La alcaldía de Nuevo Cuscatlán se negó a entregar cuatro documentos —resoluciones de planos, permisos de parcelación y de urbanización— que otorgó a Terrenos e Inversiones S.A. de C.V. (TERREIN), propiedad del exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Othon Sigfrido Reyes Morales y su socio Byron Enrique Larrazábal Arévalo, para la construcción del lujoso proyecto Residencial Garden Hills, ubicado en las zonas más exclusivas de ese municipio de La Libertad.

Los permisos fueron entregados a TERREIN —que recibió un préstamo de más de medio millón de dólares de Alba Petróleos— en la administración municipal de Nayib Bukele en Nuevo Cuscatlán, en agosto de 2014.

El expresidente de la Asamblea Legislativa ha sido acusado penalmente también por este proyecto urbanístico aparentemente realizado con dinero de origen oscuro.

En la pieza 431 del expediente contra Reyes —quien es prófugo de la justicia desde el 15 de enero del 2020— constan algunos documentos en los que Salvador Armando Klee, perito nombrado por el Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), se queja porque la alcaldía gobernada por José Manuel Dueñas, de Nuevas Ideas, no ha facilitado información sobre los permisos a TERREIN.

«En la misma indican que la colaboración requerida a dicha municipalidad, tanto por la FGR como de dicho tribunal, se ha entregado a dichas sedes cumpliendo con su obligación de colaboración, pero esto no es cierto o al menos a mí no se me ha entregado», se lee en el Oficio Número 1531 que el técnico remitió al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador el 14 de octubre del 2021.

Además, el perito detalla que la información enviada por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán es incompleta. Lo que no entiende es por qué la municipalidad no adjuntó parte de la información solicitada, pues en la misma respuesta aseguran tenerla.

¿Qué fue lo que el perito solicitó y la alcaldía de Nuevo Cuscatlán se negó a entregar?

1: Planos de resolución sobre la factibilidad del proyecto de parcelación: los documentos en los que TERREIN presentó las soluciones arquitectónicas para proveer a los vecinos de Garden Hills servicios de cunetas, disposición de agua lluvias y aguas negras, equipamiento social y zona verde.

2: Resolución y planos de recepción parcial Lote 4F: el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción en lo Relativo a Parcelaciones y Urbanizaciones Habitacionales establece que el desarrollador, en este caso TERREIN, podía solicitar a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán realizar las obras de parcelación por etapas.

3: Permiso de parcelación: el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Urbanismo lo define como «instrumento por medio del cual se garantiza el cumplimiento de las normas de parcelación y/o urbanización».

4: Permiso de urbanización: es la autorización para parcelar un terreno rústico incluyendo la construcción de accesos y redes de distribución y recolección de líquidos y desechos.

El perito aclara que esos documentos deben contar con «la demarcación del Corredor Biológico, Zonas de Protección, Zonas de Retiro», así como «la Ubicación de la mencionada Cisterna de Detención de Aguas Lluvias con su correspondiente zona de protección».

En una carta enviada, el 16 de septiembre del 2021, al correo electrónico de Salvador Klee, la alcaldía de Nuevo Cuscatlán aseguró «que la información requerida a esta municipalidad (…) ha sido atendida y se ha entregado a dichas sedes judiciales la documentación que ha sido pedida».

El perito adjuntó esa carta en el oficio 1531 para dejar constancia de la respuesta, a su criterio mentirosa, por parte de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

Periodistas de Revista Elementos visitaron la oficina de AMUSDELI-OPAMUR para preguntar por qué no habían entregado la información solicitada por el perito. Uno de los técnicos aseguró que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán se desvinculó de esa institución en 2012, pocos días después de que Nayib Bukele asumió como alcalde de ese municipio.

Detalló que a partir de entonces las nuevas autoridades edilicias crearon su propia oficina para otorgar permisos de construcción, es decir, en vez de permitir el control de instituciones externas a la alcaldía, creó su propia institución para ese propósito.

El pasado 21 de mayo, periodistas de esta revista visitaron la Oficina Técnica de Nuevo Cuscatlán para preguntar sobre la información requerida por el perito. La gerencia se negó a recibirlos. La asistente prometió trasladar el mensaje y comunicar los resultados.

Ante la falta de respuesta, el lunes 7 de junio se volvió a visitar la oficina. Pero los resultados fueron similares. Nadie de la gerencia atendió. Fue entonces que se visitó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Una de las asistentes del alcalde prometió dar una respuesta en 24 horas. Pero al cierre de esta nota no se recibió ningún mensaje.

El caso Sigfrido Reyes

El 2 de septiembre de 2011, Othon Sigfrido Reyes Morales y Byron Enrique Larrazábal Arévalo crearon una constructora llamada TERREIN, la cual tenía como propósito «la construcción y explotación de toda clase de edificios, locales, viviendas, bodegas almacenes, en terrenos propios o ajenos para la renta o arrendamiento».

En febrero de 2014, TEREIN compró cinco lotes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en Greenside Santa Elena, Nuevo Cuscatlán, por $440,501.01, alrededor de 190 mil dólares menos del precio total.

En diciembre de 2014, La Prensa Gráfica reveló que Reyes y Larrazábal pagaron los lotes «al contado». Por ese entonces ambos eran funcionarios de la Asamblea Legislativa: el primero era presidente y el segundo asesor.

Días después, el entonces fiscal general, Luis Martínez, aseguró que había iniciado una investigación de oficio en contra de Sigfrido Reyes por la compra de los terrenos al IPSFA.

Sin embargo, en octubre de 2015 el entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), Andrés Amaya, informó que habían cerrado la investigación porque no habían encontrado ilícitos.

En enero del 2020, la Fiscalía General acusó a Reyes y a su esposa Susi Melba Rodríguez, así como a su socio Byron Larrazábal y a otras personas por los delitos de estafa agravada, peculado y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación fiscal, Reyes y Larrazábal cometieron el delito de estafa agravada, con la complicidad de tres empleados del IPSFA, para que TERREIN comprara terrenos a un precio más bajo que los establecidos.

El requerimiento fiscal establece que los empleados del IPSFA René Antonio Díaz Argueta, gerente general; Delmy Vela Jiménez, jefa del departamento de inmuebles; y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora de ventas del departamento de inmuebles, emitieron dictámenes para bajar los precios de los terrenos y luego venderlos a TERREIN.

Tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) identificados como Noemí Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz también fueron detenidos acusados de elaborar auditorías amañadas a favor de Sigfrido Reyes.

El perjuicio al Estado, según la FGR, es de 105 000 dólares.

La sociedad TERREIN aún aparece activa en el Registro de Comercio, no obstante que la última vez que presentaron la renovación de matrícula fue el 25 de octubre de 2019, cuando Byron Larrazábal tuvo que cancelar una multa $65,62 por hacer el trámite un mes después del correspondiente.

En diciembre de 2018, TERREIN reportó pérdidas por 20 mil 89 dólares. En el balance financiero de 2015 reflejó una deuda con Alba Petróleos por 550 mil dólares y con otros proveedores por 78 mil 420 dólares. Según informaron, «el saldo de Alba Petróleos estaba respaldado con garantía hipotecaria» de uno de sus proyectos inmobiliarios.