En el contexto del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) suscrito entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de El Salvador, uno de los compromisos más urgentes y relevantes consiste en la elaboración, por parte del Ministerio de Hacienda, y la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal antes de que concluya este mes. Este calendario pone de manifiesto no solo el interés del organismo multilateral por dotar al país de una herramienta que restablezca la disciplina presupuestaria, sino también supone una voluntad de las autoridades salvadoreñas de incorporar mecanismos sólidos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Ya en 2013, el Grupo Técnico de Sostenibilidad —un espacio conformado por organizaciones especializadas en temas económicos y sociales, junto con varias universidades— ya había subrayado la necesidad de instaurar una «regla fiscal» o Ley de Responsabilidad Fiscal. Su propuesta giraba en torno a reforzar la programación presupuestaria mediante un Marco Fiscal de Mediano Plazo. Aunque esta iniciativa no llegó a materializarse en un instrumento legal definitivo, sí generó un valioso debate sobre los retos y prioridades de las finanzas públicas salvadoreñas.

Durante aquel mismo periodo, algunas entidades y economistas independientes, cercanos al gobierno de turno, se distanciaron de la idea de una regla fiscal. No rechazaban la disciplina presupuestaria ni el control del déficit, sino que advertían que, bajo un régimen de dolarización y ante la posibilidad de un shock externo, una norma demasiado rígida podría convertirse en un obstáculo para desplegar las políticas fiscales expansivas necesarias para impulsar con rapidez la reactivación económica.

La primera Ley de Responsabilidad Fiscal vio la luz a finales de 2016, en un momento en el que la fragmentación política en la Asamblea Legislativa impedía alcanzar acuerdos estables para financiar el gasto público. Con el impulso del Ministerio de Hacienda —respaldado por orientaciones de organismos internacionales— se diseñó un marco normativo que delimitaba los techos al déficit fiscal y establecía, entre otras cosas, la obligación de reportar los retrasos en el pago a los proveedores. Además, la norma preveía que, en un plazo futuro, el Ejecutivo incorporara los fondos por actividades especiales al presupuesto del Estado. Sin embargo, esa última disposición nunca se materializó, pues la ley sufrió modificaciones que recortaron sus alcances.

En noviembre de 2018 hubo una reforma a la ley, conservando el espíritu técnico para contener el crecimiento desmedido del gasto y el déficit. No obstante, el componente de transparencia quedó debilitado: varios de los informes que debían estar disponibles durante el ejercicio fiscal fueron pospuestos hasta su cierre, lo cual limitó el escrutinio oportuno por parte de la ciudadanía y los analistas independientes. Aun así, la norma siguió operando hasta marzo de 2020, cuando, ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, sus efectos se suspendieron para facilitar la movilización urgente de recursos multilaterales.

Desde entonces, la deuda pública y el gasto estatal han experimentado un crecimiento muy marcado. Esta dinámica, aunque comprensible en un escenario de emergencia sanitaria, ha hecho evidente la necesidad de recuperar pronto un marco de disciplina fiscal que equilibre las exigencias de viabilidad presupuestaria con la protección social y la inversión pública. De allí que el SAF aprobado en marzo de 2025 incorpore explícitamente la formulación y el aval legislativo de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

Para que esta nueva ley cumpla su propósito, es imprescindible diseñarla con criterios de flexibilidad razonable y al mismo tiempo de firmeza. Por ejemplo, podría imponerse que el gasto primario no crezca a un ritmo superior al de los ingresos tributarios, mientras se mantiene una «regla de oro» que reserve el endeudamiento exclusivamente para inversión pública. Asimismo, vale la pena incorporar un límite al ratio deuda/PIB —con ajustes automáticos si se vulnera la meta— y un Marco Fiscal de Mediano Plazo que oriente la programación presupuestaria a tres años o mas.

Sin embargo, el éxito de la ley dependerá tanto de su redacción técnica como de la madurez política y la cultura de disciplina fiscal de las autoridades. Los últimos años han demostrado que los cambios de gobierno suelen traducirse en variaciones abruptas de la política presupuestaria, lo que dispara el endeudamiento sin necesariamente generar mayor bienestar social ni dinamizar la economía. Por ello, resulta esencial que el nuevo marco normativo incluya sanciones creíbles ante el incumplimiento de los techos de gasto y mecanismos de transparencia reales: informes trimestrales disponibles en línea, auditorías especiales sobre la ejecución del presupuesto y espacios de participación ciudadana en el seguimiento.

Restablecer la disciplina fiscal no es un fin en sí mismo, sino el medio para liberar recursos, mejorar la confianza de inversionistas y organismos internacionales, y garantizar un financiamiento estable para políticas sociales y proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo. Solo si logramos combinar restricciones prudentes con la flexibilidad necesaria para responder a shocks externos, podremos construir un sistema fiscal sostenible que ofrezca certidumbre, fomente la inversión y proteja a los más vulnerables. De este modo, El Salvador avanzará no solo hacia el equilibrio de sus cuentas públicas, sino hacia un futuro de prosperidad economica.

La promulgación de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal representa una oportunidad para El Salvador. Sin embargo, sólo será eficaz si va más allá de un compromiso de letra muerta y se traduce en prácticas que se institucionalicen gradualmente y no dependan de la opción política del momento, como información pública en tiempo real y sanciones creíbles ante incumplimientos. Un entorno fiscal sostenible abre la puerta a políticas sociales ambiciosas —educación, salud, protección social— que verdaderamente mejoren el bienestar de los salvadoreños.