Comunidades de Cabañas —apoyadas por ADES Santa Marta y varias organizaciones ambientalistas— realizaron la semana pasada una caminata en defensa del agua y de la vida denominada: «Cabañas y El Salvador libres de minería». Simbólicamente la actividad fue en San Isidro, el epicentro minero donde se encuentra el fallido proyecto «El Dorado» que la transnacional Pacific Rim-Oceana Gold intentó desarrollar años atrás.

Las y los manifestantes exigieron al Estado salvadoreño mantener la prohibición definitiva de la minería de metales y liberar a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES criminalizados en medio de claras señales de la posible reactivación de proyectos mineros por parte del actual gobierno.

La ocasión es propicia para reiterar las razones por las cuales esta industria extractiva no es viable en El Salvador, un país territorialmente pequeño, densamente poblado y con un grave deterioro ecológico, sobre todo de sus bienes hídricos.

Los expertos en geología, hidrología y otras áreas afines señalan —al menos— cinco razones por las que la extracción de oro, plata y otros metales causaría un irreversible desastre ambiental que podría terminar el agua, afectar gravemente los ecosistemas y amenazar la continuidad de la vida.

La primera tiene que ver con el uso intensivo de agua para lixiviar los minerales y separarlos del resto de la roca. Las empresas mineras compiten con las comunidades en el acceso al vital líquido, provocan mayor escasez de agua y terminan agotando las fuentes hídricas. Por ejemplo: Pacific Rim declaraba en el estudio de factibilidad del proyecto El Dorado que utilizaría 11.5 litros de agua por segundo; es decir, unos 900 mil litros diarios.

Seguramente esta mina habría dejado sin agua a la población de Cabañas. En Honduras, una mina de la empresa Entre Mares secó 19 de los 23 ríos que existían en Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán. En Guatemala y otros países de la región hay muchos casos similares.

La segunda es el uso de químicos mortíferos como cianuro y mercurio, que causan graves daños a la salud y provocan la muerte. Este veneno es capaz de matar en pocos segundos a una persona que ingiera una cantidad equivalente a un grano de arroz. Las compañías mineras usan cientos de toneladas en el proceso de lixiviación de los metales.

La tercera está relacionada con la destrucción de los paisajes naturales y de los ecosistemas, sobre todo la minería a cielo abierto que derriba cerros y montañas para procesar miles de toneladas de rocas y extraer los metales que se encuentran dispersos en cantidades microscópicas. Esto también desplaza forzosamente a comunidades enteras y destruye tierras con vocación para agricultura, ganadería y otras actividades productivas.

La cuarta se refiere al «drenaje ácido» que se produce cuando los metales son removidos de su estado natural y entran en contacto con el agua o el aire. Este fenómeno todavía existe en el norte de La Unión, donde operó una mina hace más de 100 años. El agua del río San Sebastián es un líquido anaranjado altamente contaminado.

Y la quinta se vincula a los accidentes en el manejo de los desechos de las minas. Hay desastres ambientales y sociales cuando colapsan diques de «lagunas de colas», sobre todo en países con actividad sísmica o propensos a tormentas, huracanes y otros fenómenos naturales. En Brasil, el rompimiento de un depósito de residuos mineros mató a 270 personas, en enero de 2019: un alud de 11 millones de metros cúbicos de lodo tóxico arrasó viviendas, cultivos y todo lo que encontró a su paso en cientos de kilómetros hasta llegar al mar.

Otro ejemplo es el hundimiento de la ciudad de Kiruna, en Suecia, por consecuencia de una mina subterránea. En El Salvador, un incendio en una mina en El Divisadero, Morazán, causó la muerte a 85 trabajadores en 1915. El historiador Héctor Lindo Fuentes destaca que el hecho fue ocultado en el país y se conoce porque fue publicado en un periódico de Costa Rica.

A estas razones de carácter ambiental se agregan las pérdidas económicas, la conflictividad social, la corrupción de funcionarios públicos y otros efectos de la minería metálica.

La toma de conciencia sobre estos graves peligros permitió la aprobación la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, avalada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, como resultado de un amplio «consenso nacional antiminero». Los más diversos sectores políticos, sociales, gremiales, religiosos y académicos del país coincidieron en que —con la minería metálica— los costos serían siempre mucho mayores que los supuestos beneficios.