Violación de la Constitución, falta de idoneidad, “manodurismo educativo”, “blanqueo y relegitimación de lo militar”, show mediático… Pocos hechos recientes tienen tantas implicaciones legales, políticas e históricas, como colocar a una militar como titular del Ministerio de Educación (MINED).

De otra manera, podría decirse que el nombramiento de la capitana Karla Trigueros como ministra de Educación resume claramente el carácter, el estilo y la naturaleza del actual gobierno. Es decir, la designación de la nueva titular de la cartera educativa es un “hecho síntesis” de varias dinámicas o tendencias que definen al bukelato.

La primera dinámica es la violación permanente, flagrante y sistemática de la Constitución de la República. Nombrar a Trigueros como ministra de Educación es inconstitucional, pues la Constitución, en sus artículos 211 y 212, define tres funciones de la Fuerza Armada: defender la soberanía nacional ante amenazas externas, auxiliar a la población en situaciones de desastres y participar en tareas de seguridad interior. Esto último sólo de manera temporal, excepcional y cuando sea estrictamente necesario, apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC).

Por tanto, quienes integran la institución armada sólo pueden involucrarse en tareas relacionadas con los tres roles antes mencionados. La redefinición constitucional de las funciones del Ejército fue resultado de los Acuerdos de Paz; por tanto, la designación de una militar como ministra de Educación también violenta los históricos acuerdos que pusieron fin a cinco décadas de dictaduras militares y a doce años de cruenta guerra civil.

La segunda tendencia es nombrar como funcionarios gubernamentales a personas que no tienen las competencias y la experiencia necesaria para los cargos que asumen. Por ejemplo: hay un ministro de Obras Públicas cuya experticia es vender motos, un ministro de Agricultura y Ganadería que estudió diseño gráfico y un ministro de Cultura que sólo sabe de informática, para mencionar tres casos emblemáticos.

En ese sentido, poner a una militar como ministra de Educación solo confirma esta tendencia de designar funcionarios gubernamentales incompetentes. Como bien apunta la dirigente magisterial Idalia Zúniga, un militar sabe de educación lo mismo que un maestro conoce sobre armas, guerras y estrategia militar, es decir: poco o nada.

Karla Trigueros también es médica, pero eso tampoco le genera condiciones de idoneidad para la función educativa. Además, el hecho que, en sus labores como ministra, use traje militar sugiere que no es su condición de médica la que ha determinado su nombramiento en el MINED: es la “capitana Trigueros”, no la “doctora Trigueros”.

La tercera dinámica es el enfoque represivo que caracteriza al estilo autoritario del régimen bukeliano. La perspectiva de “mano dura” implementada en las políticas de seguridad pública, especialmente en el combate contra las pandillas, pretende trasladarse también al ámbito educativo; y para eso nada mejor que poner a una militar al frente de la cartera educativa. Estamos frente a una especie de “manodurismo educativo”.

Esta visión pone la disciplina, la obediencia, el “orden” y la “buena presentación” por encima del aprendizaje, la creatividad, el espíritu crítico y el desarrollo integral de los estudiantes. Vigilar, controlar, disciplinar y “domesticar”, en vez de orientar, acompañar, formar y educar. Aquí, el objetivo no es formar ciudadanos libres y críticos, sino personas disciplinadas, obedientes, temerosas y “respetuosas” del status quo.

La cuarta tendencia es el restablecimiento del protagonismo de la Fuerza Armada y una suerte de “blanqueo” del desempeño histórico de la institución castrense. Esta es una estrategia del gobierno para fortalecer su alianza con los militares, especialmente ante la creciente ineficacia de la propaganda, el deterioro de la imagen presidencial y un eventual estallido del descontento social como resultado de la superación del miedo y el fin de la inacción ciudadana.

“Vuelven los gorilas”, me dijo un conductor de Uber que estudió en la Universidad de El Salvador en los años ochenta, cuando las protestas estudiantiles se referían a los militares represores como “gorilas”. Probablemente se trata de una mayor escalada de militarización del gobierno que inició con la seguridad pública, sigue con la educación y quizás después sea el sistema de salud u otras instancias públicas que también sean dirigidas por militares.

Esto tiene un doble propósito: por un lado, generar un mayor sentido de pertenencia de la base militar con el gobierno y, por otro, legitimar en el imaginario social a los militares. Los militares se sienten representados en la nueva ministra y la población acepta que los militares entren al escenario gubernamental como “salvadores”, para lo cual la imagen de una mujer, joven y bien presentable, es mejor que cualquier otra.

Y, finalmente, la quinta dinámica es la espectacularización de la política a través de la propaganda. Es una puesta en escena y acompañamiento del aparato comunicacional del gobierno que eleva a la nueva ministra a un estatus de “celebridad”. Y esto no deja de ser extraño, tomando en cuenta el recelo presidencial hacia el protagonismo de otros actores oficialistas.

Podría tratarse de un “show”, pero un show con terribles implicaciones y nefastas consecuencias para el cumplimiento de la Constitución, el logro de los fines de la educación, la idoneidad de los funcionarios públicos, el reconocimiento de la historia y el principio de no repetición de los errores del pasado, entre otros aspectos fundamentales.

Por lo demás, es probable que -mientras “el show” de la nueva ministra de Educación se desarrolla- muchas escuelas seguirán sin reconstruirse, las condiciones de los maestros seguirán precarias, los fondos para educación seguirán disminuyendo, continuará la deuda presupuestaria con la UES, las políticas inclusivas serán clausuradas, el sistema educativo seguirá derrumbándose y los estudiantes pobres serán excluidos de las escuelas a causa de su “mala presentación”.