directamente sobre Laura Chacón y Zulma Romero, magistradas de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que ratificaron la detención provisional de la defensora de derechos humanos, según publicó en la red social X el periodista exiliado Héctor Silva Ávalos.

En vez de revertir la prisión preventiva y otorgarle medidas sustitutivas, estas juezas de la dictadura prefirieron hundirla en el agujero negro que son las cárceles salvadoreñas. Las magistradas tuvieron en sus manos la valiosa oportunidad de revertir una injusticia, pero decidieron ratificarla y complacer a la dictadura que quiere mantener a Ruth presa.

Una de estas magistradas ya tiene experiencia en persecución judicial contra defensores de derechos humanos. En septiembre del año pasado intervino como magistrada suplente de la Cámara Penal de Cojutepeque fallando contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, rechazando recursos de apelación interpuestos por la defensa.

Los vejámenes contra López confirman que su caso es una persecución judicial por defender los derechos humanos, acompañar a las víctimas, denunciar la corrupción y reivindicar la democracia. La semana pasada Amnistía Internacional la declaró «presa de conciencia», junto al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al cooperativista y pastor evangélico José Ángel Pérez. A ambos también una cámara del régimen les confirmó la detención hace dos semanas.

Henríquez y Pérez fueron capturados y procesados por protestar pacíficamente y pedir ayuda presidencial ante una amenaza de desalojo contra los pobladores de la Cooperativa El Bosque. Como represalia por esa protesta, Nayib Bukele también ordenó la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que busca restringir y cerrar a ONGs críticas de su gestión.

Otro tribunal de la dictadura también decretó cárcel contra Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico del desmantelamiento democrático y la consolidación autoritaria. La persecución contra Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez y Ángel Pérez se da en el marco de una arremetida represiva impulsada por el bukelismo en los últimos dos meses; y son -junto a otros casos- la confirmación de otra realidad innegable: la existencia de presos políticos en El Salvador.