La alcaldía de La Unión Sur, departamento de La Unión, gastó 823 mil 566 dólares en la celebración de las fiestas patronales de sus distritos La Unión, Conchagua, El Carmen, San Alejo, Intipucá y Yayantique. Después de la algazara, sin embargo, la alcaldesa Blanca Victoria Gutiérrez Salmerón, de Nuevas Ideas, ordenó los despidos de 48 empleados municipales con la justificación de que sus plazas habían sido suprimidas por falta de dinero.
El costo más oneroso se registró en el distrito de La Unión que, para la celebración del Segundo Carnaval del Golfo, contrató a dos artistas extranjeros: La Adictiva, de México; y Angel & Khriz, de Puerto Rico.
La erogación de 498 mil 300 dólares para la contratación de Grupo Xezutzin, que se encargó de la contratación de los artistas, la ordenó, el 5 de noviembre de 2025, la concejal Carmen Cecilia Tobar Flores, de acuerdo con la resolución de adjudicación 23-2025. El artículo 91 del Código Municipal, sin embargo, establece que «las erogaciones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo».
Los artistas actuaron el 21 de diciembre de 2025. En sus cuentas de redes sociales la alcaldía publicó: «miles de familias disfrutaron de un espectáculo de primer nivel, en una celebración que reafirma el compromiso de nuestra alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón de traer alegría, cultura y eventos históricos para el pueblo».
En 2024 La Unión Sur gastó unos 345 mil dólares en la misma celebración, es decir, 153 mil 300 dólares menos que lo registrado al año siguiente, según las fuentes consultadas a propósito de este artículo. El incremento en el costo, según explicaron, es porque se trató de artistas internacionales.
Jonathan Alberto Flores Guandique, representante legal de Grupo Xezutzin, confirmó que el costo aumentó por el contrato, la presentación, el pago de los boletos aéreos, la alimentación, la logística y el hospedaje de los mexicanos.
Angel & Khriz cobraron unos 20 mil dólares ya que, en ese momento, realizaban una gira en El Salvador.
El 22 de diciembre de 2025 la alcaldía aprobó 245,266.25 dólares para el contrato LC-005-2025- AMLUS «Fiestas titulares de los distritos de Conchagua, San Alejo, El Carmen y Yayantique». Además, fueron aprobados 80 mil dólares más para la celebración de las fiestas patronales del distrito de Intipucá.
Las fuentes consultadas a propósito de este artículo explicaron que la alcaldía decidió contratar la oferta más cara, mientras perdió una más barata por 206 mil dólares que ofreció Imagen Producciones. Por eso consideraron necesario que sean investigados los miembros del concejo que avalaron tal contrato, incluyendo a Ricardo Enrique Martínez Álvarez, quien en el proceso se desempeñó como evaluador técnico.
Martínez Álvarez fue vicegobernador departamental de San Vicente, en el segundo período presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cargo del que fue destituido por orden del entonces presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, después de protagonizar un episodio de violencia contra la mujer, al lesionar a golpes a su compañera de vida.
En otros documentos oficiales de la referida alcaldía Martínez Álvarez es mencionado como jefe de despacho. La alcaldesa recibió la orden de Nuevas Ideas de despedirlo, pero se negó a hacerlo, de acuerdo con las fuentes.
Los informantes aseguran que durante el desarrollo de las fiestas titulares de La Unión Sur fueron utilizados empleados de esa alcaldía en actividades logísticas como colocar y retirar sillas o vallas en los lugares donde se desarrollaron los eventos, lo cual no debió haber ocurrido puesto que se había contratado una empresa para tal fin.
Así también aseguraron que la alcaldía solicitó patrocinios a cambio, por ejemplo, de publicidad en pantallas, durante los eventos, como el carnaval, de lo cual no se ha transparentado tales ingresos. Según Flores Guandique, sin embargo, quedó estipulado así en el contrato, es decir, que la empresa solo debía proveer las sillas.
Los despidos
El 16 de enero de 2026, sin embargo, la alcaldía anunció los despidos de 48 empleados de La Unión Sur. Los afectados recibieron una justificación, un eufemismo: hubo supresión de plazas por falta de dinero.
«La Municipalidad de La Unión Sur, NO tiene la capacidad financiera para seguir manteniendo el rubro de remuneraciones (...) NO cuenta con la capacidad financiera para la sostenibilidad del rubro antes mencionados, además se ha presentado circunstancias externas en cuanto a los ingresos ya que estos han disminuido drásticamente, por reducción de los ingresos que percibe la Municipalidad de La Unión Sur, así como la transferencia de facultades a nuevas direcciones creadas, lo cual afecta nuestra capacidad de funcionamiento y de proyectos en pro de la población (…) NO se cuenta con la capacidad financiera para cubrir el 100% de las indemnizaciones de las plazas, que se sugieren suprimir en un solo pago (...) No obstante, SI es factible cubrir los pagos de las indemnizaciones por cuotas, dado que la disponibilidad presupuestaria en concepto de indemnizaciones lo permite», puede leerse en la documentación entregada a cada uno de los despedidos.
Cacería de brujas en el reino de la opacidad
El pasado 29 de noviembre, en las instalaciones de la alcaldía de La Unión Sur sucedió un episodio inusual: el recién nombrado oficial de cumplimiento de esa comuna, fue sentado en el banquillo de los acusados para que ejerciera su derecho de defensa. Sí.
José Estanic Ayala Molina fue nombrado como oficial de cumplimiento el 9 de septiembre de 2025, por decisión unánime del concejo municipal, según el acuerdo municipal número dos del acta número 37, del 8 de septiembre de ese mismo año.
Ayala Molina fue llamado a ejercer su derecho de defensa tras ser señalado de filtrar documentos que deberían ser públicos, deberían estar alojados en sitios como Comprasal y la DINAC, a los que cualquier proveedor de bienes o servicios pudiese tener acceso a ellos, pero que la alcaldía de La Unión Sur se los reserva.
La función de un oficial de cumplimiento en alcaldías municipales y otras entidades públicas y privadas obligadas por ley, es la de velar por el estricto cumplimiento del marco legal y normativo, enfocado principalmente en la prevención de delitos financieros, como el lavado de dinero.
Aproximadamente desde el segundo semestre del 2025, en redes sociales comenzaron a circular documentos que la administración municipal no quería que se hiciesen públicos.
De acuerdo con las fuentes de este medio, la paranoia de funcionarios y empleados municipales que podrían estar coludidos en posibles actos de corrupción, hizo que estos apuntaran con el dedo acusador hacia Ayala Molina.
Molina, el acusado
Cinco días después, el 4 de diciembre, Ayala Molina elaboró un escrito del cual se tiene copia, referente a lo que ocurrió y se dijo en aquella cita, documento que compartió no solo con el concejo municipal sino también con el gerente de dicha alcaldía, con la Dirección Nacional de Compras Públicas y con la Dirección Regional de Oriente Corte de Cuentas.
Al leer el escrito de Ayala Molina podría inferirse que la referida alcaldía no está muy a gusto con la figura del oficial de cumplimiento, pues la misma DINAC, de acuerdo con las fuentes, ha cuestionado y ha solicitado una justificación del porqué se ha nombrado a varios oficiales de cumplimiento. Las fuentes indican que en menos de 18 meses que lleva la gestión ya han nombrado cinco personas en ese cargo, en tanto que la jefatura de compras públicas ha cambiado a cuatro.
En el documento, Ayala Molina comenta que a pesar de que su nombramiento fue el 9 de septiembre de 2025, al 4 de diciembre de ese mismo año, no se le había asignado una oficina institucional para ejercer de manera efectiva sus funciones inherentes al cargo, a pesar de que él lo ha solicitado de forma verbal y por escrito.
En el romano IV de del documento enviado por Ayala Molina consta lo siguiente: «fui citado por la señora Alcaldesa Blanca Victoria Gutiérrez Salmerón, a una sesión de derecho de audiencia, el día diecinueve de noviembre del presente año, presidida por ella, siendo acompañada por Carmen Cecilia Tobar, Concejal Suplente, el Dr. Carlos Mauricio Zelayandía Ponce, Concejal Propietario, el Lic. Herbert Benítez, secretario del Concejo Municipal, el licenciado Walter Flores, Gerente General de la Alcaldía Municipal de La Unión Sur, el Lic. Ricardo Martínez Jefe de despacho y Ana Orellana Concejal Suplente, quienes estaban siendo testigos de tal audiencia, donde se me acusaba de filtrar documentación de los procesos de la municipalidad subidos en el sistema COMPRASAL, de tener vinculación directa con el Síndico Municipal y dañar la imagen propiamente dicha de la institución y la alcaldesa».
De acuerdo con las fuentes, las acusaciones contra el oficial de cumplimiento eran descabelladas pues esta persona, como lo explica en su mismo documento, hasta el 4 de diciembre no tenía acceso al sistema COMPRASAL que es donde están alojados los documentos divulgados en redes sociales, de lo cual era acusado.
En su escrito, Ayala Molina agregó en su defensa: «manifiesto de manera categórica que las imputaciones difundidas carecen de sustento fáctico y jurídico. No existe prueba alguna que acredite la veracidad de tales acusaciones, las cuales constituyen una afectación directa a mi honra, a mi buen nombre y al principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución de la República. No tengo porque responder sobre las actuaciones del Síndico Municipal, mucho menos divulgar información que es de carácter institucional. Al contrario, en dicha sesión le cuestione al Licenciado Ricardo Martínez, porque le interesan las personas que van a evaluar los procesos, poniendo de ejemplo el Proceso de Pintura y del Segundo Carnaval del Golfo, ya que eso es una práctica anticompetitiva regulada en la Ley de Compras Públicas».
«he de manifestar que mi usuario como Oficial de Cumplimiento se encuentra sin acceso a la plataforma COMPRASAL, situación que expuse ante a la DINAC, quienes me respondieron que requieren una justificación por parte del ente jerárquico superior para suspender el usuario del anterior Oficial de Cumplimiento y habilitar el mío, sin embargo, solicite al Concejo Municipal de La Unión Sur la justificación requerida, por medio de memorándum con referencia Nº. 02-2025- ODC-LUS de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veinticinco, del cual no he obtenido respuesta a la fecha», indica el escrito firmado por el oficial de cumplimiento.
Es decir, que la alcaldesa estaba acusando al oficial de cumplimiento de filtrar documentos, a pesar de que éste ni siquiera tenía acceso al sistema para obtenerlos porque a esa fecha no tenía autorización para entrar al sitio de Comprasal.
En su escrito, el oficial de cumplimiento expone algo mucho más grave: le están dando seguimiento en su vida privada.
«Adicionalmente, deseo dejar constancia de mi preocupación por la posible vigilancia o seguimiento no autorizado fuera de mi horario laboral. Tal situación, de verificarse, constituiría una vulneración a mis derechos fundamentales a la intimidad, a la privacidad y a la libertad personal. Reitero que mis actuaciones se han realizado conforme a la ley, a los protocolos institucionales y a los estándares de transparencia exigidos para el ejercicio de mis funciones», advirtió Ayala Molina en su escrito.
De acuerdo con las fuentes cercanas a la alcaldesa, esta funcionaria y el resto del concejo municipal, en lugar de resolver los planteamientos que el oficial de cumplimiento les hizo en su escrito, más bien lo castigaron al separarlo de ese cargo y mandarlo a la isla Meanguera del Golfo, como subdirector de distrito, con lo cual además se le bajó de categoría.
En su lugar, y como quinto oficial de cumplimiento nombrado desde el 1 de mayo de 2024 a diciembre de 2025, han nombrado a Jimmy Tyron Elvira Alfaro, quien también es asesor del despacho de la alcaldesa, según afirman las fuentes.
El lunes 26 de enero, este medio contactó a Ricardo Martínez, jefe del despacho para que ejerciera su derecho a exponer su versión sobre los señalamientos plasmados en el escrito del oficial de cumplimiento.
Primero se le contactó por mensajería directa, luego él llamó al teléfono del periodista quien le expuso el objetivo de contactarlo; el empleado municipal dijo que respondería en 15 minutos, pero no lo hizo.
También se buscó la versión de la alcaldesa de La Unión Sur y de la concejal Tobar Flores. Ninguna respondió al requerimiento de información. No obstante hacerles notar que la gestión se realizaba en atención a la ética periodística y a la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta.
Todos los que fuimos suprimidos hemos puesto la demanda por los vacíos que tiene la supresión de nuestras plazas y no nos están dando el 100 % de nuestra indemnización ya que yo llevo casi 26 años de servicio y desempeñandome como subdirector del cam de la unión sur