El pasado 8 de agosto, en medio de un vergonzoso escándalo de corrupción, la bancada legislativa oficialista prorrogó por vigésima novena ocasión el régimen de excepción, con el cual la autocracia de Nayib Bukele se jacta de haber encarcelado hasta ahora a más de «81 mil 100 terroristas». Al menos 20,000 de estas personas detenidas no tienen ninguna relación con pandillas, según organizaciones de derechos humanos.

La aprobación de la cuestionada medida también sucede a pesar de la publicación de nuevos informes de Cristosal, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, el Socorro Jurídico Humanitario, Human Rights Watch y otras organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional que confirman la barbarie que sucede al interior de las cárceles. Dichas investigaciones constatan el cometimiento de delitos tan graves, como torturas, violaciones sexuales y asesinatos, que constituyen crímenes de lesa humanidad denunciables ante cortes internacionales.

Estos vejámenes también han sido confirmados por personas que fueron víctimas de la brutalidad carcelaria y se han atrevido a denunciar, desafiando el miedo y las amenazas de la dictadura bukeliana. Especialmente relevantes son las declaraciones públicas del joven Fidel Antonio Zavala, testigo directo de horrorosos crímenes perpetrados en centros penitenciarios.

Por otro lado, Bukele ya no puede justificar el régimen de excepción si la violencia de las pandillas ha sido controlada y sus estructuras criminales ya fueron desarticuladas (al menos eso dice la narrativa gubernamental). Además, existe suficiente marco legal para combatir a estos grupos delincuenciales: hay una Ley de Proscripción de Pandillas, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los declara grupos terroristas y disposiciones específicas en los códigos Penal y Procesal Penal y en otras normativas que hacen innecesario el régimen de excepción.

A estas alturas el régimen ya no es de excepción, sino un estado permanente de suspensión de garantías constitucionales; y su objetivo ya no es perseguir a las maras, sino mantener un estado de control social que atemoriza e intimida a la población, contiene la protesta social, permite cometer cualquier abuso estatal y promueve la impunidad, la opacidad y más autoritarismo.

Ante esta nueva aprobación del régimen de excepción por los obedientes sirvientes legislativos del clan Bukele, urge que el periodismo salvadoreño continúe haciendo su trabajo de contrapoder, defensa de los derechos humanos y denuncia de todas las arbitrariedades, abusos e injusticias contra las personas inocentes.

En primer lugar, hay que seguir denunciando las capturas ilegales de personas que no tienen ningún vínculo con pandillas y son detenidas por denuncias anónimas falsas o malintencionadas, por «parecer sospechosas» o «ponerse nerviosas» frente a soldados y policías («jueces de la calle»), por negarse a los requerimientos sexuales de algún militar o simplemente por ser pobres, estar joven o vivir en zonas marginales.

Como resultado de su detención ilegal, estas personas pierden sus empleos (las que tienen) y abandonan a sus esposas, hijos, hermanos y madres; sus familias, además de sufrir angustias, se endeudan o venden lo que tienen para contratar abogados, comprar los famosos «paquetes» y cubrir otros gastos que precarizan aún más sus condiciones económicas.

En segundo lugar, denunciar lo que sucede al interior de las cárceles. Hay que seguir denunciando las torturas y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes que son el pan de cada día en los infernales centros penitenciarios del país; la violencia física, psicológica y sexual; y los cientos de asesinatos provocados violentamente por golpizas de custodios y policías o por falta de alimentos, agua y medicinas.

Los informes de las organizaciones sociales y las denuncias públicas de víctimas del régimen de excepción señalan que en las terribles cárceles salvadoreñas son violentados los derechos más elementales de miles de personas inocentes y su dignidad es pisoteada hasta hacer sentirlos infrahumanos. Los custodios llaman a las personas detenidas «basura» o «mierda», como los torturadores y asesinos de la Alemania Nazi trataban a sus víctimas en los centros de exterminio antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

En tercer lugar, se debe denunciar el incumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan liberar a personas encarceladas injustificadamente. Según la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH), la Dirección General de Centros Penales se niega a excarcelar a cientos de personas que tienen carta de libertad desde hace meses. Varios inocentes han muerto en prisión estando ya decretada su libertad por algún juez.

Las autoridades del sistema penitenciario y sus jefes (ministro de seguridad pública y presidente de la República) cometen desacato, desobediencia, actos arbitrarios e cumplimiento de deberes. Además, son responsables de las torturas, asesinatos y demás violaciones de derechos humanos cometidos en las cárceles.

En cuarto lugar, también hay que señalar la aplicación de disposiciones del régimen de excepción a casos que nada tienen que ver con las maras. Por ejemplo, a los activistas antimineros de Santa Marta y ADES les incumplieron los plazos procesales, los encarcelaron injustificadamente y les impidieron ver a sus familiares y abogados durante varios meses. Este es un caso de criminalización del activismo ambiental en el que ellos fueron procesados como si se tratara de pandilleros.

Actualmente, Fiscalía, tribunales y sistema carcelario hacen lo mismo con los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Un caso de persecución política contra las organizaciones y movimientos de veteranos, veteranas y ex combatientes de la guerra civil sometidos a la arbitrariedad y crueldad propias del régimen de excepción. Algunos de ellos están gravemente enfermos, pero se les impide salir para recibir la atención médica que necesitan.

Y, en quinto lugar, no hay que dejar de lado otras arbitrariedades adicionales en diversos casos relacionados con delitos comunes, que también son resultado directo del sometimiento, cooptación e intimidación a la que están sometidos los jueces, juezas y magistrados en el marco del régimen de excepción.

Aquí entran abusos tales como: decretar detención provisional innecesaria e injustificada, negar medidas sustitutivas a la prisión preventiva a personas mayores, enfermas o acusadas de delitos no graves; condenar sin pruebas o no dar a conocer resoluciones que no son del agrado de la Fiscalía. Por ejemplo, el insólito caso del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que lleva varios meses sin dar a conocer su resolución en el caso «Saqueo Público».

La vista pública de este caso terminó el 3 de noviembre de 2023 y los jueces prometieron dar a conocer su sentencia el 30 de ese mismo mes; sin embargo, hasta esta fecha, casi ocho meses después, eso no ha sucedido y los procesados siguen esperando saber cuál es el fallo. El tribunal ha convocado a audiencia para leer la resolución en varias ocasiones, pero no lo hace porque los fiscales no llegan o llegan y pronto se retiran. La última vez que los jueces intentaron en vano dar a conocer la sentencia fue el 15 de marzo de este año.

El periodismo no puede callarse ante los vejámenes cometidos con lujo de barbarie en esos antros criminales y de violaciones de derechos humanos que son los centros penitenciarios del país, ni frente a los abusos de poder y vulneraciones al debido proceso penal que se dan en el marco del régimen de excepción y la falta de independencia judicial. Como bien tituló Cristosal su más reciente investigación sobre los abusos del régimen de excepción, «el silencio no es opción».