El gobierno de Nayib Bukele gastó entre septiembre y diciembre de 2020 un total de 2 millones de dólares para mantener a Diario El Salvador, de acuerdo con la información recopilada de los estados financieros de dos empresas propiedad —subsidiarias— de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) consultados en los archivos del registro de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

LaGeo, en los últimos cuatro meses del año pasado, prestó 2 millones de dólares a Perforadora Santa Bárbara a un plazo de dos años, con una tasa de interés del 7 por ciento anual y un periodo de gracia de seis meses para pagar la primera cuota de capital e intereses.

LaGeo, cuyo giro es la generación y comercialización de energía eléctrica producida en campos geotérmicos, es propietaria de Perforadora Santa Bárbara.

El 3 de marzo de 2020 Perforadora Santa Bárbara y la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA) fundaron El Diario Nacional (EDN), la sociedad propietaria de Diario El Salvador. En la constitución participaron como representantes Clarissa Araujo Wimmers y Ludwing Macdonald Valdez Grande, respectivamente.

En septiembre del año antepasado, Perforadora Santa Bárbara, cuyo rubro es la venta de repuestos para maquinaria y equipos de perforación de pozos geotérmicos, prestó a Diario El Salvador los mismos 2 millones de dólares en iguales condiciones: 24 meses plazo, seis meses de gracia para la cancelación de la primera cuota y una tasa del 7 por ciento anual.

Es como una matrioska: CEL es propietario de Inversiones Energéticas (INE); INE es propietario de LaGeo; LaGeo es propietario de Perforaciones Santa Bárbara y CLEA; Perforaciones Santa Bárbara y CLEA son propietarios de Diario El Salvador.

José Marinero, abogado de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), explicó que esto se conoce como «huida del derecho administrativo». Es decir: con el dinero del Estado las instituciones fundan empresas privadas permitiéndoles evadir las contralorías públicas como las que ejercen, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) o el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

«El que pasen a manos de una sociedad privada con fines de lucro no quita que los recursos sigan siendo públicos», señaló. «La Corte debería auditar, no importa en manos de quién esté el dinero», agregó.

«El Gobierno está buscando todos los mecanismos legales habidos y por haber para revestir de legalidad la corrupción y la falta de transparencia», criticó Xenia Hernández, directora de DTJ.

«¿Por qué la plata se mueve de esa manera? Puede ser hasta lavado de dinero, pero los controles financieros no funcionan para los aliados del Gobierno», expresó.

César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que «todo mundo» debería conocer cuánto el Gobierno de Bukele gasta en «algo que se pretende hacer ver como un medio público, cuando no lo es».

«Todo lo relacionado a transparencia y rendición de cuentas está oculto (…) lo peor es que es una empresa privada (EDN) financiada con fondos públicos», añadió.

Por ley todos los años las empresas deben presentar al CNR sus estados financieros para obtener, entre otras cosas, la renovación de su matrícula de funcionamiento.

Generalmente en los estados financieros las empresas exponen sus activos corrientes y no corrientes como ingresos, dinero en efectivo y en bancos, cuentas por cobrar, inversiones, gastos pagados por anticipado, préstamos por cobrar, inventarios; pasivos corrientes y no corrientes como deudas con proveedores, cuentas y préstamos por cobrar, obligaciones con empleados; ingresos por ventas, costos de producción, utilidades —si las hay—, depreciación de equipos, impuestos pagados, dividendos por pagar, entre otros. También contienen comentarios de los auditores externos que son los responsables de detectar irregularidades en la administración.

Esos balances, que suelen ser de entre 25 a 40 páginas, presentan además comparaciones con los años anteriores para medir en el tiempo la viabilidad y la credibilidad financiera de la empresa.

Pero el estado que a diciembre de 2020 presentó EDN —firmado por Auditores y Consultores de Negocios y sellado por Otto Karim Guzmán Barrera, exmiembro del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría— consta de una página en la que solo pueden verse cifras generales: 1 millón 999 mil dólares de deuda con acreedores locales, 54 mil 732 dólares entre retenciones y beneficios a empleados y 52 mil 810 dólares de impuestos por pagar.

«Los procesos para ellos son expeditos y saltándose todos los requisitos legales porque son del gobierno. No hay cultura de legalidad, utilizan a las instituciones para beneficio propio y eso es corrupción», señaló Hernández.

En esa página también puede verse que en 2020 Diario El Salvador, en vez de producir utilidades, perdió 233,084 dólares.

Sin embargo, en la noche del 7 de octubre de 2020 el diario oficialista hizo sus primeras publicaciones en sus cuentas de redes sociales y, retomándolas, el presidente Bukele tuiteó: «y antes de que empiece el 3% a criticar que estamos usando fondos públicos, Diario El Salvador será una empresa, propiedad del ESTADO, generará EMPLEOS, PAGARÁ IMPUESTOS y será RENTABLE».

«Esto enciende las alarmas de cualquier administrador, pero como no es plata de ellos le siguen inyectando. Lo más seguro es que no es autosostenible y por más publicidad que le metan no creo que se pueda sufragar así por así», comentó Marinero.

«Las ventas no son las que esperaban, la gente no compra ese periódico; obviamente es una herramienta de propaganda que nos va a salir muy cara», dijo Fagoaga.

«Tendrían que haber hallazgos de irregularidades en el manejo de los estados financieros de Diario El Salvador. ¿Qué ha pasado con la plata pública que se le ha inyectado? ¿Cómo se le está pagando a esos pseudo periodistas que dejaron su profesión para ir a servirse al mismo gobierno? Los controles institucionales no están funcionando porque están al servicio del poder», expresó Hernández.

¿Puede, entonces, concluirse que el presupuesto de Diario El Salvador es de 2 millones de dólares? No. Sus ingresos deben ser mucho mayores gracias a los miles y miles de dólares que gana por venta de espacios publicitarios a las mismas instituciones que le entregan dinero, según el artículo El Gobierno es casi el único cliente del Diario El Salvador, que publicó La Prensa Gráfica el 28 de enero de 2021.

El texto, que analiza las ediciones del 19 de octubre al 25 de enero del año antepasado, concluye que el 86.5 por ciento de los espacios publicitarios son pagados por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Presidencia de la República, CEL, entre otros.

En su estado financiero a diciembre de 2020, LaGeo registró 49 mil 903 dólares por «compra de espacios publicitarios» a Diario El Salvador.

Pero también hay anunciantes privados.

El 30 de abril y el 17 de mayo 2021 publicó los publirreportajes Cardedeu: un lugar para relajar el alma y el cuerpo y Cardedeu Residence: el escape perfecto que, en pocas palabras, funcionan como espacios publicitarios.

El empresario Carlos Alberto Guerrero Contreras se ha desempeñado como representante legal, administrador único propietario y administrador único suplente de Cardedeu.

También ha tenido los mismos cargos en Corporación Polaris.

Corporación Polaris —fundada originalmente como CafeBar, pero el nombre de la sociedad fue modificado en diciembre de 2011 ante el notario Juan Manuel Valiente Calderón—se dedica, entre otras cosas, al desarrollo inmobiliario. Es, por ejemplo, la propietaria del Condominio Residencial Luces de la Montaña, en calle El Boquerón Santa Tecla; o de Condominio Century Tower, Colonia San Benito, San Salvador.

También es la dueña del complejo de oficinas —matrícula 30062034-A0015 y con área superficial de 3 mil 829 metros cuadrados— en las que funciona Diario El Salvador, ubicadas en Avenida Bella Vista y Calzada El Almendro, Polígono L, en Antiguo Cuscatlán, como se verificó en el registro de la propiedad del CNR.

Guerrero Contreras es hermano de Carlos José Guerrero Contreras, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Elías Antonio Saca González. También es familiar de Juan José Francisco Guerrero Chacón, exdiputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y quien fue uno de los acusados de lavar 16 millones de dólares para el expresidente Saca.

Guerrero Chacón y Valiente Calderón son miembros del bufete Guerrero&Guerrero Abogados.

Edgar Mauricio Hasbún Lama ha sido administrador único suplente, apoderado legal y secretario de la junta de accionistas de Corporación Polaris.

El 27 de septiembre de 2011, ante el notario Guerrero Chacón, Hasbún Lama, como propietario de la sociedad HASGAR, y Ascencio Carlos Armando Cañas Guardado fundaron Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA), una empresa de vuelos de bajo costo que fue parte del consorcio de las empresas de Alba Petróleos y que, para principios de 2017, ya había cerrado por bancarrota.

Guerrero Contreras fue administrador único suplente de VECA; Hasbún Lama fue representante legal y administrador único suplente de VECA.

HASGAR, a diciembre de 2020, mantenía 1 millón 982 mil dólares en inversiones permanentes en Polaris.

Los empleados siempre serviles a los Hermanos

En CEL y en sus empresas subsidiarias el Gobierno colocó a empleados cuyo pasado—y presente— en común es la subordinación servil a los Hermanos Bukele.

Estos son los casos: el presidente de CEL es Daniel Alejandro Álvarez Campos, exempleado de las empresas de los Hermanos Bukele y exgerente en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

En mayo de 2021 como director presidente de INE asumió Francisco Wilfredo Reyes Cárcamo.

Reyes Cárcamo era el representante legal de Equis El Salvador cuando en noviembre de 2016 la alcaldía de San Salvador, entonces en poder de los Hermanos Bukele, le pagó a la empresa 46,700 dólares por la prestación de servicios de mercadeo digital para las cuentas de redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).

Equis fue constituida en octubre de 2016, es decir, que ganó la licitación por invitación un mes después de su inscripción como sociedad.

El 20 de diciembre de 2018, La Prensa Gráfica publicó el artículo Implicada en caso Troll Center recibió $21 mil en periodo de Nayib Bukele en el que el autor explica que la página de Facebook del IMJ pasó de 6,789 a 6,906 Me Gusta, es decir recibió 117 interacciones más en ese periodo.

Desde el 4 de junio de 2019, Mynor José Gil Arévalo ejerce como director presidente de LaGeo con un salario de 10,900 dólares.

Gil Arévalo fue empleado de Global Motors —propietaria en el país de la distribuidora de motocicletas Yamaha— y jefe de la delegación distrital III de la alcaldía de San Salvador en la administración Bukele.

Desde el 31 de mayo de 2021 fungen, como miembros de la junta directiva de Diario El Salvador, Clarissa Araujo Wimmers como directora presidenta; Juan José Saldaña Aguirre, director secretario; José Carlos Pérez Cortez, director tesorero; Juan José Pineda Roa, director suplente.

Pineda Roa fue empleado «de confianza» de OBERMET, una de las empresas de la familia Bukele, de acuerdo con el artículo El oficialista Diario El Salvador nace como sociedad anónima ligada a CEL y sin controles públicos, de Revista Factum, publicado el 19 de octubre de 2020.

El 10 de junio del año pasado, ante la abogada Roxana Elizabeth Rivas Reynosa, Araujo Wimmers entregó un poder general administrativo a Pineda Roa y Pérez Cortez facultando al primero, sin permiso de la junta directiva, a comprar bienes o servicios por hasta 100 mil dólares y por hasta 10 mil dólares al segundo.