Catalino Miranda, exempresario de transporte colectivo de pasajeros, está muy grave de salud, según informes médicos y judiciales de los cuales Revista Elementos tiene copia. Sus familiares, que hablaron con la condición del anonimato, relataron que, del Hospital Nacional Zacamil, nosocomio en el cual habitualmente está recibiendo tratamiento, les notificaron que su condición física y mental presenta un grave deterioro.

En septiembre de 2023, después de permanecer 18 meses en prisión, fue diagnosticado con cáncer en un riñón, como también ocurre con miles de privados de libertad capturados desde el inicio del régimen de excepción. Dos meses más tarde los médicos a cargo extendieron un documento en el cual pronostican que, con los cuidados adecuados, el paciente vivirá, como máximo, 38 meses de los cuales ya transcurrieron 21. Es decir: le restan unos 17.

«En junta médica de equipo multidisciplinario de UDCP (Unidad de Cuidados Paliativos) se evalúa paciente quien se encuentra con buen estado funcional, Índice de Karnosfky 90%, índice de Barthel de 100 puntos, ECOG 1 punto, NECPAL positivo estadio 1 con una mediana de vida a 38 meses, por lo que se concluye que paciente tiene una enfermedad oncológica avanzada, sin embargo, posee un adecuado estado funcional que le permite someterse a procedimientos invasivos de estudios diagnósticos complementarios que son necesarios para plantear un procedimiento oncoespecífico y lograr una expectativa de vida de 3 años por escalas pronósticas», puede leerse en el documento médico emitido en noviembre de 2023.

El Índice de Karnosfky es una escala, de 0 a 100, usada en Medicina para medir el estado funcional de los pacientes oncológicos, es decir, con cáncer, el puntaje refleja la capacidad del paciente para realizar sus actividades rutinarias. Cuanto más alto es, mayor es el nivel de independencia del enfermo.

Miranda fue capturado el 12 de marzo de 2022, por los delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos; en mayo de 2023, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a tres años de prisión (un año por desórdenes públicos y dos por el delito de venta a precio superior) en un proceso abreviado en el que él aceptó declararse culpable.

Sin embargo, aunque las leyes salvadoreñas indican que cuando una persona es sentenciada hasta con tres años de prisión, la pena puede cambiarse por trabajos de utilidad pública, este no fue el caso, pues para entonces la Fiscalía General de la República (FGR) lo había acusado de otro delito por el cual se le había decretado prisión preventiva, según la resolución del tribunal que dictó la condena. Esa condena la cumplió el 21 de marzo de 2025.

El segundo proceso judicial es por el delito de falsedad ideológica cometido, supuestamente, por presentar documentos falsos para obtener un crédito de 2 millones de dólares. Este proceso está, actualmente, en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Por este caso se le decretó prisión provisional el 27 de abril de 2023, según consta en documentos judiciales a los que se ha tenido acceso.

Pero a finales de junio de 2024, la Fiscalía le acumuló otro proceso judicial por los delitos de uso y tenencia de documentos falsos y falsedad material; en este proceso también le impusieron detención provisional.

En este último caso también son procesados Adalberto Antonio y José Braulio Miranda, el hijo y el hermano, respectivamente, del empresario. También es imputado Josué Adalberto Segovia. Este proceso, que está en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, los cuatro son acusados de manipular documentos de la sociedad ACOSTES S.A. de C.V. para que un crédito por 1.8 millones de dólares que esa empresa debía apareciera como ya pagado y, de esa forma, liberar las propiedades hipotecadas.

La desobediencia de Osiris Luna

De acuerdo con documentos judiciales de los cuales Elementos tiene copia, la familia de Catalino Miranda ha pedido en varias ocasiones que se le permita al empresario recibir el beneficio del arresto domiciliario o, al menos, que reciba tratamiento médico adecuado en un hospital privado.

En una solicitud de habeas corpus presentado a principios de diciembre de 2023, a favor de Miranda, se indica que el 23 de octubre de ese mismo año, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, ordenó a la Dirección de Centros Penales trasladarlo del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, al Hospital Centro de Emergencias a fin de que recibiera tratamiento adecuado por una obstrucción del conducto urinario, puesto que en el hospital Zacamil no había personal idóneo para dicho tratamiento.

El documento señala que Centros Penales, dirigido por Osiris Luna, no cumplió tal orden. El 31 de octubre de 2023, el mismo juzgado volvió a ordenar que Miranda fuera trasladado al mismo hospital privado; la orden, sin embargo, fue ignorada por Centros Penales. El 10 de enero de 2024, Luna desobedeció por tercera vez, la orden judicial de trasladar a Miranda al Centro Médico de Emergencias.

Ante tal desobediencia a mandato judicial, el 24 de abril de 2024, la familia optó por publicar en redes sociales una carta abierta al presidente inconstitucional Nayib Bukele. «Señor presidente estamos angustiadas por la situación que está padeciendo nuestro padre, y es por esa razón y por humanidad que solicitamos se nos permita brindarle el tratamiento adecuado. Confiamos en una respuesta favorable a nuestra petición» dice el documento.

Pero sus familiares nunca recibieron respuesta.

En la carta a Bukele, los familiares de Miranda exponían que «Los resultados señalan que a nuestro padre se le ha diagnosticado un tumor de células renales en riñón derecho (monorreno), nódulos pulmonares compatibles con metástasis, hipoplasia renal derecha y además de enfermedad renal crónica estadio IV agudizada, la evaluación por oncología clínica señala que el caso clínico es compatible con tumor maligno de riñón derecho con afectación icorregional y discal».

«En junta médica del equipo multidisciplinario de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos (UDCP) determinaron que nuestro padre posee (por el momento) un adecuado estado funcional que le permite someterse a procedimientos invasivos de estudios, diagnósticos complementarios que son necesarios para plantear un procedimiento oncoespecífico y lograr una expectativa de vida de dieciocho a treinta y seis meses, por escalas pronósticas, esto con un tratamiento adecuado», sigue la carta.

Los mismos fiscales que imputaron a Ruth López

Desde que el informe que pronosticó una expectativa de vida de 38 meses fue emitido su salud se ha deteriorado aceleradamente, a tal punto que Miranda tose sangre, según fue notificada su familia. Por eso ha insistido en que sea trasladado a un hospital privado o a su casa para recibir los cuidados paliativos.

En ese afán, el 28 de abril de este año, lograron que el Tribunal Quinto de Sentencia —que tiene una pena de entre nueve a 18 años de cárcel— le concediera medidas sustitutivas a la prisión por haber cumplido, un día antes, dos años en detención provisional sin que la Fiscalía probase su culpabilidad por ese delito.

El juez ordenó que, si no estaba sujeto a otro proceso judicial, le impuso acudir a firmar al juzgado cada 15 días, no salir del país y pagar una fianza de cinco mil dólares.

Pero la alegría de los familiares de Miranda no duró más que siete días porque la Fiscalía General (FGR) apeló la resolución judicial en la que se le otorgaban medidas sustitutivas a la prisión.

De la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, puede concluirse que, con Miranda, la Fiscalía está siguiendo el mismo patrón que contra Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, a quien le han acumulado varias imputaciones para mantenerlo en prisión.

En la resolución de la Cámara puede leerse que la Unidad contra el Lavado de Dinero se prepara para presentar una nueva acusación contra Miranda por el delito de lavado de dinero. La apelación fue presentada presentado por los seis fiscales auxiliares de esa unidad: Berty Manuel Acevedo Parada, María Graciela Aragón Cabrera, Johanny Yamileth Landaverde Romero, Kenia Ercilia Del Cid Cárcamo, Yohana Teresa Rivas y José Pablo Rodríguez Aquino, mismos que están en el caso de la abogada Ruth López, jefa anticorrupción y derechos humanos de la organización de la sociedad civil, Cristosal, encarcelada desde el pasado 18 de mayo, por el delito de enriquecimiento ilícito.

«Fiscalía, se opuso al cambio de la media cautelar, por la razón que el señor Catalino Miranda es objeto de otro proceso ya judicializado en el Juzgado Cuarto de Instrucción; así como está siendo investigado también por el delito de Lavado de Dinero y Activos tal como se puede verificar en la pericia patrimonial del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador con la referencia IAP3-2023 investigación que se encuentra en la etapa administrativa», dice una parte de la resolución.

«Es evidente que hacen eso para mantenerlos presos», explicó una fuente que pidió el anonimato por temor a represalias.

La Fiscalía, según las fuentes, ha sido incapaz de robustecer la imputación, no obstante, ya transcurrieron dos años desde que fue presentado el requerimiento. En este caso la Cámara impuso doce meses más de detención provisional.
El auxiliar fiscal, Acevedo Parada es hijo del general Manuel Acevedo, jefe del Estado Mayor Presidencial, unidad encargada de la seguridad del presidente Bukele, y de Cándida Parada, actual procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República.

El último deseo de Catalino

Aunque desde noviembre del 2023 la salud de Catalino Miranda comenzó a deteriorarse rápidamente, según consta en documentos médicos, fue hasta el pasado 17 de marzo que le informaron detalladamente todo sobre su situación, según consta en un documento de la referida fecha de la cual se ha logrado tener copia.

«Este día se realiza evaluación y se brinda protocolo de malas noticias, se explica diagnóstico, pronóstico, así como final de vida, paciente se muestra receptivo a la información», puede leerse en el documento del Hospital Nacional Rosales.

A Miranda le han estado dando tratamiento médico entre el hospital Zacamil, de Mejicanos, y el Rosales, de San Salvador. La última vez que estuvo ingresado en el hospital Zacamil fue del 13 al 26 de agosto, según afirmaron sus familiares. En el 2023 estuvo aproximadamente tres meses hospitalizado. El resto del tiempo ha sido atendido en el penal de Mariona.

Su familia no ha dejado de solicitar que lo trasladen a un hospital privado o que le den arresto domiciliario. Eso les permitiría, afirman, darle los cuidados paliativos de mejor forma que en un hospital público.

Tanto Miranda como su familia están conscientes de que ya no hay marcha atrás. Que la muerte está cada vez más cerca. «Por parte del paciente hay conciencias de la enfermedad y noción de pronóstico; manifiesta deseos de poder comunicarse con su familia para manifestar sus últimas voluntades y poder ser cremado», dice el documento médico del Hospital Rosales.

Pero de esa manifestación de sus últimos dos deseos ha transcurrido casi medio año. Según comentó un familiar de Miranda, su padre está muy deteriorado, el cáncer lo está venciendo a pasos acelerados, mientras la justicia salvadoreña le niega poder hablar con su familia y a esta le niegan la posibilidad de cuidarlo los últimos días que le quedan de vida, de acuerdo con los informes médicos.